TA CAL - 17-001-33-39-002-2017-00240-02-(02-09-2022)

17-001-33-39-002-2017-00240-02 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS SALA 4º DE DECISIÓN ORAL Magistrado Ponente: AUGUSTO MORALES VALENCIA Manizales, dos (02) de SEPTIEMBRE de dos mil veintidós (2022) S. 138 La Sala 4ª de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Caldas, conformada por los Magistrados AUGUSTO MORALES VALENCIA, quien la preside, AUGUSTO RAMÓN CHÁVEZ MARÍN y PUBLIO MARTÍN ANDRÉS PATIÑO MEJÍA, procede a dictar sentencia de segundo grado por vía del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra el fallo proferido por el Juzgado 2° Administrativo de Manizales, dentro del proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO promovido por el señor JIMMY FRANCO CEBALLOS contra el MUNICIPIO DE MANIZALES, y como llamada en garantía LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS. ANTECEDENTES PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA. Impetra la parte demandante se declaren nulas las Resoluciones Nº 371-16, 665-16 y 1639-16, con las cuales el MUNICIPIO DE MANIZALES modificó unas órdenes de pago a favor del actor sin obtener su consentimiento previo. A título de restablecimiento del derecho, pretende que se ordene a la accionada pedir el consentimiento escrito y expreso del nulidiscente para modificar los actos administrativos con los cuales pagó la condena definida a su favor por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así mismo, pide se decrete la terminación de los procesos ejecutivos iniciados en vía administrativa contra el demandante, se cancelen las medidas17-001-33-39-002-2017-00240-02 Nulidad y Restablecimiento del

jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así mismo, pide se decrete la terminación de los procesos ejecutivos iniciados en vía administrativa contra el demandante, se cancelen las medidas17-001-33-39-002-2017-00240-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho S. 138

2 cautelares decretadas dentro de dichos trámites y se devuelvan las sumas retenidas, debidamente indexadas. Finalmente, se condene a la demandada al pago de intereses de mora y costas procesales. SÍNTESIS DE LOS HECHOS Esgrime en síntesis el actor JIMMY FRANCO CEBALLOS que en el año 2010 presentó demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con la que pretendía el pago del trabajo suplementario en los términos del Decreto 1042 de 1978, proceso en el que fue condenado el MUNICIPIO DE MANIZALES al pago de horas extras, recargos nocturnos y días de descanso obligatorio. En el año 2015, la municipalidad demandada modificó de forma unilateral y sin consentimiento previo del afectado las resoluciones con las que había dispuesto y liquidado el pago de la condena establecida en sede judicial, y acto seguido, inició proceso de cobro coactivo con embargo de salarios y bienes del demandante. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN El demandante invocó como vulnerados los artículos 6 y 29 de la Constitución Política y 97 de la Ley 1437 de 2011, expresando que el acto administrativo con el cual la entidad territorial ordenó el pago de una condena proferida en sentencia judicial a su favor no podía ser revocado de forma unilateral y sin su consentimiento, pues la entidad llamada por pasiva se basó en una supuesta corrección de errores en la liquidación del crédito para justificar esta modificación. Sustenta esta posición en las sentencias T-748/98, C-835/03, C-672/01 y T-178/10.17-001-33-39-002-2017-00240-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho S. 138 3

CONTESTACIÓN AL LIBELO DEMANDADOR El MUNICIPIO DE MANIZALES formuló oposición a las pretensiones del demandante, con el escrito que milita de folios 73 a 90 del cuaderno principal. Explica que las sentencias judiciales que fundamentan los actos demandados establecieron condenas en abstracto, pues no expresaron las cantidades líquidas de dinero que debía pagar el municipio, por lo que era carga de la parte actora iniciar el incidente de liquidación previsto en las normas procesales, y ante su inactividad, esta oportunidad caducó. Luego de aludir a los diversos actos que ordenaron el cumplimiento de la sentencia judicial, anota que la administración municipal detectó un pago en exceso por valor de $31’594.826 por lo que procedió a corregirlo, como lo permiten los artículos 45 de la Ley 1437 de 2011, 127 del Decreto 1333 de 1985 y 35 numeral 15 de la Ley 734 de 2002. Como excepciones, planteó las de ‘CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Y PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO’, basada en que la parte interesada debía promover el incidente de liquidación de la condena judicial en el término de 2 meses, como lo señalaban los cánones 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil, 172 del Decreto 01 de 1984, 283 y 284 del Código General del Proceso y 193 de la Ley 1437 de 2011, y al no hacerlo, operó la caducidad; ‘LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA’, insistiendo que los actos demandados se limitan a corregir errores en la liquidación de las prestaciones

