TA BOY - 15759333300220180024401-(26-05-2022)

1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – Marco normativo de esta vinculación con el Estado. Conforme lo consagrado en el artículo 122 y 125 Constitucionales existen tres formas para vincularse con una entidad pública. La primera de ellas se da a través de una relación legal y reglamentaria y corresponde a los denominados empleados públicos; la segunda por medio de un contrato laboral y cobija los llamados trabajadores oficiales y; finalmente, los contratistas de prestación de servicios, vinculación que ha sido considerada como una relación de naturaleza contractual con el Estado. Esta última forma de vinculación con el Estado se reguló a través del Decreto Ley 222 de 1983, la Ley 80 de 1993 y por la Ley 190 de 1995. Al respecto, la Ley 80 de 1993 lo definió en el numeral 3º del artículo 32, señalando que es un acuerdo de voluntades cuyo objeto es el desarrollo de actividades relacionadas con el funcionamiento de la entidad contratante, que sólo puede celebrarse con personas naturales bajo la condición de que las actividades a contratar no puedan ser realizadas con personal de planta o cuando se exijan conocimientos especializados. En consecuencia, este tipo de contratos no genera ningún vínculo laboral, ni derecho al pago de prestaciones sociales y su duración se da por el término estrictamente necesario para cumplir con el objeto contratado.

PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES – Aplicación en caso de contratos de prestación de servicios que encubren una relación laboral.

45. Si bien el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala taxativamente que «[…] En

ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable […]», tal afirmación, según lo ha considerado la jurisprudencia, al ser una presunción legal y no de derecho, puede ser desvirtuada si se logra demostrar que en la práctica encubre una relación de carácter laboral. Lo anterior en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, establecido en el artículo 53 Constitucional, el cual debe aplicarse cuando se ha celebrado un contrato de prestación de servicios con el propósito de esconder una relación laboral. Así las cosas, si se determina que en efecto se configuró una relación de este tipo, en aplicación de dicho principio se debe proteger el derecho al trabajo y las garantías laborales, sin que importe la calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal. Con el fin de evitar que este tipo de vinculación sea utilizado por las autoridades administrativas para ocultar verdaderas relaciones laborales, su ejercicio se encuentra limitado para funciones que no sean de carácter permanente, esto es, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad o que siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o que se requieran habilidades específicas. De ahí que, constituye una modalidad excepcional de trabajo con el Estado, pues lo contrario desnaturalizaría su objeto e iría en detrimento de los derechos constitucionales que amparan al trabajador como la estabilidad laboral y el pago de sus prestaciones sociales. CONTRATO DE TRABAJO – Elementos esenciales

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, son elementos esenciales del contrato de trabajo: i) que se presten servicios personales, ii) se pacte o ejerza una subordinación que imponga el cumplimiento de horarios o condiciones de dirección directa sobre el trabajador y, iii) se acuerde una contraprestación económica por el servicio u oficio prestado. Significa que, cuando se alega que el vínculo entre el particular y el Estado, para el caso de los asuntos debatidos en la jurisdicción administrativa, constituye una relación laboral, es indispensable que se demuestre dentro del proceso, la existencia de cada uno de2 ellos. En cuanto a la subordinación, la misma se refiere en términos generales a que le exijan al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo y la imposición de reglamentos. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – Criterios para determinar que constituyen funciones de carácter permanente para los efectos previstos en el artículo 7° del Decreto 1950 de 1973. Ahora bien, es importante precisar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 7º del Decreto 1950 de 1973, la administración no puede suscribir contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones de carácter permanente de la administración, pues para ese efecto debe crear los cargos requeridos en la respectiva planta de personal. Acerca del esclarecimiento de qué constituye una función permanente, la jurisprudencia constitucional ha precisado los criterios para

determinarla, los cuales se refieren (i) al criterio funcional , que hace alusión a “la ejecución de funciones que se refieren al ejercicio ordinario de las labores constitucional y legalmente asignadas a la entidad pública (artículo 121 de la Constitución)”; (ii) al criterio de igualdad, esto es, cuando “las labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en planta de personal de la entidad y, además se cumplen los tres elementos de la relación laboral”; (iii) al criterio temporal o de habitualidad , si “las funciones contratadas se asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual”; (iv) al criterio de excepcionalidad , si “la tarea acordada corresponde a “actividades nuevas” y éstas no pueden ser desarrolladas con el personal de planta o se requieren conocimientos especializados o de actividades que, de manera transitoria, resulte necesario redistribuir por excesivo recargo laboral para el personal de planta”; y (v) al criterio de continuidad , si la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos de prestación de servicios pero para desempeñar funciones del giro ordinario de la administración, en otras palabras, para desempeñar funciones de carácter permanente, la verdadera relación existente es de tipo laboral.La rigurosidad con que deben evaluarse los contratos de prestación de servicios se justifica en la medida en que ese tipo de vinculación ha sido utilizado como una práctica usual para el desempeño de funciones permanentes de las

