TA BOY - 15001233300020200252500-(22-06-2022)

ESTRUCTURA DE LA RAMA EJECUTIVA – Competencias para determinarla según el ordenamiento jurídico vigente. A las asambleas departamentales y a los concejos municipales les compete determinar la estructura de la respectiva administración territorial, crear los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de las sociedades de economía mixta, los cuales requieren de la iniciativa del gobierno nacional, del gobernador o del alcalde, según el caso. El numeral 6° del artículo 313 de la Constitución Política prescribió que corresponde a los concejos “determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; [y] crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta”. En desarrollo de lo anterior, el legislador expidió la Ley 489 de 1998, donde se definieron los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la administración pública, la cual está integrada “por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano”, según el artículo 39 ibidem. En el artículo 2 de la citada ley, el legislador dispuso que tal cuerpo normativo sería aplicable “a todos los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública y a los servidores públicos que por mandato constitucional o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de funciones administrativas, prestación de servicios públicos o provisión de obras y bienes

y de la Administración Pública y a los servidores públicos que por mandato constitucional o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de funciones administrativas, prestación de servicios públicos o provisión de obras y bienes públicos y, en lo pertinente, a los particulares cuando cumplan funciones administrativas”. Además, en el parágrafo del mentado artículo 2 de la Ley 489 de 1998 se indicó que “…las reglas relativas a los principios propios de la función administrativa, sobre delegación y desconcentración, características y régimen de las entidades descentralizadas, racionalización administrativa, desarrollo administrativo, participación y control interno de la Administración Pública se aplicarían, en lo pertinente, a las entidades territoriales, sin perjuicio de la autonomía que les es propia de acuerdo con la Constitución Política” (Subrayado fuera de texto). Ahora bien, tratándose de la creación, fusión, supresión y reestructuración de organismos y entidades públicas, los artículos 49 y 50 de la Ley 489 de 1998 dispusieron lo siguiente: «ARTICULO 49. CREACIÓN DE ORGANISMOS Y ENTIDADES ADMINISTRATIVAS. (…) CREACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS A NIVEL TERRITORIAL – Es indispensable determinar, en forma expresa y clara, su naturaleza jurídica, relacionada con el origen y órgano de creación y su régimen jurídico. Finalmente, con respecto a la importancia de definir la naturaleza jurídica de las entidades públicas que se creen a nivel territorial, este Tribunal ha dicho que es indispensable determinar, en forma expresa y clara, su naturaleza jurídica, relacionada con el origen y órgano de creación y su régimen jurídico, ya que estas normas son las que guiarán el desarrollo de su actividad y, además, constituirán el

indispensable determinar, en forma expresa y clara, su naturaleza jurídica, relacionada con el origen y órgano de creación y su régimen jurídico, ya que estas normas son las que guiarán el desarrollo de su actividad y, además, constituirán el marco normativo al que se encontrará sometida la nueva entidad, aspectos que resultan sustanciales y necesarios. En sentencia de 28 de octubre de 2020, se explicó lo siguiente: “Ahora bien, en punto a la naturaleza jurídica, observa la Sala que el acuerdo establece que “La Escuela de Formación en Danzas dependerá de la Administración Municipal”, apreciación que de conformidad con el inciso cuarto del artículo 39 de la Ley 489 de 1998, permite concluir que se trata de una entidad que depende del sector central del municipio de Briceño. No obstante lo anterior, no se observa en el Acuerdo objeto de estudio que se hubiera determinado específicamente la naturaleza jurídica ni el régimen jurídico de la entidad por parte del Concejo Municipal, lo cual resulta de vital importancia toda vez que, tal como lo ha considerado la Corte Constitucional la función de determinar la estructura de la administración municipal, no comprende únicamente la creación, supresión o fusión de los organismos que la integran, sino que comprende proyecciones mucho más comprensivas que tienen que ver con el señalamiento de la estructura orgánica deAcción : Validez de acuerdo municipal Demandante : Departamento de Boyacá Demandado : Acuerdo 017 de 2020 Concejo Municipal de Chita Expediente : 150012333000-2020-02525-00 2 cada uno de ellos, la precisión de sus objetivos, sus funciones generales y la vinculación con otros organismos para fines del control, así como también regular los asuntos relacionados con el régimen jurídico de los trabajadores, con la

