TA BOL-13001333301520250002401-(03-04-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

SENTENCIA No. _______/2025

SALA DE DECISIÓN No. 06

Código: FCA - 008

Versión: 03

Fecha: 03-03-2020

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Cartagena de Indias D. T. y C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

I.– IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, RADICACIÓN Y PARTES INTERVINIENTES

Medio de control Tutela – impugnación. Radicado 13001-33-33-015-2025-00024-01 Accionante Pedro Manuel Joly Brieva Accionada Departamento de Bolívar – Secretaría de Educación Departamental – Fiduprevisora Vinculada Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) Tema Derecho fundamental al debido proceso, mínimo vital y petición Magistrado ponente Jean Paul Vásquez Gómez.

II.– PRONUNCIAMIENTO

1. La Sala de Decisión No. 6 del Tribunal Administrativo de Bolívar 1 decide impugnación presentada por la parte demandada: Fiduprevisora S.A., contra la sentencia de 17 de febrero de 202 5, proferida por el Juzgado Décimo Quinto

Administrativo de Cartagena.

III.– ANTECEDENTES

Contenido: 3.1. Posición de la parte accionante; 3.2. Posición de la parte accionada; 3.3. Fallo de primera instancia; y 3.4. Impugnación y trámite de segunda instancia.

3.1. Posición de la parte accionante

3.4. Impugnación y trámite de segunda instancia.

3.1. Posición de la parte accionante

2. El señor Pedro Manuel Joly Brieva , instauró acción de tutela contra el Departamento de Bolívar – Secretaría de Educación Departamental y Fiduprevisora, con el fin de amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y

de petición. Para tales efectos, solicitó2:

“1. Ordenar a la Secretaría de la entidad correspondiente y a Fiduprevisora S.A., que, en el término de 48 horas, tramiten y respondan el recurso de apelación radicado el 10 de octubre de 2024.

2. Ordenar que se dé respuesta al derecho de petición presentado el 18 de diciembre de 2024, indicando el estado del trámite de la pensión de jubilación y las actuaciones pendientes.

3. Disponer las medidas necesarias para garantizar mi derecho fundamental al mínimo vital no sea vulnerado, atendiendo la importancia de la pensión como fuente de ingresos”.

3. La parte accionante narró, en resumen, los siguientes hechos relevantes3:

4. (1) Manifestó que el 10 de octubre de 2024 radicó recurso en contra de la Resolución No. 2024 -0000235 de 27 de septiembre de 2024 que le negó pensión de jubilación y frente a lo cual aún no ha obtenido respuesta.

5. (2) Añadió que, el 18 de diciembre de 2024 presentó un derecho de petición a la Secretaría con el objetivo de solicitar una respuesta clara, rápida y oportuna sobre el

1 Esta decisión se toma mediante Sala virtual en aplicación del artículo 4 del ACUERDO PCSJA20 -11521, expedido el 19 de marzo de 2020

la Secretaría con el objetivo de solicitar una respuesta clara, rápida y oportuna sobre el

1 Esta decisión se toma mediante Sala virtual en aplicación del artículo 4 del ACUERDO PCSJA20 -11521, expedido el 19 de marzo de 2020 por el Consejo Superior de la Judicatura. 2 Folio 2, Archivo digital, “02DemandayAnexos.” En carpeta 01PrimeraInstancia. 3 Folio 1, Archivo digital “02DemandayAnexos”. En carpeta: 01PrimeraInstancia.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

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Medio de control Tutela – impugnación Radicado 13001-33-33-015-2025-00024-01 Accionante Pedro Manuel Joly Brieva Accionada Departamento de Bolívar – Secretaría de Educación Departamental – Fiduprevisora Vinculada Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Decisión Confirmar sentencia de primera instancia Página Página 2 de 10

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trámite del recurso mencionado, sin embargo, dicha solicitud tampoco ha sido atendida.