entidades estatales, a pesar de encontrarse prohibida para esos fines, situación irregular contraria a los fines de la Constitución dentro del esquema del Estado Social de Derecho, donde sin lugar a equívocos debe primar la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. CONTRATO DE TRABAJO Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – El elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia. La Corte Constitucional, frente a la diferencia entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios y su importancia en punto a establecer la existencia de una verdadera relación laboral, precisó que el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato como el previsto en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente. Lo anterior ha sido objeto de pronunciamientos jurisprudenciales en sentencias en las que se sostuvo que: “quien3

demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda configurar un contrato de trabajo”. CONTRATO REALIDAD – Parámetros para determinar su aplicación. En ese orden de ideas, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales. Así, en virtud de la máxima prevista en el Art. 53 Superior, corresponde al juez llevar a cabo un atento examen de cada uno de los elementos que rodean la prestación de servicios de manera tal que logre determinar el contenido material de la relación que subyace la pretensión de las partes que se dirigen a la autoridad judicial; lo que se acompasa con lo definido en instancias internacionales, como es el caso de la OIT, que en su recomendación No. 198 de 2006 dispuso que la política nacional sobre las relaciones debe incluir por lo menos medidas tendientes a “luchar contra las

relaciones de trabajo encubiertas en el contexto de, por ejemplo, otras relaciones que puedan incluir el recurso a otras formas de acuerdos contractuales que ocultan una verdadera situación jurídica, entendiéndose que existe una relación de trabajo encubierta cuando un empleador considera a un empleado como si no lo fuese, de una manera que oculta su verdadera condición jurídica y que pueden producirse situaciones en las cuales los acuerdos contractuales dan lugar a que los trabajadores se vean privados de la protección a la que tienen derecho”. CONTRATO REALIDAD - Reconocimiento en labores de Auxiliar de Servicios Generales en instituciones educativas del Municipio de Sogamoso. Así entonces, de lo probado en el expediente para la Sala es claro que, en el desarrollo de los contratos de prestación de servicios durante los años 2015 y 2016, la relación contractual existente entre la señora YANETH OJEDA ÁLVAREZ con el MUNICIPIO DE SOGAMOSO fue subordinada, teniendo en cuenta que la demandante prestó sus servicios en las instituciones educativas que eran designadas de manera concreta por la Secretaría de Educación y cumpliendo labores concretas previamente asignadas y verificadas por el personal de las instituciones educativas donde se desempeñaba. Ahora bien, en cuanto a la permanencia en el servicio, el cual, según se expuso, es menester acreditar: (i) Que la labor desarrollada es inherente a la entidad y; ( ii) que existe similitud o igualdad en las funciones de otros empleados de planta, al respecto se tiene que la Secretaría de Educación de Sogamoso certificó, para el 09 de septiembre de 2019, la existencia de 16 cargos de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES GRADO 2 para las instituciones educativas de Sogamoso con nombramiento en propiedad, 4

Secretaría de Educación de Sogamoso certificó, para el 09 de septiembre de 2019, la existencia de 16 cargos de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES GRADO 2 para las instituciones educativas de Sogamoso con nombramiento en propiedad, 4 cargos más con nombramiento provisional por vacante definitiva y otros 4 con nombramiento provisional por vacante temporal. En este punto, dirá la Sala que no le asiste razón al A quo al señalar que no obra prueba que demuestre la existencia del cargo de mantenimiento, aseo y limpieza y que, con ello, es verificable la necesidad de la contratación por prestación de servicios, pues tal como acaba de reseñarse, la Secretaría de Educación certificó la existencia de 24 cargos de auxiliares de servicios generales, lo que corrobora la necesidad y permanencia de esta actividad en la entidad accionada. Si bien no se informaron de manera detallada las funciones de tal personal, es dable inferir que las labores del personal4 de servicios generales guarda relación con las actividades encomendadas a la demandante que consistían en la realización de labores de aseo y limpieza de las diferentes áreas de los centros educativos, recolección de basuras y algunas actividades de cafetería suministrando tinto, aguas y aromáticas al personal, las cuales a su vez, no implicaban un conocimiento especializado, ni una actividad nueva o transitoria que no pudiera ser desarrollada con personal de planta, como para hacer uso de la figura contractual de prestación de servicios, cumpliéndose así,

