TA BOL-13001333301220170026801-(10-02-2023)

Código: FCA - 008

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. 9 /2023

SALA DE DECISIÓN No. 003

Radicado: 13001-33-33-012-2017-00268-00

Cartagena de Indias D.T. y C, diez (10) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES.

Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado 13001-33-33-012-2017-00268-00 Demandante Enrique Jose López Ortiz Demandado Nación – Ministerio de Defensa Nacional Magistrada Ponente MARCELA DE JESÚS LÓPEZ ÁLVAREZ Tema Reliquidación de pensión de jubilación / Régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa / Prima de servicios diferente de prima de servicio anual.

II.- PRONUNCIAMIENTO.

Procede la Sala de Decisión No. 03 del Tribunal Administrativo de Bolívar a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia proferida el 08 de febrero de 201 9, proferida por el Juzgado Décimo Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena, la cual negó las pretensiones de la demanda.

III. ANTECEDENTES. 3.1. La demanda.

3.1.1. Pretensiones.1

En el escrito de la demanda se elevaron, en resumen, las siguientes

negó las pretensiones de la demanda.

III. ANTECEDENTES. 3.1. La demanda.

3.1.1. Pretensiones.1

En el escrito de la demanda se elevaron, en resumen, las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución No. 2596 de 25 agosto de 2009; Oficio No. 20160042360523671

MND-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DPSOC-1,10 de 09 de noviembre de 2016: Resolución No. 1802 de 06 de octubre de 2003; Oficio No.20160042360524611MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHUDPSOC-1.10 de 09-11-2016; Resolución No. 453 de 07 de marzo de 2006; Oficio

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No.20160042360524121 MDN -CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DPSOC-1.10 del

09-11-2016.

SEGUNDO: Que a título de restablecimiento de derecho, s e condene a la entidad demandada , de conformidad con el Decreto 1214 de 1990, a

09-11-2016.

SEGUNDO: Que a título de restablecimiento de derecho, s e condene a la entidad demandada , de conformidad con el Decreto 1214 de 1990, a reliquidar la pensión de jubilación, incluyendo todos los factores salariales, a los señores Enrique José López Ortiz, Víctor Manuela Acosta Medina y Luis

Francisco Ramos Cortecero.

3.1.2. Hechos.2

Los supuestos fácticos expuestos en la demanda, puede ser resumidos así:

PRIMERO: Manifiestan en la demanda, que el señor Enrique José López Ortiz, prestó sus servicios como Auxiliar de Servicios Grado 09, durante 20 años 5 meses y 13 días; así mismo, Víctor Manuel Acosta Medina se desempeñó como Adjunto Intendente, durante 20 años, 3 me ses y 13 días; par su parte el señor Luis Francisco Ramos Cortecero , prestó sus servicios como Adjunto Mayor, durante 20 años, 6 meses y 5 días en la Escuela Naval Almirante Padilla de Cartagena de la Armada Nacional.

SEGUNDO: Agregan que, al señor López Ortiz a través de la Resolución No. 2596 de 25 agosto; al señor Acosta Medina mediante Resolución No, 1802 de 06 de octubre de 2003 y al señor Ramos Cortecero de la Resolución No. 453 de 07 de marzo de 2006, les fue reconocida su pensión de jubilación, no obstante, al momento de liquidarla la entidad demandada no tuvo en cuenta la prima de servicios, bonificación por compensación y prima de vacaciones; factores salariales consagrados en los artículos 102 del Decreto 1214 de 1990 y 01 del Decreto 2072 de 1997.

cuenta la prima de servicios, bonificación por compensación y prima de vacaciones; factores salariales consagrados en los artículos 102 del Decreto 1214 de 1990 y 01 del Decreto 2072 de 1997.

3.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.3

Cita la parte actora como violadas, las siguientes normas:

• Constitución Política: preámbulo, artículos: 2, 6, 13, 25, 29 y 53 - Decreto 1214 de 1990 artículos: 47, 98, 102 y 129 - Decreto 2071 de 1997.

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Arguye que se transgredieron las disposiciones anteriormente citadas, toda vez que desconocieron las obligaciones consignadas en ella, al no incluir todos los factores salariales que la norma establece, violando de tal manera los preceptos constitucionales y legales.

Aducen además que, con la expedición de los actos administrativos enjuiciados, se desconocieron los fines del Estado, “al no permitir la prosperidad de mí mandante al no recibir una pensión que le permita tener la

Aducen además que, con la expedición de los actos administrativos enjuiciados, se desconocieron los fines del Estado, “al no permitir la prosperidad de mí mandante al no recibir una pensión que le permita tener la oportunidad de adquirir los bien es y servicios que le den una mejor calidad de vida”.

