TA BOY - 15001333300120210016701-(05-12-2022)

CADUCIDAD – Naturaleza jurídica. La jurisprudencia del Consejo de Estado, frente al presupuesto procesal de la caducidad, ha precisado: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador colombiano instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales, no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley, y de no hacerlo en tiempo perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. El fenómeno de la caducidad busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso. Por esta razón, la efectividad del derecho sustancial que se busca con su ejercicio puede verse afectada”.

CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – Marco normativo.

Ahora bien, es necesario destacar que el literal l) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, prescribe: (…). De otro lado, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señaló que "La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública. Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas". Ahora bien, como puede observarse, existe una aparente antinomia normativa entre lo dispuesto en

el literal l) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA y en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 en punto a la caducidad, por cuanto la primera de las disposiciones establece dos referentes para contabilizar el termino para el ejercicio del medio de control, pero señalando que en todo caso se tomará el vencimiento del plazo legal para pagar; en tanto que la segunda de las disposiciones toma como referente la fecha del último pago. Sin embargo, el Consejo de Estado al advertir esta aparente contradicción se pronunció advirtiendo que: (…). CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – Supuestos a tener en cuenta para contabilizar el término.

Es decir, son 2 supuestos que se tienen en cuenta para empezar a contar el término prescrito para presentar oportunamente la demanda, en ejercicio del medio de control de repetición, así: i) A partir del día siguiente a aquél en el cual se hubiere efectuado el pago efectivo de la condena impuesta en una sentencia, y ii) Desde el día siguiente al vencimiento del plazo que tiene la administración pública para dar cumplimiento a una sentencia judicial. Lo anterior tiene soporte tanto en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), como en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011), a través de los cuales establecieron el mismo término de caducidad de 2 años con esos dos referentes. Sin embargo, frente al supuesto del "día siguiente al vencimiento del plazo", hubo una modificación, en tanto que en el C.C.A. se concedía 18 meses para que la administración efectuara el pago, y en el C.P.A.C.A., se concede el de 10 meses. Sobre el particular, consideró el órgano de cierre de la Jurisdicción, los siguientes apartes a destacar: (…)De igual

y en el C.P.A.C.A., se concede el de 10 meses. Sobre el particular, consideró el órgano de cierre de la Jurisdicción, los siguientes apartes a destacar: (…)De igual manera, habrá de decirse que los términos se cuentan desde el momento mismo en que cobró ejecutoria la providencia en la que se condenó al ente territorial, independientemente del trámite posterior surgido, o que las obligaciones ordenadas varíen. Al respecto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, en providencia de 2 de mayo de 2016, señaló: (…). De lo anterior se infiere que independiente de los acuerdos suscritos por las partes respecto de las obligaciones surgidas con ocasión de una condena, los términos de caducidad de los dos años contenidos en el literal l) del artículo 164 del CPACA, se cuentan según el caso, a partir del vencimiento de losNulidad y Restablecimiento del Derecho Exp. 15001333300120210016701 Resuelve apelación auto que rechazó la demanda 2 18, o los 10 meses, s egún el caso aplicable en concreto, o, a partir del pago, lo que ocurra primero. Como puede apreciarse, a la caducidad del medio de control de repetición en la Ley 1437 de 2011, se le introdujo una enmienda importante, dado que el cómputo de la misma cuenta con dos referentes: la fecha de pago, "o a más tardar el vencimiento del plazo" que tiene la administración para pagar, a más que la jurisprudencia trascrita, fuerza concluir, que el término de los dos

