TA BOY - 15001233300020220010900-(22-03-2023)

[1] ACUERDO MUNICIPAL – Análisis de los cargos de invalidez La Gobernación de Boyacá sostiene que se debe declarar la invalidez del Acuerdo 024/20, puesto que con su expedición se desconocieron el principio de unidad de materia y los requisitos para el otorgamiento de facultades extraordinarias al alcalde -en cuanto a los presupuestos de temporalidad y funcionalidad-; además, se desconoció que existe un procedimiento para la liquidación de la entidad -Empresa de servicios públicos-, que permite hacer el tránsito necesario en el cambio de una sociedad a otra.

PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA – Inexistencia de transgresión por existir conexión la trasformación empresarial de la Empresa de Servicios Públicos y la prestación del nuevo prestador del servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo bajo la modalidad de sociedad por acciones /LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS – Existe un procedimiento reglado para el efecto.

Se alega trasgresión del principio de unidad de materia por cuanto, si bien, en el artículo 1º otorga la facultad para constituir un nuevo prestador del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, situación que, en principio se acompasa con el título del Acuerdo censurado, sin embargo, no se tuvo en cuenta que la constitución de un nuevo prestador debe seguir los lineamientos de la Ley 489 de 1998, es decir, que se pretende constituir un nuevo prestador del servicio, concomitantemente a la liquidación, sin agotar el procedimiento estipulado, lo que sería motivo para un Acuerdo propio que

estudie el fondo de la creación, a iniciativa de la administración municipal. Analizadas las consideraciones del Acuerdo 024/2020, la Sala observa que su expedición se dio como consecuencia del pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al verificar el Registro Único de Prestadores de Servicios (en adelante RUPS) del prestador del servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo de la Empresa de Servicios Públicos de Sáchica (en adelante E.S.P. de Sáchica), en el que se indicó que la actualización del RUPS de la E.S.P. de Sáchica, de conformidad con los artículos 180 y 182 de la ley 142 de 1994 y la ley 286 de 1996, ya no era procedente. Siendo que lo que se debía hacer era realizar el agotamiento del artículo 6º de la ley 142 de 1994, para ajustar su naturaleza y constituirse como un municipio prestador directo o hacer la transformación empresarial a una empresa constituida por acciones. Ante tal escenario, consideró la Corporación edilicia que debía liquidarse la E.S.P. de Sáchica conforme lo dispuesto en la ley 1105 de 2006 y, en consecuencia, con la finalidad de solucionar la legalidad del prestador, autorizar al alcalde para constituir un nuevo prestador del servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo bajo la modalidad de sociedad por acciones. De manera que, si bien, como lo indicó el mismo Acuerdo y lo alega el Departamento de

Boyacá, existe un procedimiento reglado contemplado en la Ley 1105 de 2006 para la liquidación de entidades públicas, se tiene que el eje temático del Acuerdo es integrado, pues si bien se pretende constituir un nuevo prestador del servicio, concomitante a la liquidación de la E.S.P. de Sáchica, este se refiere a un solo tema, esto es, la trasformación empresarial de la Empresa de Servicios Públicos. Es decir, que se avizora una conexidad temática, causal y sistemática en el Acuerdo, generada como consecuencia del procedimiento que debe agotar el municipio para hacer la transformación empresarial para la prestación de los servicios públicos de su competencia.Expediente No. 2022 00109 00 Validez de Acuerdo Municipal Gobernación de Boyacá Vs. municipio de Sáchica [2] En tal sentido, el cargo de trasgresión del principio de unidad de materia no prospera. FACULTAD AL ALCALDE PARA CONTRATAR – Contrato de comodato / ACUERDO MUNICIPAL – Invalidez parcial de acuerdo que facultó al alcalde para celebrar contratos / FACULTAD PRO TEMPORE OTORGADA AL ALCALDE MUNICIPAL – Tienen el carácter restrictivo /ACUERDO MUNICIPAL – Se niega invalidez porque la facultad pro tempore se otorgó por un año, esto es un límite temporal preciso.