3.2. La contestación.4

La entidad demandada, oportunamente s e opuso a las súplicas de la demanda, argumentando en primer lugar , que los actos administrativos gozan de total presunción legal, pues es deber de la parte actora probar a la administración de justicia que en efecto se ha incurrido en una de la s causales contempladas en la Ley1437 de 2011 para declarar la nulidad de dichos actos; situación que no se evidencia en el presente asunto.

Así mismo, indicó que frente a los tres factores de los cuales los actores pretenden les sean reconocidos; la prima de servicios, se encuentra incluida dentro de los factores base para la liqu idación de la pensión que actualmente perciben. Respecto de la bonificación por compensación, se arguye que no es un factor prestacional, pues la norma que así lo disponía se encuentra derogada y, por último, la prima de vacaciones, no resulta dable reconocerla, toda vez que no ha sido dispuesta por el legislador como factor salarial.

3.3. Sentencia de primera instancia.5

El fallo apelad o, negó las pretensiones de la demanda . La tesis en la cual fundamentó su decisión se compacta en el siguiente razonamiento (se transcribe):

“En el presente caso la parte actora no logra desvirtuar la presunción de legalidad de la cual se encuentran revestidos los actos administrativos acusados, en tanto que no

fundamentó su decisión se compacta en el siguiente razonamiento (se transcribe):

“En el presente caso la parte actora no logra desvirtuar la presunción de legalidad de la cual se encuentran revestidos los actos administrativos acusados, en tanto que no pueden incluirse dentro de la liquidación pensional de los demandantes, lo correspondiente a los factores conocidos como prima de servicios anual

4 Folios 90 - 97, archivo Cuaderno1 del expediente digital 5 Folios 37 – 48, archivoCuaderno2 del expediente digitalCódigo: FCA - 008

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Radicado: 13001-33-33-012-2017-00268-00 contempladas en el artículo 47 del Decreto 1214 de 1990, bonificación por compensación y prima de servicios, por cuanto no se encuentran enlistados como factores salariales en el artículo 102 ibi dem, teniendo en cuenta que dicha norma señala taxativamente las partidas computables para liquidar este tipo de pensiones, razón por la cual no se accede a declarar su nulidad, ni a las pretensiones formulados a título de restablecimiento del derecho (…)”

El juez de primera instancia, argumentó en primer lugar que, para efectos de la liquidación de pensión de jubilación, tanto la prima de servicio anual como la prima de vacaciones no se encuentra n incluidas en el listado de factores salariales contemplados en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.

de la liquidación de pensión de jubilación, tanto la prima de servicio anual como la prima de vacaciones no se encuentra n incluidas en el listado de factores salariales contemplados en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.

En cuanto a la bonificación por compensación, indicó que, si bien esta fue creada mediante Decreto 2072 de 1997 para empleados públicos del Ministerio de Defen sa, entre otros servidores con carácter permanente y como factor salarial para liquidar prestaciones sociales y pensiones; también lo es que con la expedición del Decreto 58 de 1998, se dispuso que la bonificación por compensación consagrada en el Decreto 2071 de 1997 queda incorporada a la asignación básica del personal tanto activos como retirados, a partir del 01 de enero de 1998 y esta a su vez, tampoco se encuentra incluida dentro de los factores señalado en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.

Por último, sostuvo que los factores anteriormente citados no pueden ser incluidos en la liquidación de pensión de jubilación, toda vez que de conformidad con el artículo 102 del Decreto 1214 y más concretamente atendiendo lo establecido en su parágrafo de dicha norma se señala que fuera de las partidas previstas en tal artículo, ninguna de las demás primas, subsidios y auxilios consagrados en ese estatuto será computable para efectos de pensiones.

3.4. La apelación.6

Censura la parte demandante la sentencia, argumentando principalmente que, frente a lo establecido por el a quo respecto al parágrafo 2 del artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, solicita se tenga en cuenta lo señalado por la

Censura la parte demandante la sentencia, argumentando principalmente que, frente a lo establecido por el a quo respecto al parágrafo 2 del artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, solicita se tenga en cuenta lo señalado por la sentencia de unificación de 10 de agosto de 20 10, la sentencia de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 01 de agosto de 2013, el cual determinó que el parágrafo ibídem va en contra vía de la jurisprudencia de unificación de dicha Corporación que ha interpretado

6 Folios 52 - 57, archivo Cuaderno2 del expediente digitalCódigo: FCA - 008

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Radicado: 13001-33-33-012-2017-00268-00 que el salario está constituido por todos los emolumentos percibidos habitualmente y periódicamente por el servidor como remuneración o contraprestación directa de su labor.

