TA BOL-13001333301420230042501-(08-03-2024)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. _________/2024

SALA DE DECISIÓN No. 7

Código: FCA - 008

Versión: 003

Fecha: 03-03-2020

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Cartagena de Indias D. T. y C., ocho (8) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

I.– IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

Medio de control Tutela – Impugnación Radicado 13001-33-33-014-2023-00425-01 Demandante Roberto Carlos Contreras Castaño Demandado La Previsora S.A. Compañía de Seguros Tema Pago de honorarios ante la Junta Regional de Invalidez / pago corresponde a las compañías de seguros / no se acreditó capacidad de pago o económica Magistrado ponente Jean Paul Vásquez Gómez

II.– PRONUNCIAMIENTO

1. La Sala de Decisión No. 7 del Tribunal Administrativo de Bolívar 1 resuelve impugnación instaurada por la parte accionada contra sentencia emitida por el Juzgado Décimo Cuarto Administrativo de Cartagena el 14 de diciembre de 2023 , mediante la cual se concedió el amparo solicitado.

III.– ANTECEDENTES

Contenido: 3.1 Posición de la parte demandante; 3.2. Posición de la parte demandada; 3.3. Sentencia de primera instancia; y 3.4. Impugnación; y 3.5. trámite de segunda instancia.

3.1. Posición de la parte demandante

instancia; y 3.4. Impugnación; y 3.5. trámite de segunda instancia.

3.1. Posición de la parte demandante

2. El señor Roberto Carlos Contreras Castaño presentó acción de tutela contra La Previsora S.A. Compañía de Seguros2, con el fin de proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y mínimo vital. Para tales efectos solicitó3:

““1. Seguir el lineamiento y lo ordenado por la Sentencia C-120 de 2020, Sentencia T-336 de 2020, T-160A de 2019, sentencia T -076-19 y en la sentencia T -400 de 2017 y se tutele el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, SEGURIDAD SOCIAL, MINIMO VIT AL, contenido en los Artículos 29,13,48,53 de la Carta Constitucional, al cual tengo derecho.

2. Que se ordene a la compañía aseguradora LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, valorar o en su defecto sufragar los honorarios profesionales de los Médicos de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, consignado UN (1) SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE a la fecha de solicitud de la calificación, a la cuanta de ahorros No. 821 -274156 de AV VILLAS a favor de la Junta Regional de Calificación d e Invalidez de Bolívar, para que pueda obtener el dictamen de Pérdida de capacidad Laboral.”

3. La parte accionante narró, en resumen, los siguientes hechos relevantes4:

4. (1) Señaló que el 28 de febrero de 2023, se movilizaba en su motocicleta en el

3. La parte accionante narró, en resumen, los siguientes hechos relevantes4:

4. (1) Señaló que el 28 de febrero de 2023, se movilizaba en su motocicleta en el cual tuvo un accidente de tránsito sufriendo: fractura bimaleolar de tobillo izquierdo, fractura de peroné distal izquierdo, fractura de maléolo medial izquierdo e inestabilidad en tobillo izquierdo.

1 Esta decisión se toma mediante Sala virtual en aplicación del artículo 4 del ACUERDO PCSJA20-11521, expedido el 19 de marzo de 2020 por el Consejo Superior de la Judicatura. 2 Archivo digital “01DEMANDA” 3 Folio 9 Archivo digital, “01DEMANDA”. 4 Folio 1-4 Archivo digital “01DEMANDA”.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

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5. (2) El 30 de mayo de 2023 present ó derecho de petición ante la entidad accionada solicitando valoración de su pérdida de capacidad laboral remitido directamente ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar (en

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5. (2) El 30 de mayo de 2023 present ó derecho de petición ante la entidad accionada solicitando valoración de su pérdida de capacidad laboral remitido directamente ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar (en adelante, JRCI) con los honorarios a cargo de la compañía aseguradora.

6. (3) Indicó que el 25 de abril de 2023 fue emitido el dictamen de la pérdida de capacidad laboral por parte de la Previsora Compañía de Seguros con un 0% de pérdida de capacidad, dictamen contra el cual presentó recurso de apelación.

