TA CAL - 17001 23 33 000 2016 00959 00-(12-08-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

SALA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: Fernando Alberto Álvarez Beltrán

Manizales, doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001 23 33 000 2016 00959 00

Demandante: Carlos Arturo Sánchez Gómez

Demandado: Servicio Nacional de AprendizajeSENA

Providencia: Sentencia No. 152

Pasa la Sala a proferir sentencia de primera instancia dentro del asunto de la referencia.

I. Antecedentes:

1. Declaraciones y condenas.

El accionante solicita que por esta Corporación se hagan las siguientes declaraciones:

“1. DECLARACIONES, PRETENSIONES Y CONDENAS

1.1 PRINCIPAL

1.1.1 Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No 2 -2016-002126 del 06 de julio de 2016, en lo que tenga relación directa con mi representado, con dichos actos administrativos se da respuesta y niegan la petición de solicitud de que se declarara y reconociera la relación contractual desarrollada desde el 29 de enero de 2010 hasta el 12 de diciembre de 2014.

1.1.1.1 Que como consecuencia de la nulidad, a título del restablecimiento del derecho se reconozcan y cancelen a favor de mi prohijado, todos los derechos que emanan de una relación laboral, esto es: Aporte a Pensión dejadas de pagar por la entidad accionada y cancelados con dineros de mi representado tomándose como base los

prohijado, todos los derechos que emanan de una relación laboral, esto es: Aporte a Pensión dejadas de pagar por la entidad accionada y cancelados con dineros de mi representado tomándose como base los honorarios percibido correspondiente para cada uno de los años en reclamación, con sus respectivos reajustes anuales, aplicados en salarios y demás prestaciones que por ley le corresponden, cuyo valor2

se aprecia en el numeral 9.1 de la demanda. VALOR $ 15.182.300.oo, más corrección monetaria hasta el momento del pago.

1.1.1.2 Que como consecuencia de la nulidad a título del restablecimiento del derecho se reconozcan y cancelen a favor de mi prohijado, todos los derechos que emanan de una relación laboral, esto es: Aporte de Salud dejadas de pagar por la entidad accio nada y cancelados con dineros de mi representado tomándose como base los honorarios percibido correspondiente para cada uno de los años en reclamación, con sus respectivos reajustes anuales, aplicados en salarios y demás prestaciones que por ley le cor responden, cuyo valor se aprecia en el numeral 9.1 de la demanda. VALOR $ 10.754.129.oo, más corrección monetaria hasta el momento del pago.

1.1.1.3 Que como consecuencia de la nulidad a título del restablecimiento del derecho se reconozcan y cancelen a favor de mi prohijado, todos los derechos que emanan de una relación laboral, esto es: Aporte de Riesgos Profesionales dejadas de pagar por la entidad accionada y cancelados con dineros de mi representado tomándose como base los honorarios percibido correspondiente para cada uno de

es: Aporte de Riesgos Profesionales dejadas de pagar por la entidad accionada y cancelados con dineros de mi representado tomándose como base los honorarios percibido

correspondiente para cada uno de los años en reclamación, con sus respectivos reajustes anuales, aplicados en salarios y demás prestaciones que por ley le corresponden, cuyo valor se aprecia en el numeral 9. de la demanda. VALOR $ 10.542.842,oo, más corrección monetaria hasta el momento del pago.

1.1.1.6 Que como consecuencia de la nulidad a título del restablecimiento del derecho se reconozcan y cancelen a favor de mi prohijado, todos los derechos que emanan de una relación laboral, esto es: pagos de las primas de navidad dejadas de pagar por la entidad accionada tomándose como base los honorarios percibido correspondiente para cada uno de los años en reclamación, con sus respectivos reajustes anuales, aplicados en salarios y demás prestaciones que por ley le correspon den, cuyo valor se aprecia en el numeral 9 de la demanda. VALOR $ 10.542.842,oo, más corrección monetaria hasta el momento del pago.

