TA BOY - 150012333000202200015000-(07-06-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

SALA DE DECISIÓN No. 4

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO AUTORIZACIÓN DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES A LOS ALCALDES PARA CONTRATAR - Se limita a los casos expresamente señalados en la ley y los que la corporación disponga en forma razonable, mediante un reglamento que se atenga a la Constitución Política / AUTORIZACIÓN DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES A LOS ALCALDES PARA CONTRATAR - No implica la intervención sobre la actividad contractual propiamente dicha.

Sin embargo, debe decirse también que la atribución otorgada por el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, es una función administrativa que solo podrá ser ejercida por los concejos con el alcance y las limitaciones propias de su naturaleza, de suerte que cualquier reglamentación efectuada por dichas corporaciones debe respetar el ámbito reservado constitucionalmente al legislador y no puede entrar a establecer procedimientos de selección, normas generales aplicables a los contratos, entre otros aspectos, pues ello forma parte del núcleo propio del Estatuto de Contratación. Así las cosas, los concejos municipales, por medio de las autorizaciones que otorgan a los alcaldes para contratar y, por lo tanto, a través de la reglamentación que sobre el particular se expidan, no podrán extralimitarse en sus atribuciones e intervenir sobre la actividad contractual propiamente dicha, con el pretexto de efectuar la aludida reglamentación. Esa

dirección le corresponde al alcalde como jefe de la acción administrativa del municipio, de conformidad con el numeral 3º del artículo 315 de la Carta Política. En otros términos, la reglamentación que expidan estas corporaciones deberá limitarse a trazar las reglas aplicables al acto concreto y específico mediante el cual el concejo autoriza al alcalde para contratar, señalando los casos en que es necesario, sin entrar a regular otros aspectos. (…). De esta manera, el avance jurisprudencial se refleja en que la competencia con la que cuenta el alcalde municipal para contratar no se limita a la autorización por parte del concejo, sino frente a los casos contractuales que expresamente señale la ley que por su naturaleza puedan llegar a afectar de manera trascendental la vida municipal, además de los que considere la corporación edilicia con sustento razonable y proporcional. Así las cosas, corresponde al concejo municipal establecer los contratos que deben ser autorizados por esa Corporación sin que ello implique, como ya se dijo, que esa potestad pueda comprender la totalidad de los contratos que suscriba el alcalde municipal, sino únicamente y de manera excepcional "los que tal corporación disponga, en forma razonable, mediante un reglamento que se atenga a la Constitución Política.” De los parámetros señalados por el Consejo de Estado, se entiende que la atribución del concejo municipal es restringida y exige un entendimiento sistemático y coherente con las potestades del alcalde para contratar, de manera que “los concejos municipales deben actuar con

razonabilidad, de modo que solo estén sometidos a ese trámite aquellos tipos contractuales que lo ameriten por su importancia, cuantía o impacto en el desarrollo local”. AUTORIZACIÓN DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES A LOS ALCALDES PARA CONTRATAR – Prohibiciones, límites y casos en los que debe hacerlo.Validez de Acuerdo Rad. No. 150012333000202200150-00 Sentencia de Única Instancia 2 Así pues, en virtud de la atribución constitucional contenida en el artículo 313-3 de la Constitución Política, de naturaleza netamente administrativa, el concejo municipal no puede i) someter todos los contratos que vaya a suscribir el alcalde a su autorización previa, sino solamente aquellos que por su naturaleza, monto, o materia pueden afectar de manera importante la vida municipal; ii) modificar el estatuto de contratación pública o sus normas reglamentarias, o establecer trámites o requisitos adicionales para el respectivo contrato; o iii) interferir en las potestades contractuales que la Constitución y la ley le asignan al alcalde como representante legal del municipio. Así las cosa, la facultad de los concejos municipales relativa a señalar qué contratos deben someterse a su autorización tiene límites derivados i) de la naturaleza jurídica administrativa de la función (en ningún caso legislativa); ii ) de las competencias privativas del Congreso de la República para expedir el estatuto general de contratación pública (artículo 150 inciso final CP); y iii) de las competencias propias de los alcaldes para ejecutar el