7. (4) El 11 de septiembre de 2023, le informaron que de no encontrarse conforme con la pérdida de capacidad laboral que fue realizada, este podía acudir por cuenta propia para una nueva valoración; no obstante, e su criterio, la entidad accionada no tiene en cuenta que deberá cancelar el valor de honorarios ante la junta regional de invalidez, tal y como lo prevé la norma.

3.2. Posición de la parte demandada

8. La Previsora S.A. Compañía de Seguros rindió informe5 solicitando se declare improcedente el amparo, por los siguientes argumentos: (1) consideró que el actor pretende valerse de los beneficios del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito

(SOAT) sin cumplirlos requisitos , tales como, agotar la reclamación, lo cuales se encuentran previstos en el artículo 27 de Decreto 056 de 2015 ; (2) en cuanto a la indemnización por incapacidad permanente por accidente de tránsito, el artículo 142

encuentran previstos en el artículo 27 de Decreto 056 de 2015 ; (2) en cuanto a la indemnización por incapacidad permanente por accidente de tránsito, el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 procede cuando este en firme dictamen de calificación o pérdida de capacidad laboral emanado de autoridad competente en el que especifique el porcentaje de pérdida de capacidad laboral ; (3) señaló que es procedente la acción de tutela, cuando la persona que pretende la garantía de sus derechos fundamentales se encuentre en manifiesta vulnerabilidad económica, situación que no sucede en el presente caso, toda vez que el accionante no aport ó prueba alguna que demuestre una situación económica precaria y no posea los recursos para el pago de honorarios de la JRCI; por último, (4) manifestó que en caso de tutelar los derechos fundamentales , se le autorizara al actor a descontar los costos de la nueva calificación de la eventual indemnización que llegare a tener derecho.

3.3. Sentencia de primera instancia

9. Mediante sentencia de 14 de diciembre de 20236, el Juzgado Décimo Cuarto Administrativo de Cartagena concedió el amparo solicitado, señalando, en resumen , los siguientes argumentos: (1) teniendo en cuenta el precedente de la Corte Constitucional frente a hechos similares a los expuestos por el actor, resulta procedente el estudio de la acción de tutela cuando se persigue la práctica del examen de pérdida de capacidad laboral por parte de una aseguradora, por ser esta quien asume el riesgo de invalidez y muerte por accidente de tránsito, en virtud de un contrato de SOAT; incluyéndose las apelaciones que deben ser resueltas ante la JRCI;

de capacidad laboral por parte de una aseguradora, por ser esta quien asume el riesgo de invalidez y muerte por accidente de tránsito, en virtud de un contrato de SOAT; incluyéndose las apelaciones que deben ser resueltas ante la JRCI; (2) en su criterio, señaló que inde pendientemente si el actor posee o no recursos económicos suficientes, las aseguradoras SOAT no pueden negarse a recibir y tramitar

5 Archivo Digital “06InformePrevisora” 6 Archivo Digital “09SentenciaTutela2023-00425”TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

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los recursos que se presenten contra el dictamen de primera oportunidad, puesto que ello implicaría una violación al derecho fundamental al debido proceso administrativo; por último, (3) no obstante a los criterios de la corte constitucional, en relación con la capacidad económica de quien solicita la calificación ante las aseguradoras, procedió a verificar los ingresos del señ or Contreras Castaño, los cuales provienen del oficio de mototaxista y teniendo en cuenta la calificación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (en adelante, SISBEN) de

a verificar los ingresos del señ or Contreras Castaño, los cuales provienen del oficio de mototaxista y teniendo en cuenta la calificación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (en adelante, SISBEN) de “vulnerable”.

3.4. Impugnación y trámite de segunda instancia

10. La accionada impugnó la sentencia de primera instancia 6, solicitando se revoque la decisión de primera instancia, y en su lugar, se niegue por improcedente la acción de tutela, por las siguientes razones: (1) no se configura una violación al derecho fundamental del accionante en tanto que es este mismo quien no ha presentado la documentación completa para poder si quiera realizar el estudio y potencial pago de las coberturas contenidas en el SOAT expedido por La Previsora S.A Comp añía de Seguros y (2) no existe prueba alguna que el accionante se encuentre en una especial imposibilidad económica, para que se obligue su entidad financiar un potencial dictamen ante la JRCI.