sociales concedidas; ‘FALTA DE PRUEBA PARA SOPORTAR LAS PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA’, pues la liquidación correcta es la efectuada en los actos demandados y la parte demandante no allegó elementos de juicio que desvirtúen su legalidad; ‘SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO EN NUESTRA LEGISLACIÓN, Y MÁS ESPECIALMENTE SOBRE LOS PRINCIPIOS PROHIBITIVOS DEL ABUSO DEL DERECHO Y DEL PRINCIPIO DE QUE NADIE PUEDE BENEFICIARSE DE SU PROPIA CULPA’, aduciendo que la parte actora no debe negarse a devolver las sumas recibidas sin justo título, ni beneficiarse de su inactividad, al no presentar el incidente de liquidación dentro del término de ley; y la ‘GENÉRICA’.17-001-33-39-002-2017-00240-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho S. 138

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Por su parte, LA PREVISORA S.A., llamada en garantía, presentó contestación a la demanda y el llamamiento en garantía con el libelo de folios 31 a 44 del cuaderno principal, con base en las excepciones de ‘LOS HECHOS Y PRETENSIONES QUE DAN LUGAR A LA DEMANDA NO SON OBJETO DE COBERTURA’, porque el contrato de seguro no ampara las reclamaciones que provienen de una relación laboral, como en el sub lite; ‘EXCLUSIÓN.NO EXISTENCIA DE COBERTURA, O NO CUBRIMIENTO DE RECLAMACIONES PARA OBTENER DEVOLUCIÓN DE CUALQUIER REMUNERACIÓN QUE LE HAYA SIDO PAGADA A UN FUNCIONARIO’, referida a pagos realizados y que fueran improcedentes; ‘INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DE LA ASEGURADORA, EN RAZÓN A QUE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR EL DEMANDANTE YA ERAN CONOCIDAS POR ESTA Y FUERON INICIADAS ANTES DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA’, porque el actor inició sus reclamaciones por los pagos de trabajo suplementario con anterioridad a la vigencia de la póliza; ‘SUJECIÓN DE LAS PARTES AL CONTRATO DE SEGURO’, basada en que la eventual responsabilidad de la compañía está limitada por las estipulaciones de la póliza; ‘LÍMITES DE AMPARO ASEGURADO’, en caso de llegar a ser condenada, solo debería responder hasta la concurrencia de la suma asegurada; ‘INEXISTENCIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS’, ante la falta de demostración sobre su existencia y monto; y la ‘GENÉRICA’. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Jueza 2ª Administrativa de Manizales negó las pretensiones de la parte demandante /fls. 194-200/. La funcionaria judicial argumentó que el acto demandado es un acto de ejecución, que se limitó a

LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Jueza 2ª Administrativa de Manizales negó las pretensiones de la parte demandante /fls. 194-200/. La funcionaria judicial argumentó que el acto demandado es un acto de ejecución, que se limitó a materializar la orden de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tendiente al reconocimiento y pago de los emolumentos correspondientes a las horas extras y el trabajo suplementario, pero que n realizó ninguna disquisición jurídica ni juicio de ponderación, por lo que no fue este acto el creador del derecho.17-001-33-39-002-2017-00240-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho S. 138

5 Así mismo, estimó que en los actos de reliquidación sí hubo un error aritmético, pues no se alteró la orden judicial, sino que se reajustaron las liquidaciones de los valores de las horas extras percibidas por el demandante, por lo que el municipio sí podía modificarlo de manera unilateral para los efectos de la corrección, y que si el actor deseaba oponerse al contenido de dicho acto por un aparente incumplimiento de la orden judicial, debía iniciar un proceso ejecutivo tendiente a lograr la materialización de la preceptiva del juez. EL RECURSO DE SEGUNDO GRADO Mediante memorial visible de folios 208 a 211 del cuaderno principal, el demandante apeló la sentencia de primer grado. Expuso que si el despacho consideraba que los actos demandados eran de ejecución, debió rechazar la demanda y no adelantar todo el proceso para proferir un fallo inhibitorio que niegue las pretensiones de la parte demandante, sin embargo, considera que en este caso, el acto de liquidación se integra con la sentencia para la determinación del monto de la condena, a tal punto que integran un título ejecutivo, y la entidad condenada se convierte en un agente del administrador de justicia para materializar la condena. Por ende, al determinar el valor de lo adeudado en el acto administrativo, este no puede ser modificado unilateralmente sin el consentimiento expreso del titular, y de no ser así, se colocaría al actor en una situación de indefensión al permitir que la accionada lo modifique a su arbitrio. CONSIDERACIONES DE LA SALA DE DECISIÓN Pretende la parte actora que se declare la nulidad de los actos administrativos con los cuales el MUNICIPIO DE MANIZALES modificó la17-001-33-39-002-2017-00240-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho S. 138 6