presupuesto local, dirigir la actividad contractual del municipio y asegurar la prestación eficiente y oportuna de los servicios a su cargo. En conclusión, como lo resalta expresamente la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el alcalde puede celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones sin autorización del concejo, excepto, cuando se trate de los contratos que se encuentran enlistados en el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, y en aquellos casos adicionales que señale expresamente el concejo municipal mediante acuerdo. En efecto, se tiene que frente a las autorizaciones que se dan al alcalde para contratar, que los concejos municipales deben reglamentar la materia, señalando los casos en que se requiera autorización previa. Y además deberán decidir sobre la autorización de los siguientes contratos: contrato de empréstitos, de vigencias futuras, contratos de enajenación y compraventa de bienes inmuebles, contratos de enajenación de activos, acciones y cuotas partes, concesiones y los demás que determine la ley. Sin que ello quiera significar que los concejos municipales en la autorización para contratar otorgada al alcalde estipulen aspectos concretos que determinen el cuándo, por cuánto, cómo y con quién se realice determinado contrato, facultad legal de estipulación de los contratos que es del resorte exclusivo del alcalde. AUTORIZACIÓN DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES A LOS ALCALDES PARA CONTRATAR - Procedencia en el caso de enajenación de activos tales como vehículos de propiedad del municipio a través subasta. Con el fin de resolver el primer cargo de violación, destaca la Sala que los vehículos de propiedad del Municipio de Chita, relacionados en el artículo primero

PARA CONTRATAR - Procedencia en el caso de enajenación de activos tales como vehículos de propiedad del municipio a través subasta. Con el fin de resolver el primer cargo de violación, destaca la Sala que los vehículos de propiedad del Municipio de Chita, relacionados en el artículo primero del acuerdo demandado (motoniveladora marca Caterpillar, Chevrolet Kodiak con numero de motor 2FR07651, retroexcavadora marca Case 590 super M con numero de motor 00737150, camioneta marca jeep cherokee placas OXK-068, campero marca Toyota fortuner y motocicleta marca Yamaha), se constituyen en activos del municipio, teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 63 de la Constitución Política. (…). De igual manera que los bienes, corresponden a los: “Artículos inventariables o activos de cualquier clase, incluyendo el efectivo, activos fijos, los materiales y artículos en proceso de producción”. En consecuencia, los activos, se constituyen por todos los bienes y derechos que tiene la entidad (efectivo, propiedades, equipos, títulos valor, entre otros). Es así, como los vehículos de propiedad del Municipio de Chita, en los que recae la autorización emanada por el Concejo, se consideran activos, por ser recursos controlados por la entidad pública como consecuencia de hechos pasadosValidez de Acuerdo Rad. No. 150012333000202200150-00 Sentencia de Única Instancia 3 (adquisición, transferencia, construcción, donación, etc) de los cuales se espera recibir beneficios económicos futuros o un potencial de servicios y que contribuyen al desarrollo de la función administrativa o cometido estatal; además

de ser cuentas representativas de los bienes, derechos y pertenencias, tangibles e intangibles de la entidad pública. Realizadas las precisiones del marco normativo y jurisprudencial aplicables al caso concreto, el Ponente rectifica su postura, ya que como integrante de la Sala de decisión N 2, firmó la sentencia proferida el 09 de marzo de 2022, dentro del radicado 150012333000-202100037-00, en la que se había declarado la invalidez de un asunto de similares contornos. Así las cosas, para el sub lite, la corporación de elección popular, autorizó al Alcalde del Municipio de Chita, para adelantar los trámites con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas tendientes a subastar, que según la definición de la RAE corresponde a la “venta pública de bienes”, por lo que dirá la Sala que el Concejo Municipal no sustrajo ninguna competencia, ni se extralimitó en las funciones establecidas en el artículo 313, constitucional y ley 1551 de 2012, ya que al tenor del parágrafo 4º del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, ya que el burgomaestre requería autorización en la enajenación de esos activos de la entidad. Corolario de lo anterior, la enajenación de activos, es uno de los casos en los que el alcalde municipal debe contar con la autorización previa del concejo municipal, sin embargo, dicha autorización, no avanza a la intervención de la