2 cada uno de ellos, la precisión de sus objetivos, sus funciones generales y la vinculación con otros organismos para fines del control, así como también regular los asuntos relacionados con el régimen jurídico de los trabajadores, con la contratación y con las materias de índole presupuestal y tributario, entre otras. Es así, como el legislador ha desarrollado el concepto de estructura orgánica partiendo del supuesto de que el mismo incluye la definición de los elementos del órgano, es decir, lo relacionado básicamente con su naturaleza jurídica y el régimen jurídico, patrimonial y de personal. En efecto, la importancia de determinar la naturaleza jurídica y el régimen jurídico de las entidades que se pretenden crear, radica en determinar hasta qué punto la denominación como uno u otro tipo de entidad implica la atribución de una serie de consecuencias, tales como régimen de servidores, controles a los que se encuentran sometidos, jurisdicción y juez de conocimiento, inciden en el mundo jurídico. (…). PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL MUNICIPAL - Competencia para hacerle reformas. Conforme el numeral 6° del artículo 313 de la Constitución Política, la competencia de establecer la estructura administrativa del municipio le corresponde a los concejos. No obstante, de forma extraordinaria, dichas corporaciones pueden desprenderse de esa facultad y otorgársela extraordinariamente a los alcaldes, de manera temporal, según lo previsto por el numeral 3° del artículo 313 ibidem. De otro lado, en lo inherente a las reformas a las plantas de personal, el numeral 7° del artículo 315 de la Constitución Política previó que era atribución de los alcaldes: “…crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar

inherente a las reformas a las plantas de personal, el numeral 7° del artículo 315 de la Constitución Política previó que era atribución de los alcaldes: “…crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes”; además, se indicó que los jefes de la administración municipal, no podrían “…crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado”. En desarrollo del anterior texto, el legislador expidió la Ley 909 de 2004, por medio de la cual se reguló el empleo público, la carrera administrativa, la gerencia pública y se dictaron otras disposiciones. En el citado cuerpo normativo, se dispuso lo siguiente, tratándose de las reformas a las plantas de personal: «ARTÍCULO 46. REFORMAS DE PLANTAS DE PERSONAL. (…)” La anterior norma fue reglamentada por el Decreto 1227 de 2005, el cual fue compilado en el Decreto 1083 de 2015 ―Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública―, prescribiéndose lo siguiente: (…) De acuerdo con lo expuesto, la Sala de Decisión n.° 4 de esta Corporación en sentencia de 23 de noviembre de 2021, MP.: Dayan Alberto Blanco Leguizamo, proferida dentro de la validez de acuerdo 15001 2333 000 2021-00492-00, concluyó lo siguiente: “La autoridad competente para

adelantar un proceso de modificación de la planta de personal de la administración central municipal, es el alcalde. Para llevar a cabo dicho proceso de modificación es necesario que exista la debida justificación técnica, motivada en una o varias de las causales contempladas en el artículo 2.2.12.2 del Decreto 1083 de 2015, y seguir el procedimiento establecido en el artículo 2.2.12.3 del mismo Decreto. Asimismo, a nivel territorial, el estudio técnico y los actos administrativos que de él se deriven, no requieren de aprobación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, debido a que autorización solo es necesaria para las modificaciones “a las plantas de empleos de (…) los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional”. No obstante, sí resulta imperativo que los entes territoriales se funden en las necesidades del servicio y se basen “en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren”, los cuales deberán cumplir con los parámetros expuestos en acápites anteriores”. ACUERDO MUNICIPAL – Declaratoria de invalidez por haber creado una escuela de formación artística y cultural sin reunir los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para ello.Acción : Validez de acuerdo municipal Demandante : Departamento de Boyacá Demandado : Acuerdo 017 de 2020 Concejo Municipal de Chita Expediente : 150012333000-2020-02525-00 3 Al respecto, la Sala encuentra que, si bien el Concejo del municipio de Chita ostentaba la atribución de determinar la estructura de la administración municipal y, en consecuencia, está habilitado jurídicamente para crear un nuevo ente público, en los términos del numeral 6° del artículo 313 de la Constitución Política, lo cierto

