TA CAL - 17001-23-33-000-2019-00362-00-(10-03-2025)

Sentencia de Única Instancia Radicado 17001233300020250003900

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República de Colombia Rama Judicial Honorable Tribunal Administrativo de Caldas Sala Sexta de Decisión

Magistrado Ponente: Publio Martín Andrés Patiño Mejía

Sentencia de única instancia

Acción: Revisión de Validez de Acuerdo

Demandante: Departamento de Caldas

Demandado: Municipio de Manzanares - Caldas Radicado: 17001233300020250003900

Acto judicial: Sentencia 33

Manizales, diez (10) marzo dos mil veinticinco (2025).

Proyecto aprobado en la sala ordinaria de la fecha

§01. Síntesis: La gobernación de Caldas solicita la invalidez del del Acuerdo 032 del 28 de noviembre de 2024 expedido por el Concejo de ManzanaresCaldas, mediante el cual se concedieron amplias facultades al alcalde para celebrar contratos. La sala declara la invalidez de la norma demandada porque la autorización para contratar es restringida, y solo debe expedirse luego que el concejo la haya reglamentado, excepto en los casos exigidos en la ley.

§02. Procede la Sala del Tribunal Administrativo de Caldas a decidir sobre la validez del parágrafo del artículo segundo Acuerdo 032 del 28 de noviembre de 2024 expedido por el Concejo de ManzanaresCaldas, “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA

AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EFECTUAR CONVENIOS Y/O

por el Concejo de ManzanaresCaldas, “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA

AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EFECTUAR CONVENIOS Y/O

CONTRATOS DE COFINANCIACION CON ENTIDADES DEL ORDEN

NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPALES, PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS DE DERECHOS PUBLICO Y PRIVADO PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2025 "

1. Antecedentes1

1.1. La Demanda2

§03. La gobernación pretende que se declare la invalidez del 032 del 28 de noviembre de 2024 expedido por el Concejo de ManzanaresCaldas.

1 Los resaltados, subrayados y versalitas son de este acto judicial, salvo que se indiquen que son del texto citado. 2 Expediente digital Archivo DemandaAnexos.pdfSentencia de Única Instancia Radicado 17001233300020250003900

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§04. El motivo de inconformidad es respecto a las facultades dadas por el concejo al alcalde para contratar.

§05. El parágrafo del artículo segundo del Acuerdo 032 del 28 de noviembre de 2024 expedido por el Concejo de ManzanaresCaldas dispone:

§06. Se consideran violados los numerales 3 y 9 del artículo 315, 345, 352, 353 de la Constitución Política; artículo 11, y numeral 11 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993,

§06. Se consideran violados los numerales 3 y 9 del artículo 315, 345, 352, 353 de la Constitución Política; artículo 11, y numeral 11 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 32, numeral 3, parágrafo 4º (modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012; y el artículo 109 del Decreto 111 de 1996.

§07. Como fundamento de la violación, la gobernación invocó la facultad general del ejecutivo municipal para la celebración de contratos, la cual pasó a explicar en los términos que se siguen.

§08. Conforme, a lo mencionando por el Departamento de la Función Pública , mediante concepto 064921 de 2020 del 19 de febrero de 2020, en el tema de la facultad para autorizar al alcalde para la celebración de Contratos, se debe tener en cuenta que solamente es respecto a asuntos contractuales que expresamente es tuvieran reglamentados por el concejo, bajo los criterios de razonabilidad en la que debe fundarse la expedición de dicha reglamentación, mediante acto administrativo, por disposición de la Constitución y la Ley.

§09. Los concejos no pueden desbordar la competencia, pues ellos se encuentran facultados para reglamentar la autorización y los alcaldes puedan contratar en casos puntuales.

§10. De lo anterior concluyó que en el Acuerdo 032 del 28 de noviembre de 2024, el concejo se excedió en el ejercicio de sus competencias, al autorizar al alcalde para celebrar “… los contratos y convenios interadministrativos, de financiación y

§10. De lo anterior concluyó que en el Acuerdo 032 del 28 de noviembre de 2024, el concejo se excedió en el ejercicio de sus competencias, al autorizar al alcalde para celebrar “… los contratos y convenios interadministrativos, de financiación y de cofinanciación, con personas naturales, jurídicas del sector público y privado, del orden internacional, Nacional, Departamental y Municipal y de cualquier nivel,Sentencia de Única Instancia Radicado 17001233300020250003900

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incluidas las asociaciones de municipios, las asociaciones de junta de acción comunal, las entidades sin ánimo de lucro y demás que según su naturaleza…”

§11. La solicitud de control de validez fue repartida el 28 de enero de 2025 y se admitió el 29 de enero de 2025 . Una vez hechas las notificaciones, comunicaciones y publicaciones respectivas, se fijó en lista 31 de enero hasta el 13 de febrero de 2025 por el término de diez (10) días.