corporación en la actividad contractual propiamente dicha, pues la competencia para celebrar contratos reside en el alcalde municipal, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1º y 3º del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, compartiendo así el criterio previamente adoptado por este Tribunal. FACULTADES PRO TEMPORE OTORGADAS AL ALCALDE MUNICIPALDeben ser interpretadas de manera restrictiva. En esa medida las facultades pro tempore otorgadas al Alcalde Municipal, deben ser interpretadas de manera restrictiva, lo que conlleva la necesidad de que la facultad que se otorgue sea precisa de las funciones que le corresponden al Concejo Municipal; además en cuanto a su definición y tiempo en que se concede, lo cual necesariamente implicará la observancia del principio de planeación a fin determinar las particularidades propias de la facultad pro tempore otorgada. Desconocer lo anterior implicará, tal como lo advierte el Consejo de Estado, correr el riesgo de vaciar de contenido las normas constitucionales y trasladar masivamente la competencia de los órganos de representación popular a la autoridad ejecutiva, con grave desmedro del equilibrio de poderes que orienta como principio fundamental el ordenamiento constitucional. FACULTADES PRO TEMPORE OTORGADAS AL ALCALDE MUNICIPALCumplimiento de presupuestos constitucionales y legales en caso de enajenación de activos, mediante subasta de vehículos de propiedad de la entidad territorial. Así las cosas, para el presente caso se encuentra más que probado que el Acuerdo No. 001 del 11 de febrero de 2022, otorgó facultades pro tempore de

seis (6) meses al Alcalde, como lo indicó el artículo tercero de la parte resolutiva y de conformidad con el numeral 3º del artículo 313 Superior, la facultad de los Concejos Municipales de autorizar al Alcalde para ejercer pro tempore, debe circunscribirse a funciones precisas que le corresponden a dichas corporaciones y no puede hacerse en forma genérica, sino que la misma debe ser específica en razón a su competencia, pues se desnaturalizaría el querer de constituyente queValidez de Acuerdo Rad. No. 150012333000202200150-00 Sentencia de Única Instancia 4 no es otro que respetar los límites de las capacidades constitucionales que le corresponden a cada uno. Conforme a lo anterior, para la Sala en el sub examine, es claro que el numeral 3 del artículo 313 Constitucional, le atribuyó a los Concejos la potestad de autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden a la corporación edilicia, así que el Concejo Municipal de Chita, tenían la facultad expresa para autorizar al Alcalde la enajenación de esos automotores de propiedad de la entidad al constituirse en activos. Efectivamente, en el presente caso se trata del ejercicio de facultades propias del Concejo que por regla general se conceden pro tempore y por una sola vez, cumpliéndose los presupuestos constitucionales y legales para el efecto, adicionalmente el lapso de los 6 meses no ha fenecido, por lo que tampoco el cargo tiene vocación de prosperidad.

NOTA DE RELATORÍA: La providencia que se presenta al público ha sido

modificada solo para incluir sus anteriores descriptores y restrictores, mas no para variar su contenido. Por lo anterior, el código de seguridad del mismo no corresponde al de la original. Para validar la integridad de la providencia los interesados pueden consultarla y descargarla a través de la plataforma SAMAI siguiendo este link: https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid =150012333000202200150001500123 Tunja, siete (07) de junio de dos mil veintidós (2022) Decide la Sala en única instancia la solicitud de invalidez del artículo primero del Acuerdo No. 001 del 11 de febrero de 2022, “POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE DE CHITA PARA SUBASTAR VEHICULOS AUTOMOTORES QUE POR SU MAL ESTADO YA NO PRESTAN ALGUN SERVICIO AL MUNICIPIO DE CHITA”.

I. ANTECEDENTES

SOLICITUD DE EXAMEN DE VALIDEZ1

Petición de invalidez2

ACCIONANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ACCIONADO: MUNICIPIO DE CHITAAcuerdo No. 01 del 11 de febrero de

2022

RADICACIÓN: 1500123330002022000150-00

REFERENCIA: VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL

TEMA: AUTORIZACIÓN PARA SUBASTAR VEHICULOSFACULTAD

PRO TEMPORE

ASUNTO: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIADeclara invalidez

1 1_150012333000202200150001EXPEDIENTEDIGI20220330143321.pdf 2 Folio 7archivo digital DEMANDA -SAMAIValidez de Acuerdo Rad. No. 150012333000202200150-00 Sentencia de Única Instancia 5

2 Folio 7archivo digital DEMANDA -SAMAIValidez de Acuerdo Rad. No. 150012333000202200150-00 Sentencia de Única Instancia 5

1. El DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, a través de apoderada judicial, solicitó que se declare la invalidez del A Acuerdo No. 001 del 11 de febrero de 2022, expedido por el CONCEJO MUNICIPAL DE CHITA al considerar que realizada la revisión jurídica ordenada en el artículo 305, numeral 10 de la Constitución Política observaba que era contrario a ésta y a la Ley.