ostentaba la atribución de determinar la estructura de la administración municipal y, en consecuencia, está habilitado jurídicamente para crear un nuevo ente público, en los términos del numeral 6° del artículo 313 de la Constitución Política, lo cierto es que al momento de expedirse el acto administrativo objeto de control judicial, la corporación edilicia no tuvo en cuenta los parámetros normados por el legislador en la Ley 489 de 1998. Es preciso recordar que el artículo 50 de la citada Ley 489 de 1998 previó que el acto de creación de un nuevo ente público debe determinar sus objetivos y su estructura orgánica. Además, también resulta imperativo que se establezca cuál será su soporte presupuestal; y que se indique su denominación, su sede, qué recursos integrarán su patrimonio, cuáles serían sus órganos de dirección y administración, además de la forma de integración y designación de sus titulares, y, en particular, que se señale su “naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico”. Aunado a lo anterior, sea que se vaya a constituir una entidad descentralizada o un nuevo establecimiento público, es preciso contar con un estudio que justifique dicha iniciativa, ya que, el artículo 209 de la Constitución Política estableció que la función administrativa está “al servicio de los intereses generales” y, en consecuencia debe desarrollarse “con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”; elementos que debían consignarse de forma plausible en el acto demandado, en la medida que la nueva entidad no podría desarrollar actividades o ejecutar actos distintos de los previstos en su acto de creación, estándole vedado, además, “destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de

demandado, en la medida que la nueva entidad no podría desarrollar actividades o ejecutar actos distintos de los previstos en su acto de creación, estándole vedado, además, “destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en ellos”. Sin perjuicio de lo anterior, al revisar el Acuerdo No. 17 de 2020, es evidente para este Tribunal que el Concejo del municipio de Chita omitió desarrollar en detalle todo lo anterior. En efecto, a pesar de que en el artículo 1 del Acuerdo No. 17 de 2020 se indicó cuál sería la denominación del nuevo ente y se fijó cuál sería su misión, es decir, sus objetivos en el artículo 4°, no obstante, no se reguló en detalle cuál sería su estructura orgánica, omitiéndose señalar si la entidad estaría adscrita o vinculada a algún otro ente municipal, por ejemplo. Además, si bien se indicó en el artículo 2° que la escuela de formación “ Tierra de Laches ” contará con un director que comprenda las diferentes disciplinas artísticas, con estudios profesionales, contratado por la administración municipal, y que hará las veces de Director y Coordinador de la escuela, que se encargará de tareas administrativas, tampoco se señalaron cuáles serían sus órganos de dirección y jamás se hizo mención de si la misma tendría personería jurídica propia, con la consecuente autonomía administrativa y financiera. En punto a la naturaleza jurídica, si bien se observa que en el acuerdo demandado se establece que la citada

escuela de formación “será una dependencia de la administración central del Municipio”, apreciación que de conformidad con el inciso 4° del artículo 39 de la Ley 489 de 1998, permite concluir que se trata de una entidad que dependerá del sector central del Municipio de Chita, también lo es que, no se advierte por parte del Tribunal que se hubiera determinado específicamente su naturaleza jurídica ni el régimen jurídico por parte del Concejo Municipal. En efecto, la importancia de determinar la naturaleza jurídica y el régimen jurídico de las entidades que se pretenden crear, radica en determinar hasta qué punto la denominación como uno u otro tipo de entidad implica la atribución de una serie de consecuencias, tales como –régimen de servidores, controles a los que se encuentran sometidos, jurisdicción y juez de conocimiento, lo que incide en el mundo jurídico. En las anteriores condiciones, es claro que, en el acto de creación de una entidad, es indispensable determinar en forma expresa y clara la naturaleza jurídica, relacionada con el origen y órgano de creación y su régimen jurídico, que se refiere a las normas que guiarán el desarrollo de su actividad, que constituirán el marco normativo al que se encontrará sometida, aspectos que, pese a resultar sustanciales y necesarios en el acto de creación de una entidad no se advierten en el Acuerdo No. 017 de 2020. En tal sentido, se desconoció que la facultad de determinar “la estructura de la administración municipal”, no comprende únicamente la creación, supresión o fusión de los organismos que la integran, sino que también implica el señalamiento imperativo de su estructura, sus funciones generales y la eventual vinculación con otros organismos para fines del control; así como también todo loAcción : Validez de acuerdo municipal