años se toma a partir del evento que ocurra primero, es decir, que los 2 años se cuentan: i) a partir del pago, cuando éste se hace dentro del plazo de 18 o 10 meses, o ii) desde el vencimiento de este último plazo, si el mismo transcurre sin que se haga el pago. Así entonces, para establecer si la demanda fue interpuesta dentro del término de caducidad consagrado para el medio de control de repetición, es necesario establecer cuál de los dos supuestos ocurrió primero. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – Estructuración en el caso concreto. En primer lugar debe la Sala aclarar que, contrario a lo manifestado por el apoderado judicial de la entidad demandante, si bien es cierto los hechos que dieron lugar a la condena ocurrieron en el año 2010 en el municipio de Puerto Boyacá, en virtud de los cuales fue condenada en proceso de reparación directa radicado bajo el número 15001333100720110007201 en fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Tunja, modificado por el de esta corporación judicial mediante sentencia del 22 de octubre de 2015, la demanda para iniciar el medio de control respecto del cual ahora se estudia la caducidad, fue presentada en vigencia de la Ley 1137 de 2011, razón por la cual la norma que resulta aquí aplicable es el literal l) del numeral 2 del artículo 164 de esta recopilación normativa y no artículo 136 numeral 9, del Decreto 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo. En efecto, la parte actora presentó demanda de repetición el 5 de octubre de 2021 para que se declare responsable al Patrullero (R) RICARDO LUIS OVALLE ELÍAS, quien con su presunta conducta

1984 o Código Contencioso Administrativo. En efecto, la parte actora presentó demanda de repetición el 5 de octubre de 2021 para que se declare responsable al Patrullero (R) RICARDO LUIS OVALLE ELÍAS, quien con su presunta conducta gravemente culposa dio lugar a la sentencia en contra de la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, entidad a la que, en sentencia de segunda instancia el 22 de octubre de 2015, el Tribunal Administrativo de Boyacá le impuso una condena indemnizatoria por valor de $244.300.016,79. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó se le condene a pagar la mencionada suma por concepto de la reparación que la entidad accionante debió cancelar a los familiares de Victoria Andrea Gil Meneses. Y por medio de la Resolución No. 00741 de 18 de junio de 2021, se ordenó pagar a los familiares de Victoria Gil la suma de $244.300.016,79, por concepto de indemnización derivada de la mencionada sentencia, pago que como el mismo recurrente lo manifiesta se hizo finalmente el 27 de abril del año 2021. Teniendo presente lo anterior, frente al primer supuesto desde cuándo debe contarse el término de caducidad, esto es, dos años a partir de la fecha de pago, como bien lo analizara el A quo, vencerían el 28 de abril de año 2023, por lo que la demanda se habría radicado en término como lo coligió sin mayor dificultad el apelante en su recurso. No obstante, como atrás se dejó esbozado en las consideraciones de esta providencia, en vigencia de la Ley 1437 de 2011 el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición cuenta con dos eventos: i) la fecha de pago, ii) "o a más tardar el

atrás se dejó esbozado en las consideraciones de esta providencia, en vigencia de la Ley 1437 de 2011 el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición cuenta con dos eventos: i) la fecha de pago, ii) "o a más tardar el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas ", por lo que de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, dicho término se calcula a partir del evento que ocurra primero, es decir, que los 2 años se cuentan: i) a partir del pago, cuando éste se hace dentro del plazo de 18 en este caso por cuanto el proceso de reparación directa se inició en vigencia del CCA, o ii) desde el vencimiento de este último plazo, si el mismo transcurre sin que se haya hecho el pago. Así entonces, para establecer si la demanda fue interpuesta dentro del término de caducidad consagrado para el medio de control de repetición, esNulidad y Restablecimiento del Derecho Exp. 15001333300120210016701 Resuelve apelación auto que rechazó la demanda 3 necesario establecer cuál de los dos supuestos ocurrió primero. En esa medida, en cuanto al segundo supuesto, se verifica en el expediente que de acuerdo con el edicto expedido por la Secretaria del Tribunal Administrativo de Boyacá, , la sentencia de segunda instancia cobró ejecutoria el 12 de noviembre de 2015, de tal forma que los 18 meses vencieron el 13 de abril de 2017, por lo que el término

de 2 años comenzó a correr el 14 de abril de 2017 y venció el 14 de abril de 2019. De acuerdo con lo hasta aquí escrito, como en este caso, lo que ocurrió primero fue el vencimiento del plazo que la entidad tenía para pagar, contrario a lo sostenido por el recurrente, es desde ese momento que se debe contar el término de los dos años de caducidad de este medio de control de repetición; fenómeno que como bien lo decidiera el A quo, se presentó en sub júdice teniendo en cuenta que la demanda se instauro, se reitera, hasta el 5 de octubre de 2021. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN - La falta disponibilidad presupuestal no justifica flexibilizar la caducidad. El Decreto 111 de 1996, impone a las entidades la obligación de contar con rubros o apropiaciones presupuestales para satisfacer los créditos judicialmente reconocidos. Ahora bien, en cuanto al argumento de la fuerza mayor que, consideró el apelante hizo imposible que el pago de la condena se produjera en tiempo por falta de presupuesto, para lo cual señaló la normatividad que regula el tema de cobro de una sentencia que estimó aplicable y los trámites presupuestales que deben realizarse previamente para el efecto, no resulta aceptable como justificación valedera para obviar el tema de la caducidad, en razón a que por disposición del Estatuto Orgánico de Presupuesto contenido en el Decreto 111 de 1996 y normas concordantes, las entidades de derecho público tienen la obligación de contar con