En lo que respecta a los cargos relacionados con el otorgamiento de facultades extraordinarias al alcalde, se alegó, de una parte, que en el artículo

2º se otorgó una facultad que no es propia del Concejo, pues el estatuto contractual les otorgó competencia a los alcaldes para celebrar contratos. En el mismo sentido, en el artículo 3º se faculta a la administración para celebrar un contrato de comodato con el nuevo prestador constituido y, finalmente, por cuanto, se desconoció, en el artículo 5º, que la facultad pro tempore tiene carácter restrictivo, lo que impide que pueda extenderse más allá del término de seis (6) meses, tal como se establece en el numeral 10 del artículo 150 Constitucional. Para mayor comprensión, se reitera, el contenido de los artículos cuestionados: (…). Como se advierte, la Corporación edilicia faculta al alcalde para celebrar contratos -incluido el contrato de comodato, artículo 3°- relacionados con la constitución del nuevo prestador de servicios públicos. Situación que desconoce que los alcaldes tienen la facultad general de suscribir contratos y dirigir la actividad contractual de los municipios sin necesidad de una autorización previa, general o periódica del Concejo, tal como se desprende de los artículos 313-3 de la Constitución y 32 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con los artículos 315-3 Superior, 11-3 de la Ley 80 de 1993, 91-D-5 de la Ley 136 de 1994 y 110 del Decreto 111 de 1996. Y si bien, excepcionalmente, dicha facultad se restringe -cuando así lo haya

previsto la Ley y cuando así lo haya dispuesto el Concejo Municipal expresamente mediante Acuerdocon ocasión de la función administrativa que ostentan los concejos, dichos supuestos no se configuran en el presente caso. En consecuencia, hay lugar a declarar la invalidez de los artículos en mención. Ahora bien, en cuanto tiene que ver con la facultad otorgada en el artículo 5º del Acuerdo, en el que se indicó que las facultades que se conferían al alcalde eran por el término de un (1) año, conforme a la interpretación del Artículo 313-3 de la Constitución, expuesta en la parte dogmática de esta providencia, dicho cargo no tiene vocación de prosperidad. En efecto, no es cierto que, el constituyente haya hecho más estricto el requisito de la temporalidad en la delegación en el orden territorial, como sí ocurrió dentro del espíritu que inspiró el cambio constitucional de 1991 al artículo 150-10, según el cual, la delegación legislativa extraordinaria es hasta por seis (6) meses. Así, la interpretación restrictiva de la delegación legislativa opera de manera expresa para las facultades establecidas en el artículo 15010 Constitucional, las cuales sólo pueden ser ejercidas por una sola vez sin que haya lugar a modificar los decretos con fuerza de ley mediante el uso posterior de dichas facultades dentro del término otorgado por el legislador ordinario, dado que se agotan al ser ejercidas. El cual difiere al otorgamiento “pro tempore” que se asignó expresamente en el artículo 313-3 Superior, esto es, exige que la autorización se enmarque en un límite temporal preciso, pero sin aplicación restrictiva. Tal como ocurrió con la facultad que el concejo municipal de Sáchica le otorgó al alcalde municipal, pues esta se otorgó porExpediente No. 2022 00109 00 Validez de Acuerdo Municipal

sin aplicación restrictiva. Tal como ocurrió con la facultad que el concejo municipal de Sáchica le otorgó al alcalde municipal, pues esta se otorgó porExpediente No. 2022 00109 00 Validez de Acuerdo Municipal Gobernación de Boyacá Vs. municipio de Sáchica [3] el término de un (1) año, esto es, en un límite temporal preciso. Es decir, que atiende el presupuesto de la temporalidad y, en tal razón, no hay lugar a declarar su invalidez. En suma, las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar sólo parcialmente, puesto que, con los artículos 2º y 3º del Acuerdo 024/20, la Corporación edilicia desconoció que los alcaldes tienen la facultad general de suscribir contratos y dirigir la actividad contractual de los municipios sin necesidad de una autorización previa. Entre tanto, se tiene que la facultad pro tempore que el concejo otorgó al alcalde, se estableció en un límite temporal preciso. Aunado a que, no se trasgredió el principio de unidad de materia, por lo que, respecto de los artículos 1º y 5º no hay lugar a declarar la invalidez del Acuerdo.