Fundamentos de derecho3

2. La entidad demandante sostuvo que los artículos 313 y 315

Constitucionales, dan absoluta claridad sobre las atribuciones de los Alcaldes municipales en materia administrativa – contractual y frente a aquellas facultades que detentan los Concejos; por un lado la jefatura administrativa y representación legal del ente territorial con libertad de ejecución presupuestaria y por el otro, la facultad reglamentaria de la duma municipal para autorizar la contratación del municipio.

3. Estimó que de conformidad con las normas referenciadas; el concejo municipal no puede (i) someter todos los contratos que vaya a suscribir el alcalde a su autorización previa, sino solamente aquellos que por su naturaleza, monto, o materia pueden afectar de manera importante la vida municipal; (ii) modificar el estatuto de contratación pública o sus normas reglamentarias o establecer trámites o requisitos adicionales para el respectivo contrato; o (iii) interferir en las

potestades contractuales que la Constitución y la ley le asignan al alcalde como representante legal del municipio y excepcionalmente el alcalde necesitará autorización previa para contratar en dos eventos: a) en los casos expresamente señalados en el parágrafo 4º del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 y b) en los casos adicionales que señale expresamente el concejo municipal mediante acuerdo, de conformidad con los artículos 313-3 de la Constitución Política y 32-3 de la Ley 136 de 1994.

4. Concordante con lo anterior, precisó que el concejo municipal de Chita, no puede intervenir en los procesos que adelanta la administración en materia contractual puesto que, al hacerlo, trasgrede la Constitución y la Ley en el entendido que es la administración y en sí, su representante legal es el llamado a adelantar los procesos contractuales y la injerencia externa del Concejo, expone una verdadera coadministración por parte de la entidad edilicia.

5. Formuló un segundo cargo de invalidez, relacionado con la facultad pro tempore, ya que el Concejo de Chita, no podía otorgar al Alcalde, autorización para la ejecución de funciones propias del ejecutivo, y menos, limitar con el tiempo como se pretendió en el Acuerdo demandado, pues son facultades propias del ejecutivo, razón por las cuales tampoco podía limitar su ejercicio a determinado tiempo, razón adicional por la cual se debe declarar la invalidez total del Acuerdo.

TRÁMITE PROCESAL

3 Folios 5-7, archivo digital DEMANDA –SAMAIValidez de Acuerdo Rad. No. 150012333000202200150-00 Sentencia de Única Instancia 6

6. La solicitud de examen de validez fue admitida a través de auto del 07 de abril de 2022 4, en virtud de lo cual la providencia fue notificada a las partes e intervinientes, y el proceso fue fijado en lista por el término de diez (10) días para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 121 del Decreto Ley No. 1333 de 1986 y 171-1 del CPACA, y a través de auto del 13 de mayo de 2022, se abrió el proceso a pruebas5.

INTERVENCIONES

Municipio de CHITA6

7. Dentro del término de fijación en lista, el apoderado de dicha entidad territorial solicitó se negara la solicitud de invalidez.

8. Enfatizó que el proyecto presentado cumplió con todos los requisitos legales para la aprobación de la corporación, luego entonces no existe ninguna vulneración a la constitución y la ley en el acuerdo objeto de debate y no existe extralimitación del H. Concejo Municipal, teniendo en cuenta que es licito que se autorice por parte de la corporación la venta de bienes muebles dados de baja en debida forma y que proyecto, el acuerdo cumple con los presupuestos consagrados en el decreto 1082 de 2015 , respecto a que se puede utilizar cualquier medio idóneo según corresponda el bien a subastar, para el presente caso se subastaran los bienes dados de baja por el Comité de Bajas del

Municipio y los recursos se destinaran mantenimiento, funcionamiento y fortalecimiento del Fondo Municipal de Maquinaria.

9. Indicó que las apreciaciones de la demandante, se salen del contexto lógico jurídico, ya que la corporación no está interviniendo en la contratación que desarrolla el ente territorial, toda vez que se está autorizando la venta por subasta de los bienes dados de baja, pero en ningún momento en el acuerdo se modifica la ley de contratación, ni se adicionan requisitos en el acuerdo, por el contrario se ajusta al decreto 1082 de 2015.