Así mismo, indica que dicha sentencia de unificación , señala que con relación a la pensión de jubilación, deben incluirse todos los factores devengados en el último año de servicios, que la interpretación taxativa vulnera los principios de progresividad, igua ldad y primacía de la realidad sobre la formalidad.

Por último manifiesta que existe un extenso desarrollo jurisprudencial sobre el derecho constitucional a la pensión en condiciones dignas, pues las altas

vulnera los principios de progresividad, igua ldad y primacía de la realidad sobre la formalidad.

Por último manifiesta que existe un extenso desarrollo jurisprudencial sobre el derecho constitucional a la pensión en condiciones dignas, pues las altas cortes han establecido que el trabajador tiene de recho a que se incluyan todos los haberes que se encontraba percibiendo al momento de su pensión, y no es el caso de los demandantes que recibieran un aumento desproporcionado de sus salario dentro del último año producto de una supuesta maniobra engañosa, es decir, por un encargo en cargo con remuneración, superior y por tanto solicita le sean reconocidas las pretensiones de la demanda.

3.5. Trámite procesal segunda instancia.

El proceso de la referencia fue repartido ante este Tribunal, a través de acta del 05 de abril de 2019 7. Posteriormente, el recurso de apelación fue admitido mediante proveído del 23 de mayo de 20198.

Finalmente, mediante providencia adiada 12 de junio de 201 99, se corrió traslado para que las partes presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

3.6. Alegatos de conclusión.

3.6.1. Parte demandante.10

Reiteró los argumentos contenidos en el escrito de apelación.

7 Folio 1 archivo Cuaderno3 del expediente digital 8 Folio 2, archivo Cuaderno 3 del expediente digital 9 Folio 8, archivo Cuaderno 3 del expediente digital 10 Folios 13 – 21, archivo Cuaderno 3 del expediente digitalCódigo: FCA - 008

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9 Folio 8, archivo Cuaderno 3 del expediente digital 10 Folios 13 – 21, archivo Cuaderno 3 del expediente digitalCódigo: FCA - 008

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Radicado: 13001-33-33-012-2017-00268-00 3.6.2. Parte demandada.11

Reiteró lo argüido en el escrito de contestación de la demanda.

3.7. Ministerio Público.

Dentro del trámite de segunda instancia, el Agente del Ministerio Público no rindió concepto alguno.

IV. CONTROL DE LEGALIDAD

Se evidencia que en primera instancia se efectuó el control de legalidad de que trata el Art. 207 del C.P.A.C.A., al agotarse todas las etapas de este proceso. Sumado a ello, durante el trámite surtido en esta instancia no se observa irregularidad alguna o causal de nulidad que inval ide lo actuado, por tal motivo, se decidirá de fondo sobre el recurso presentado.

V.- CONSIDERACIONES.

5.1. Competencia.

Es competente esta Corporación para conocer el presente proceso en segunda instancia, por disposición del artículo 15 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

5.2. Delimitación de competencia en materia del recurso de apelación.

Previo a resolver el objeto de la controversia, resulta necesario precisar los

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

5.2. Delimitación de competencia en materia del recurso de apelación.

Previo a resolver el objeto de la controversia, resulta necesario precisar los límites a los cuales se ve com pelido el ad quem en lo que respecta a la apelación. Para tal efecto, conviene señalar que el a quo en la sentencia desata una controversia inicial delimitada por la demanda, la contestación a la misma y las pruebas recaudadas en el trámite procesal. Dicho debate concluye con una providencia que tiene la virtud de poner fin a la diferencia, y que se fun damenta en razones de hecho y de derecho derivadas de lo probado en el plenario y de la aplicación concreta del ordenamiento jurídico al caso debatido.

Así las cosas, a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una decisió n judicial determinada; por lo que le

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Radicado: 13001-33-33-012-2017-00268-00 corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, a efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asun tos que se cuestionan ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo

instancia consideró para tomar su decisión, a efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asun tos que se cuestionan ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del C.G.P., que consagra;

“Art. 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión deci da, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”.

En este orden de ideas, resulta claro que, para el juez de segunda instancia, su marco de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se adopta en primera instancia, por lo cual, los demás aspectos diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que operan tanto el principio de congruencia de la sentencia, como el principio dispositivo.

5.3. Problema jurídico.

Establecido los extremos de la presente controversia, considera la Sala que el problema jurídico que subyace en el sub lite se contrae a determinar de la siguiente manera:

¿A l os demandantes les asiste derecho, a que se le s reliquide su pensión de jubilación, incluyendo en su base de liquidación, la prima de servicios, bonificación por compensación y la prima de vacaciones, en aplicación del Decreto 1214 de 1990?