1.1.1.7 Que como consecuencia de la nulidad a título del restablecimiento del derecho se reconozcan y cancelen a favor de mi3

prohijado, todos los derechos que emanan de una relación laboral, esto es: pagos cesantías e intereses a las mismas dejadas de pagar por la entidad accionada tomándose como base los honorarios percibido correspondiente para cada uno de los años e n reclamación, con sus respectivos reajustes anuales, aplicados en salarios y demás prestaciones que por ley le corresponden, cuyo valor se aprecia en el

correspondiente para cada uno de los años e n reclamación, con sus respectivos reajustes anuales, aplicados en salarios y demás prestaciones que por ley le corresponden, cuyo valor se aprecia en el numeral 9. de la demanda. VALOR $ 10.542.842,oo.+$ 1.265.192.oo= $11.808.034.oo más corrección monet aria hasta el momento del pago.

1.1.1.8 Que como consecuencia de la nulidad a título del restablecimiento del derecho se reconozcan y cancelen a favor de mi prohijado, todos los derechos que emanan de una relación laboral, y reconozcan y cancelen a fa vor de mi prohijado, las sanciones que debe pagar la entidad accionada por el no pago de la cesantías tomándose como base los honorarios percibido correspondiente para cada uno de los años en reclamación, con sus respectivos reajustes anuales, aplic ados en salarios y demás prestaciones que por ley le corresponden, en los valores que por ley corresponda cuyo valor se aprecia en el numeral 9. de la demanda. VALOR $ 68.527.440.oo más corrección monetaria hasta el momento del pago.

1.1.1.9 Que como c onsecuencia de la nulidad a título del restablecimiento del derecho se reconozcan y cancelen a favor de mi prohijado, todos los derechos que emanan de una relación laboral, y reconozcan y reconozcan y cancelen a favor de mi prohijado, los descuentos por retención en la fuente que la entidad accionada le hizo, tomándose como base los honorarios percibido correspondiente

reconozcan y reconozcan y cancelen a favor de mi prohijado, los descuentos por retención en la fuente que la entidad accionada le hizo, tomándose como base los honorarios percibido correspondiente para cada uno de los años en reclamación, con sus respectivos reajustes anuales, aplicados en salarios y demás prestaciones que por ley le corresponden, en los valores que por ley corresponda. Cuyo valor se aprecia en el numeral 9 de la demanda. VALOR $ 5.060.767.oo, más corrección monetaria hasta el momento del pago.

1.1.1.10 El valor total de las pretensiones es de $ 141.119.076, como se aprecia en el numeral 9 de la demanda.

1.2 SUBSIDIARIA

1.2.1 Teniendo en consideración que en atención al contenido del artículo 157 de la ley 1437, solo se pretendió la conciliación de las prestaciones de los últimos 3 años, pero atendiendo el conte nido de los últimos pronunciamientos del Consejo de estado en especial la Sentencia suscrita por el magistrado Alfonso Vargas Rincón el día 13 de febrero de 2014, con Radicación número: 68001 -23-31-000-2010-00449-01(180713), de la subsección B, el Conse jo de Estado elevó que de manera contundente señaló:

En relación con la prescripción de derechos se observa: El artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 dispone que las acciones que emanen de los derechos allí consagrados prescribirán en tres (3) años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exi gible y que el simple reclamo escrito a la autoridad competente sobre un derecho o

derechos allí consagrados prescribirán en tres (3) años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exi gible y que el simple reclamo escrito a la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción por un lapso igual. En otros términos, para que el fenómeno de la prescripción surta efectos, es indispensable que la exigibilidad de los derechos, objeto de la controversia, sea evidente.

En asuntos como el presente, en los cuales se reclaman derechos de carácter laboral, por considerar que la figura del contrato de4

prestación de servicios no era la vía adecuada, sino que con ella se disfrazó una relación laboral, la exigibilidad de los mismos sólo aparece a partir de la sentencia que así lo declara. Antes no obra con claridad dicho elemento (exigibilidad), motivo por el cual no es viable en la sentencia declara r prescripción de los derechos………. (Subrayados fuera de texto)