10. Finalmente consideró que es falso que el concejo infiera en las potestades del alcalde, ya que el proyecto se presenta a iniciativa del ente territorial y se autoriza al alcalde para vender bienes muebles dados de baja mediante el medio idóneo de la subasta, que tiene como propósito recaudar recursos que puedan servir para el mantenimiento y funcionamiento del fondo de maquinaria. Conforme a lo anterior, solicito declarar la validez del Acuerdo Número 01 del 11 de Febrero de 2022.

Concejo Municipal de CHITA

11. Guardó silencio.

Personería Municipal de CHITA

4 Índice 5 – SAMAI. 5 Índice 12 – SAMAI. 6 Índice 10 “Contestación Municipio” – SAMAI.Validez de Acuerdo Rad. No. 150012333000202200150-00 Sentencia de Única Instancia 7

12. Guardó silencio.

Ministerio Público

13. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

14. Transcurrido en legal forma el trámite de única instancia previsto para surtir está clase de acciones y no existiendo causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a proferir decisión de fondo.

PROBLEMA JURÍDICO

15. El asunto se contrae a determinar si: ¿Procede declarar la invalidez del Acuerdo No. 001 del 11 de febrero de 2022, “POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE DE CHITA PARA SUBASTAR VEHICULOS AUTOMOTORES QUE POR SU MAL ESTADO YA NO PRESTAN ALGUN SERVICIO AL MUNICIPIO DE CHITA, al extralimitar las competencias constitucionales y legales o sí por el contrario se acredita que lo autorizado en el acto acusado corresponde a las excepciones legalmente establecidas?

16. Del análisis del expediente, la Sala anuncia la posición que asumirá así: Tesis argumentativa propuesta por la Sala La jurisprudencia de este Tribunal ha sido constante en sostener que la atribución de los concejos en relación con la autorización para que el alcalde celebre determinados contratos es taxativa y no puede llevar a que la corporación de elección popular interfiera en la gestión contractual del municipio.

Así que para el sub lite, la autorización contenida en el acuerdo acusado, se encuentra enlistada en el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, por lo que en efecto

debía el Alcalde contar con dicha autorización previa para poder enajenar los automotores de propiedad de la entidad; situación que conlleva a declarará la validez del acto acusado. Adicionalmente para la Sala, es claro que el numeral 3 del artículo 313 Constitucional, le atribuyó a los Concejos la potestad de autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden a la corporación edilicia , así que el Concejo Municipal de Chita, tenían la facultad expresa para autorizar al Alcalde la enajenación de esos automotores de propiedad de la entidad al constituirse en activos y fijar la temporalidad para el cumplimiento de la misma, por lo que ningún cargo tiene vocación de prosperidad. Disposición acusadaValidez de Acuerdo Rad. No. 150012333000202200150-00 Sentencia de Única Instancia 8

17. El acto acusado, establece lo siguiente7: “ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al alcalde para realizar los trámites tendientes a subastar, a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, los vehículos de propiedad del Municipio de Chita , que se relacionan a continuación: motoniveladora marca Caterpillar, Chevrolet Kodiak con numero de motor 2FR07651, retroexcavadora marca Case 590 super M con numero de motor 00737150, camioneta marca jeep cherokee placas OXK068, campero marca Toyota fortuner y motocicleta marca Yamaha.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente autorización incluye la realización de

todos los trámites y diligencias necesarias ante los respectivos organismos de tránsito en los cuales se encuentren matriculados los vehículos que serán objeto de proceso de subastar a fin de que dicho trámite quede registrado.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los dineros provenientes de la subasta de este acuerdo, serán incorporados al presupuesto del Municipio, para el mantenimiento, funcionamiento y fortalecimiento del Fondo de Maquinaria del Municipio de

Chita.

ARTÍCULO TERCERO: El término de la presente autorización será por seis (6) meses a partir de la sanción y publicación del presente acuerdo art. 150 de la Constitución Política de Colombia numeral 10”.