11. El Juzgado Décimo Cuarto Administrativo de Cartagena concedi ó la impugnación a través de auto de 9 de febrero de 2024 7. En acta de reparto de 9 de febrero de 20248 se asignó el asunto a esta Corporación y en providencia de 12 de febrero se admitió para trámite de impugnación9.

IV. – CONTROL DE LEGALIDAD

12. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios que acarreen nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la impugnación.

V.– CONSIDERACIONES

no existen vicios que acarreen nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la impugnación.

V.– CONSIDERACIONES

Contenido: 5.1 Competencia; 5.2. Problema jurídico; 5.3. Tesis de la Sala; 5.4. Verificación de los requisitos generales de la acción de tutela; 5.5. Marco normativo y jurisprudencial; y 5.6. Análisis del caso concreto.

5.1. Competencia

13. De acuerdo con lo establec ido en el artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991 (artículo 32), 1069 de 2015 10 (modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021 11) y el Acuerdo 6 de 202 1 de esta Corporación 12, la Sala de Decisión 7 del Tribunal Administrativo de Bolívar es competente para resolver el presente asunto.

6 Archivo digital “11Impugnacion” 7 Archivo digital “12CondeImpugnacionAT2023-00425” 8 Archivo digital “14ActaReparto” 9 Archivo Digital “03AutoAdmiteImpugnacion” 10 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho 11 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, referente a las regla s de reparto de la acción de tutela. 12 Por el cual se conforman las Salas de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

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acción de tutela. 12 Por el cual se conforman las Salas de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

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5.2. Problema jurídico

14. La Sala deberá determinar si existen los presupuestos para declarar la procedencia de la acción. En caso afirmativo, deberá determinarse si la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales del actor al no realizar el pago de honorarios ante la JRCI con ocasión al accidente de tránsito padecido, o si por el contrario, la entidad no vulneró derecho alguno, porque el accionante no presentó la solicitud de reclamación, como requisito previsto en la norma y cuenta con la capacidad económica para el pago de honorarios requerido.

5.3. Tesis de la Sala 15. la Sala confirmará la sentencia impugnada que concedió el amparo solicitado, debido a que la Previsora S.A. es la entidad que debe cancelar los honorarios de calificación de pérdida de capacidad del actor ante la Junta Regional de Invalidez de Bolívar, comoquiera que la objeción del dictamen realizado surgió por un accidente de

calificación de pérdida de capacidad del actor ante la Junta Regional de Invalidez de Bolívar, comoquiera que la objeción del dictamen realizado surgió por un accidente de trabajo, resultando necesario que la entidad realice el pago de los respectivos honorarios; adicionalmente, la Previsora S.A. no presentó pruebas que permitan acreditar que el actor cuenta con la capacidad económica para pagar los honorarios requeridos ¿.

5.4. Metodología y estructura de la decisión

16. Para resolver el problema jurídico planteado y la fundamentación de la tesis antes citada, la Sala seguirá el siguiente orden metodológico: primero, se analizará las normas y jurisprudencia aplicable (5.5.), y, por último, examinará el caso concreto (5.6.).

5.5. Marco normativo y jurisprudencial aplicable

5.5.1. Subsidiariedad de la acción de tutela. Reiteración jurisprudencial

17. En relación con el requisito de subsidiaridad, la Corte Constitucional ha expresado que la acción de tutela se caracteriza por ostentar un carácter residual o subsidiario y, por tanto, excepcional; esto es, parte del supuesto de que en un Estado Social de Derecho como el que nos rige, existen procedimientos ordinarios para asegurar la protección de estos intereses de naturaleza fundamental13.

18. En este sentido, resulta pertinente destacar que el carácter residual de este especial mecanismo obedece a la necesidad de preservar el reparto de competencias establecido por la Constitución y la Ley a las diferentes autoridades y que se fundamenta en los principios de autonomía e independencia.

