TA CAL - 17001-33-33-003-2023-00413-02-(15-02-2024)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DE CALDAS

SALA 4ª DE DECISIÓN ORAL Magistrado Ponente: AUGUSTO MORALES VALENCIA Manizales, quince (15) de FEBRERO de dos mil veinticuatro (2024)

S. 023

La Sala 4ª de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Caldas, conformada por los magistrados AUGUSTO MORALES VALENCIA quien la preside, AUGUSTO RAMÓN CHÁVEZ MARÍN y PUBLIO MARTÍN ANDRÉS PATIÑO MEJÍA, procede a dictar sentencia de segunda instancia, por vía de la impugnación interpuesta contra la sentencia proferida por el Juez Juez 3º Administrativo de Manizales, dentro de la actuación de tutela promovida por la señora MARGARITA OLMOS GARCÍA contra la NUEVA EPS y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES, trámite en el cual actúa en calidad de vinculada, la AFP PROTECCIÓN S.A.

ANTECEDENTES

I. Las pretensiones y los hechos en que se fundan.

La señora MARGARITA OLMOS GARCÍA solicitó la tutela de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, mínimo vital , seguridad social e igualdad. En consecuencia, implora ordenar a las entidades accionadas reconocer y pagar las incapacidades médicas prescritas a su favor desde el 4 de febrero de 2023.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la accionante sostuvo, en síntesis, que tiene 58 años de edad, que se encuentra afiliada a NUEVA EPS y

desde el 4 de febrero de 2023.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la accionante sostuvo, en síntesis, que tiene 58 años de edad, que se encuentra afiliada a NUEVA EPS y al fondo de pensiones COLPENSIONES, enc ontrándose laboralmente activa como trabajadora independiente realizando labores de agricultura.17001-33-33-003-2023-00413-02 Acción de Tutela Segunda Instancia

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2 Manifestó que cuenta con varios diagnósticos médicos, motivo por el cual ha venido siendo incapacitada, advirtiendo que desde el mes de febrero no recibe el pago de las incapacidades, sin contar con ingresos para solventar sus gastos económicos. Agregó que los periodos de incapacidades que se le adeudan van desde el 4 de febrero al 19 de diciembre, ambos de 2023.

II. Derechos invocados como vulnerados.

La parte accionante acusa como vulnerados sus derechos fundamentales a la a la dignidad humana, al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y a la igualdad, consagrados, en su orden, en los artículos 1°, 29, 53, 48 y 13 de la Constitución Política, respectivamente.

III. Trámite de la demanda

El señor Juez 3º Administrativo de Manizales, con proveído de 6 de diciembre de 2023 , admitió la demanda de tutela contra la NUEVA EPS y COLPENSIONES, disponiendo las notificaciones de ley. Luego, con proveído datado el 13 de diciembre de 2023, ordenó la vinculación de la AFP PROTECCIÓN, en atención a la respuesta otorgada por la NUEVA EPS.

COLPENSIONES, disponiendo las notificaciones de ley. Luego, con proveído datado el 13 de diciembre de 2023, ordenó la vinculación de la AFP PROTECCIÓN, en atención a la respuesta otorgada por la NUEVA EPS.

IV. Respuesta de las entidades accionadas y vinculada .

Con memorial visible en el PDF N°006 del expediente digitalizado, la NUEVA EPS solicitó no conceder la demanda de tutela en contra de esta entidad y desvincularla de la misma, pues, en su senti r, no existe violación a derecho fundamental alguno de la accionante por parte de la Nueva EPS.

Como sustento de sus pretensiones, señaló que no se encuentra legitimada por pasiva, dado que las pretensiones de la señora MARGARITA OLMOS GARCIA, no van dirigidas contra la Nueva EPS, pues tal como la accionante lo manifiesta en su escrito de tutela, la misma gira en torno a que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES pague las incapacidades generadas del 4 de febrero de 2023 al 19 de diciembre de 2023, las cuales se encuentran entre los días 181 y 540 de incapacidad, de acuerdo17001-33-33-003-2023-00413-02 Acción de Tutela Segunda Instancia

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3 con el informe del área técnica, mismas que por disposición legal le corresponde asumirlas a la AFP.

Añadió que la entidad le reconoció el pago de las incapacidades hasta el 23 de enero de 2023, momento en el que completó los 180 días, emitiendo el 30 de noviembre de 2022 Concepto Favorable de Rehabilitación, el cual fue

Añadió que la entidad le reconoció el pago de las incapacidades hasta el 23 de enero de 2023, momento en el que completó los 180 días, emitiendo el 30 de noviembre de 2022 Concepto Favorable de Rehabilitación, el cual fue notificado a la Administradora de Fondo de Pensiones PROTECCIÓN con fecha 7 de diciembre de 2022 , quien debe iniciar el pago de las incapacidades a partir del día 181 hasta el día 360, adicionales a los primeros 180, y al finalizar este último período le deberá calificar la pérdida de capacidad laboral.