5.4. Tesis.

La Sala concluye que la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada, toda vez que los demandantes no tienen derecho a la

vacaciones, en aplicación del Decreto 1214 de 1990?

5.4. Tesis.

La Sala concluye que la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada, toda vez que los demandantes no tienen derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación, con los factores que pretenden les sea tenido en cuenta, pues el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, establece las partidas computables para la liquidación pensional, siempre que hayan sido devengadas durante el último año de servicio y dichos factores no se encuentra consignados en tal disposición.

5.5. Marco normativo y jurisprudencial.Código: FCA - 008

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Radicado: 13001-33-33-012-2017-00268-00

5.5.1 Reconocimiento pensional de los integrantes de la Fuerza Pública y personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.

Los artículos 217 y 218 de la Constitución Política prescriben que el legislador tiene la facultad de establecer de manera especial el r égimen salarial y prestacional de las fuerzas militares, y de policía nacional, distinto del régimen general previsto en la Ley 100 de 1993, con el fin de materializar el principio de igualdad.

El Decreto 2701 de 1988, reguló el régimen prestacional de lo s servidores públicos (empleados y trabajadores oficiales) que laboraban en las

principio de igualdad.

El Decreto 2701 de 1988, reguló el régimen prestacional de lo s servidores públicos (empleados y trabajadores oficiales) que laboraban en las entidades descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del Estado, que se encontraran adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacio nal y en su artículo 10 señaló que “el personal de que trata el presente Decreto, no se regirá por las normas establecidas para los empleados públicos y trabajadores oficiales del Ministerio de Defensa Nacional”.

El Decreto 1214 de 1990 “Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional” , regulaba el régimen salarial y prestacional del personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa, las Fuerza Militares y la Policía Nacional, y en l o pertinente estableció:

“ARTICULO 2º. PERSONAL CIVIL. Integran el personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, las personas naturales que presten sus servicios en el Despacho del ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas Mi litares o en la Policía Nacional. En consecuencia, las personas que presten sus servicios en los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las unidades administrativas especiales adscr itos o vinculadas al Ministerio de Defensa, no tienen la condición de personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional y se regirán por las normas orgánicas y estatutarias propias de cada organismo”. (Negrilla fuera del texto original).

Así mismo, los artículos 98 y 103 ibídem establecen lo siguiente:

Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional y se regirán por las normas orgánicas y estatutarias propias de cada organismo”. (Negrilla fuera del texto original).

Así mismo, los artículos 98 y 103 ibídem establecen lo siguiente:

“ARTICULO 98 PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR TIEMPO CONTINUO. El empleado público del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que acredite veinte (20) años de servicio continuo a éstas, incluido el servicio militar obligatorio, hasta por veinticuatro (24) meses, prestado en cualquier tiempo, tendrá derecho a partir de la fecha de su retiro, a que por el Tesoro Público se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al set enta y cinco por ciento (75%) del último salarioCódigo: FCA - 008

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Radicado: 13001-33-33-012-2017-00268-00 devengado, cualquiera que sea su edad, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 103 de este Decreto.

PARAGRAFO. Para los reconocimientos que se hagan a partir de la vigencia del presente Decr eto, se entiende por tiempo continuo, aquel que no hay tenido interrupciones superiores a quince (15) días corridos, excepto cuando se trate del servicio militar.

ARTÍCULO 102. PARTIDAS COMPUTABLES PARA PRESTACIONES SOCIALES. A partir de

interrupciones superiores a quince (15) días corridos, excepto cuando se trate del servicio militar.

ARTÍCULO 102. PARTIDAS COMPUTABLES PARA PRESTACIONES SOCIALES. A partir de la vigencia del presente Decreto, al personal de empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que se retire o sea retirado, se le liquidarán y pagarán las pensiones de jubilación de retiro por vejez, de invalidez y demás prestaciones sociales a que tuvieren derecho, sobre la suma de las siguientes partidas: a. Sueldo básico b. Prima de servicio c. Prima de alimentación d. Prima de actividad e. Subsidio familiar f. Auxilio de transporte g. Duodécima (1/112) parte de la prima de navidad.

PARAGRADO 1°. El subsidio familiar que se reconozca y pague por parte de las Cajas de Compensación Familiar a los trabajadores oficiales, no será computable como partida para las prestaciones sociales. Para este efecto, se tendrá en cuenta la suma que se acuerde en el respectivo contrato de trabajo.