6. (3) Mencionó que dicha omisión genera incertidumbre sobre la resolución de su situación, además de afectar su mínimo vital, ya que la pensión de jubilación constituiría su fuente principal de subsistencia. Por su parte, destac ó que la falta de respuesta representa una vulneración a su derecho fundamental de petición y debido proceso.

situación, además de afectar su mínimo vital, ya que la pensión de jubilación constituiría su fuente principal de subsistencia. Por su parte, destac ó que la falta de respuesta representa una vulneración a su derecho fundamental de petición y debido proceso.

3.2. Posición de la parte accionada

7. El Ministerio de Educación Nacional rindió informe4, en el que solicitó declarar la improcedencia del amparo por no cumplir los requisitos de procedibilidad para la acción constitucional, y de manera subsidiaria, solicitó su desvinculación dentro del presente proceso, planteando, en resumen, los siguientes argumentos: (1) la entidad competente para atender solicitudes de reconocimiento y pago de prestaciones sociales está a cargo de la entidad territorial, es decir, las Secretarías de Educación , siendo el FOMAG el encargado de pagar las prestaciones sociales de los docentes del Magisterio; (2) las entidades territoriales certificadas son las responsables de administrar el personal administrativo y docente que atiende la prestación del servicio educativo , asimismo, son las responsables del trámite administrativo sobre las solicitudes de reconocimiento de derechos y sobre los emolumentos salariales y prestacionales de sus funcionarios; (3) Fiduprevisora S.A., es la llamada a informar sobre el estado actual del funcionamiento del “sistema humano”, y el avance en la implementación de módulos relacionados con el tema de las pensiones, reliquidaciones pensionales, ajustes de cesantías, y solicitudes de sanción por mora . Por último, explicó (4) que las demoras injustificadas por parte de la entidad competente para dar trámite o respuesta a solicitudes, no está en el ámbito de sus competencias.

cesantías, y solicitudes de sanción por mora . Por último, explicó (4) que las demoras injustificadas por parte de la entidad competente para dar trámite o respuesta a solicitudes, no está en el ámbito de sus competencias.

8. El Departamento de Bolívar también rindió informe 5, en el que solicita su desvinculación por la causal de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que el asunto objeto de controversia es competencia y responsabilidad de la Secretaría

de Educación Departamental y Fiduprevisora S.A.

9. Por último, la Fiduprevisora S.A., rindió informe6 mediante el cual solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela debido a que el accionante cuenta con mecanismos de defensa judiciales para la protección de sus derechos derivados del reconocimiento y pago de acreencias laborales, a su vez, pidió declarar la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales y del perjuicio irremediable por existir un mecanismo expedito distinto a la tutela para la protección de los derechos fundamentales invocados ; por último, solicitó su desvinculación dentro del presente proceso, dando cuenta de la consulta realizada en línea respecto al trámite objeto de tutela y explicando que al menos en lo que respecta a un recurso de reposición interpuesto por el actor, el mismo figura en sistema como: acto finalizado. Por otra parte, indicó que el derecho de petición al que alude el accionante , no fue radicado ante esa entidad financiera, lo que fue verificado desde sus aplicativos, insistiendo en la falta

4 Archivo digital, “07InformeMinEducacion”, en Carpeta “01PrimeraInstancia” 5 Archivo digital, “08InformeDepartamento de Bolívar”, en Carpeta “01PrimeraInstancia”

esa entidad financiera, lo que fue verificado desde sus aplicativos, insistiendo en la falta

4 Archivo digital, “07InformeMinEducacion”, en Carpeta “01PrimeraInstancia” 5 Archivo digital, “08InformeDepartamento de Bolívar”, en Carpeta “01PrimeraInstancia” 6 Archivo digital, “09InformeFiduprevisora”, en Carpeta “01PrimeraInstancia”TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

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Medio de control Tutela – impugnación Radicado 13001-33-33-015-2025-00024-01 Accionante Pedro Manuel Joly Brieva Accionada Departamento de Bolívar – Secretaría de Educación Departamental – Fiduprevisora Vinculada Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Decisión Confirmar sentencia de primera instancia Página Página 3 de 10

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de competencia para expedir actos administrativos, de resorte de l as respectivas Secretarías de Educación a nivel nacional.