NOTA DE RELATORÍA: La providencia que se presenta al público ha sido modificada solo para incluir sus anteriores descriptores y restrictores, mas no para variar su contenido. Por lo anterior, el código de seguridad del mismo no corresponde al de la original. No obstante, puede ocurrir que en la conversión del documento PDF a Word puede quedar con algunas imperfecciones en el texto. Para validar la integridad de la providencia los interesados pueden consultarla y descargarla a través de la plataforma SAMAI siguiendo este link:

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texto. Para validar la integridad de la providencia los interesados pueden consultarla y descargarla a través de la plataforma SAMAI siguiendo este link: https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx ?guid=150012333000202200109001500123

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA

Tunja, veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIAS

VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL

DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEMANDADO: MUNICIPIO DE SÁCHICA RADICACIÓN: 150012333 000 2022 00109 00

====================================Expediente No. 2022 00109 00 Validez de Acuerdo Municipal Gobernación de Boyacá Vs. municipio de Sáchica [4] No encontrándose causal alguna que pueda anular lo actuado, agotadas las etapas previas y verificados los presupuestos procesales del medio de control, la Sala procede a dictar en derecho la SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA en el proceso de validez de Acuerdo municipal de la referencia.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA.

1.1. Pretensiones. La Gobernación de Boyacá pretende que se declare la invalidez del Acuerdo No 024 de 31 de agosto de 2020 (en adelante Acuerdo 024/20), "Por el cual se otorga facultades al alcalde del municipio de Sáchica – Boyacá, para adelantar los trámites

declare la invalidez del Acuerdo No 024 de 31 de agosto de 2020 (en adelante Acuerdo 024/20), "Por el cual se otorga facultades al alcalde del municipio de Sáchica – Boyacá, para adelantar los trámites necesarios para liquidar la empresa de servicios públicos de Sáchica – Boyacá, y constituir un nuevo prestador del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Sáchica – Boyacá, bajo la modalidad de sociedad por acciones” , expedido por el Concejo municipal de Sáchica.

1.2. Normas violadas y concepto de violación . Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones:

De orden constitucional: artículos 6, 150-10, 313-3 y 315-4.

De orden legal: literal b) del artículo 11 de la Ley 80 de 1993; artículo 72 y literal 3 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994; artículos 84 y 85 de la ley 489 de 1998; parágrafo 1 de los artículos 1° y 2° de la ley 1105 de 2006 y el artículo 2º de la ley 254 de 2000.

Específicamente, los cargos de invalidez fueron cuatro:

1. Unidad de materia.

Puesto que, si bien en el artículo 1º otorga la facultad “para constituir un nuevo prestador del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo” , lo que en principio se acompasa con el título del acuerdo municipal: “… y constituir un nuevo prestador del servicio de acueducto, alcantarillado y

aseo en el municipio de Sáchica…”, no obstante, la constitución de un nuevo prestador debe seguir los lineamientos de la Ley 489 de 1998. Así, de conformidad con el numeral 6 del artículo 313 Superior, el artículo 84 y la reglamentación del artículo 85 de la Ley 489 de 1998, para el caso de la empresa de servicios públicos debe contener todos los requisitos solicitados que exceden a la enunciación hecha en elExpediente No. 2022 00109 00 Validez de Acuerdo Municipal Gobernación de Boyacá Vs. municipio de Sáchica [5] artículo 1º del Acuerdo objetado. Es decir, que se pretende constituir un nuevo prestador del servicio, concomitantemente a la liquidación, sin agotar el procedimiento estipulado, lo que sería per se, motivo suficiente para un acuerdo propio que estudie el fondo de la creación, a iniciativa de la administración municipal.