supresión o fusión de los organismos que la integran, sino que también implica el señalamiento imperativo de su estructura, sus funciones generales y la eventual vinculación con otros organismos para fines del control; así como también todo loAcción : Validez de acuerdo municipal Demandante : Departamento de Boyacá Demandado : Acuerdo 017 de 2020 Concejo Municipal de Chita Expediente : 150012333000-2020-02525-00 4 relativo a la regulación de los asuntos relacionados con el régimen jurídico de sus trabajadores y de su contratación, materias indispensables que tocan directamente los temas presupuestales y tributarios de la entidad. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que, sin perjuicio de que era indispensable que el Concejo del municipio de Chita determinara en forma expresa y clara la naturaleza jurídica de la escuela de formación Tierra de Laches, determinando, entre otros asuntos, su régimen jurídico y las normas que guiarían el desarrollo de su objeto (lo que constituiría el marco normativo al que se encontraría sometida la nueva entidad), lo cierto es que dicho cuerpo colegiado prescindió de lo anterior, razón por la cual debe declararse la invalidez del Acuerdo 017 de 2020, en la medida que no se previeron todos los requisitos establecidos por el artículo 50 de la Ley 489 de 1998, los cuales son indispensables en el acto que disponga la creación de un organismo o entidad administrativa.

NOTA DE RELATORÍA: La providencia que se presenta al público ha sido modificada solo para incluir sus anteriores descriptores y restrictores, mas no para

variar su contenido. Por lo anterior, el código de seguridad del mismo no corresponde al de la original. Para validar la integridad de la providencia los interesados pueden consultarla y descargarla a través de la plataforma SAMAI siguiendo este link: https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1500123 33000202002525001500123

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

SALA DE DECISIÓN Nº 2

Tunja, 22 de junio de 2022

Acción : Validez de acuerdo municipal Demandante : Departamento de Boyacá Demandado : Acuerdo 017 de 2020 Concejo Municipal de Chita Expediente : 150012333000-2020-02525-00

Magistrado Ponente : Luís Ernesto Arciniegas Triana

Procede la Sala de Decisión No. 2 de la Corporación a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado origen al proceso de la referencia, instaurada por el Departamento de Boyacá en contra de la validez del Acuerdo nº. 017 del 17 de noviembre de 2020 ,"POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA YAcción : Validez de acuerdo municipal Demandante : Departamento de Boyacá Demandado : Acuerdo 017 de 2020 Concejo Municipal de Chita Expediente : 150012333000-2020-02525-00

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CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHITA DENOMINDAS (SIC) “TIERRA

DE LACHES”.

I. ANTECEDENTES Pretende el actor que por esta Corporación se declare la invalidez del Acuerdo nº. 017 del 17 de noviembre de 2020, expedido por el Concejo Municipal de

Chita.

II. HECHOS El Concejo Municipal de Chita expidió el Acuerdo 017 de 17 de diciembre de 2020, el cual fue radicado en la Dirección Jurídica del Departamento de Boyacá el 27 de noviembre de 2020.

Al realizar la revisión jurídica ordenada en el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política, el Gobernador de Boyacá observa que el acto objeto de esta demanda es contrario a la Ley y a la Constitución. Estima como normas violadas los artículos 6, 121, 122 y 313. 6, 315.7 de la Constitución Política, los artículos 39, 49 y 50 de la Ley 489 de 1998, el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, el artículo 3.11 de la Ley 1437 de 2011 y los artículos 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015. Para explicar el concepto de violación, tomando como referente la normatividad invocada, manifiesta que el acuerdo objeto de revisión proferido por el Concejo Municipal de Chita, desconoce la norma antes descrita, por las siguientes razones:

Propone el cargo denominado “ Creación de institución municipal sin el cumplimiento legal” advirtiendo que al hacer el estudio de los considerandos del acuerdo se deduce que no existe justificación técnica que respalde la creación de la escuela de formación artística y cultural “Tierra de Laches”. Que al revisar la exposición de motivos, que fundamentó el acto demandado, encontraron que tampoco se presentó un estudio acorde con la creación de unaAcción : Validez de acuerdo municipal Demandante : Departamento de Boyacá Demandado : Acuerdo 017 de 2020 Concejo Municipal de Chita Expediente : 150012333000-2020-02525-00 6 entidad pública, más aún cuando se pretende darle una sede propia con dirección particular. Resalta que la Ley 489 de 1998 establece las condiciones que las entidades territoriales deben observar en la creación de entidades municipales, en este caso del nivel central como se menciona en el artículo segundo del acto objetado, los que se asegura brillan por su ausencia. Reitera que la escuela de formación artística y cultural en danza, teatro, literatura, artes plásticas y artes audio-visuales “Tierra de Laches” no se constituye con bases legales que soporten su existencia. Señala que no se especificó claramente dentro del acto demandado, cuál será el régimen aplicable a la nueva dependencia “Tierra de Laches”, “ pues no ha determinado la estructura orgánica de la escuela, la precisión de sus objetivos, sus funciones generales y la vinculación con otros organismos de control. Como respaldo de los argumentos expuestos, trae a colación el fallo proferido

por esta Corporación en única instancia, dentro de la validez de acuerdo radicada con el n.° 15001-23-33-000-2020-01969-00, MP.: Oscar Alfonso Granados Naranjo.

III. TRÁMITE PROCESAL

1. La demanda se presentó ante la Oficina Judicial de Tunja el 9 de diciembre de 2020, repartida al despacho el 20 de enero de 2021, siendo admitida por el despacho, sometiéndola a las ritualidades propias del proceso previstas en el artículo 151 del C.P.A.C.A. y en el Decreto 1333 de 1986.

2. Dentro del término de fijación en la lista, no hubo pronunciamiento del municipio ni del Concejo Municipal de Chita.

3. Concepto del Ministerio Público La Procuraduría 46 Judicial II Asuntos Administrativos rinde concepto solicitando que se declare la invalidez del acuerdo demandado , en caso deAcción : Validez de acuerdo municipal Demandante : Departamento de Boyacá Demandado : Acuerdo 017 de 2020 Concejo Municipal de Chita Expediente : 150012333000-2020-02525-00 7 que no se hayan realizado los estudios técnicos previos de que habla el artículo 96 del Decreto 1227 de 2005.

Infiere que la administración está habilitada por la ley para adecuar sus dependencias, es decir para reestructurar su planta de personal, pero, ello siempre en procura de la satisfacción del interés colectivo y atendiendo siembre

a razones objetivas que justifiquen la reforma. Reitera que la administración está facultada para adecuar sus dependencias, pero, ello debe siempre erigirse en principios constitucionales y sobre la base del Estado Social de Derecho, en el que la función administrativa se encuentra al servicio del interés general y circunscrito a un marco legal en su actuación.

Concluyendo que la facultad de reestructurar la planta de personal de una entidad pública, es discrecional, por cuanto, la decisión de hacerlo o no, se basa en necesidades del servicio o modernización de la Administración, cuestiones que le dan a la administración una margen de discrecionalidad, pues, son asuntos relativos a la gestión económica y social de la Entidad, no obstante, aduce que el procedimiento para llevarlo a cabo es esencialmente reglado , “toda vez, que existen normas que le imponen a la administración cual es el procedimiento a seguir y como debe hacerlo. Y ello supone la existencia de un estudio técnico que soporte la supresión o creación de la dependencia o empleo”. Explica que el estudio técnico, “ es el dictamen que se realiza para evaluar la estructura organizacional de una entidad u organismo de carácter público, que permite determinar si es necesaria su reestructuración , los mecanismos para ejecutarla, los cargos que se van a suprimir y los que se van a crear y el ajuste de la naciente planta de personal a las nuevas necesidades de la Administración”. Que dependiendo de la causa que origine la propuesta de creación o supresión, el estudio debe contener por lo menos alguno de los siguientes aspectos: “análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo , evaluación de laAcción : Validez de acuerdo municipal Demandante : Departamento de Boyacá Demandado : Acuerdo 017 de 2020 Concejo Municipal de Chita

“análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo , evaluación de laAcción : Validez de acuerdo municipal Demandante : Departamento de Boyacá Demandado : Acuerdo 017 de 2020 Concejo Municipal de Chita Expediente : 150012333000-2020-02525-00 8 prestación de los servicios o evaluación de las funciones asignadas, perfiles y las cargas de trabajo de los empleos”. Al respecto, expone que el Consejo de Estado 1 ha precisado que el estudio técnico no necesariamente debe abarcar la totalidad de los aspectos establecidos en la citada norma, sino únicamente los relevantes, dependiendo la causa que origina la reestructuración. Con fundamento en lo expuesto, manifiesta que de la revisión de los antecedentes administrativos allegados con la demanda, no se desprende la existencia de los estudios técnicos necesarios, que hagan mención al análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo de la dependencia y/o cargos a crear, evaluación de la prestación de los servicios o evaluación de las funciones asignadas, perfiles y las cargas de trabajo del empleo directos de la Escuela de formación artística.