19. Producto de dicho carácter, por regla general, la acción de tutela solo es

establecido por la Constitución y la Ley a las diferentes autoridades y que se fundamenta en los principios de autonomía e independencia.

19. Producto de dicho carácter, por regla general, la acción de tutela solo es procedente cuando el individuo que la invoca no cuenta con otro medio de defensa a través del cual pueda obtener la protección requerida.

13 T-058-16 y también puede verse sentencia SU-772 de 2014. fj 3.3.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

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20. No obstante, la jurisprudencia ha reconocido ciertos eventos en donde resulta admisible acudir directamente a la acción de tutela, a pesar de existir mecanismos ordinarios de protección, los cuales se sintetizan así: (1) en los eventos en los que el mecanismo existente carece de la idoneidad y eficacia necesaria para otorgar la protección de él requerida ; y (2) para impedir la config uración de un perjuicio de carácter irremediable, evento en el cual el juez de la acción de amparo se encuentra compelido a proferir una orden que permita la protección provisional de los derechos

protección de él requerida ; y (2) para impedir la config uración de un perjuicio de carácter irremediable, evento en el cual el juez de la acción de amparo se encuentra compelido a proferir una orden que permita la protección provisional de los derechos del actor, mientras sus pretensiones se resuelven ante el juez o escenario natural14.

21. En este panorama, “la jurisprudencia reiterada de la Corte ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela para pronunciarse sobre controversias surgidas con ocasión del contrato de seguro, cuando, por ejemplo, se verifica una grave afectación de los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional, como ocurre en el caso de las personas con una considerable pérdida de su capacidad laboral y que además no tienen ningún tipo de ingreso; o también en aquellos casos en que por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la aseguradora, pese a la clara e inequívoca demostración del derecho reclamado, se ha iniciado un proceso ejecutivo en contra del reclamante”15.

5.5.2. Procedimiento para la calificación de pérdida de capacidad laboral y su origen

22. Según el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, c orresponde a Colpensiones, a las Administradoras de Riesgos Laborales, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad Ia pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias.

23. Esa misma norma enseña, que si interesado no estuviese de acuerdo con Ia

pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias.

23. Esa misma norma enseña, que si interesado no estuviese de acuerdo con Ia calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y Ia entidad deberá remitir el caso a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los 5 días siguientes, cuya decisión será apelable ante Ia Junta

Nacional de Calificación de Invalidez.

24. Adicionalmente, se encuentra que, en GOV.CO 16, el portal único del Estado Colombiano, el cual responde a las necesidades de los ciud adanos, permitiéndoles acceder desde el mismo lugar a trámites, servicios, ejercicios de participación, información institucional y otras gestiones, indica que en el trámite de calificación en primera oportunidad, requiere para realizar el mismo: el formulario de determinación del PCL, 1 fotocopia de la cedula y 1 copia de la historia clínica completa y actualizada, o resumen de esta con exámenes de patologías o enfermedades a calificar, emitidos durante los últimos 12 meses, antes de la fecha de radicación.

14 T -058-16 y también puede verse sentencia SU-772 de 2014. fj 3.3. 15 T -058-16 16 https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T1126TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

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5.5.3. Sobre el pago de honorarios a JRCI

25. El artículo 20 del Decreto 1352 de 2013, establece el trámite que debe adelantarse ante las juntas de calificación para la valoración de las patologías, estableciendo en su artículo 20, los honorarios y pagos a las mismas así:

“Artículo 20. Honorarios. Las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez recibirán de manera anticipada por la solicitud de dictamen, sin importar el número de patologías que se presenten y deban ser evaluadas, el equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente de conformidad con el salario mínimo establecido para el año en que se radique la solicitud, el cual deberá ser cancelado por el solicitante.

El incumplimiento en el pago anticipado de honorarios a las Juntas de Calificació n de Invalidez por parte de las entidades Administradoras de Riesgos Laborales y empleadores, será sancionado por las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo. El no pago por parte de las demás entidades será sancionado por la autoridad competente”.

por parte de las entidades Administradoras de Riesgos Laborales y empleadores, será sancionado por las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo. El no pago por parte de las demás entidades será sancionado por la autoridad competente”.