1. Facultad de contratar.

Al otorgar en el artículo 2º una facultad que no le es propia, pues el estatuto contractual les otorgó competencia a los alcaldes para celebrar contratos, no se entiende la facultad para contratar que se otorga, pues de realizarse una contratación debería aplicarse dicha normatividad, al ser facultad del alcalde hacer lo propio sin intervención del cuerpo colegiado.

1. Comodato de los bienes existentes.

El artículo 3º del Acuerdo faculta a la administración para celebrar un contrato de comodato con el nuevo prestador constituido. Así, se

faculta para entregar “los bienes que conforman la infraestructura para la prestación de los servicios de acueducto alcantarillado y aseo”. Siendo que, al respecto, la jurisprudencia ha encontrado viable el comodato como una herramienta que, sin constituir donación o auxilio, es útil para lograr los fines estatales, sin vulnerar la moralidad administrativa.

1. Procedimiento de liquidación.

Por cuanto existe un procedimiento reglado para la situación planteada por el Acuerdo, el cual prevé una etapa de liquidación que permite a la entidad pública hacer el tránsito necesario en el cambio de una sociedad a otra, asegurando, jurídicamente, la continuidad del servicio y blindando a la administración del riesgo causado por no prever las consecuencias que esta acción implica. Por lo tanto, se tiene que el Acuerdo no cumple con los artículos 1 y 2 de la Ley 1105 de 2006 y la ley 254 de 2000.

De otra parte, con el artículo 5º del Acuerdo se desconoció el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución, al revestir al Alcalde de facultades para ejecutarlas en un (1) año, cuando, conforme la norma, el Concejo autoriza al Alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo. Por tanto, al no establecer el precepto constitucional un determinado tiempo, sino que prevé pro tempore , de manera análoga se debe aplicar para los concejos el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución, con el fin de limitar la posibilidad deExpediente No. 2022 00109 00 Validez de Acuerdo Municipal Gobernación de Boyacá Vs. municipio de Sáchica [6] delegación de sus funciones de manera indefinida en los alcaldes,

Validez de Acuerdo Municipal Gobernación de Boyacá Vs. municipio de Sáchica [6] delegación de sus funciones de manera indefinida en los alcaldes, para evitar que éstos pudieran ostentarlas mediante sucesivas prórrogas que desnaturalizarían la distribución de funciones previstas en el ordenamiento jurídico. Así, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia C-108 de 2002, ha precisado el alcance de la facultad, aduciendo que, dada su naturaleza, tiene carácter restrictivo pues exige una estricta limitación temporal que impide que pueda extenderse más allá del término de seis (6) meses.

I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Ninguna autoridad efectuó pronunciamiento al respecto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Con el fin de exponer un razonamiento claro y lógico de la temática en discusión, la Sala abordará, en su orden, i.) el acto administrativo acusado, ii.) lo que se debate y el problema jurídico, y, finalmente, iii.) el estudio en concreto del problema jurídico.

II.1.- EL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO.

La entidad accionante demandó la invalidez del Acuerdo 024/20, "Por el cual se otorga facultades al alcalde del municipio de Sáchica – Boyacá, para adelantar los trámites necesarios para liquidar la empresa de

servicios públicos de Sáchica – Boyacá, y constituir un nuevo prestador del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Sáchica – Boyacá, bajo la modalidad de sociedad por acciones”, que expresamente señala:

“ARTICULO PRIMERO: Facultar al señor alcalde del municipio de Sáchica – Boyacá, para constituir un nuevo prestador del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Sáchica – Boyacá, bajo la modalidad de sociedad por acciones. Podrán ser los accionistas, entidades púbicas del orden departamental o municipal debidamente constituidas.