3.3. Fallo de primera instancia

10. Mediante sentencia de 17 de febrero de 202 57, el Juzgado Décimo Quinto Administrativo de Cartagena, amparó el derecho fundamental de petición del accionante y concretó las órdenes constitucionales a lo siguiente:

“PRIMERO: Amparar el derecho fundamental de petición del señor Pedro Manuel Joly Brieva de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

accionante y concretó las órdenes constitucionales a lo siguiente:

“PRIMERO: Amparar el derecho fundamental de petición del señor Pedro Manuel Joly Brieva de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Ordenar a la accionada Departamento de Bolivar - Secretaría de Educación Departamental, que dentro de las setenta y dos (72) horas contadas desde la notificación de esta sentencia proceda a emitir una respuesta completa y de fondo, frente al recurso de reposición presentado por el señor Pedro Manuel Joly Brieva en fecha 08 de octubre de 2024.

Así mismo, se ordena a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y Fiduprevisora S.A remitir al ente territorial, los conceptos y/o información necesaria a fin de que el Departamento de Bolívar – Secretaría de Educación Departamental pueda dar respuesta al recurso de reposición dentro del término ordenado por este Juzgado.

TERCERO: Ordenar a la accionada Departamento de Bolívar - Secretaría de Educación Departamental, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la notificación de esta sentencia proceda a emitir una respuesta completa y de fondo, con relación a la petición presentada por el señor Pedro Manuel Joly Brieva en fecha 18 de diciembre de 2024.”

11. Para la anterior decisión, tuvo en cuenta los siguientes argumentos: (1) entre la fecha de radicación del recurso de reposición por parte del actor y la fecha de presentación de tutela han pasado 3 meses y 26 días sin que la entidad se haya pronunciado sobre la solicitud; asimismo, entre la presentación del derecho de petición

fecha de radicación del recurso de reposición por parte del actor y la fecha de presentación de tutela han pasado 3 meses y 26 días sin que la entidad se haya pronunciado sobre la solicitud; asimismo, entre la presentación del derecho de petición de 18 de diciembre de 2024 y la presentación de tutela ha transcurrido 1 mes y 27 días, razón por la cual se concluye que si existió vulneración al derecho fundamental de petición por parte del Departamento de Bolívar; y que (2) en aras de garantizar los derechos fundamentales invocados, resulta necesario mantener la vinculación del FOMAG y la Fiduprevisora S.A., en caso de que deban remitir conceptos o informes determinantes para la respuesta de fondo que debe emitir el ente departamental accionado.

3.4. Impugnación y trámite de segunda instancia

12. La Fiduprevisora S.A. 8, impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó revocar y/o modificar el fallo, y en su lugar, declarar la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales , para lo cual planteó, en resumen, los siguientes argumentos: (1) el recurso de reposición se encuentra actualmente en estado de prestación de estudio por parte de la Secretaría de Educación, por lo que carece de competencia jurídica para resolver lo de fondo . Que hasta que no se realice el correspondiente estudio y las gestiones administrativas pertinentes, no es posible emitir

7 Archivo digital, “11Sentencia202500024AT”, En carpeta “01PrimeraInstancia” 8 Archivo digital, “13ImpugnaciónFiduprevisora” en Carpeta “01PrimeraInstancia”TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

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8 Archivo digital, “13ImpugnaciónFiduprevisora” en Carpeta “01PrimeraInstancia”TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

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pronunciamiento respecto a la prestación solicitada. (2) Expresó que actúa en calidad de vocera del FOMAG, de modo que no puede disponer de los recursos para el reconocimiento y pago de ninguna prestación económica, sin que exista un acto administrativo expedido por las secretarías de educación donde se encuentre vinculado el docente ; y, destinar dichos recursos , sería incurrir en la comisión de un punible, por la destinación indebida de recursos.

13. A través de auto de 25 de febrero de 202 59, se concedió la impugnación ; mediante acta de reparto de 5 de marzo de 202 510 se asignó a este despacho el conocimiento del presente tramite.

IV.– CONTROL DE LEGALIDAD

14. Revisado el expediente, no se observan vicios que generen nulidad procesal o

conocimiento del presente tramite.