3. Mediante providencia del 17 de junio de 2021, se abrió el proceso a pruebas, tomándose con todo su valor probatorio los documentos aportados con el escrito demandatorio y decretando la prueba solicitada por el Ministerio Público. En consecuencia, para la práctica de la citada prueba se señalará un término no superior a diez (10) días.

Se decide, previas estas,

IVCONSIDERACIONES

1. Problema jurídico El debate se contrae a determinar si procede declarar la invalidez del Acuerdo n.° 017 del 17 de noviembre de 2020, “POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN

Se decide, previas estas,

IVCONSIDERACIONES

1. Problema jurídico El debate se contrae a determinar si procede declarar la invalidez del Acuerdo n.° 017 del 17 de noviembre de 2020, “POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN

NORMAS SOBRE LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL

MUNICIPIO DE CHITA DENOMINDAS (SIC) “TIERRA DE LACHES ”, ya

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Sentencia de 22 de marzo de 2012, Expediente No. 54001 23 31 000 2002 01312 01 (0110-2011), Actora: Martha Cecilia Villamizar Jaimes, Demandado: Municipio de ChinácotaAcción : Validez de acuerdo municipal Demandante : Departamento de Boyacá Demandado : Acuerdo 017 de 2020 Concejo Municipal de Chita Expediente : 150012333000-2020-02525-00 9 que, el departamento de Boyacá argumenta que se constituyó sin bases legales que soporten su existencia, pues no se especificó claramente dentro del acto demandado cuál será el régimen que le será aplicable, ni su estructura orgánica, ni sus objetivos, ni sus funciones generales ni la vinculación con otros organismos. Además, se expone que no existe justificación técnica que respalde la creación de la citada escuela. Con el fin de despejar el anterior interrogante, la Sala analizará previamente i) las competencias para determinar la estructura de la rama ejecutiva del poder público según el ordenamiento jurídico vigente; ii) la competencia a nivel

Con el fin de despejar el anterior interrogante, la Sala analizará previamente i) las competencias para determinar la estructura de la rama ejecutiva del poder público según el ordenamiento jurídico vigente; ii) la competencia a nivel municipal para efectuar reformas a la planta de personal; y la iii) solución del caso concreto.

2. Competencias para determinar la estructura de la rama ejecutiva del poder público según el ordenamiento jurídico vigente A las asambleas departamentales y a los concejos municipales les compete determinar la estructura de la respectiva administración territorial, crear los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de las sociedades de economía mixta, los cuales requieren de la iniciativa del gobierno nacional, del gobernador o del alcalde, según el caso.

El numeral 6° del artículo 313 de la Constitución Política prescribió que corresponde a los concejos “determinar la estructura de la administración municipal alcalde2, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta”. En desarrollo de lo anterior, el legislador expidió la Ley 489 de 1998, donde se definieron los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la administración pública3, la cual está integrada “por los

2 En concordancia con lo anterior, el parágrafo 1° del artículo 71 de la Ley 136 de 1994 prescribió que «los acuerdos a los que se refieren los numerales 2°, 3° y 6° del artículo 313 de la Constitución Política, sólo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde». 3 Al respecto, el artículo 39 de la Ley 489 de 1998 señaló la administración pública «se integra por los organismos que conforman la

3 Al respecto, el artículo 39 de la Ley 489 de 1998 señaló la administración pública «se integra por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano».Acción : Validez de acuerdo municipal Demandante : Departamento de Boyacá Demandado : Acuerdo 017 de 2020 Concejo Municipal de Chita Expediente : 150012333000-2020-02525-00 10 organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano”, según el artículo 39 ibidem. En