Por su parte, COLPENSIONES, con escrito visible en el PDF N°007, solicitó la desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva al considerar que las pretensiones son improcedentes frente a la demandada, como quiera que la presente tutela no cumple con los requisitos de procedibilidad del art. 6º del Decreto 2591 de 1991, así como tampoco se encuentra demostrado que COLPENSIONES haya vulnerado los derechos reclamados por el accionante, pues está actuando conforme a derecho.

Lo anterior, dice, por cuanto verificadas las bases de datos de COLPENSIONES no se evidencia solicitud radicada por el accionante que le permita a dicha entidad conocer a fondo el derecho pretendido con relación al pago de incapacidades; aunado a ello, al revisar el sistema de información de esta administradora, encontró que el accionante no se encuentra afiliado a COLPENSIONES sino a la AFP PROTECCIÓN, por lo que es esta última la entidad legalmente facultada para realizar el estudio prestacional de su afiliado , y de ser procedente y cumplir con el mínimo de requisitos de ley, quien debe reconocer y pagar dicha prestación.

legalmente facultada para realizar el estudio prestacional de su afiliado , y de ser procedente y cumplir con el mínimo de requisitos de ley, quien debe reconocer y pagar dicha prestación.

Finalmente, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A. /PDF N° 011/, acepta que la señora MARGARITA O LMOS GARCÍA se encuentra afiliada a dicho fondo de pensiones , arguyendo que el pago de incapacidades es improcedente sin radicación de solicitud formal de la prestación económica en PROTECCIÓN S.A.; advirtiendo , que una vez revisados los aplicativos tecnol ógicos de la entidad, no se logró evidenciar17001-33-33-003-2023-00413-02 Acción de Tutela Segunda Instancia

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4 solicitud formal de prestación económica a favor de la demandante, en donde puntualmente se requiera la calificación de pérdida de la capacidad laboral, el reconocimiento y pago de subsidio por incapacidad médic a de origen común, ni mucho menos el reconocimiento de pensión de invalidez ; por lo tanto, considera , la acción de tutela para este tipo de reclamaciones no cumple con el requisito de subsidiariedad.

Como sustento de su apreciación, indicó que el artículo 7º del Decreto 510 de 2003 señala que la obligación de reconocimiento de las prestaciones económicas por parte de los fondos procederá siempre y cuando el afiliado radique la respectiva solicitud de reconocimiento, en este caso, el pago de subsidio de incapacidad médica, junto con la documentación requerida para acreditar el derecho, lo cual no ha ocurrido en el caso de referencia en el cual ni siquiera se han demostrado incapacidades ante esta AFP que superen

subsidio de incapacidad médica, junto con la documentación requerida para acreditar el derecho, lo cual no ha ocurrido en el caso de referencia en el cual ni siquiera se han demostrado incapacidades ante esta AFP que superen el día 180 y se encuentren dentro de un ciclo ininterrumpido y que podrían ser de análisis para Protección S.A.

V. La Sentencia del Juzgado 3º Administrativo de Manizales.

El operador judicial A-quo, con sentencia datada el 15 de diciembre de 2023, amparó los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la señora MARGARITA OLMOS GARCÍA, en consecuencia, dispuso:

“(…)

SEGUNDO: SE ORDENA a AFP PROTECCION S.A. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, reconozca y pague los periodos de incapacidades continua, certificados a su afiliada MARGARITA OLMOS GARCÍA, desde el 04 de febrero de 2023 y hasta el 19 de diciembre de 2023.

Asimismo, queda obligada a reconocer y pagar todos los periodos de incapacidad que le sean certificados a la afiliada desde el 20 de diciembre de 2023 y hasta completar los 36017001-33-33-003-2023-00413-02 Acción de Tutela Segunda Instancia

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5 días de incapacidad, posteriores a los 180 días ya reconocidos por la NUEVA EPS.

TERCERO: NUEVA EPS, queda obligada a sufragar el auxilio monetario correspondiente a los períodos que sup eren los 540 días de incapacidad continua y que lleguen a certificarse

por la NUEVA EPS.

TERCERO: NUEVA EPS, queda obligada a sufragar el auxilio monetario correspondiente a los períodos que sup eren los 540 días de incapacidad continua y que lleguen a certificarse por los médicos tratantes de la señora MARGARITA OLMOS GARCÍA, hasta tanto pueda reintegrarse a sus labores como trabajadora independiente o pueda acceder a una pensión por invalidez.

