TA BOY - 15001333300820190006901-(22-02-2023)

PENSIÓN GRACIA – Marco normativo que regula su reconocimiento y sus beneficiarios a partir de la calidad de docente. La Ley 114 de 1913 en su artículo 1° creó la pensión de jubilación gracia en favor de los maestros de las escuelas primarias que hubiesen servido en el Magisterio por un término no menor de 20 años. Posteriormente, con la expedición de la Ley 116 de 1928, dispuso en el artículo 6° que "los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan", luego con la expedición de la Ley 37 de 1933 se adicionó el beneficio a los maestros de escuela que hayan prestado sus servicios en establecimientos de enseñanza secundaria. Si bien la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados de las Escuelas Normales, el órgano de cierre de esta jurisdicción ha señalado que dicha referencia debe entenderse a todos aquellos empleados que cumplan funciones inherentes al carácter docente, y no a todos los empleados que trabajen en el sector educativo: (…) De los antecedentes precitados se infiere que la pensión gracia no puede limitarse a los maestros de escuelas primarias oficiales, como se concibió en un principio, sino que también cobija a aquellos que hubieren prestado servicios como empleados y profesores de escuela normal, o inspectores

de instrucción pública o profesores de establecimientos de enseñanza secundaria, entendiéndose el concepto de empleado no al personal administrativo de las respectivas instituciones de enseñanza pública, sino al personal docente de esta clase de establecimientos que en verdad tiene una muy estrecha relación con la actividad profesoral y los fines de esos planteles y, así, es a ellos a quienes se otorga en la ley esa prerrogativa pensional especial. PENSIÓN GRACIA – El término “empleados” de las Escuelas Normales al que hace alusión la Ley 116 de 1928 para tener derecho a esta prestación social, se refiere al personal docente o quienes cumplan funciones inherentes al carácter docente en esta clase de establecimientos / PENSIÓN GRACIA – Negada en el caso concreto por haberse desempeñado el actor como Auxiliar de Servicios Generales de Escuela Normal

Para la Sala, es claro que los argumentos de disenso se centran en el hecho de que, a criterio del demandante, en los términos del artículo 6º de la Ley 116 de 1928 y la sentencia C-085 de 2002, es procedente el reconocimiento de la pensión gracia al señor Abigail Montaña Talero dado que se desempeñó como Auxiliar de Servicios Generales de la Escuela Normal de Varones de Tunja, lo que le da la calidad de empleado para ser beneficiario de dicha prerrogativa. En efecto, la Ley 116 de 1928, dispuso en el artículo 6° que "los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan". Sin embargo, tal como lo ha señalado de manera reiterada el órgano de cierre de esta

y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan". Sin embargo, tal como lo ha señalado de manera reiterada el órgano de cierre de esta jurisdicción, si bien la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados de las Escuelas Normales, no basta haber tenido la calidad de empleados de escuela normal para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, sino que debe acreditarse que la vinculación sea de carácter municipal, departamental o regional, advirtiendo además que el concepto de empleado no refiere al personal administrativo de las respectivas instituciones de enseñanza pública, sino al personal docente o quienes cumplan funciones inherentes al carácter docente en esta clase de establecimientos y, así, es a ellos a quienes se otorga esa prerrogativa pensional especial. Bajo ese entendido, se acreditó que el señor Abigail Montaña Talero se desempeñó como auxiliar de servicios generales desde el 29 de diciembre de 1977 al 30 de abril de 1990 y desde el 1º de enero de 1990 al 31 de diciembre de 2002 al servicio del Departamento de Boyacá en la Escuela Normal de Varones y desde el 1 de enero de 2003 al 1 de abril de 2013 y al momento de su retiro fungió como Operario 487 Grado 10 de la Planta Global delMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente: 15001-33-33-008-2019-00069-01

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Municipio de Tunja, es decir, que en los términos de la Ley 116 de 1928 tiene la calidad de empleado de una institución educativa, razón por la que solicita la