Análisis de la Sala Primer Cargo de violaciónLa autorización del concejo al alcalde no puede interferir en la gestión contractual del municipio, salvo las excepciones previstas en la ley

18. Los artículos 313 y 315 de la Constitución Política establecen la competencia a los Concejos y los Alcaldes respectivamente; y prevén que la misma Constitución y la ley puedan asignarles otras. De su lectura se desprende que las funciones de los concejos consisten fundamentalmente en establecer, mediante decisiones de carácter general, el marco normativo de la localidad, y en tanto las funciones del burgomaestre son de ejecución ya que su ejercicio requiere actuaciones y decisiones concretas.

19. Al respecto, el numeral 3° y 6° del artículo 313 Constitucional, establecen:

“Corresponde a los Concejos: (…)

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo.

(…)

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo.

(…)

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. (…) (N y SFT)

7 Folios 9-11, archivo 2 – expediente electrónico.Validez de Acuerdo Rad. No. 150012333000202200150-00 Sentencia de Única Instancia 9

20. Ahora bien, el artículo 314 ibídem, señala “En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio (…)”. A su turno el artículo 315, en los numerales 3 y 9, establece como atribuciones del Alcalde, dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo y ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto.

21. Aunado a lo anterior, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), estatuye lo siguiente respecto a la autorización que deben conceder los concejos municipales a los alcaldes para la celebración de contratos en las entidades territoriales: “ARTÍCULO 11. DE LA COMPETENCIA PARA DIRIGIR LICITACIONES O CONCURSOS Y PARA CELEBRAR CONTRATOS ESTATALES. En las entidades estatales a que se

refiere el artículo 2o: (…) 3o. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva: (…) b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y de los distritos capitales y especiales, los contralores departamentales, distritales y municipales, y los representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones de las normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades. (…) ARTÍCULO 25. PRINCIPIO DE ECONOMÍA. En virtud de este principio: (…)

11. Las corporaciones de elección popular y los organismos de control y vigilancia no intervendrán en los procesos de contratación , salvo en lo relacionado con la solicitud de audiencia pública para la adjudicación en caso de licitación.

De conformidad con lo previsto en los artículos 300, numeral 9° y 313, numeral 3° de la Constitución Política, las asambleas departamentales y los concejos municipales autorizarán a los gobernadores y alcaldes, respectivamente, para la celebración de contratos. (…)” (Subraya y negrilla fuera del texto original)

22. Concordante con lo anterior, el artículo 150 numeral 10, refiere: “10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje . Tales facultades

deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. El Congreso podrá, en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias. Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos”.Validez de Acuerdo Rad. No. 150012333000202200150-00 Sentencia de Única Instancia 10

23. Por su parte, la Ley 136 de 1994, que modernizó la organización y el funcionamiento de los municipios, estableció en el numeral 3º de su artículo 32 lo siguiente: “ARTÍCULO 32: ATRIBUCIONES. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los Concejos las siguientes:

(…)

3. Reglamentar la autorización al Alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del Concejo . (…)” (Subraya y negrilla fuera del texto original)

24. De acuerdo con los preceptos enunciados, la facultad general que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, entrega a los mandatarios locales para contratar debe entenderse en armonía con el reparto de competencias entre concejos y alcaldes municipales la cual, como lo señala la Ley, prevé la existencia de una autorización por parte de los primeros para contratar por parte de los segundos.

25. Sobre ese aspecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-738 de 2001 precisó que, si bien una de las funciones propias del concejo es la de autorizar al alcalde para contratar, tal como lo dispone el numeral 3º del artículo 313 de la Constitución, es claro que la facultad de reglamentar lo relacionado con tal autorización también forma parte de sus competencias constitucionales, en virtud del numeral 1º del mismo precepto . En otras palabras, si los concejos pueden reglamentar el ejercicio de sus propias funciones y una de ellas es la de autorizar al alcalde para contratar, se concluye lógicamente que tales corporaciones cuentan con la competencia constitucional para reglamentar el ejercicio de tal atribución y no es necesario que el legislador trazara con anterioridad una regulación detallada del tema 8.

26. Sin embargo, debe decirse también que la atribución otorgada por el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, es una función administrativa que solo podrá ser ejercida por los concejos con el alcance y las limitaciones propias de su naturaleza, de suerte que cualquier reglamentación efectuada por dichas corporaciones debe respetar el ámbito reservado constitucionalmente al legislador y no puede entrar a establecer procedimientos de selección, normas g