rubros o apropiaciones presupuestales para satisfacer los créditos judicialmente reconocidos. En apoyo del aserto que precede, viene al caso traer a colación un caso similar estudiado por el Consejo de Estado, siendo demandante precisamente la misma entidad que ahora funge como tal en este proceso, cuyas partes pertinentes son las siguientes: (…). Visto lo anterior, no puede ser de recibo el argumento de la “Flexibilidad de la caducidad por tratarse de un caso de fuerza mayor o fortuito” propuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, como fundamento para justificar una demanda presentada una vez vencido el término de caducidad por la falta de disponibilidad presupuestal; pues este es un instituto procesal regulado por normas de orden público y por consiguiente, de obligatorio cumplimiento tanto para el juez como para las partes. No debe perderse de vista que el artículo 13 del Código General del Proceso aplicable al procedimiento administrativo por remisión del artículo 306 del CPACA establece diáfanamente que “Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.”. Así lo ha entendido el Consejo de Estado como se puede apreciar en la siguiente pieza jurisprudencial: (…). Baste lo hasta aquí enunciado para concluir de manera afirmativa la solución del problema jurídico planteado y, en consecuencia, la necesaria confirmación del auto apelado.

NOTA DE RELATORÍA: La providencia que se presenta al público ha sido

modificada solo para incluir sus anteriores descriptores y restrictores, mas no para variar su contenido. Por lo anterior, el código de seguridad del mismo no corresponde al de la original. No obstante, puede ocurrir que en la conversión del documento PDF a Word puede quedar con algunas imperfecciones en el texto. Para validar la integridad de la providencia los interesados pueden consultarla y descargarla a través de la plataforma SAMAI siguiendo este link:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Exp. 15001333300120210016701 Resuelve apelación auto que rechazó la demanda 4 https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=15001 3333001202100167011500123

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

SALA DE DECISIÓN No. 4

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO

Tunja, cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA

NACIONAL

DEMANDADO: RICARDO LUIS OVALLE ELÍAS REFERENCIA: 150013333001-2021-00167-01

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN

TEMA: CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE

REPETICIÓN

ASUNTO: RESUELVE APELACIÓN DE AUTO QUE

RECHAZÓ LA DEMANDA POR CADUCIDAD

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de fecha 6 de junio de 2022, proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del

RECHAZÓ LA DEMANDA POR CADUCIDAD

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de fecha 6 de junio de 2022, proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja , mediante el cual se rechazó la demanda del medio de control de repetición por caducidad.

I. ANTECEDENTES

La demanda1

1. En ejercicio del medio de control de repetición la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - a través de su apoderado judicial pidió se declarara al señor Patrullero (R) RICARDO LUIS OVALLE ELÍAS, es responsable como consecuencia de su conducta gravemente culposa que dio lugar a los hechos y la sentencia proferida dentro de la acción de reparación directa Nº 15001333100720110007201, donde el Tribunal Administrativo de Boyacá, en providencia del 22 de octubre de 2015, modificó la proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Tunja, del 22 de marzo de 2013, en donde se declaró administrativamente responsable a la actora, en un 50% de los perjuicios ocasionados a los demandantes, por la muerte de la joven Victoria Andrea Gil Meneses, en hechos ocurridos el 24 de abril de 2010, que originaron reconocimiento indemnizatorio por parte de la entidad accionante por un valor de $ 244.300.016.79. Que como consecuencia de la anterior declaración se le condenara al pago de la mencionada suma en favor de la actora junto con su corrección monetaria.