2. Contestación de la Alcaldía.

§12. El municipio solicitó se nieguen las pretensiones.

§13. Propuso los siguientes medios exceptivos: (i) Validez del Acuerdo 032 Del 28 de Noviembre de 2024 : En el municipio de Manzanare a la fecha no existe acuerdo que reglamente las autorizaciones al alcalde, por lo que el alcalde acude al concejo para pedir autorizaciones para celebrar contratos; (ii) Improcedencia de la Acción Constitucional: el artículo 305 de la Constitución Política tiene un carácter netamente

pedir autorizaciones para celebrar contratos; (ii) Improcedencia de la Acción Constitucional: el artículo 305 de la Constitución Política tiene un carácter netamente preventivo, en tanto, su procedencia se encuentra atada a que la acción sea ejercida o instaurada antes de la entrada en vigor del acuerdo Municipal, con el objeto de evitar la producción de efectos nocivos, de encontrase que el acto administrativo es contrario a la Constitución y a la Ley; y, (iii) Genérica.

3. Consideraciones

§14. Conforme a los artículos 305 de la Constitución Política y 120 del Decreto 1333 de 1986, este Tribunal es competente para conocer del estudio de validez del acto demandado.

§15. El control de validez de los actos administrativos es un procedimiento judicial de carácter preventivo que tiene lugar por solicitud del gobernador por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad.

§16. Previo agotamiento de las etapas establecidas en el art ículo 121 de la misma norma3 se pone fin al trámite de control, mediante sentencia que produce efectos de cosa juzgada frente a los preceptos constitucionales y legales confrontados, y contra la cual no procede ningún recurso

§17. Así pues, procede esta sala a decidir la solicitud de pronunciamiento sobre la validez del acto puesto en conocimiento.

4. Problema Jurídico

3 ARTÍCULO 121. Al escrito de que trata el artículo anterior, en el Tribunal Administrativo se dará el siguiente trámite: fin al trámite de control, mediante sentencia que produce efectos de cosa juzgada frente a los preceptos

3 ARTÍCULO 121. Al escrito de que trata el artículo anterior, en el Tribunal Administrativo se dará el siguiente trámite: fin al trámite de control, mediante sentencia que produce efectos de cosa juzgada frente a los preceptos constitucionales y legales confrontados, y contra la cual no procede ningún recursoSentencia de Única Instancia Radicado 17001233300020250003900

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¿Es válido el Acuerdo 032 del 28 de noviembre 2024 expedido por el Concejo de

ManzanaresCaldas, “ POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR

ALCALDE MUNICIPAL PARA EFECTUAR CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE

COFINANCIACION CON ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPALES, PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS DE DERECHOS PUBLICO Y PRIVADO PARA LA EJECUCION DE PROGRAM AS

DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2025"?

5. Lo demostrado en el proceso

§18. El 28 de noviembre de 2024, el concejo de ManzanaresCaldas expidió el Acuerdo 0324, el cual se relaciona así:

§19. El alcalde sancionó el acuerdo el 04 de diciembre 20245.

§20. El 07 de diciembre de 2024 fue radicada copia del acuerdo ante la Gobernación de Caldas6, por correo electrónico.

6. Análisis de los cargos sobre las facultades otorgadas al alcalde para contratar

de Caldas6, por correo electrónico.

6. Análisis de los cargos sobre las facultades otorgadas al alcalde para contratar

§21. El artículo primero del acto demandado da la siguiente autorización al alcalde:

4 Expediente digital 002ALDESPACHOPOR_DemandaAcuerdo011del.pdf p. 24-.30/36 5 Expediente digital 002ALDESPACHOPOR_DemandaAcuerdo011del.pdf, pág. 31. 6 Expediente digital 002ALDESPACHOPOR_DemandaAcuerdo011del.pdf, pág. 34.Sentencia de Única Instancia Radicado 17001233300020250003900

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§22. El numeral 3 del artículo 31 3, de la Constitución Política establece que les corresponde a los concejos:

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo.