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Municipio de Tunja, es decir, que en los términos de la Ley 116 de 1928 tiene la calidad de empleado de una institución educativa, razón por la que solicita la pensión gracia en calidad de empleado de Escuela Normal en los términos del artículo 6º de la Ley 116 de 1928. Sin embargo, en términos precisados por la jurisprudencias del Consejo de Estado, un empleado de una escuela normal tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, siempre que acredite que i) el ejercicio de la enseñanza; ii) se desempeñara en algunos de los cargos directivos previstos en el artículo 32 del Estatuto Docente - Decreto 2277 de 1979esto es: “a. Director de escuela o concentración escolar; b. Coordinador o prefecto de establecimiento; c. Rector de plantel de enseñanza básica secundaria o media; d. Jefe o Director de núcleo educativo o de agrupación de establecimientos; e. Supervisor o inspector de educación”. En este orden, aquellos empleados que hagan parte del sector educativo, pero no cumplen con la labor de enseñanza ni ejercen funciones de dirección y coordinación de planteles educativos; de supervisión e inspección, de programación capacitación, de consejería y orientación educativa, ni estén dentro de listado de cargos directivos de que trata el artículo 32 citado, no pueden ser catalogados como docentes y, por ende, no pueden ser sujetos del reconocimiento de la pensión gracia. En esos términos, si bien la Ley

116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados de las escuelas normales, ello no atañe de manera automática a todos los empleados catalogados como administrativos que no ejercen función alguna relacionada con la docencia, sino que debe entenderse a los empleados que cumplen funciones relacionadas con el carácter docente. No obstante, en el plenario no se acreditó que el señor Abigail Montaña Talero mientras se desempeñó como Auxiliar de Servicios Generales y Operario ejerció función alguna que se enmarque en el carácter docente, como se indicó en precedencia, ni mucho como directivo de la institución educativa en la que hizo parte. En consecuencia, le asiste razón al a quo al señalar que las funciones desempeñadas por el demandante se enmarcaron dentro del cargo para el cual se había posesionado, esto es el de auxiliar de servicios generales, y que tampoco cambió a lo largo de su vida laboral, ya que sus argumentos se contrajeron a señalar que tenía derecho por pertenecer al área administrativa dentro del sector de la educación, pero tal como se vio, se debe distinguir los administrativos docentes de los administrativos no docentes, por lo que, el reconocimiento solicitado de la pensión gracia resulta improcedente por cuanto no cumplió con los requisitos enmarcados en la ley para ser beneficiario de esta prestación, toda vez que sus funciones no obedecen a cargos relacionados con la profesión docente. Es así que, al no advertirse que el demandante hubiera ejercido función alguna relacionada con la docencia, a efectos de acreditar los 20

años de servicio que exige la norma, no puede ser sujeto del reconocimiento de la pensión gracia pese a haberse desempeñado en el área de servicios generales como empleado de la Escuela Normal de Varones, por lo que la conclusión no puede ser otra que a la que arribó el a quo, como lo es de, negar las pretensiones encaminadas al reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor del demandante.

NOTA DE RELATORÍA: La providencia que se presenta al público ha sido modificada solo para incluir sus anteriores descriptores y restrictores, mas no para variar su contenido. Por lo anterior, el código de seguridad del mismo no corresponde al de la original. No obstante, puede ocurrir que en la conversión del documento PDF a Word puede quedar con algunas imperfecciones en el texto. Para validar la integridad de la providencia los interesados pueden consultarla y descargarla a través de la plataforma SAMAI siguiendo este link:

https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?gui d=150013333008201900069011500123Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente: 15001-33-33-008-2019-00069-01

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Tribunal Administrativo de Boyacá Sala de Decisión No. 5

Magistrada Ponente: Beatriz Teresa Galvis Bustos

Tunja, veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho1

Demandante: Abigail Montaña Talero

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho1

Demandante: Abigail Montaña Talero

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP Expediente: 15001-33-33-008-2019-00069-01

Link de consulta: https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?gui d=150013333008201900069011500123

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SENTENCIA SEGUNDA

INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de primera instancia proferida el 17 de agosto de 2022 por el Juzgado Octavo Administrativo de Tunja, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

La demanda2 Pretensiones

1. Por conducto de apoderado judicial, el señor Abigail Montaña Talero elevó pretensiones encaminadas a que se declare la nulidad del Auto ADP 006446 de 14 de septiembre de 2018 por medio del cual no se dio respuesta al derecho de petición presentado por el actor de fecha 3 de julio de 2018, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por medio del cual se negó el reconocimiento a la Pensión Gracia del señor Abigail Montaña

Talero.