ARTICULO SEGUNDO: Facultar al señor alcalde del municipio de Sáchica – Boyacá en razón a lo establecido en el numeral 3, del artículo 32 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012, para contratar objetos contractuales relacionados a la constitución del nuevo prestador bajo la modalidad de sociedad por acciones, de losExpediente No. 2022 00109 00

Validez de Acuerdo Municipal Gobernación de Boyacá Vs. municipio de Sáchica [7] servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo para el municipio de Sáchica – Boyacá.

ARTICULO TERCERO: Facultar al señor alcalde del municipio de Sáchica – Boyacá para entregar al prestador constituido, los bienes que conforman la infraestructura para la prestación

de los servicios de acueducto alcantarillado y aseo para el municipio de Sáchica – Boyacá, los cuales seguirán bajo la titularidad y derecho real de dominio del municipio de Sáchica – Boyacá y el prestador tendrá bajo su responsabilidad la administración de los bienes, debiendo realizar todos los actos tendientes a su conservación, mantenimiento, aseguramiento y restitución en caso de pérdida, daño o deterioro.

ARTICULO CUARTO: Facultar al señor alcalde del municipio de Sáchica – Boyacá, liquidar y suprimir la Empresa de servicios públicos de Sáchica – Boyacá, de acuerdo a los lineamientos de la ley 1105 de 2006.

ARTICULO QUINTO: Las facultades que se otorgan al alcalde municipal de Sáchica-Boyacá, por medio del presente acuerdo, se confieren por el término de un (1) año, contados a partir de su entrada en vigencia”.

II.2.- LO DEBATIDO Y PROBLEMA JURÍDICO.

La Gobernación de Boyacá sostuvo que se debe declarar la invalidez del Acuerdo 024/20, puesto que con su expedición, i) se desconoció el principio de unidad de materia, ii) se confirió al alcalde una facultad que no es propia del concejo, iii) se faculta a la administración para celebrar un contrato de comodato con el nuevo prestador constituido, iv) al existir un procedimiento para la liquidación de la entidad, que permite hacer el tránsito necesario en el cambio de una sociedad a otra, finalmente, v) por cuanto, la

facultad otorgada al alcalde para ejercer pro tempore funciones que corresponden al Concejo, al ser de carácter restrictivo, exige una estricta limitación temporal, por lo que no puede extenderse más allá del término de seis (6) meses.

Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si el Concejo de Sáchica, a través del Acuerdo censurado, vulneró las disposiciones constitucionales y legales enunciadas, atinentes a las autorizaciones para celebrar contratos y los requisitos para el otorgamiento de facultades extraordinarias al alcalde.

II.3.- LA SOLUCIÓN EN CONCRETO DEL PROBLEMA JURÍDICO.Expediente No. 2022 00109 00

Validez de Acuerdo Municipal Gobernación de Boyacá Vs. municipio de Sáchica [8] Para la Sala de Decisión, las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar parcialmente, puesto que, tal como a continuación se justifica, y dado lo probado en el proceso, se tiene que con los artículos 2º y 3º del Acuerdo acusado la Corporación edilicia se extralimitó en sus atribuciones al intervenir sobre la actividad contractual propiamente dicha, situación que desconoce que los alcaldes tienen la facultad general de suscribir contratos y dirigir la actividad contractual de los municipios sin necesidad de una autorización previa. Entre tanto, se tiene que la facultad pro tempore que el concejo otorgó al alcalde, se estableció en un límite temporal preciso. Aunado a que, no se trasgredió el principio de unidad de materia.

3.1. Marco Jurídico frente a las autorizaciones para celebrar contratos y convenios. El contrato estatal como forma de ejecutar el presupuesto.

temporal preciso. Aunado a que, no se trasgredió el principio de unidad de materia.

3.1. Marco Jurídico frente a las autorizaciones para celebrar contratos y convenios. El contrato estatal como forma de ejecutar el presupuesto.