6 liquidación de prestaciones sociales del señor JIMMY FRANCO CEBALLOS, como resultado de una condena judicial, y como consecuencia, cese el procedimiento de cobro coactivo adelantado contra el actor. PROBLEMAS JURÍDICOS Atendiendo a la postura erigida por el apelante y a lo expuesto por la Jueza A quo, los problemas jurídicos a resolver en el sub-lite se contraen a la dilucidación de los siguientes interrogantes: ¿El MUNICIPIO DE MANIZALES debía obtener el consentimiento previo y escrito del señor JIMMY FRANCO CEBALLOS para modificar los actos con los cuales dio cumplimiento a la reliquidación de sus prestaciones sociales, o se trataba simplemente de la corrección de un error formal? ¿De llegar a confirmarse la condena impuesta en primera instancia al MUNICIPIO DE MANIZALES, debe LA PREVISORA S.A. reembolsarle a dicha entidad territorial el valor de lo que deba cancelar al demandante? (I) LA REVOCATORIA DIRECTA El núcleo del debate jurídico en el presente caso se entrelaza con la decisión contenida en el acto administrativo demandado, esto es, si se trata de la revocatoria directa de un acto particular que había reconocido un derecho de igual categoría en cabeza del señor JIMMY FRANCO CEBALLOS, o si por el contrario, como lo manifiesta la entidad demandada, se limitó a corregir un yerro aritmético sin afectar estructuralmente el reconocimiento del derecho a favor del actor.17-001-33-39-002-2017-00240-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho S. 138 7

Sobre la revocatoria directa de actos de contenido particular, el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 establece: “Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa” /Resaltados de la Sala/. Entre tanto, tratándose de la corrección o enmienda de errores aritméticos, el canon 45 de la misma obra prevé: “En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda” /Resaltados de la Sala/. Los requisitos establecidos

en la ley procedimental para que las entidades públicas puedan revocar actos de contenido particular y concreto, hallan su fuente en el ordenamiento constitucional, que protege las prerrogativas17-001-33-39-002-2017-00240-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho S. 138

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individuales adquiridas con justo título, como elemento fundamental del derecho a la propiedad privada. Así lo estableció el Consejo de Estado en fallo datado el 25 de enero de 2016 (Exp. 54001-23-31-000-2009-00166-01(0851-15), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez): “Cuando se trata de actos de contenido particular y concreto, la normatividad Contenciosa Administrativa ha establecido un procedimiento reglado, en razón de la creación de situaciones subjetivas, individuales y concretas de los administrados sobre un derecho, protegidos por la Constitución Política en su artículo 58 cuando dice que « (…) se garantizan (…) los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles (…) ». De la lectura de la norma transcrita se desprende como regla general la imposibilidad de revocar directamente los actos administrativos particulares y concretos, si la administración no cuenta previamente con el consentimiento expreso del titular del derecho reconocido”. Retomando el principal punto de disenso entre las partes, el máximo órgano de lo contencioso administrativo conoció en segunda instancia un proceso de idénticos ribetes fácticos al que ahora concita la atención de esta colegiatura, en el que también se planteó la necesidad de diferenciar la potestad que le asiste a la administración pública de corregir los yerros que cometa en el marco de sus actuaciones, de aquellas decisiones que implican alterar el estado de cosas de las situaciones particulares que ha reconocido anteriormente. En esa oportunidad, el supremo tribunal de lo contencioso

administrativo se pronunció bajo el siguiente esquema de argumentación sobre las características que comparten la revocatoria de actos de contenido particular y la corrección de errores formales, así como las diferencias entre ambas figuras (Sentencia de 3 de septiembre de 2020, M.P. William Hernández Gómez, Exp.17001-23-33-000-2017-00100-01(3251-17)):17-001-33-39-002-2017-00240-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho S. 138