1 Los documentos citados en esta providencia corresponden al expediente electrónico de Primera Instancia que se encuentra en la sección "GESTIÓN DE DOCUMENTOS" del Sistema de Consulta Oficial - SAMAI; los

Talero.

1 Los documentos citados en esta providencia corresponden al expediente electrónico de Primera Instancia que se encuentra en la sección "GESTIÓN DE DOCUMENTOS" del Sistema de Consulta Oficial - SAMAI; los archivos se identificarán con el número que allí aparecen (gestión de documentos). 2 Documento 15 Archivo 0004Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente: 15001-33-33-008-2019-00069-01

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2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor del demandante con la respectiva retroactividad, reajuste e indexación a partir de la fecha en que adquirió el status de Pensionado.

Fundamentos fácticos

3. Para fundamentar sus pretensiones expuso los siguientes:

4. El señor Abigail Montaña Talero se posesionó el 6 de febrero de 1978 ante la Secretaria de Educación de Boyacá en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales II-2 de la Institución Educativa Normal de Varones de la ciudad de Tunja con retroactividad al 29 de diciembre de 1977.

5. Que, a través de Auto No. ADP 006446 del 14 de septiembre de 2018, la UGPP negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Concepto de violación

6. Invocó como normas vulneradas los artículos 4, 6, 13, 29, 48, 53, 58, 83, 121, 122, 123 y 230 de la Constitución Política; Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 (extendió el reconocimiento a los empleados y profesores de Escuela Normales y los Inspectores de

123 y 230 de la Constitución Política; Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 (extendió el reconocimiento a los empleados y profesores de Escuela Normales y los Inspectores de Instrucción Pública), 37 de 1933, 46 de 1973, 43 de 1975, 91 de 1989, 60 de 1993, 715 de 2001 especialmente la Ley 33 de 1985, el Acto Legislativo No. 1 de 2005, parágrafo transitorio 4 (Régimen de Transición), Ley 100 de 1993, así como las sentencias C663 de 29 de agosto de 2007, sentencia de unificación del 22 de enero de 2015 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado al interior del expediente 25000234200020120201701 (0775-14) y la sentencia proferida el 2 de junio de 2016 por la Sección Segunda del Consejo de Estado al interior del expediente 25000234200020130082401 (2748-14).

7. Afirmó que los términos de la Ley 37 de 1933 se extendió el reconocimiento de la pensión gracia a los empleados y profesores de escuelas Normales y a los Inspectores de Instrucción Pública, por consiguiente, la entidad debió ordenar el reconocimiento de la pensión gracia a favor del demandante al momento que adquirió el status, esto es, los 50 años de edad y 20 años de servicio.

Trámite procesal

Radicación, admisión y notificación de la demandaMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente: 15001-33-33-008-2019-00069-01

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8. La demanda fue presentada el 5 de febrero de 2019 3, correspondiéndole por reparto a

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8. La demanda fue presentada el 5 de febrero de 2019 3, correspondiéndole por reparto a esta Corporación que, mediante auto del 14 de marzo de 2019 4 dispuso su remisión a los

Juzgados Administrativos del Circuito de Tunja. 4 7

9. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de Tunja, quien mediante auto del 26 de abril de 2019 4 admitió la demanda ordenando las notificaciones de rigor.

10. La diligencia de notificación se surtió a la dirección electrónica para notificaciones judiciales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, de la Agencia Nacional para la

Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público5.

Contestación de la demanda

11. A través de apoderada judicial, y mediante escrito de 17 de julio de 20197, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que su actuación se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico.

12. Señaló que para tener derecho a la pensión gracia, conforme las Leyes 91 de 1989 y 114 de 1913, el docente debe acreditar: (i) tener la calidad de docente nacional o nacionalizado, (ii) tener una vinculación al magisterio con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, (iii) contar con 50 años de edad, (iv) haber laborado al servicio de la docencia por más de 20 años y (v) haber desempeñado el cargo con honradez y consagración.

13. Frente al caso particular del demandante, se advierte del expediente administrativo

más de 20 años y (v) haber desempeñado el cargo con honradez y consagración.