el criterio de excepcionalidad. Más aún cuando con la prueba testimonial practicada en el curso del proceso se logró demostrar que la demandante debía permanecer en el lugar de trabajo, al menos en el horario de 8 a 12 y de 2 a 5 de lunes a viernes y sábados en la jornada de la mañana, los elementos para el desarrollo de la labor eran suministrados por la institución educativa, además porque debía cumplir las órdenes e instrucciones dadas por el rector de la institución, así como recibía órdenes de otros funcionarios, tales como el coordinador del colegio, el secretario de educación, incluso del personal docente. Tampoco es dable arribar a la conclusión del juez de primer grado al decir que las testigos suponen los hechos que relatan pues si bien es cierto que desarrollaban sus actividades en sedes diferentes a aquella para la cual fue asignada la demandante, si recibía las mismas órdenes y directrices del rector de la institución, estaban sometidas a los mismos controles y desarrollo de actividades supervisadas por la coordinadora y por los docentes, recibían los mismos elementos de trabajo una vez por mes en la sede central de la institución educativa y desarrollaban sus actividades –propias de una actividad permanente como lo es el aseo y limpieza general de las instituciones educativasen horarios similares igualmente controlados por sus superiores. Por todo lo anterior y contrario a la conclusión del A quo en cuanto a la ejecución de labores sin sujeción laboral por parte de la demandante, las labores desempeñadas

por la actora, a juicio de esta Sala si comportan subordinación, pues al desarrollarse en cumplimiento de órdenes directas de su superior (es), es claro que se desvanece la figura de la coordinación, y por ende, se desvirtúa la autonomía e independencia con la que la señora YANETH OJEDA ÁLVAREZ prestó sus servicios al MUNICIPIO DE SOGAMOSO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, más aún cuando para el ejercicio de las mismas, la demandante debía emplear los elementos de dotación suministrados por el rector de la institución educativa. Así pues, dado que se desvirtuó la autonomía e independencia en la prestación del servicio de la demandante, al igual que la temporalidad propia de un verdadero contrato de prestación de servicios, teniendo en cuenta que, entre uno y otro contrato mediaron periodos de días y hasta de 2 meses para la suscripción del siguiente, según se advierte de los contratos y las actas de liquidación, reseñados en precedencia, los periodos contratados fueron del 27 de enero al 26 de mayo de 2015, del 18 de junio al 17 de julio de 2015, 30 de julio al 13 de diciembre de 2015, 02 de marzo al 16 de julio de 2016 y 01 de agosto al 30 de septiembre de 2016, demostrándose de esta manera el criterio de continuidad. (…) En ese sentido, al acreditarse el elemento de la subordinación, concluye la Sala que se encuentra encubierta una relación laboral entre el MUNICIPIO DE SOGAMOSO y la señora YANETH OJEDA ÁLVAREZ

durante los tiempos laborados por la demandante mediante los contratos de prestación de servicios, y que fueron debidamente probados, circunstancia que implica resolver de manera favorable el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, dando lugar a la revocatoria del fallo de instancia.En consecuencia, se reconocerán las siguientes prestaciones sociales ordinarias. PRESCRIPCIÓN EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE ENCUBREN UNA RELACIÓN LABORAL - Debe contabilizarse a partir de la finalización de cada uno. Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de5 finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio, por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. Pese a lo expuesto, precisó la Máxima Corporación que la prescripción extintiva no es dable aplicarla frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al

ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. SOLUCIÓN DE CONTINUAIDAD EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE ENCUBREN UNA RELACIÓN LABORAL - El término de interrupción o solución de continuidad es de 30 días hábiles de acuerdo con sentencia de unificación del Consejo de Estado. Acompasado a lo anterior, según lo establecido en el artículo 45 del Decreto 1042 de 1978, habría solución de continuidad cuando transcurren más de quince (15) días hábiles de interrupción en el servicio; en consecuencia, cuando la interrupción entre la suscripción de un contrato de prestación de servicios y otro, dura más de 15 días, se estaría hablando de una relación laboral diferente. No obstante lo anterior, el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 09 de septiembre de 2021, modificó tal postura habida cuenta que, aun cuando acogió los parámetros generales relativos a los elementos del contrato realidad que venían siendo aplicados desde la sentencia de unificación del año 2016, indicó lo siguiente: “3.2.2. Unificación del término de interrupción o solución de continuidad150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer si se

presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral. (…) PRESCRIPCIÓN EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE ENCUBREN UNA RELACIÓN LABORAL – No aplica para los aportes al Sistema de Seguridad Social No obstante lo anterior, debe aclarar la Sala que, conforme a lo dispuesto por la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado ya citada, los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones no tienen término prescriptivo alguno, por lo que los mismos pueden ser reclamados en cualquier tiempo. Por las razones expuestas, el fallo impugnado en el que se denegaron las pretensiones de la demanda, amerita ser revocado, disponiendo en su lugar la declaratoria de nulidad del acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo de la entidad accionada respecto de la petición de la demandante por la cual pretendió el reconocimiento de la existencia de la relación laboral, por los periodos comprendidos del 27 de enero al 26 de mayo de 2015, del 18 de junio al 17 de julio de 2015, del 30 de julio al 13 de diciembre de

2015, del 02 de marzo al 16 de julio de 2016 y del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2016; igualmente, ordenar a la demandada pagar a la actora, a título de6 indemnización, las prestaciones sociales dejadas de percibir en dichos periodos, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.

NOTA DE RELATORÍA: La providencia que se presenta al público ha sido modificada solo para incluir sus anteriores descriptores y restrictores, mas no para variar su contenido. Por lo anterior, el código de seguridad del mismo no corresponde al de la original. Para validar la integridad de la providencia los interesados pueden consultarla y descargarla a través de la plataforma SAMAI

siguiendo el siguiente link: https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_proces os.aspx?guid=157593333002201800244011500123

RÉPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

SALA DE DECISIÓN No. 6

MAGISTRADO PONENTE: FÉLIX ALBERTO RODRÍGUEZ RIVEROS Tunja, 26 de mayo de 2022

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: YANETH OJEDA ALVAREZ DEMANDADO: MUNICIPIO DE SOGAMOSO RADICACIÓN: 15759 33 33 002 2018 00244 - 01

SAMAI https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_proceso

s.aspx?guid=157593333002201800244011500123

ASUNTO A RESOLVER7

1. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia del 15 de mayo de 2020 proferida por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SOGAMOSO, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES 1.1.- La demanda1

2. Por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora YANETH OJEDA ÁLVAREZ, solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo ficto derivado de la petición radicada el día 21 de agosto de 2018 ante el Municipio de Sogamoso y, en consecuencia, solicitó la declaratoria de existencia del contrato realidad existente entre las partes para el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la demandada al reconocimiento y pago del auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de navidad, bonificación por recreación, prima de servicios, subsidio de alimentación, subsidio familiar, aumentos salariales anuales, reintegro del 10% de los salarios por concepto de retención en la fuente, reintegro de las sumas pagadas por concepto de pólizas de seguros de cumplimiento, aportes a seguridad social en salud

y pensiones, indemnización moratoria por el no pago de cesantías, los salarios dejados de devengar en los intervalos en que no se suscribió contrato, indemnización por despido sin justa causa, auxilio de transporte.

4. Adicionalmente, solicitó el reconocimiento de la indexación de las sumas de acuerdo al IPC, y la imposición de condena en costas y agencias en derecho a la demandada.

1 Expediente Digital fl. 5-158

5. Como pretensiones subsidiarias solicitó condenar a la demandada al pago de reparación del daño por concepto de las prestaciones sociales referentes a pensión y salud –sicy que se condene al pago de la sanción moratoria por el no pago de la liquidación al momento de la terminación de la relación laboral por la suma que resulte probada en el proceso.

6. Como fundamento de las pretensiones expuso lo siguiente:

7. Que la demandante ingresó a laborar al servicio del Municipio de Sogamoso, el día 15 de febrero de 2013 como auxiliar de servicios generales, realizando actividades de mantenimiento, aseo, limpieza y cafetería en las Instituciones Educativas del ente territorial.

8. Que la forma de vinculación de la actora fue a través de contratos de prestación de servicios, donde se le exigió a la demandante el cumplimiento de órdenes bajo condiciones de modo, tiempo y lugar, en el horario de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm, bajo la subordinación ejercida por la secretaria de educación, el Rector, prestando sus servicios de manera personal y sin la posibilidad de delegar sus actividades en otra persona.

9. Que el vínculo laboral entre la demandante YANETH OJEDA ALVAREZ y el Municipio de Sogamoso fue continuo durante aproximadamente 1.395

prestando sus servicios de manera personal y sin la posibilidad de delegar sus actividades en otra persona.

9. Que el vínculo laboral entre la demandante YANETH OJEDA ALVAREZ y el Municipio de Sogamoso fue continuo durante aproximadamente 1.395 días, pero que no existe claridad de los intervalos en que la demandante trabajó entre contrato y contrato, toda vez que la entidad demandada no dio contestación a la reclamación administrativa, por lo cual no hubo exhibición de los contratos y documentos correspondientes.