1.2.2 En el fallo de la sentencia con Radicación número: 68001 -23-31-0002010-00449-01(1807-13) se dispuso: Como consecuencia de la nulidad y a título de Restablecimiento del Derecho se ORDENA a la Nación Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional Hospital Militar Regional de Bucaramanga reconocer y pagar al señor DANIEL EDUARDO SÁNCHEZ SIERRA las prestaciones sociales dejadas de percibir, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2001 y el 31 de diciembre de 2007 de conformidad con lo señalado en esta providencia, e igualmente computar el tiempo laborado para efectos pensiónales, para lo cual la

comprendido entre el 1 de julio de 2001 y el 31 de diciembre de 2007 de conformidad con lo señalado en esta providencia, e igualmente computar el tiempo laborado para efectos pensiónales, para lo cual la entidad hará las correspondientes cotizaciones. (Subrayados fuera de texto)

1.2.3 Que en consideración a los argumentos dados en los numerales 1.2.1 y 1.2.2 se considere la posibilidad que al emitir fallo se reconozcan la totalidad de las prestaciones reclamadas en los periodos desde el 29 de enero de 2010 hasta el 12 de diciembre de 2014 y que son descritas en el numeral 9 de la presente demanda.”

2. Hechos.

La parte demandante sostiene que el señor Carlos Arturo Sánchez Gómez laboró para el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Seccional Caldas durante el periodo comprendido entre el 29 de enero de 2010 hasta el 12 de diciembre de 2014, por medio de diferentes contratos de prestación de servicios de orden sucesivo como instructor en el centro de formación cafetera.

Se afirma en el escrito de la demanda que l a labor desarrollada por el demandante se realizó en las instalaciones del SENA, con elementos proporcionados por ésta; y, que, el señor Carlos Arturo Sánchez Gómez se vio sometido al cumplimiento de horarios laborales bajo la supervisión directa de los coordinadores y/o supervisores , afirmando que los horarios eran fijados previamente por el SENA y las instrucciones de los coordinadores eran directas a través de correos electrónicos.

Dice que el 20 de julio de 2016 elevó reclamación administrativa para el

previamente por el SENA y las instrucciones de los coordinadores eran directas a través de correos electrónicos.

Dice que el 20 de julio de 2016 elevó reclamación administrativa para el reconocimiento de una relación laboral entre el demandante y el SENA , por haberse presentado los elementos de ésta. Mediante oficio No 2 -2016-002126 del 06 de julio de 2016 el SENA negó las pretensiones de la solicitud presentada.5

El 15 de diciembre de 2016 se llevó a cabo audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 28 Judicial II para Asuntos Administrativos de Manizales, la cual fue declarada fallida en virtud a la falta de ánimo conciliatorio entre las partes.

3. Normas violadas y concepto de violación.

Refiere el apoderado del demandante como normas vulneradas las siguientes:

• Constitución Política artículos 1, 2, 3, 6, 13, 25, 53, 122, 123 y 125. • Decreto 3135 de 1968. • Decreto 1848 de 1969. • Decreto 1042 de 1978. • Numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 de 1993.

Expone que es obligación estatal asegurar que las relaciones laborales se desenvuelvan en condiciones dignas y justas al trabajador; y sostiene que la demandada vulneró la constitución y la ley al negar los derechos solicitados , indicando que el señor Sánchez Gómez fue vinculado para satisfacer necesidades administrativas permanentes siendo contratado para unos servicios de docencia sometidos a la subordinación y continua dependencia.

Concluye reiterando que el Servicio Nacional de Aprendizaje ha violado la ley

necesidades administrativas permanentes siendo contratado para unos servicios de docencia sometidos a la subordinación y continua dependencia.

Concluye reiterando que el Servicio Nacional de Aprendizaje ha violado la ley pues no podía denominar como prestación de servicios personales una labor que debe desempeñarse por una relación legal.

4. Contestación de la demanda. (Fls. 72 a 97 C. 1)

La demandada se opone a las pretensiones de la demanda y se pronuncia frente a los elementos facticos refiriendo que no es cierto que el demandante haya laborado para el SENA Regional Caldas desde el 29 de enero de 2010 hasta el 12 de diciembre de 2014, exponiendo que el señor Carlos Andrés Sánchez Gómez prestó sus servicios como instructor por horas.