9 “En cuanto a la diferencia entre la revocatoria directa y las correcciones de yerros simplemente formales, es adecuado señalar que ésta sí existe y que es sustancial al margen de que ambas figuras deriven del principio de autotutela de la administración. El mentado postulado hace referencia a la potestad de las autoridades estatales para reconocer derechos, imponer obligaciones o crear situaciones jurídicas (de manera declarativa) y al mismo tiempo hacerlas efectivas o materializarlas (de forma ejecutiva o coactiva), ello respecto de los particulares y sin necesidad automática y previa de acudir a una instancia judicial, sino en pleno ejercicio del poder público que las reviste, todo siempre y cuando se garantice el respeto pleno del principio de legalidad y del debido proceso. Dicho planteamiento había sido abordado por la presente Subsección1 en sentencia del 15 de marzo de 2018 cuando se precisó: «Es importante precisar que según la naturaleza de las prerrogativas que se le concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa o ejecutiva. En el primero de los casos, los actores públicos, en ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos a través de los cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de un derecho y su correlativa obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las operaciones o acciones llevadas a cabo por la administración, tendientes a hacer efectiva una determinada situación jurídica.» 1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 15 de marzo de 2018. Radicado: 25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14).17-001-33-39-002-2017-00240-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho S. 138 10

10 Con esta claridad sobre el tema, debe resaltarse que el mentado precepto nomoárquico de la autotutela administrativa, visto desde su arista declarativa, también hace referencia a la facultad de las entidades como la demandada, para reconocer sus errores y de esta forma modificarlos a fin de evitar la configuración de una situación ilegal, arbitraria, contraria a derecho o simplemente que no corresponda a la realidad material del asunto objeto de decisión. Esto se verifica en casos como la resolución de los recursos en vía administrativa (antes vía gubernativa), cuando se accede a las peticiones de los administrados con base en un nuevo estudio fáctico y jurídico de lo decretado previamente que es objeto de impugnación, o bien ante la existencia de figuras como la revocatoria directa y las correcciones formales antedichas. Los dos mecanismos en comento claramente implican que las autoridades pueden (e incluso deben), sin que medie un fallo judicial que así lo ordene, enmendar y adecuar de manera autónoma, todas sus decisiones tanto en el trámite de una actuación como en el acto definitivo que la finalice, ello cuando se advierta que con aquellas manifestaciones se afecta la base estructural de la función administrativa que es el principio de legalidad, el debido proceso y la garantía del equilibrio entre los intereses particulares y generales con sujeción a la normativa aplicable a cada caso. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que el legislador previó esta posibilidad bajo el entendido de que dicha autonomía en el control extra o prejudicial de17-001-33-39-002-2017-00240-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho S. 138 11

11 los propios actos de la administración, no implica la facultad de los organismos públicos para declarar la nulidad de sus decisiones con efectos propios de una sentencia, sino que aquella posibilidad subsanatoria debe someterse a ciertas reglas que en el caso de las correcciones están previstas en los artículos 41 y 45 del CPACA previamente enunciados, así como en los cánones 93 a 97 ibídem para la revocatoria directa, (…)”. Y finalmente concluyó en esa oportunidad: “(…) Como se infiere de estas formulaciones jurídicas, la revocatoria directa consiste en una herramienta propia de las autoridades en sede administrativa y sin validación judicial previa, que puede ser desatada de oficio o a petición de parte, consistente en la modificación o cambio sustancial de las decisiones en firme que se han adoptado como manifestación unilateral de la respectiva entidad pública y que han creado situaciones jurídicas generales o particulares, siempre que éstas se acompasen con una o más causales o eventos de procedencia previstos en el artículo 93 del CPACA, esto es: «i) cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley, ii) cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él, y iii) cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.». Por el contrario, la corrección de irregularidades en la actuación administrativa o de errores aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras contenidos en los actos definitivos, es una modalidad de subsanación de yerros simplemente formales que no afectan ni involucran una variación material a la esencia de la17-001-33-39-002-2017-00240-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho S. 138 12