10. Que, haciendo un cálculo aproximado de los días trabajados y los intervalos entre la terminación y la celebración del contrato siguiente, se

tiene: Vinculación Periodo Con contrato 15 de febrero a 16 de agosto de 2013 Días laborados sin contrato 19 agosto a 20 de septiembre de 2013. 29 días Con contrato 23 de septiembre al 30 de diciembre de 20139 Días laborados sin contrato 31 de diciembre de 2013 a 13 de enero de 2014. 9 días Con contrato 14 de enero a 18 de julio de 2014 Días laborados sin contrato 22 de julio a 18 de agosto de 2014. 26 días Con contrato 19 de agosto a 29 de diciembre de 2014 Días laborados sin contrato 30 de diciembre de 2014 a 19 de enero de 2015. 20 días Con contrato 20 de enero a 26 de junio de 2015 Días laborados sin contrato 27 de junio a 10 de agosto de 2015. 43 días Con contrato 11 de agosto de 2015 a 21 de diciembre de 2016 Días laborados sin contrato 22 de diciembre de 2015 a 18 de enero de 2016. 27 días

43 días Con contrato 11 de agosto de 2015 a 21 de diciembre de 2016 Días laborados sin contrato 22 de diciembre de 2015 a 18 de enero de 2016. 27 días Con contrato 19 de enero a 28 de julio de 2016 Días laborados sin contrato 29 de julio a 15 de agosto de 2016. 17 días Con contrato 16 de agosto a 31 de diciembre de 2016

11. Que desde el día 15 de febrero de 2013 la demandante ingresó a laborar en el Municipio de Sogamoso sin solución de continuidad y prestando sus servicios de manera personal en las instalaciones educativas oficiales, con herramientas de dotación asignadas por el Municipio de Sogamoso – Secretaría de Educación.

12. Señaló que durante la relación contractual la demandante no recibió pago alguno por concepto de prestaciones sociales, ni los aportes a seguridad social por parte del empleador.

13. Que las labores desempañadas por la demandante eran idénticas a las de los auxiliares de servicios generales adscritos al Municipio de Sogamoso, pero la demandante no percibía la misma remuneración, pues su salario era inferior al devengar $833.000 al inicio de la “relación contractual”.

14. Afirmó que la relación laboral existente entre las partes terminó el 31 de diciembre de 2016 por decisión unilateral y sin justa causa de la10 administración municipal, percibiendo la demandante para ese momento una remuneración de $1.050.000.

15. Finalmente indicó que, durante los 60 días siguientes a la terminación

del vínculo laboral con el Municipio de Sogamoso, no le fue remitida comunicación relacionada con el estado actual de sus cotizaciones a seguridad social y parafiscales, así como tampoco hubo liquidación de prestaciones ni salarios por la terminación del contrato –sic.

1.2.- Sentencia de primera instancia2

16. Mediante providencia de fecha 15 de mayo de 2020 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sogamoso resolvió negar las pretensiones de la demanda, declarando probadas las excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada y denominadas “ausencia del derecho por restablecer” e “inexistencia de los derechos pretendidos”.

17. Como sustento de su decisión, el A quo se refirió a los antecedentes del caso y luego de abordar el marco jurídico relativo al contrato realidad y las formas de vinculación con el Estado, indicó que de acuerdo con las pruebas documentales aportadas a la actuación, la vinculación de la demandante con el Municipio de Sogamoso durante los años 2015 y 2016 fue a través de 5 contratos de prestación de servicios, como dan cuenta la copia de los mismos, junto con sus actas de liquidación final, actividades desarrolladas en la Institución Educativa Gustavo Jiménez sede la Manga

(contratos 2015065, 2015450, 2015696 y en las Instituciones Educativas Oficiales asignadas por la Secretaria de Educación de Sogamoso (contratos 2016273 y 2016490), así:

2 Fl. 155 Expediente Digital11

18. El juez explicó que el servicio se prestó de forma discontinua presentándose solución de continuidad y que conforme al clausulado y contenido de los contratos, la demandante cumplió, entre otras, las siguientes obligaciones: Realizar las tareas de aseo y limpieza en relación con la edificación, sala de profesores, aulas, patios, pasadizos, baños, ventanas, mobiliario, accesorios de oficina, alfombras, pisos, etc. , recolección de residuos sólidos (basura) y disponerlos en los elementos dispuestos para tal fin, realizar actividades de cafetería como suminist