IV.– CONTROL DE LEGALIDAD

14. Revisado el expediente, no se observan vicios que generen nulidad procesal o impidan decisión de fondo, por lo que se continúa la solución de la impugnación.

V.– CONSIDERACIONES

Contenido: 5.1 Competencia; 5.2. Problema jurídico; 5.3. Tesis de la Sala; 5.4. Verificación de los requisitos generales de la acción de tutela ; 5.5. Metodología y estructura de la decisión; 5.6. Marco normativo y jurisprudencial aplicable; 5.7.

Análisis del caso concreto.

5.1. Competencia

15. Esta corporación es competente para conocer del presente asunto de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 (artículo 3 2) y 1069 de 2015 11 (modificado por el Decreto 333 de 6 de abril de

202112).

5.2. Problema jurídico de instancia

16. La Sala deberá establecer si debe confirmarse lo decidido en primera instancia, manteniéndose la vinculación a la Fiduprevisora S.A., en atención al alcance de sus competencias y la gestión administrativa que le es propia.

5.3. Tesis de la Sala

17. La Sala CONFIRMARÁ la sentencia de primera instancia, pues, aún cuando la orden principal recae en el Departamento de Bolívar – Secretaría de Educación Departamental; lo cierto es que aquellas disposiciones dirigidas al FOMAG y a la Fiduprevisora SA resultan necesarias, en caso de que la entidad llamada a resolver el

orden principal recae en el Departamento de Bolívar – Secretaría de Educación Departamental; lo cierto es que aquellas disposiciones dirigidas al FOMAG y a la Fiduprevisora SA resultan necesarias, en caso de que la entidad llamada a resolver el recurso del actor, requiera algún concepto y/o informe de parte de estas últimas . Lo anterior, previéndose la garantía de resolución suficiente, efectiva, congruente y de fondo respecto al recurso interpuesto.

9 Archivo digital, “15AutoConcedeImpugnación202500024” En carpeta 01PrimeraInstancia. 10 Archivo digital, “01ActaReparto.” En carpeta 02SegundaInstancia. 11 Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho. 12 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, único reglamentario d el sector justicia y del derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

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5.4. Verificación de los requisitos generales de la acción de tutela

18. En el presente caso se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, porque: (1) se orientó a obtener la protección de derechos fundamentales; (2) el accionante es titular de los derechos presuntamente violados, por lo cual, se acreditada legitimación en la causa por activa. De igual manera; (3) existe legitimación en la causa por pasiva, porque la acción se dirigió contra quienes se afirma recae la conducta omisa que vulnera los derechos fundamentales invocados; (4) se cumple el carácter subsidiario de la tutela, al evidenciarse solicitud de amparo como mecanismo idóneo para perseguir la protección de las garantías constitucionales invocadas a la luz de la normatividad que protege el derecho de petición; finalmente, (5) se advierte que el requisito de la inmediatez se cumpl ió, como quiera que la circunstancia que se aduce vulnerante, es actual y se ha mantenido en el tiempo.

5.5. Metodología y estructura de la decisión

19. Para resolver el problema jurídico planteado y la fundamentación de la tesis antes citada, la Sala seguirá el siguiente orden metodológico: primero, se analizará las normas y jurisprudencia aplicable (5.6.), y, por último, examinará el caso concreto (5.6.).

5.6. Marco normativo y jurisprudencial aplicables

normas y jurisprudencia aplicable (5.6.), y, por último, examinará el caso concreto (5.6.).

5.6. Marco normativo y jurisprudencial aplicables

5.5.1. El derecho de petición y su protección legal y jurisprudencial. Reiteración de jurisprudencia

20. La Constitución estableció en su artículo 23: “que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular, y obtener una pronta resolución de las mismas. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

21. En desarrollo de dicho mandato, la Ley 1755 de 2015 13 agregó que: (i) toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio de este derecho, sin que sea necesario invocarlo; (ii) en su ejercicio se podrá solicitar: (a) el reconocimiento de un derecho ; (b) la resolución de una situación jurídica; (c) la prestación de un servicio; (d) requerir información, consultar u obtener copia de documentos; (e) formular consultas, quejas o reclamos; e (f) interponer recursos; y precisó que (iii) su impulso es gratuito y puede realizarse sin necesidad de recurrir a un abogado.