§23. El inciso primero del artículo 314, de la Constitución Política el cual señala:

En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será elegido popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser reelegido para el período siguiente.

§24. El numeral 3 del artículo 31 5, de la Constitución Política establece que son atribuciones de los alcaldes:

3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y

atribuciones de los alcaldes:

3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.

§25. El inciso primero del artículo 110 del Decreto 111 de 1996 aclara la capacidad de contratación, ordenación del gasto y de la autonomía presupuestal y las reglas relativas a esa capacidad:

ARTÍCULO 110. Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de la s apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del ni vel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el estatuto general de contratación de la administración pública y en las disposiciones legales vigentes.

§26. El inciso primero del numeral onceavo del artículo 25 de la ley 80 de 1993 aclara la capacidad de contratación, ordenación del gasto y de la autonomía presupuestal y las reglas relativas a esa capacidad:

ARTÍCULO 25.- Del Principio de Economía. Reglamentado por el Decreto Nacional 287 de 1996. En virtud de este principio:

presupuestal y las reglas relativas a esa capacidad:

ARTÍCULO 25.- Del Principio de Economía. Reglamentado por el Decreto Nacional 287 de 1996. En virtud de este principio: (…)Sentencia de Única Instancia Radicado 17001233300020250003900

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11. Las corporaciones de elección popular y los organismos de control y vigilanci a no intervendrán en los procesos de contratación, salvo en lo relacionado con la solicitud de audiencia pública para la adjudicación en caso de licitación.

§27. La Ley 136 de 1994 expone que el alcalde tiene la función de “Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables. ” -art. 91.d.5.

§28. El artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, que modificó el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, precisa que les corresponde a los concejos “3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del Concejo.”

§29. Y el parágrafo 4º del mismo artículo precisa que:

“Parágrafo 4°. De conformidad con el numeral 30 del artículo 313 de la Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos:

1. Contratación de empréstitos.

2. Contratos que comprometan vigencias futuras.

Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos:

1. Contratación de empréstitos.

2. Contratos que comprometan vigencias futuras.

3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.

4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.

5. Concesiones.

6. Las demás que determine la ley.”

§30. Se destaca que la disposición principal, concepto de violación para la remisión del acuerdo para su revisión de validez son el numeral tercero y el parágrafo cuarto del artículo 18 de la ley 1551 de 2012 el cual modifica el artículo 32 de la ley 136 de 1993, pues allí se indica de forma expresa que será atribución del concejo reglamentar la autorización del alcalde para contratar, y además establece de forma expresa, también, los contratos en los cuales podrá decidir sobre su autorización.

§31. En ese orden de ide as, se puede concluir que la ley hace una distinción entre el proceso de reglamentación para la autorización para contratar, y directamente aquellos tipos de contratos en los cuales el alcalde necesitará la autorización del concejo para el efecto.

§32. La aclaración normativa no es aleatoria, pues deviene en una limitación del poder ejecutivo para contratar, pero a su vez también en la limitación de los concejo de irrumpir en todos los procesos contractuales que pretenda llevar a cabo el ejecutivo, de forma ta l que deja de manifiesto la división que hay entre el ejercicio del poder ejecutivo y el poder legislativo, de modo que ambos poderes no limiten o extralimiten sus respectivas funciones y al mismo tiempo ejerzan la función pública de manera armónica.

forma ta l que deja de manifiesto la división que hay entre el ejercicio del poder ejecutivo y el poder legislativo, de modo que ambos poderes no limiten o extralimiten sus respectivas funciones y al mismo tiempo ejerzan la función pública de manera armónica.