Expresa que el accionante estuvo contratado por la modalidad de prestación de servicios bajo los parámetros de la ley 80 de 1993 modificado por la ley 1150 de 2007; y que, la relación como contratista fue interrumpida y de carácter temporal6

pues la duración de los contratos fue por unos tiempos limitados, y era necesaria de para la ejecución del objeto contractual con el fin de dictar cursos de formación, los cuales eran variables.

Refiere que, el demandante nunca estuvo bajo las órdenes de ningún funcionario, no obstante, si había supervisión de los contratos , asesorando, verificando y aprobando el desarrollo de los mismos.

Manifestó que el desarrollo del contrato se dio en razón a la experiencia, capacitación y formación que tenía el demandante; y que, en su calidad de contratista tenía autonomía e independencia desde el punto de vista técnico y científico como elemento esencial de los contratos de prestación de servicios

capacitación y formación que tenía el demandante; y que, en su calidad de contratista tenía autonomía e independencia desde el punto de vista técnico y científico como elemento esencial de los contratos de prestación de servicios profesionales ya que el SENA s ólo sumi nistró las herramientas pedagógicas básicas representadas en los contenidos mínimos de los módulos de aprendizaje y la estructura curricular; y aclara que el demandante nunca recibió salario, sino unos honorarios profesionales de acuerdo a los servicios prestados.

Finalmente propone las siguientes excepciones:

“Prescripción extintiva trienal y bienal”: Se funda en el artículo 41 del decreto 3135 de 1968, que estipula que las acciones que emanen de los derechos consagrados en dicho decreto prescribirán a partir de que la obligación se haya hecho exigible.

Cita el Decreto 1848 de 1969 en su artículo 102 que señala las acciones que emanan de los derechos consagrados en el decreto 3135 de 1968 y que “prescriben en tres a ños, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.”

“Inexistencia de los elementos propios del contrato realidad”: Afirma que no existen los elementos propios del contrato realidad y pone de presente que l a prestación personal del servicio estableciendo se debe a la naturaleza de la actividad, pero que ello no implica subordinación.

Sostiene que no puede hablarse en este caso de continuada subordinación o dependencia toda vez que las entidades públicas tiene autonomía para pactar o trazar las directrices o instrucciones básicas sobre la manera y oportunidad de7

cómo debe cumplir con sus obligaciones el contratista, sin que ello se traduzca en dependencia o carencia de autonomía.

trazar las directrices o instrucciones básicas sobre la manera y oportunidad de7

cómo debe cumplir con sus obligaciones el contratista, sin que ello se traduzca en dependencia o carencia de autonomía.

Indica que el accionante no devengó salario, pues el SENA le pagó a título de honorarios y mensualmente el valor de las horas efectivamente impartidas en la formación académica.

“Inexistencia del vínculo o relación laboral”: Resalta las diferencias entre los instructores de planta y los instructores contratistas, y que, los servicios contratados bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios no podían realizarse con personal de planta por ser el mismo insuficiente; sumado a que, se requerían conocimientos especializados, experiencia, capacitación y formación profesional

“Cobro de lo no debido”: Por cuanto no existió vínculo laboral que genere obligación alguna.

“Compensación” Sin aceptar el reconocimiento de sumas de dinero, dice que, dado el caso se lleguen a reconocer las mismas, se tenga en cuenta lo ya cancelado por la entidad con ocasión a los contratos de prestación de servicios.

“Genérica” En virtud del artículo 282 del Código General del Proceso.

5. Alegatos de conclusión.

Parte demandada (fls. 134 y 135 C. 1) Ratifica los argumentos presentados con la contestación de la demanda, y afirma que de las pruebas decretadas y practicadas en el proceso no se establece la existencia de los elementos que configuran una relación laboral.

Hace unas citas jurisprudenciales y concluye que no hay en este asunto pruebas que lleguen a demostrar la existencia de contrato realidad, por lo que solicita se nieguen las pretensiones de la demanda.

Hace unas citas jurisprudenciales y concluye que no hay en este asunto pruebas que lleguen a demostrar la existencia de contrato realidad, por lo que solicita se nieguen las pretensiones de la demanda.

6. Concepto del Ministerio Público.8

El Ministerio Público no rindió concepto como dice la constancia secretarial del 23 de septiembre de 2020, que se encuentra a folio 136 del cuaderno 1.