ARTÍCULO 103. PENSIÓN DE RETIRO POR VEJEZ. Los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que sean retirados del servicio por haber cumplido la edad de sesenta y cinco (65) años y no reúnan los requisitos necesarios para gozar de pensión de jubilación o de invalidez, tendrán derecho, a partir de la fecha de su retiro, a que el Tesoro Público les pague una pensión de retiro por vejez, equivalente al veinte por ciento (20%) de los últimos haberes devengados y un dos por ciento (2%9 más por cada año de servicio, siempre que carezcan de recursos

equivalente al veinte por ciento (20%) de los últimos haberes devengados y un dos por ciento (2%9 más por cada año de servicio, siempre que carezcan de recursos para su congrua subsistencia.”

Así entonces, de las anteriores consideraciones se colige lo siguiente: (i)el grupo conformado por los miembros de las fuerzas milit ares y de la policía nacional no es equiparable con el grupo conformado por los civiles que laboran para la misma cartera e institución, (ii) para gozar de los beneficios prestacionales derivados del Decreto 1214 de 1990 se requiere encontrarse vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y (iii) el Sistema Integral de la Seguridad Social contenido en la Ley 100 de 1993, no se aplica a los miembros de las fuerzas militares ni de la policía nacional.Código: FCA - 008

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Posteriormente, el Gobierno Nacional en virtud de la facultad extraordinaria otorgada por el numeral 60 del artículo 248 de la Ley 100/1993 expidió el Decreto 1301 de 1994 “por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”. En dicha norma se creó el Instituto de Salud

Decreto 1301 de 1994 “por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”. En dicha norma se creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, como establecimientos públicos del orden nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscritos al Ministerio de Defensa Nacional y a los cuales fueron incorporados, a partir del 10 de marzo de 1996, los servidores públicos que venían prestando sus servicios al Sistema de Sanidad Militar.

El decreto en mención reguló el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de las nuevas instituciones, el cual en su artículo 87,88 y 89 estableció:

“ARTICULO 87. RÉGIMEN LEGAL DEL PERSONAL. Para tod os los efectos legales, las personas que prestan sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, tendrán el carácter de empleados públicos. No obstante, lo anterior pueden tener calidad de trabajadores oficiales quienes realicen actividades de carácter operativo y, conservación y mantenimiento de inmuebles, de acuerdo con los estatutos.

ARTICULO 88. RÉGIMEN SALARIAL DEL PERSONAL. Los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas extras y subsidios se regirán por las normas legales que para esta clase de

Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas extras y subsidios se regirán por las normas legales que para esta clase de servidores establezca el Gobierno Nacional. En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dichos organismos para efectos de remuneraciones, primas, bonif icaciones, viáticos y subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.

PARÁGRAFO. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en vigencia el presente Decreto se encuentren p restando servicios en el Ministerio de Defensa Nacional y que ingresen al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se someterán al régimen salarial establecido para la entidad respectiva.

ARTICULO 89. RÉGIMEN PRESTACIONAL DEL PERSONAL. Los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, quedarán sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo relativo a las demás prestaciones sociales se les aplicará el Decreto Ley 2701 de 1988 y las normas que lo modifiquen y adicionen.Código: FCA - 008

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PARÁGRAFO. En concordancia con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, los empleados públicos y trabajadores oficiales que ingresen al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y se hubieren vinculado al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarán cobijados por el Título VI del Decreto Ley 1214 de 1990.

El decreto mencionado fue derogado por la Ley 352 de 1997 “Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras dis posiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional” , que en su artículo 53 dispuso la supresión y liquidación de los establecimientos públicos del sistema de salud y creó la Dirección General de Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de las Fuerzas Militares.

El artículo 54 de dicha ley, reguló la incorporación de los servidores públicos del INSFM en las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y los artículos 55 y 56 ibídem regularon el régimen prestacional y salarial al que quedarían sometidos, así:

“ARTÍCULO 55. RÉGIMEN PRESTACIONAL. A los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad

quedarían sometidos, así:

“ARTÍCULO 55. RÉGIMEN PRESTACIONAL. A los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se incorporen a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, respectivamente y que se hubieren vinculado a estas entidades antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se les continuará aplicando en su integridad el Título VI del Decreto-ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifique o adicionen.

PARÁGRAFO. Los demás empleados públicos y trabajadores oficiales que se incorporen al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional por virtud de la presente ley quedarán sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo no contemplado en la Ley 100 de 1993, se les aplicará lo dispuesto 8 en el Título VI del Decreto – ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO 56. RÉGIMEN SALARIAL. Los empleado s públicos y trabajadores o