13. Frente al caso particular del demandante, se advierte del expediente administrativo que se vinculó a la planta global del personal administrativo de la Institución Educativa Normal Nacional de Varones de Tunja en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales Código 407 Grado 05, conforme al Acta de Posesión No. 045 de 29 de diciembre de 1977 expedida por el Departamento de Boyacá, laborando hasta el 1º de marzo de 2015 desempeñándose como Operario Grado 487 Grado 10 de la Planta Global de la Secretaria de Educación de Tunja como se colige del Decreto No. 0034 de 26 de enero de 2015 por medio del cual se aceptó su renuncia.

14. Si bien a criterio del demandante, debe reconocérsele la pensión gracia en virtud del derecho a la igualdad y la extensión que hiciera la Ley 37 de 1993 del reconocimiento pensional a los empleados y profesores de las escuelas normales, lo cierto es que, en los términos de la sentencia del 15 de julio de 2004 el Consejo de Estado al interior del expediente 150012331000200000005301 manifestó que dicho precepto solo cobijaba al

3 Documento 15 Archivo 0004 Pág. 14 4 Documento 15 Archivo 00010 5 Documento 15 Archivo 00010Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente: 15001-33-33-008-2019-00069-01

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personal administrativo docente de esa clase de establecimiento, que tiene una muy estrecha relación con la actividad profesoral y los fines de esos planteles.

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personal administrativo docente de esa clase de establecimiento, que tiene una muy estrecha relación con la actividad profesoral y los fines de esos planteles.

15. Añadió que, si bien en los términos del artículo 2º del Decreto 2277 de 1979 – Estatuto Docente – algunos cargos administrativos en el sector educativo tienen relevancia para efectos docente, tales como de programación y capacitación educativa, así como los Rectores y Coordinadores en establecimientos educativos, no es menos cierto que no obra 7 16 prueba de que el demandante acreditara que el cargo y las funciones desempeñadas en la Institución Educativa INEM del municipio de Tunja se equipare a los cargos mencionados, a efectos de que el tiempo de servicio prestado sea tenido en cuenta para el reconocimiento prestacional pretendido.

Audiencia Inicial

16. En audiencia inicial realizada el 25 de septiembre de 20198, se desarrollaron las etapas, decisión de excepciones con carácter de previas, fijación del litigio y se abrió el proceso a pruebas.

De la tacha de falsedad

17. El 12 de noviembre de 2019, el apoderado de la parte demandante propuso incidente de tacha de falsedad, respecto del certificado de información laboral de fecha 22

de octubre de 2013, el que aparece identificado como formato No. 1, expedido por la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja y en cual se señala como empleador la Normal

Nacional de Varones, por lo anterior, la parte actora afirma que su prohijado reúne los requisitos de un contrato de trabajo ya que prestó su servicio personal de trabajador para el Departamento de Boyacá, estuvo bajo continuada subordinación y dependencia respecto del empleador -Departamento de Boyacá y finalmente recibió un salario como retribución del servicio por parte del Departamento de Boyacá.

18. Para acreditar si dicho, solicitó la recepción de los testimonios de los señores Carlos Monsoque Caro, Marco Aurelio Chaparro Soracá y Héctor Bolívar Cardenal, así como la remisión de prueba documental mediante oficio.

19. Vencido el traslado, mediante auto del 11 de diciembre de 2019, se fijó el día 3 de febrero de 2020 para llevar a cabo audiencia de pruebas, finalizada la diligencia se fijó el día 27 de febrero de 2020 para reanudarla, oportunidad en la que se incorporó la documental decretada y se procedió a la recepción de los testimonios de los señores Carlos Monsoque Caro, Marco Aurelio Chaparro Soraca y Héctor Cardenal Bolívar.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente: 15001-33-33-008-2019-00069-01

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20. Finalmente, en decisiones del 12 de agosto, 25 de septiembre de 2020 y 6 de noviembre de 2020, se requirió al Ministerio de Educación Nacional y al Departamento de Boyacá con el fin que allegaran una información en relación con el demandante.

Alegatos de conclusión

21. En audiencia de pruebas realizada el 29 de julio de 2021 se dio por precluida la etapa probatoria y se corrió traslado para que las partes alegaran de conclusión y el Ministerio

Alegatos de conclusión

21. En audiencia de pruebas realizada el 29 de julio de 2021 se dio por precluida la etapa probatoria y se corrió traslado para que las partes alegaran de conclusión y el Ministerio Público rindieran concepto de así considerarlo.