26. Por otra parte, la Corte Constitucional en Sentencia T-256 de 2019, estableció la responsabilidad del pago de dichos honorarios a cargo de las AFP o ARL, según sea el caso: “Los integrantes de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez no re ciben salarios sino honorarios, que a su vez, serán cubiertos por la entidad de previsión o seguridad social a la cual se encuentre afiliado el afectado por invalidez. Por su parte, el Decreto 2463 de 2001, que reglamenta los artículos 42 y 43 de la Ley 10 0 de 1993, establece en su artículo 50, incisos 1o y 2o lo concerniente a quién corresponde cancelar los honorarios de las Juntas de Calificación de Invalidez: Salvo lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 100 de 1993, los honorarios de los miembros de l as Juntas de Calificación de Invalidez serán pagados por la entidad de previsión social, o quien haga sus veces, la administradora, la compañía de seguros, el pensionado por invalidez, el aspirante a beneficiario o el empleador.

Cuando el pago de los honorarios de las Juntas de Calificación de Invalidez hubiere sido asumido por el interesado, tendrá derecho al respectivo reembolso por la entidad administradora de previsión social o el empleador, una vez la junta dictamine que existió el estado de inval idez o la pérdida de capacidad laboral”.

por el interesado, tendrá derecho al respectivo reembolso por la entidad administradora de previsión social o el empleador, una vez la junta dictamine que existió el estado de inval idez o la pérdida de capacidad laboral”.

27. Así mismo, el artículo 39 de la Ley 1562 de 2012, establece que:

“(...) los honorarios que se deben cancelar a las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez, de manera anticipada, serán pagados po r la Administradora del Fondo de Pensiones en caso de que la calificación de origen en primera oportunidad sea común; en caso de que la calificación de origen sea laboral en primera oportunidad el pago debe ser cubierto por la Administradora de Riesgos Laborales, conforme a la reglamentación que expida el MinTrabajo”.

28. Téngase en cuenta además que a través del Decreto 1072 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario y Sector Trabajo” se integraron los postulados normativos a los cuales se ha hecho mención, particularmente en su artículo 2.2.5.1.41.

29. Ahora bien, teniendo en cuenta la responsabilidad de asumir el pago de los honorarios de las juntas, los cuales le corresponden a las Adm inistradora del respectivo Fondo de Pensiones o a la Administradora de Riesgos Laborales, la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-045 de 2013, señaló que: “Las Juntas de Calificación de Invalidez, tienen derecho a recibir el pago de sus honorarios; s in embargo, va en contra del derecho fundamental a la seguridad social exigir a los usuarios asumir el costo de los mismos como condición para acceder al servicio,TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

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seguridad social exigir a los usuarios asumir el costo de los mismos como condición para acceder al servicio,TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

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pues son las entidades del sistema, ya sea la entidad promotora de salud a la que se encuent re afiliado el solicitante, el fondo de pensiones, la administradora o aseguradora, la que debe asumir el costo que genere este trámite, para garantizar de manera eficiente el servicio requerido”.

5.6. Análisis del caso concreto

5.6.1. Pruebas relevantes. Al expediente se allegaron los siguientes documentos:

30. (1) Copia de derecho de petición de 21 de julio de 2023 17, por medio del cual el actor solicitó a la Previsora de Seguros realice la valoración para determinar la perdida de capacidad labora l por accidente de tránsito. En la mencionada petición, anexó lo siguiente: (i) copia del SOAT de la motocicleta de placas GUP07D18; (ii) historia clínica de urgencia, expedida por la clínica Barú 19; e (iii) informe quirúrgico de 4 de

anexó lo siguiente: (i) copia del SOAT de la motocicleta de placas GUP07D18; (ii) historia clínica de urgencia, expedida por la clínica Barú 19; e (iii) informe quirúrgico de 4 de marzo de 2023 de la clínica Barú20.

31. (2) Dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral del señor Roberto Carlos Contreras Castaño , realizado el 31 de julio de 2023 proferido por La Previsora S.A. Compañía de Seguros, con resultado de 0% de pérdida de capacidad21.