decisión, sino que solo la aclaran para su eventual ejecución sin controversia” /Resaltados del Tribunal/. En conclusión, la ley faculta a la administración pública para enmendar los yerros en los que incurre dentro del reconocimiento de derechos o situaciones que ingresan a la esfera privada o patrimonial de los particulares, sin que esta potestad implique el desconocimiento del contenido material de estas prerrogativas, pues en esta hipótesis, la alteración estructural de estos contenidos conllevaría una auténtica revocatoria directa, que tratándose de actos de contenido particular, ha de someterse a las precisas reglas del canon 97 de la Ley 1437 de 2011, específicamente a lo que atañe al consentimiento previo, escrito y expreso de su titular, como mecanismo de protección de los derechos adquiridos con justo título, que deviene del artículo 58 Superior. Una vez definido este marco normativo, en el expediente se encuentra probado lo siguiente: v Mediante la Resolución N°136 de 27 de marzo de 2015, el MUNICIPIO DE MANIZALES dio cumplimiento a la sentencia proferida por este Tribunal el 10 de julio de 2014, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que contra esa entidad territorial promovió el señor JIMMY FRANCO CEBALLOS, disponiendo en dicho acto /fls. 35-43 cdno. 1/: ‘ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el reconocimiento y pago al señor JIMMY FRANCO CEBALLOS identificado con la Cédula de ciudadanía No 10.281.392, la suma de $ 82’274.526, equivalente a las Horas extras causadas entre el 23

de abril de 2005 hasta el 30 de junio de 2012 y a $ 19.075.291 correspondiente a la indexación, conforme a la parte motiva de esta Resolución y en cumplimiento de la Sentencia 123 del día 10 de julio de 2014 del Tribunal Administrativo de Caldas, para un total a pagar de $ 101.349.817’ v La decisión fue confirmada por medio de la Resolución N°166 de 16 de abril de 2015 /fls. 44-45/.17-001-33-39-002-2017-00240-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho S. 138

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v Posteriormente, a través del acto administrativo demandado -Resolución N°371 de 13 de junio de 2016-, el MUNICIPIO DE MANIZALES modificó la Resolución N°136 de 27 de junio de 2015, con el siguiente tenor literal /fls. 46-50 cdno.1/: ‘ARTÍCULO 1°: Modificar el Artículo Primero de la Resolución N°136 de marzo 27 de 2015 mediante la cual se ordenó liquidar al señor (a) JIMMY FRANCO CEBALLOS C.C. 10.281.392 la suma de $ 109.795.635; concepto de cumplimiento de una sentencia Judicial correspondiente a horas extras o trabajo suplementario, Dominicales y reajuste de Cesantías. ARTÍCULO 2: Ordenar al señor (a) JIMMY FRANCO CEBALLOS el reintegro de la suma de $33.598.256 como mayor valor pagado en la Resolución N°136 de marzo 27 de 2.015 de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. ARTÍCULO 3°: Informar que el pago de las sumas liquidadas en el numeral anterior, debe realizarse en la cuenta corriente de Bancolombia N°07007087367 a nombre del Municipio de Manizales, so pena de iniciar una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, un proceso de jurisdicción coactiva, que puede conllevar el pago de intereses y costas procesales’ /Destaca la Sala/. En la parte motiva de dicha voluntad administrativa, se lee: ‘(…) - Que una vez verificada la liquidación de los factores salariales de Dominicales y festivos, se encontró (sic) inconsistencias en su liquidación, toda vez que las mismas debieron ser liquidadas conforme a la ley, equivalente al doble del valor de un día. - Que una vez verificada la liquidación del reconocimiento de compensatorios los mismos no tendrían derecho a ello como les fue

y festivos, se encontró (sic) inconsistencias en su liquidación, toda vez que las mismas debieron ser liquidadas conforme a la ley, equivalente al doble del valor de un día. - Que una vez verificada la liquidación del reconocimiento de compensatorios los mismos no tendrían derecho a ello como les fue reconocido.17-001-33-39-002-2017-00240-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho S. 138

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• Que igualmente, los dominicales reconocidos no fueron descontados del total de horas laboradas al mes, constituyéndose en un pago superior. - Que igualmente en la verificación efectuada, se encontró que los factores de horas laboradas al mes, debió ser sobre la suma de 190 horas y no 176 horas. - Que los pagos parciales por concepto de dominicales reconocidos en su época por parte de la administración, no fueron indexados’ v La decisión anterior fue confirmada en sede de reposición y apelación, a través de las Resoluciones N°665 de 9 de septiembre y 1639 de 31 de octubre, ambas de 2016 /fls. 51-58 cdno. 1/. v A partir de lo expuesto y tal como lo había enunciado el MUNICIPIO DE MANIZALES en el acto de modificación, inició proceso de cobro coactivo contra el señor JIMMY FRANCO CEBALLOS, librando mandamiento de pago el 1° de diciembre de 2016 por valor de $ 33’598.256 más los intereses de mora y las costas del proceso, al paso que dispuso, ‘ (…) Decretar la medida cautelar de embargo y retención de la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo legal vigente y demás emolumentos embargables que perciba o llegue a percibir el señor JIMMY FRANCO CEBALLOS, identificado con el número de cédula 10.281.392 en su condición de empleado del Municipio de Manizales, de conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 11 de 1984. En consecuencia líbrese oficio al señor pagador de la misma, para que proceda de conformidad con lo acá dispuesto. Así mismo, dar cumplimiento al artículo 837 del Estatuto Tributario (…)’ /Líneas de la Sala, fl. 172 cdno. 1/. A partir de lo expuesto, el Tribunal se separa del raciocinio efectuado por la jueza de primera