El artículo 314 Constitucional señala que, en cada municipio habrá un alcalde, “jefe de la administración local” y representante legal del municipio. El artículo 315 ibidem regula las principales atribuciones del Alcalde, entre las que se encuentra la de ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. Dichas facultades constitucionales del alcalde reafirman su carácter de principal autoridad administrativa del municipio, asignándole funciones de ejecución, relacionadas de man era expresa con la responsabilidad de la prestación de los servicios a cargo del municipio; esto último, de acuerdo con los planes de inversión y el presupuesto que se haya fijado previamente.

En materia presupuestal, las normas legales orgánicas son de aplicación nacional y territorial, conforme lo establece el artículo 352 de la Constitución. Es así como el Decreto 111 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”, es pues, aplicable en el ámbito municipal y dispone en su artículo 110 lo siguiente:

“Artículo 110.- Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de

contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respect iva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradasExpediente No. 2022 00109 00 Validez de Acuerdo Municipal Gobernación de Boyacá Vs. municipio de Sáchica [9] en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes. (...)”

Sobre este tema de la ordenación del gasto, la Corte Constitucional, en sentencia C-101 del 7 de marzo de 1996, mediante la cual declaró exequible la primera parte del primer inciso del artículo 110 transcrito, expresó: “El concepto de ordenador del gasto se refiere a la capacidad de ejecución del presupuesto. Ejecutar el gasto, significa que, a partir del programa de gastos aprobado - limitado por los recursos aprobados en la ley de presupuesto -, se decide la oportunidad de contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto, funciones que atañen al ordenador del gasto”. En este orden, la competencia general que los Estatutos de Presupuesto y Contratación le atribuyen a los jefes de las entidades territoriales para contratar debe entenderse en armonía con el reparto de competencias entre concejos y

alcaldes, el cual, prevé la existencia de una autorización para contratar por parte de los primeros. La cual, también ha sido desarrollada tanto en los artículos 11 y 25 de la Ley 80 de 1993.

En ese mismo contexto debe entenderse el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, que al referirse a la capacidad de los representantes legales y jefes de las entidades del Estado para contratar y ejecutar el presupuesto, señala expresamente que dichas facultades se ejercerán “teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes”, entre las cuales se encuentran, los artículos 313 numeral 3 de la Constitución y 32 de la Ley 136 de 1994, que exigen una reglamentación del concejo municipal de la autorización para contratar por parte de los alcaldes.

En consecuencia, las autorizaciones que los concejos municipales otorgan a los alcaldes para contratar, y por lo mismo, la reglamentación que sobre el particular expidan tales Corporaciones, no es óbice, so pretexto de reglamentar el tema de las autorizaciones, para extralimitarse en sus atribuciones e intervenir sobre la actividad contractual propiamente dicha, pues tal dirección corresponde al alcalde, en tanto es el jefe de la acción administrativa del municipio, de conformidad con el artículo 315 numeral 3 de la Constitución.

La Corte Constitucional, en sentencia C-738 de 2001, al declarar la exequibilidad del numeral 3º del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, señaló lo siguiente:Expediente No. 2022 00109 00 Validez de Acuerdo Municipal Gobernación de Boyacá Vs. municipio de Sáchica [10]

señaló lo siguiente:Expediente No. 2022 00109 00 Validez de Acuerdo Municipal Gobernación de Boyacá Vs. municipio de Sáchica [10] “Esta función reglamentaria que, se reitera, cuenta con un fundamento constitucional propio, habrá de ejercerse mediante el trazado de una serie de normas puntuales y específicas sobre una determinada materia, a saber: el procedimiento interno que se deberá seguir ante los Concejos para obtener la autorización respectiva, los criterios que debe seguir para otorgarla, así como los casos en los cuales tal autorización es necesaria. La regulación de dicho procedimiento interno habrá de estar referida, así, a la s hipótesis en que tal autorización es necesaria, a los criterios que se deberán aplicar al momento de decidir sobre si se otorga o no dicha autorización, y a las etapas del trámite a seguir en cada caso. Estas normas no serán de tipo legal, sino de tipo administrativo, sin que sea necesario contar con una regulación previa del tema por parte del Legislador.