§33. Así lo entendió la Corte Constitucional en la sentencia C-738 de 2001:

“(…) no podrán los concejos, so pretexto de reglamentar el tema de las autorizaciones, extralimitarse en sus atribuciones e intervenir sobre la actividad contractual propiamente dicha; dirección que corresponde al alcalde , en tanto jefe de la acción administrativa del municipio, de conformidad con el artículo 315 -3 de la Carta. En otras palabras, laSentencia de Única Instancia Radicado 17001233300020250003900

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reglamentación que expidan estas corporaciones deberá limitarse a trazar las reglas aplicables al acto concreto y específico mediante el cual el concejo autoriza al alcalde para contratar, señalando los casos en que es necesario…”

§34. En el entendido de que será el concejo el llamado a establecer los casos en los cuales el alcalde requerirá autorización previa del mismo para la celebración de contratos, se puede concluir que el ejecutivo no requerirá autorización en todos los casos, por lo que de esa misma noción nace la facultad general del alcalde de contratar, y a su vez, la libertad del concejo de regular esos casos específicos para hacerlo, ello desde luego con sujeción a los establecidos de forma taxativa en la ley, y esa condición es una “manifestación del ejerc icio coordinado y armónico de la función pública.”

y a su vez, la libertad del concejo de regular esos casos específicos para hacerlo, ello desde luego con sujeción a los establecidos de forma taxativa en la ley, y esa condición es una “manifestación del ejerc icio coordinado y armónico de la función pública.” (Sent. C-466 de 1997)7

§35. En extenso se citará la sentencia del Honorable Consejo de Estado del 19 de septiembre de 2019 8 que estudió un acuerdo que autorizó temporalmente al alcalde para celebrar contratos con personas naturales, jurídicas e instituciones públicas y privadas del orden regional, nacional e internacional, expuso: (i) al alcalde le corresponde dirigir la administración local, ordenar gastos y celebrar contratos; (ii) según el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el concejo debe reglamentar la autorización al alcalde para contratar; (iii) esta autorización no está supeditada a toda la contratación; (iv) la autorización de parte del concejo debe ser determinada y restringida y, solo frente a los asuntos contractuales que expresamente estuvieran reglamentados por el concejo municipal, bajo criterios de razonabilidad, “… en tanto se restringe únicamente y de manera excepcional a los que tal corporac ión disponga, en forma razonable, mediante un reglamento que se atenga a la Constitución Política”; (v) “Esta autorización de parte del Concejo debe ser determinada y restringida y, solo frente a los asuntos contractuales que expresamente estuvieran reglamentados por el concejo municipal”:

“V.4. MARCO NORMATIVO DE LA FACULTAD PARA CELEBRAR CONTRATOS

del Concejo debe ser determinada y restringida y, solo frente a los asuntos contractuales que expresamente estuvieran reglamentados por el concejo municipal”:

“V.4. MARCO NORMATIVO DE LA FACULTAD PARA CELEBRAR CONTRATOS

POR LOS ALCALDES. AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL.

LÍMITES.

En relación con el tema contractual a cargo de los alcaldes municipales y la autorización que debe provenir de los respectivos concejos, la Constitución Política en sus artículos 313 y siguientes, establece lo siguiente: “[…] ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: (…)

3. AUTORIZAR AL ALCALDE PARA CELEBRAR CONTRATOS y ejercer pro tempore precisas funciones DE LAS QUE CORRESPONDEN al

Concejo. (…) ARTICULO 314. En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio. […]

7 “(…) como quiera que la creación de vínculos jurídicos individuales siempre se han considerado como asuntos propios de la mecánica de ejecución de programas gubernamentales, por lo cual son asuntos de la na turaleza administrativa del gobierno. Por consiguiente, la ley de autorizaciones se ha entendido como el beneplácito legislativo para que el Gobierno ejerza una función propia dentro de su ámbito constitucional. Por lo tanto, el ejercicio mismo de la activ idad contractual es una actividad privativa del Gobierno, que debe contar con la aprobación del Congreso, como manifestación del ejercicio coordinado y armónico de la función pública.” C466 de 1997. 8 SECCIÓN PRIMERA - Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN - Bogotá, D.C., diecinueve

aprobación del Congreso, como manifestación del ejercicio coordinado y armónico de la función pública.” C466 de 1997. 8 SECCIÓN PRIMERA - Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN - Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) - Radicación número: 50001-23-31-000-2010-00548-01Sentencia de Única Instancia Radicado 17001233300020250003900

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ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde: 1ª) […] 3ª) Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo […] 9ª. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. […] (Subrayado, mayúsculas y negritas fuera de texto).