acá dispuesto. Así mismo, dar cumplimiento al artículo 837 del Estatuto Tributario (…)’ /Líneas de la Sala, fl. 172 cdno. 1/. A partir de lo expuesto, el Tribunal se separa del raciocinio efectuado por la jueza de primera instancia, por cuanto está probado de modo fehaciente que el MUNICIPIO DE MANIZALES modificó de forma unilateral un acto administrativo de contenido particular y concreto, con el cual había creado una situación de la misma índole a favor del señor JIMMY FRANCO CEBALLOS, como lo es el reconocimiento de los valores correspondientes al trabajo17-001-33-39-002-2017-00240-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho S. 138

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nocturno, dominical y horas extras, modificación que hizo al margen del procedimiento previsto en el artículo 97 del C/PA, cuya pauta esencial implicaba obtener el consentimiento previo, expreso y escrito del titular de dicha prerrogativa. En este punto, no resulta de recibo para este juez colegiado la tesis de defensa del ente territorial y acogida en primera instancia, cuando argumenta que el acto demandado limitó su alcance a la corrección de un error aritmético de la liquidación de las prestaciones reconocidas a favor del señor FRANCO CEBALLOS. En contraste con esta postura, el contenido de la declaración administrativa referida es diáfano al modificar la liquidación inicial de las sumas concedidas al demandante, alterando de modo sustancial el valor del reconocimiento, a tal punto que no solo ordenó el reintegro de una suma, sino que dispuso el inicio de un proceso de cobro coactivo. Basta retomar el alcance que la jurisprudencia le ha brindado a la facultad de corrección de los errores formales y aritméticos, para concluir que en el sub lite, esta potestad fue desbordada por el MUNICIPIO DE MANIZALES al expedir el acto demandado, pues la modificación introducida por el ente territorial derivó en la variación sustancial de las condiciones en las que fue reconocido el derecho, lo cual se refleja claramente en que el actor FRANCO CEBALLOS pasó de ser beneficiario de un reconocimiento patrimonial, a fungir como deudor del municipio y sujeto pasivo de una medida de embargo de sus dineros. De ahí que no resulte acertado argumentar que la declaración administrativa demandada comporte una mera corrección o enmienda de errores de cálculo, como lo planteó el municipio, por lo que ante la inobservancia de su obligación legal de obtener el consentimiento del actor, procedía su anulación. Conforme lo anticipó este juez colegiado en el primer segmento de esta providencia, el Consejo de Estado ya

enmienda de errores de cálculo, como lo planteó el municipio, por lo que ante la inobservancia de su obligación legal de obtener el consentimiento del actor, procedía su anulación. Conforme lo anticipó este juez colegiado en el primer segmento de esta providencia, el Consejo de Estado ya se pronunció en un asunto idéntico al que ahora estudia la Sala2, por lo que a modo de refuerzo de este criterio, el 2 Ver página 10.17-001-33-39-002-2017-00240-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho S. 138

16 Tribunal trae a colación lo dilucidado en esa oportunidad frente a lo que es materia de debate: “(…) Como se desprende del acervo probatorio practicado, la parte demandada aduce que en efecto los actos cuestionados solo corrigen un error aritmético en el cálculo del monto a cancelar a la libelista en razón del cumplimiento de la sentencia judicial que ordenó reconocer trabajo suplementario, lo cual generaba un saldo a reintegrar por parte de esta última y a favor del ente territorial. Pues bien, la Subsección disiente de esa postura al advertir que el Municipio de Manizales no comprendió el alcance del artículo 45 del CPACA en cuanto a la corrección de simples errores formales, habida cuenta de que amparado en dicha normativa, éste revocó parcialmente y de facto, una decisión administrativa en firme que había creado una situación jurídica específica, al punto de mutarla en otra diferente a pesar de que incluso ya había sido materializada. En primer lugar debe tenerse en cuenta que los yerros de carácter aritmético, en efecto son simplemente formales, debido a que implican la equivocación en el desarrollo de u