(…) Sin embargo, debe advertir esta Corporación que la atribución otorgada en la norma bajo estudio, siendo como es una función administrativa, sólo podrá ser ejercida por los Concejos con el alcance y las limitaciones propias de su naturaleza. Así, cualquier reglamentación efectuada por dichas Corporaciones, debe ser respetuosa del ámbito reservado constitucionalmente al Legislador, por lo cual no puede entrar a establecer procedimientos de selección, normas generales aplicables a los contratos, etc., puesto que ello forma parte del núcleo propio del Estatuto de Contratación.

(…) El anterior razonamiento es aplicable, mutatis mutandi, a las autorizaciones que los concejos municipales otorgan a los

normas generales aplicables a los contratos, etc., puesto que ello forma parte del núcleo propio del Estatuto de Contratación.

(…) El anterior razonamiento es aplicable, mutatis mutandi, a las autorizaciones que los concejos municipales otorgan a los alcaldes para contratar, y por lo mismo, a la reglamentación que sobre el particular expidan tales Corporaciones, en ejercicio de lo dispuesto en la norma acusada. Por lo mismo, no podrán los Concejos, so pretexto de reglamentar el tema de las autorizaciones, extralimitarse en sus atribuciones e intervenir sobre la actividad contractual propiamente dicha; dirección que corresponde al alcalde, en tanto jefe de la acción administrativa del municipio, de conformidad con el artículo 315-3 de la Carta. En otras palabras, la reglamentación que expidan estas corporaciones deberá limitarse a trazar las reglas aplicables al acto concreto y específico mediante el cual el concejo autoriza al alcalde para contratar, señalando los casos en que es necesario, sin entrar a regular aspectos como la selección de los contratistas, los contratos específicos a realizar, etc.

Asimismo, deberán tener en cuenta los concejos municipales que, en tanto función administrativa, la atribución que les confiere la norma que se analiza debe ser ejercida en forma razonable y proporcionada, respetando lo dispuesto en el artículo 209 constitucional; y que no se puede interpretar dicha norma en forma tal que se obligue al alcalde a solicitar autorizaciones del concejo en todos los casos en que vaya a contratar, sino únicamente en los que tal corporaciónExpediente No. 2022 00109 00 Validez de Acuerdo Municipal Gobernación de Boyacá Vs. municipio de Sáchica [11]

contratar, sino únicamente en los que tal corporaciónExpediente No. 2022 00109 00 Validez de Acuerdo Municipal Gobernación de Boyacá Vs. municipio de Sáchica [11] disponga, en forma razonable, mediante un reglamento que se atenga a la Carta Política.

Debe resaltarse, por último, que, contrario a lo que presupone la argumentación del actor, lejos de ser un límite a la autonomía municipal, el régimen previsto por la Ley 80 de 1993 está construido sobre la base de la autonomía de las entidades estatales en materia contractual, tanto que otorga a cier tas entidades y dependencias que no cuentan con personería jurídica, una capacidad especial de contratación y puedan gestionar mejor los aspectos que a ellas atañen. Para la Corte, igual sucede con la norma bajo estudio, ya que, al reafirmar la competencia reglamentaria constitucional de los concejos municipales, no sólo presupone, sino que desarrolla su autonomía real. Así, a través de regímenes reglamentarios que no lesionen lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y en las demás normas legales aplicables, los concejos podrán decidir cómo ha de surtirse el proceso de autorización, en los casos en que sea necesario de conformidad con los intereses locales.” (Destacado de la Sala)

De lo anteriormente expuesto es dable concluir lo siguiente: (i) Los concejos municipales deben atender el mandato del artículo 313

numeral 3° de la Constitución Política, (ii) la autorización prevista constitucionalmente por parte de las corporacio