8 21Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente: 15001-33-33-008-2019-00069-01

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22. La parte actora insistió que el señor Abigail Montaña Talero se vinculó a la planta global de la Institución Educativa Normal Nacional de Varones del municipio de Tunja en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales Código 407 Grado 05, conforme da cuenta el acta de posesión No, 045 del 29 de diciembre de 1977, expedida por el Departamento de Boyacá laborando hasta el 1º de marzo de 2015 desempeñándose para la fecha como Operador Grado 487 Grado 10 de la planta global de la Secretaria de Educación del Municipio de

Tunja.

23. La entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió que el cargo desempeñado por el demandante no tiene la relevancia educativa que se pretende, pues el cargo por desempeñado no puede equiparse con las funciones desplegadas por un docente, pese a que su vinculación devino con el sector educativo oficial, y de otra, los tiempos laborados al servicio de la institución educativa no pueden ser tenidos en cuenta para la pensión gracia pretendida.

24. Citó la decisión adoptada por esta Corporación el 28 de junio de 2017, en el proceso radicado No. 15001333301220150012701, oportunidad en el que se discutía un caso de similares contornos, concluyendo que al acreditarse que la interesada se desempeñó como auxiliar de servicios generales y no como docente, sin que el beneficio de la prestación cubra a empleados diferentes a los docentes, por lo que al no acreditarse el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser acreedor de la pensión gracia, se denegaron las pretensiones.

Sentencia de Primera instancia

25. En sentencia proferida el 17 de agosto de 20226, el Juzgado Octavo Administrativo del

Circuito Judicial de Tunja, resolvió:

“PRIMERO; Declarar probadas las excepciones de inexistencia de la obligación” o “cobro de lo no debido” e “inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales” propuestas por la demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. SEGUNDO; Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. TERCERO; Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. CUARTO; Por Secretaría remítase copia de la presente Providencia a la ANDJE, de conformidad con lo indicado en el inciso final del artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021(…)”

26. En primer lugar, se pronunció sobre el incidente de tacha de falsedad propuesto por la parte demandante, indicando que no hay lugar a declarar la prosperidad del incidente de tacha de falsedad, “como quiera que los argumentos sobre los cuales funda su inconformismo, son realmente propios de una falsedad ideológica, en tanto discute el contenido de la certificación expedida por La Escuela Normal Superior

6 Documento 40Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente: 15001-33-33-008-2019-00069-01

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Santiago de Tunja, contrario a lo afirmado por el apoderado de la parte demandante, quien señala que se trata de una falsedad material, ya que no se evidencia que el documento haya sufrido una alteración, enmendadura o tachadura desde lo físico para determinarse como una falsedad material y que diera paso a la tacha propuesta”.

27. Seguidamente, la A quo manifestó que la pensión gracia se encuentra regulada en la Ley 114 de 1913, como una prestación especial para los docentes al servicio de la educación territorial por un periodo superior a 20 años de servicio que tuvieran más de 50 años de edad.

28. Citó lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 116 de 1928, artículo 3º de la Ley de 37 de 1933 y los artículos 2º, 32 y 35 del Decreto Ley 2277 de 1979, para decir que, “está claro que la pensión gracia se estableció para estimular y recompensar el

trabajo de los docentes o de quienes, previo los requisitos del caso para no perder tal calidad, desempeñen cargos administrativo-docentes. De modo que todas las leyes que contemplan la posibilidad de percibir la pensión gracia siempre se refieren a los docentes y no a los empleados administrativos, de manera que es necesario entender la ley 116 de 1928 en el sentido de que solo quiso amparar a los empleados que conservan su carácter de docentes, tales como los rectores, inspectores etc. Además, siendo esta una pensión especial su interpretación debe ser restrictiva, atendiendo el principio establecido en el artículo 31 de la Ley 153 de 1887.”