22. No obstante, la Corte Constitucional en reiterada sentencia ha señalado que “el derecho de petición no solo implica la posibilidad de presentar solicitudes a las autoridades estatales o ante particulares, cuando la ley lo permita, sino, de igual manera, que se dé una oportuna respuesta con sujeción a los requerimientos establecidos en la ley para dicha petición14”.

autoridades estatales o ante particulares, cuando la ley lo permita, sino, de igual manera, que se dé una oportuna respuesta con sujeción a los requerimientos establecidos en la ley para dicha petición14”.

13 Ley 1755 de 30 de junio de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se constituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 14 Corte Constitucional, Sentencia T-558 de 2012TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

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23. De igual forma, esta Corporación ha señalado que tratándose del derecho fundamental de petición: “…la respuesta no implica aceptación de lo solicitado, siempre que la misma cumpla con los requisitos de: (i) oportunidad, (ii) resolverse de fondo con claridad, precisión y congruencia con lo solicitado y (iii) ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos, se incurre en una vulneración al derecho constitucional de petición15”.

claridad, precisión y congruencia con lo solicitado y (iii) ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos, se incurre en una vulneración al derecho constitucional de petición15”.

5.5.2. Los recursos en sede administrativa como una expresión del derecho de petición, reglados por el procedimiento previsto en el CPACA.

24. La Jurisprudencia del Consejo de Estado16 ha señalado que, de conformidad con los artículos 13 y 15 de la Ley 1755 de 2015, los recursos que se interponen en sede administrativa son una manifestación del derecho de petición, si se tiene en cuenta que “toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo”, por lo anterior, el articulo 13 ibídem, cita la facultad de “interponer recursos” como una modalidad de este derecho.

25. En el mismo sentido, en Sentencia T-682 de 2017 la Corte Constitucional concluyó que “se puede afirmar que los recursos interpuestos con la finalidad de controlar los actos administrativos y agotar la vía gubernativa, constituyen una de las formas de ejercitar el derecho de petición en la medida que este último permite a las personas no só lo participar en la gestión que realice la administración sino también, controvertir directamente ante aquella sus decisiones”.

26. Lo anterior se infiere, porque al interponer los recursos de reposición y apelación se está presentando una petición respetuosa con el fin de obtener, ya sea, la aclaración, modificación o revocación de un acto administrativo, en consecuencia, la administración tiene el deber de resolverlos oportunamente, de manera suficiente, efectiva y congruente

está presentando una petición respetuosa con el fin de obtener, ya sea, la aclaración, modificación o revocación de un acto administrativo, en consecuencia, la administración tiene el deber de resolverlos oportunamente, de manera suficiente, efectiva y congruente con lo solicitado, de lo contrario se vulneraría el núcleo esencial del derecho de petición.

27. Sin embargo, aun cuando los recursos comprenden una modalidad o desarrollo del derecho de petición, esta forma de su ejercicio, si bien está atada al núcleo esencial del mismo, se rige por las disposiciones de carácter procesal contenidas en los artículos 74 al 82 de la Ley 1437 de 2011.

28. Precisamente, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C -007 de 2017, reconoció que aun cuando “los recursos se guían por los principios del derecho de petición y son una modalidad de su ejercicio, eso no es equivalente a establecer que éstos sean un elemento

estructural del mismo” y, por ello, advirtió:

“La diferencia entre una petición ordinaria y aquellas contenidas en los recursos administrativos y judiciales se encuentra en el tipo de solicitudes. En la primera, se trata de cualquier petición, lo cual incluye solicitar la efectividad de un derecho, in formación, un servicio, documentos, certificaciones, entre muchas otras posibilidades. Mientras que, en la segunda, se trata específicamente de controvertir una decisión de la administración. Así, el objeto de las disposiciones acusadas es reducido frente al del derecho de petición y por ello se trata de una modalidad específica del mismo. Así pues, si bien las normas acusadas establecen las reglas que rigen una determinada actuación procesal como una forma del derecho de petición, precisamente los recursos en contra de actos administrativos y su

normas acusadas establecen las reglas que rigen una determinada actuación procesal como una forma del derecho de petición, precisamente los recursos en contra de actos administrativos y su