32. (3) Recurso de apelación presentado por el actor contra el dictamen de calificación de perdida de capacidad laboral de 31 de julio de 202322, presentado ante la entidad accionada vía correo electrónico el 16 de agosto de 2023, con el propósito de remitir su calificación ante la JRCI.

33. (4) Respuesta remitida por la Previsora S.A. el 11 de septiembre de 2023 23, en relación con el recurso presentado por el actor contra el dictamen emitido por la aseguradora, negando el pago de honorarios ante la junta, bajo el fundamento en:

(i) el Decreto Único Reglamentario 780 del2016 artículo 2.6.1.4.2.8, se ñaló que la indemnización por incapacidad permanente con cargo al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito –SOAT, será reconocida de acuerdo con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y (ii) en el evento en que el accionante no se encuentre conforme y con la calificación de pérdida de capacidad laboral , podrá acudir por

pérdida de capacidad laboral y (ii) en el evento en que el accionante no se encuentre conforme y con la calificación de pérdida de capacidad laboral , podrá acudir por cuenta propia a cualquiera de las instituciones competentes para dictaminar una nueva valoración.

5.6.2. Análisis crítico de las pruebas frente al marco jurídico aplicable

34. En el presente caso, la parte accionante adujo la vulneración de derechos fundamentales, comoquiera que la Previsora de Seguros S.A. se negó al pago de honorarios ante la JRCI para la calificación de perdida de capacidad laboral, ante la apelación presentado contra dictamen de 31 de julio de 2023.

17 Folios 11-14, archivo digital “01Demanda” 18 Folio 18 archivo “01DEMANDA” 19 Folios 19-64 archivo “01DEMANDA” 20 Folios 19-64 archivo “01DEMANDA” 21 Folios 65-69 archivo “01DEMANDA” 22 Folios 71-70, archivo digital “01Demanda” 23 Folios 72-74, archivo digital “01Demanda”TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

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35. Para determinar la procedencia de la presenta acción, la Sala realizará un análisis de cada uno de los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional, tales como: (1) legitimación en l a causa por activa; (2) legitimación en la causa por pasiva; (3) inmediatez y (4) subsidiariedad, las cuales se desarrollarán así:

36. (1) Legitimación en la causa por activa: el señor Roberto Carlos Contreras Castaño tiene un interés directo y particular en el resultado del proceso de tutela 24, por la presunta afectación a los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y mínimo vital , en relación con la negativa de la entidad accionada en el pago de honorarios de la JRCI.

37. (2) Legitimación en la causa por pasiva: la acción de tutela satisface este requisito, por cuanto la Previsora S.A. es la entidad a la que se le endilga la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

38. (3) Inmediatez: La acción de tutela satisface este requisito, por cuanto se interpuso en un plazo oportuno y razonable. Al respecto, el hecho generador de la presunta vulneración de los derechos fundamental del actor, se mantiene en el tiempo.

39. (4) Subsidiariedad: la Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela solo resulta procedente cuando el accionante no tenga a su disposición otro medio de

vulneración de los derechos fundamental del actor, se mantiene en el tiempo.

39. (4) Subsidiariedad: la Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela solo resulta procedente cuando el accionante no tenga a su disposición otro medio de defensa judicial “idóneo y eficaz para garantizar la protección de sus derechos fundamentales ”25. Esto, salvo que la acción de tutela “se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”26. En este evento, a pesar de que existan otros medios de defensa judicial idóneos y eficaces, el juez constitucional debe otorgar el amparo c omo mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

40. La eficacia e idoneidad de los mecanismos de defensa judicial que se presentan como principales deben ser analizadas en el caso concreto. Para ello, la Corte ha precisado que, para determinar la idoneidad y eficacia de los medios judiciales ordinarios, “el juez debe enmarcar su análisis en las particularidades de cada caso, pues al relacionarse el carácter idóneo del mecanismo con su aptitud material para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, y la eficacia con la posibilidad de brindar un amparo eficaz, oportuno e integral, resulta clara la imposibilidad de establecer c