En lo que corresponde sobre el tema materia de debate, la Ley 80 de 1993, estatuye lo siguiente: “[…] ARTÍC ULO 11. DE LA COMPETENCIA PARA DIRIGIR LICITACIONES O CONCURSOS Y PARA CELEBRAR CONTRATOS ESTATALES. En las entidades estatales a que se refiere el artículo 2°: 1o. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos9 y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso. … 3o. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva: … b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes

entidad, según el caso. … 3o. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva: … b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y de los distritos capital y especiales, los contralores departamentales, distritales y municipales, y los representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones de las normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades. … Por su parte, el artículo 329 de la Ley 136, dispone: “[…] ARTICULO 32°. ATRIBUCIONES: Además de las funciones que se le señalen en la Constitución y la ley, SON ATRIBUCIONES DE LOS CONCEJOS las siguientes: …

3). REGLAMENTAR LA AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA CONTRATAR,

SEÑALANDO LOS CASOS EN QUE REQUIERE AUTORIZACIÓN PREVIA

DEL CONCEJO. … De las normas transcritas se tiene que la autorizac ión que le confirió la Ley 80 a los Alcaldes, debe interpretarse armónicamente con las atribuciones constitucionales que le fueron conferidas a los concejos y alcaldes, en las que se colige de la posibilidad de autorización por parte del cabildo para el al calde en el ejercicio de la contratación; sin embargo, esta no puede entenderse como supeditada a toda la contratación que esté a cargo de los alcaldes.

A tal conclusión se arriba en virtud de las precisiones que sobre el particular realizó la Corte Constitucional en la sentencia C -738 de 2001 al examinar y declarar

esté a cargo de los alcaldes.

A tal conclusión se arriba en virtud de las precisiones que sobre el particular realizó la Corte Constitucional en la sentencia C -738 de 2001 al examinar y declarar exequible el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 136, respecto de la función de los c oncejos de autorizar al Alcalde para contratar, de cara a la atribución constitucional conferida en el numeral 3° del artículo 313 Superior.

Sobre el particular se puntualizó:

“[…] Sin embargo, debe advertir esta Corporación que la atribución otorgada en la norma bajo estudio, siendo como es una función administrativa, sólo

9 Modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012Sentencia de Única Instancia Radicado 17001233300020250003900

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podrá ser ejercida por los Concejos con el alcance y las limitaciones propias de su naturaleza. Así, cualq uier reglamentación efectuada por dichas Corporaciones, debe ser respetuosa del ámbito reservado constitucionalmente al Legislador, por lo cual no puede entrar a establecer procedimientos de selección, normas generales aplicables a los contratos, etc., pue sto que ello forma parte del núcleo propio del Estatuto de Contratación. Igualmente, al constituir esta función una manifestación de la colaboración armónica que, en virtud del artículo 116 Superior, debe existir entre los distintos órganos del Estado -tanto entre los pertenecientes a una misma rama del poder público, como entre las distintas ramas-, a ella es aplicable lo dispuesto por esta Corte

virtud del artículo 116 Superior, debe existir entre los distintos órganos del Estado -tanto entre los pertenecientes a una misma rama del poder público, como entre las distintas ramas-, a ella es aplicable lo dispuesto por esta Corte en cuanto al tema de las leyes de autorizaciones, en virtud de las cuales podrá el Congreso autorizar al Ejecut ivo para contratar (art. 150 -9, C.P.). En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta lo que se estableció en la sentencia C466/97, en los siguientes términos:

“La introducción del concepto de ley de autorizaciones en la Carta de 1991 corresponde a una tradición constitucional, pues el artículo 76 numeral 11 de la Constitución de 1886 otorgaba al Congreso la facultad para conceder autorizaciones al Gobierno para la celebración de contratos, como quiera que la creación de vínculos jurídicos individuales si empre se han considerado como asuntos propios de la mecánica de ejecución de programas gubernamentales, por lo cual son asuntos de la naturaleza administrativa del gobierno. Por consiguiente, la ley de autorizaciones se ha entendido como el beneplácito legislativo para que el Gobierno ejerza una función propia dentro de su ámbito constitucional. Por lo tanto, el ejercicio mismo de la actividad contractual es una actividad privativa del Gobierno, que debe contar con la aprobación del Congreso, como manifesta ción del ejercicio coordinado y armónico de la función pública.