29. Seguidamente, transcribió lo dispuesto por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 15 de julio de 2004, con ponencia del consejero Tarsicio Cáceres Toro, dentro del proceso 15001-23-31-000-2000-00053-01(1120-03), en el cual al estudiar un caso de reconocimiento de pensión gracia solicitado por una persona que acreditaba servicios como Auxiliar de Servicios Generales en Escuela Normal; se unificó cómo debía entenderse los titulares del derecho mencionados en

el artículo 6° de la Ley 116 de 1928, así:

“(…) surge la duda cuando la norma también contempla a "los empleados y de las escuelas normales como titulares de este derecho legal excepcional. Esta clase de titular de la prestación excepcional tiene una justificación, pues fuera de los PROFESORES DE NORMAL en esos planteles educativos existe PERSONAL

ADMINISTRATIVO DOCENTE, que tienen otra denominación o nomenclatura, y que realmente no hacen parte de los PROFESORES DE LA NORMAL; de este grupo (administrativo-docente) hacen parte, por ejemplo, el director o rector, los coordinadores, los directores de práctica docente, etc. de la Escuela Normal, los cuales deben tener título docente y su labor, aunque tiene una relevancia administrativa — conforme al estatuto docente también indudablemente tiene una trascendencia en el campo educativo, además que en todos los tiempos se les ha reputado como educadores escalafonados con las prerrogativas docentes.

Entonces, bajo ese entendimiento, cuando el art. 6° de la Ley 116 de 1928 se refiere a “Los empleados ... de las escuelas normales” se debe entender que se refiere al PERSONAL ADMINISTRATIVO DOCENTE de esa clase de establecimiento, que enMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente: 15001-33-33-008-2019-00069-01

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verdad tiene una muy estrecha relación con la actividad profesoral y los fines de esos planteles y, así, es a ellas a quienes se otorga en la ley esa prerrogativa pensional especial.”

30. Citó además la decisión adoptada el 22 de octubre de 2018, con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, dentro del proceso No. 25000-23-42-000201403397-01(3763-17), en el que se reiteró “ Estando claro que los cargos

administrativos válidos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, son los desempeñados como director de escuela o concentración escolar, coordinador o prefecto de establecimiento, rector del plantel de enseñanza básica secundaria o media, jefe o director de núcleo educativo o de agrupación de establecimientos, supervisor o inspector de educación, y que se excluyen a los empleados que ejerzan los restantes cargos administrativos de distinta naturaleza”.

31. Concluyendo que, resulta improcedente el reconocimiento de la pensión gracia a quienes laboraron en establecimientos educativos del orden territorial o nacionalizado desempeñando sus funciones en cargos administrativos ajenos a la docencia.

32. Arribando al caso concreto, realizó las siguientes precisiones:

“De acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, el Despacho negará las pretensiones de la demanda, conforme a las siguientes consideraciones:

a) El reconocimiento solicitado de la pensión gracia resulta improcedente por cuanto no cumplió con los requisitos enmarcados en la ley para ser beneficiario de esta prestación, toda vez que sus funciones no obedecen a cargos relacionados con la profesión docente.

Lo anterior encuentra fundamento en la prueba documental e incluso testimonial obrante en el proceso, en donde se hace constar que el demandante no ocupó el cargo de docente en ninguna etapa de su vida laboral, por lo que el tema de la procedencia de los recursos, no resulta relevante, como lo quiso hacer notar la

defensa de la parte actora en el trámite incidental, y especialmente en el cuestionario formulado a los testigos, ya que este aspecto fue dilucidado por el Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia jurídica SUJ-11-S2 proferida el 21 de junio de 2018 en el expediente con radicación No. 25000-2342000-2013-04683-01(3805-14), en la que se unificó que los recursos del antiguo situado fiscal hoy SGP pertenecen a los presupuestos locales y los pagos efectuados se consideran realizados de fuente endógena. De ahí, que dicha controversia ya fue zanjada por la jurisprudencia y, en consecuencia, carece de relevancia ahondar en los argumentos expuesto en éste sentido, máxime cuando, en todo caso, el demandante no tiene derecho a la pensión gracia. Por su parte los certificados laborales, denotan que el demandante se encontraba en propiedad, en el cargo de auxiliar de servicios generales, pertenecía al nivel administrativo y dedicaba a su labor de tiempo completo, además recibía una remuneración por la labor desempeñada y actualmente ostenta la calidad de pensionado por parte de Colpensiones, lo que no fue desvirtuado, incluso con la prueba testimonial se reafirmó lo anterior (ff. 40 a 55, 63 a 75, 78 a 86 índice 117 de Samai y cuaderno del incidente)

b) En consecuencia, resulta ajustada a derecho la decisión de la entidad

demandada, considerando que las funciones desempeñadas por el demandante se enmarcaron dentro del cargo para el cual se había posesionado, esto es el de auxiliar de servicios generales, si