1 Archivo SAMAI “DEMANDA”Nulidad y Restablecimiento del Derecho Exp. 15001333300120210016701

suma en favor de la actora junto con su corrección monetaria.

1 Archivo SAMAI “DEMANDA”Nulidad y Restablecimiento del Derecho Exp. 15001333300120210016701 Resuelve apelación auto que rechazó la demanda 5

2. Como fundamentos fácticos relevantes de las anteriores pretensiones la parte actora expuso los que la Sala sintetiza a continuación:

3. En Puerto Boyacá el día 24 de abril del 2010, en el lugar de residencia del señor Patrullero, RICARDO LUIS OVALLE ELÍAS, con su arma de dotación oficial se suicidó una joven de nombre Victoria Andrea Gil Meneses, que vivía en el mismo lugar, aprovechando que se encontraba sola en la vivienda, propinándose un disparo con la misma.

4. Por los hechos ocurridos el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Tunja, en providencia bajo radicado número 1500133310072011007201, resolvió declarar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, administrativamente responsable de los perjuicios ocasionados a los demandantes.

5. La anterior decisión fue modificada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 22 octubre de 2015, a fin de declarar la responsabilidad administrativa de la entidad en un 50% de los daños causados a los demandantes.

6. Mediante Resolución No. 00741 del 18 de junio de 2021, la Policía Nacional, pagó a favor de la señora Gloria Rocío Meneses Guevara y otros, radicado PONAL N° 058

S16, la suma de $ 244.300.016.79 por concepto de daños y perjuicios derivados de la providencia bajo radicado N° 1500133310072011007201.

7. Mediante agenda Nº 033 del 08 de septiembre de 2021, el Comité de Conciliación de la Policía Nacional, decidió repetir contra el señor Patrullero (R) RICARO LUIS OVALLE ELIAS, toda vez que su conducta se encuentra incurso en una de las causales que establece la ley, de culpa grave, la cual dio origen a la condena contra la institución.

DEL RECURSO DE APELACIÓN

Auto recurrido2

8. Se trata del auto del 6 de junio de 2022, proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja, mediante el cual se rechazó la demanda por caducidad del medio de control de repetición.

9. Para adoptar la anterior decisión el juzgado citó y transcribió el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 referido a la caducidad de la acción, para recordar que este texto legal fue interpretado por la Corte Constitucional al proferir la sentencia de Constitucionalidad C394 de 2002, en la que fijó los alcances de dicha norma en los términos siguientes: “Tercero.- Declarar EXEQUIBLE por los cargos analizados en esta Sentencia, el segundo inciso del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, bajo el entendido que la expresión "Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse

desde la fecha del último pago" contenida en él, se somete al mismo condicionamiento establecido en la Sentencia C-832 de 2001, es decir, que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo”.

10. Con fundamento en lo anterior, indicó que revisado el expediente se advertía que de conformidad con la certificación expedida por la Tesorera General de la Policía

2 Archivo SAMAI – “Auto rechaza demanda”Nulidad y Restablecimiento del Derecho Exp. 15001333300120210016701 Resuelve apelación auto que rechazó la demanda 6 Nacional el 20 de septiembre de 2021, el pago total de la condena impuesta fue efectuado el 27 de abril de 2021 a la cuenta de cada uno de los demandantes, en 3 consignaciones por valor de $25.000.000, una por $81.323.357,45 y otra por $85.505.0050,87. De manera que, en principio, el plazo para presentar la demanda vencería el 28 de abril de 2023.

11. Que no obstante lo anterior, el literal l del numeral 2º del artículo 164 del CPACA dispone que, a más tardar, el término de 2 años comenzará a contarse a partir del día siguiente de la fecha de pago, o del vencimiento del plazo con que cuenta la

Administración para el pago de la condena. Así entonces, en vista de que la acción de reparación directa se tramitó en vigencia del CCA, el inciso cuarto de su artículo 177 dispone que las condenas serán ejecutables 18 meses después de la ejecutoria de la sentencia que las contiene. Respecto al conteo del término de caducidad del presente medio de control, citó varias providencias del Consejo de Estado en ese sentido.