(...) De lo anteriormente expuesto se colige que, frente a la facultad para celebrar contratos creadores de situaciones jurídicas concretas, la Constitución faculta al Legislador para que permita al Gobierno que se vincule jurídicamente y por ende se obligue en el campo contractual. Sin embargo, la

celebrar contratos creadores de situaciones jurídicas concretas, la Constitución faculta al Legislador para que permita al Gobierno que se vincule jurídicamente y por ende se obligue en el campo contractual. Sin embargo, la Carta no autoriza que el Legislador le imponga al Ejecutivo la celebración de un contrato específico, pues la autorización del Congreso está some tida a la realización de un acto de naturaleza administrativa. Por lo tanto, los artículos impugnados transgreden la Constitución”.

El anterior razonamiento es aplicable, mutatis mutandi, a las autorizaciones que los concejos municipales otorgan a los a lcaldes para contratar, y por lo mismo, a la reglamentación que sobre el particular expidan tales Corporaciones, en ejercicio de lo dispuesto en la norma acusada. Por lo

mismo, NO PODRÁN LOS CONCEJOS, SO PRETEXTO DE REGLAMENTAR

EL TEMA DE LAS AUTORIZACIONE S, EXTRALIMITARSE EN SUS ATRIBUCIONES E INTERVENIR SOBRE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PROPIAMENTE DICHA; dirección que corresponde al alcalde, en tanto jefe de la acción administrativa del municipio, de conformidad con el artículo 3153 de la Carta. En otras p alabras, la reglamentación que expidan estas corporaciones deberá limitarse a trazar las reglas aplicables al acto concreto y específico mediante el cual el concejo autoriza al alcalde para contratar, señalando los casos en que es necesario, sin entrar a regular aspectos como la selección de los contratistas, los contratos específicos a realizar, etc.

Asimismo, deberán tener en cuenta los concejos municipales que, en tanto

señalando los casos en que es necesario, sin entrar a regular aspectos como la selección de los contratistas, los contratos específicos a realizar, etc.

Asimismo, deberán tener en cuenta los concejos municipales que, en tanto función administrativa, la atribución que les confiere la norma que se analizaSentencia de Única Instancia Radicado 17001233300020250003900

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debe ser ejercida en forma razonable y proporcionada, respetando lo dispuesto en el artículo 209 constitucional; Y QUE NO SE PUEDE INTERPRETAR DICHA NORMA EN FORMA TAL QUE SE OBLIGUE AL ALCALDE A SOLICITAR AUTORIZACIONES DEL CONCEJO EN TODOS LOS CASOS EN QUE VAYA A CONTRATAR, sino únicamente en los que tal corporación disponga, en forma razonable, mediante un reglamento que se atenga a la Carta Política.

Debe resaltarse, por último que, contrario a lo que presupone la argumentación del actor, lejos de ser u n límite a la autonomía municipal, el régimen previsto por la Ley 80 de 1993 está construido sobre la base de la autonomía de las entidades estatales en materia contractual, tanto que otorga a ciertas entidades y dependencias que no cuentan con personería jurídica, una capacidad especial de contratación y puedan gestionar mejor los aspectos que a ellas atañen. Para la Corte, igual sucede con la norma bajo estudio, ya que al reafirmar la competencia reglamentaria constitucional de los concejos municipales, no sólo presupone, sino que desarrolla su autonomía real. Así, a

a ellas atañen. Para la Corte, igual sucede con la norma bajo estudio, ya que al reafirmar la competencia reglamentaria constitucional de los concejos municipales, no sólo presupone, sino que desarrolla su autonomía real. Así, a través de regímenes reglamentarios que no lesionen lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y en las demás normas legales aplicables, los concejos podrán decidir cómo ha de surtirse el proceso de aut orización, en los casos en que sea necesario de conformidad con los intereses locales. En otras palabras, la norma acusada fomenta el ejercicio autónomo de las competencias municipales, así como su adecuación a las necesidades particulares del ente respectivo, sin que por ello pueda generar un estímulo para la existencia de diversos Códigos Fiscales Municipales, puesto que siempre habrá de respetarse lo dispuesto por el legislador en la Ley 80 de 1993 y demás legislación aplicable.

Finalmente, es pertine nte precisar que, si bien el artículo 32 -3 de la Ley 136/94, que se estudia, confirma una atribución de tipo normativo de las aludidas corporaciones municipales, no por ello es lesivo del artículo 151 Superior, en virtud del cual deberá tramitarse mediante ley orgánica lo relacionado con "la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales". Ello, por dos razones concurrentes: (i) tal y como lo ha establecido esta Corte, la r