15 Corte Constitucional, Sentencia C-007 de 2017 16 Al respecto, ver Sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de 23 de agosto de 2019 y 26 de septiembre de 2019. Rad. Nos. 11001-03-15-000-2019-03526-00(AC) y 11001-03-15-000-2019-03670-00(AC), respectivamente.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

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agotamiento como requisito para la actuación judicial, éstas no buscan, de manera general, consagrar límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que afecten la estructura general y los principios del derecho de petición. Estas normas no modifican l a Ley 1755 de 2015 en ninguno de los sentidos

límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que afecten la estructura general y los principios del derecho de petición. Estas normas no modifican l a Ley 1755 de 2015 en ninguno de los sentidos mencionados. En esencia una norma de esta naturaleza regula actuaciones administrativas y judiciales que, aun cuando son una forma del ejercicio del derecho de petición, desarrollan las especificidades en una rama del derecho, concretamente, la manera cómo controvertir actuaciones administrativas, pero no buscan definir la esencia del derecho de petición o fijar alcances y limitaciones por fuera de este ámbito”

29. A su vez, los artículos 79 y 80 del CPACA señalan el trámite de los recursos, lo cual incluye el efecto en el que se tramitan y las condiciones del procedimiento según se requieran, aporten o soliciten pruebas, así como el contenido que debe tener la decisión que efectivamente resuelva las peticiones planteadas.

5.7. Análisis del caso concreto.

5.7.1. Pruebas recaudadas. A partir de los medios probatorios aportados, se acreditó lo siguiente:

30. (1) El accionante interpuso recurso de reposición ante el Departamento de Bolívar – Secretaría de Educación, contra la Resolución No. 2024 -0000235 de 27 de septiembre de 2024, que le negó el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación 17. Se verifica pantallazo del aplicativo humano en línea donde verifica radicación del citado recurso, el 8 de octubre de 202418.

31. (2) El 18 de diciembre de 2024, el señor Pedro Manuel Joly Brieva radicó derecho

verifica radicación del citado recurso, el 8 de octubre de 202418.

31. (2) El 18 de diciembre de 2024, el señor Pedro Manuel Joly Brieva radicó derecho de petición ante la Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar, mediante el cual solicitó información sobre el estado actual del trámite de pensión de jubilación iniciado, requiriendo información de las actuaciones adelantadas y las pendientes , dentro de estas, lo relacionado con el recurso de reposición al que arriba se alude19.

32. (3) La fiduprevisora SA, incorporó en su informe, pantallazo que, según su dicho, daba cuenta, para ese momento, del estado en que se encontraba el recurso

interpuesto por el accionante20, así:

17 Folios 4 a 6, Archivo digital: “02DemandasyAnexos. 18 Folio 3 Archivo digital: “02DemandayAnexos” 19 Folio 8, Archivo digital, “02DemandayAnexos” 20 Folio 4 Archivo digital: “09InformeFiduprevisora”.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

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33. (4) Adicionalmente, la misma entidad (Fiduprevisora SA), allegó junto a su escrito de impugnación, pantallazo de verificación del estado de recurso de reposición interpuesto por el señor Joly Brieva21, del cual se visualiza lo siguiente:

5.7.2. Análisis crítico de las pruebas frente al marco jurídico aplicable

34. En el presente caso, el accionante adujo vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y de petición, presuntamente vulnerados por la Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar y la Fiduprevisora S.A., por no haber resuelto el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 2024 -0000235 de 27 de septiembre de 2024 y la no contestación de la petición de 18 de diciembre de 2024, mediante la cual se solicita la información relacionada con el estado actual del trámite de pensión de jubilación por él iniciado.

35. La juez de primera instancia, amparó el derecho fundamental de petición vulnerado por el Departamento de Bolívar y la Secretaría de Educación Departamental; ordenándole a esta entida