12. Bajo las anteriores consideraciones, concluyó que a efectos de iniciar a contabilizar el término de caducidad de dos años de que trata el literal l) numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, para el medio control de repetición, existen dos momentos para ello: i) A partir del momento en que la entidad realiza el pago efectivo como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación del conflicto y, ii) Desde el día siguiente al vencimiento del plazo de 18 meses consagrado en el artículo 177 del CCA, o de los 10 meses de que trata el artículo 192 del CPACA, según corresponda. De los dos supuestos anteriores, se tomará el que ocurra primero en el tiempo y a partir de ese momento se contabilizará el término de dos años para formular la demanda de repetición.

13. Señaló que, en ese sentido, se extraía del edicto expedido por la Secretaria del Tribunal Administrativo de Boyacá, la sentencia de segunda instancia cobró ejecutoria el 12 de noviembre de 2015, de tal forma que los 18 meses vencieron el 13 de abril de 2017, por lo que el término de 2 años comenzó a correr el 14 de abril de 2017 y venció el 14 de abril de 2019.

14. Por lo anterior, estimó el juzgado que no resultaba de recibo el argumento

2017, por lo que el término de 2 años comenzó a correr el 14 de abril de 2017 y venció el 14 de abril de 2019.

14. Por lo anterior, estimó el juzgado que no resultaba de recibo el argumento esgrimido por la parte actora, en el sentido de comenzar el conteo del término para instaurar la demanda únicamente a partir de la fecha en que se efectuó el pago total de la condena.

15. Por consiguiente, para el despacho operó el fenómeno de la caducidad como quiera que la demanda se presentó fuera del término oportuno, esto es, el 5 de octubre de 2021.

Recurso de apelación3

16. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado judicial de la entidad demandante interpuso contra ella el recurso de apelación que sustentó en los términos que sigue.

17. En primer lugar, en el acápite de su escrito que denominó “FLEXIBILIDAD DE LA CADUCIDAD POR TRATARSE DE UN CASO DE FUERZA MAYOR O FORTUITO”, indicó textualmente que “… la limitación temporal del derecho a acceder a la administración de justicia se funda en el principio de seguridad jurídica, que busca impedir que los litigios permanezcan en el tiempo sin ser definidos judicialmente.

3 . Archivo SAMAI “Recurso de apelación”Nulidad y Restablecimiento del Derecho Exp. 15001333300120210016701 Resuelve apelación auto que rechazó la demanda 7

18. A continuación, dijo “… relacionar al Tribunal Administrativo de Boyacá, las normas legales que a la fecha regulan el tema del cobro de una sentencia reconocida,

Resuelve apelación auto que rechazó la demanda 7

18. A continuación, dijo “… relacionar al Tribunal Administrativo de Boyacá, las normas legales que a la fecha regulan el tema del cobro de una sentencia reconocida, así:” Entonces transcribió enseguida el texto de los Decretos 359 de 1995, 2126 de 1997 y 4689 de 2005.

19. Luego refirió que la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por la cual se expide el “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” dispone en su artículo 53, que se reconoce como deuda pública, los montos que están en mora de pago hasta el 25 de mayo de 2019. Donde la asignación de recursos se haría con cargo al servicio de deuda futura del Presupuesto Nacional, utilizando para tal fin el mecanismo de sustitución de la deuda.

20. Añadió que las entidades con deuda por concepto de sentencias y conciliaciones, deben realizar acuerdo de pago con cargo al presupuesto de gasto futuro ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, involucrando el cupo presupuestal.

21. Indicó que, en este orden de ideas, no era posible entrar a cumplir de manera inmediata con el pago de las sentencias y conciliaciones, pues así lo ratificó la misma Corte Constitucional, en sentencia C604/2012: “El respeto de los principios del presupuesto exige que no se pueda obligar a una entidad a cumplir inmediatamente con

una sentencia o acuerdo conciliatorio, sin atender a los trámites y procedimientos internos para efectuar el pago, pues se correría el riesgo de que al hacerlo se tengan que desconocer las normas del presupuesto y de las actuaciones administrativas, reglas a las cuales no está sometido un particular a quien por tanto sí le es exigible que cumpla inmediatamente con un fallo o acuerdo”

22. Afirmó que, por su parte, el artículo 45 del Código Civil, dispone que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, etc. De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.