II. Consideraciones

1. Cuestión previa.

La presente sentencia se dicta a la luz de las excepciones de la prelación de fallos que permite decidir las litis que versan sobre un mismo asunto y sobre las cuales existe reiteración jurisprudencial, con antelación a otros procesos.

Al respecto se ha pronunciado el Consejo de Estado, en los siguientes términos:

“En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho. No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”.

En el presente asunto, el tema objeto de debate se refiere a la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Diego Ospina Rivas, quien fue sindicado de los delitos de estafa agravada, falsedad material de

En el presente asunto, el tema objeto de debate se refiere a la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Diego Ospina Rivas, quien fue sindicado de los delitos de estafa agravada, falsedad material de particular en documento público, agravada por el uso y falsedad en documento privado.

Respecto al tema antes referido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada”1

En virtud de lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley 446 de 1998 y 16 de la Ley 1285 de 2009, mutatis mutandis la Sala se encuentra habilitada para decidir el caso concreto.

Los problemas jurídicos en esta instancia se contraen a absolver los siguientes planteamientos:

1. Problemas jurídicos a resolver:

1 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 12 de marzo de 2014. CP Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Rad. 76001-23-31-000-2004-00269-01(34872).9

¿Debe, en el presente asunto, declararse la nulidad del acto 2-2016-002126, mediante el cual el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, negó a l demandante la existencia de una relación laboral, por estar configurados los presupuestos fácticos y jurídicos para ello?

¿Hay lugar a la declaración de la existencia de una relación de tipo legal y

demandante la existencia de una relación laboral, por estar configurados los presupuestos fácticos y jurídicos para ello?

¿Hay lugar a la declaración de la existencia de una relación de tipo legal y reglamentaria o bien laboral entre el señor Carlos Arturo Sánchez Gómez y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, con las consecuencias jurídicas que de ello se desprende?

2. Análisis normativo.

El artículo 25 de la Constitución Política dispone: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

A su vez, el artículo 53 constitucional contempla la primacía de la realidad sobre las formas y los derechos y principios laborales así:

“El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre de rechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico

capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.” (Subraya la Sala)

El artículo inciso primero del 122 Constitucional precisa:10

“No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.”

Por su parte, la Organización Intern acional del Trabajo – OIT - también ha precisado el principio de “a trabajo igual, salario igual” el cual es aplicable a nuestra legislación en virtud de que Colombia hace parte de ese convenio.

Y los artículos 23 y 34 del Código Sustantivo del Trabajo disponen:

“Articulo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos

tres elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador , que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador , que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacion ales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y Jurisprudencia Vigencia c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen”. (Subraya la Sala).

“Articulo 34. Contratistas independientes. <Artículo modificado por el artículo 3o. del Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente

1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos {empleadores} y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho

beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.

2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas.11

Finalmente, el numeral 3° de la ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, se refiere al contrato de prestación de servicios en el siguiente sentido:

“Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:

3. Contrato de prestación de servicios Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializados.

actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. (Subraya la Sala).

De la norma antes mencionada, queda claro que, el contrato de prestación de servicios se encuentra regulado esencialmente por la Ley 80 de 1993, y que allí se caracteriza como temporal, que podría ejecutarse labores sólo por algún tiempo, mientras se supera una situación transitoria, podría decirse que coyuntural, o de emergencia, especializada, para actividades ocasionales o de momento que, por ello mismo, no pudieron programarse e incluirse en los planes de carácter permanente de la entidad oficial. Como tal servicio, así sea temporal, es remunerado, de todos modos, se paga con el presupuesto de la entidad.

3. Análisis jurisprudencial.

El Consejo de Estado 2, ha unificado recientemente mediante sentencia, los criterios necesarios para definir la existencia de una verdadera relación laboral, existente tras la modalidad de contratos de prestación de servicios en el siguiente sentido:

“(…) 101. En este sentido , para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos ellos

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de unificación por

continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos ellos

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de unificación por importancia jurídica, del 9 de septiembre de 2021. Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).12

forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los estudios previos y demá s documentos precontractuales y contractuales, que el objeto de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes, sino como verdaderos servidores en el contexto de una r