23. Y que en caso de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA, se tipifica claramente en la fuerza mayor, como quiera que es una entidad que depende de las partidas del Presupuesto General de la Nación para el pago de sentencias o conciliaciones. Que, por tanto, ante esta eventualidad, la excepción de caducidad se debe flexibilizar, por la existencia de un evento que por su magnitud es imposible de resistir, esto es, la transferencia de los dineros para los pagos en tiempo record.

24. Anotó que, si se observaba, frente a los pagos de sentencias y conciliaciones no obraba omisión e iniciativa de la accionante, situación que se debía traducir en la flexibilidad de la tutela efectiva judicial para con la Policía Nacional, porque no se encuentra en la posibilidad fijar una fecha de pago.

25. Ahora bien, en el acápite que denominó “II AUSENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN” , luego de transcribir las consideraciones y la parte resolutiva del auto apelado, lo mismo hizo con el numeral 9° del artículo 136 del Decreto 01 de 1984 con el entendido de la declaratoria de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional de la sentencia C-832 de 2000.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Exp. 15001333300120210016701

Resuelve apelación auto que rechazó la demanda 8

26. Esgrimió que en el caso de marras se tenía que los hechos que dieron lugar al pago de la suma de dinero a cargo de la entidad demandante, databan del año 2010, en el municipio de Puerto Boyacá; que, por tanto, la caducidad de la acción de repetición se rige por lo dispuesto en la norma ibídem.

27. Arguyó que en ese sentido encontraba que la entidad accionante realizó el pago de la obligación contenida en la sentencia, el día 27-04-2021, razón por la cual se toma esta última data para efectos de contabilizar la caducidad. En tanto que la radicación del medio de control de repetición en la Oficina de Apoyos para los Juzgados Administrativos de Duitama, se realizó el día 03 de octubre de 2021.

28. De lo anterior coligió que la acción de repetición no se encontraba afectada por el

medio de control de repetición en la Oficina de Apoyos para los Juzgados Administrativos de Duitama, se realizó el día 03 de octubre de 2021.

28. De lo anterior coligió que la acción de repetición no se encontraba afectada por el fenómeno de la caducidad, puesto que el pago se realizó el 27/04/2021, la demanda se radico 03 de octubre 2021, es decir, dentro de los dos años siguiente al pago, por lo que se ajusta a los términos establecidos en el artículo 136 numeral 9, del Decreto 1/84 y de la Ley 678/2003.

29. Por lo anterior, solicitó a esta corporación revocar el auto de fecha “ 04 de noviembre de 2022” (sic ), a efectos de garantizar el debido proceso, acceso a la administración de justicia, para con la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL, y se disponga nueva providencia por medio de la cual se ordene la tutela efectiva judicial de la accionante y se disponga la admisión de la presente demanda.

30. Finalmente solicitó como pruebas al despacho, oficiar a la Secretaria General de la Policía Nacional, certificar si los pagos se encuentran en cabeza de la Policía Nacional, o si, por el contrario, los pagos se encuentran sujetos al evento de las partidas del

Presupuesto General de la Nación.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

31. Conforme a lo establecido en el artículo 125 del C.P.A.C.A, modificado por el artículo

20 de la Ley 2080 de 2021numeral 2 -literal h), procede la Sala a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandada, contra el auto mediante el cual, se accedió al decreto una medida de suspensión provisional.

Aspecto previo de la procedencia y oportunidad del recurso de apelación

32. Sea del caso precisar que el auto del 6 de junio de 2022, proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja y sobre el cual se interpuso el recurso de apelación, trata del rechazo de la demanda. De conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021 son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: “1. El que rechace la demanda (…)”

33. Ahora bien, de conformidad con el numeral 3 del artículo 244 ibídem, si el auto se profirió el 6 de junio de 20224, notificó por estado el 7 de junio de 20225 y el recurso de apelación fue interpuesto el 9 del mismo mes y año6, ha de concluirse que se hizo dentro de la oportunidad legal.

4 Índice 13 SAMAI. 5 Índice 15 SAMAI. 6 Índice 16 SAMAI.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Exp. 15001333300120210016701 Resuelve apelación auto que rechazó la demanda 9 Problema jurídico

34. Teniendo en cuenta el auto impugnado y el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si: ¿En el presente caso operó la caducidad del medio de control de repetición y,

9 Problema jurídico

34. Teniendo en cuenta el auto