En tal sentido, SE FACULTA a la NUEVA EPS para que, en caso de reconocer y pagar incapacidades superiores a los 540 días que llegaren a otorgarse a la señora MARGARITA OLMOS GARCÍA, recobre ante la ADRES, entidad administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, según lo prescrito en el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, las sumas por incapacidades médicas que superen los 540 días de incapacidad laboral, valores a cuyo cubrimiento no está legalmente obligada la EPS.

CUARTO: DESVINCULAR del trámite a COLPENSIONES, teniendo en cuenta que la afiliada se trasladó de AFP, conforme quedó probado en el trámite.

(…)”

Para arribar a tal decisión, el funcionario judicial de instancia se refirió a la procedencia excepcional de la acción de tutela para la solución de conflictos relacionados con la seguridad social y a las reglas que se deben aplicar para determinar quiénes son los responsables del pago de incapacidades, dependiendo del número de días qu e el afiliado lleve incapacitado, concluyendo que la acción de tutela que se analiza es procedente, toda vez que se torna como el mecanismo idóneo para que la señora Margarita Olmos García

dependiendo del número de días qu e el afiliado lleve incapacitado, concluyendo que la acción de tutela que se analiza es procedente, toda vez que se torna como el mecanismo idóneo para que la señora Margarita Olmos García obtenga la protección requerida, en tanto que, la falta de ingresos económicos17001-33-33-003-2023-00413-02 Acción de Tutela Segunda Instancia

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6 mientras persistan circunstancias de enfermedad que restringen su actividad laboral, trasgrede su derecho al mínimo vital y a la seguridad social.

Refirió que, al haberse superado el día 180 de incapacidades, corresponde a la AFP a la cual se encuentra afiliada la accionante, proceder a reconocer los auxilios de incapacidades reclamadas; advirtiendo, adicionalmente, que en la contestación otorgada la AFP PROTECCIÓN S.A., no aportó prueba alguna que permitiera corroborar el pago del auxilio y que permita controvertir los hechos expuestos por su afiliada: por el contrario, quedó demostrado que la accionante debió recurrir a la acción de tutela como mecanismo para procurar el actuar de la AFP, teniendo en cuenta que la entidad pretende desprenderse de sus obligaciones bajo el argumento de no haberse radicado por la señora Margarita Olmos, la solicitud de pago.

Agregó que la omisión o tardanza en el reconocimiento de los subsidios por incapacidad médica certificada, hace presumir la vulneración del mínimo vital del trabajador y de su familia y, ante tal evento, se invierte la carga de la prueba, correspondiendo en este caso a la AFP PROTECCION S.A. desvirtuar el quebrantamiento del derecho fundamental alegado.

del trabajador y de su familia y, ante tal evento, se invierte la carga de la prueba, correspondiendo en este caso a la AFP PROTECCION S.A. desvirtuar el quebrantamiento del derecho fundamental alegado.

Por último, precisó que, conforme a la normativa legal y a la jurisprudencia constitucional, la AFP PROTECCIÓN S.A. queda obligada a reconocer y pagar todas las incapacidades que se generen hasta el día 360, contados con posteridad a los 180 iniciales ya pagados por la NUEVA EPS ; a su vez, la promotora de salud deberá reasumir su obligación de pago si llegare a expedirse por los médicos tratantes de la señora Margarita Olmos García incapacidades que excedan los 540 días, en todo caso, se facultó a la NUEVA EPS para que recobre ante la ADRES, ent idad administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, según lo prescrito en el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, las sumas por incapacidades médicas que superen los 540 días de incapacidad laboral, valores a cuyo cubrimien to no está legalmente obligada la EPS.

Adicionalmente, desvinculó del trámite a COLPENSIONES, teniendo en cuenta que la afiliada se trasladó a la AFP PROTECCIÓN, conforme fue probado.17001-33-33-003-2023-00413-02 Acción de Tutela Segunda Instancia

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VI. Impugnación.

Con escrito visible en el PDF N°015 del expediente digitalizado, PROTECCIÓN S.A. solicitó revocar la sentencia proferida por el Juzgado 3º Administrativo de Manizales, toda vez que la parte accionante no ha radicado formalmente

Con escrito visible en el PDF N°015 del expediente digitalizado, PROTECCIÓN S.A. solicitó revocar la sentencia proferida por el Juzgado 3º Administrativo de Manizales, toda vez que la parte accionante no ha radicado formalmente la solicitud de reconocimiento de la incapacidad temporal ant e esa administradora de pensiones.

Señaló que, en relación con los hechos narrados por la parte tutelante, esa entidad desconoce con detalle los mismos, ya que revisados los aplicativos tecnológicos no se evidencia solicitud formal de prestación económica a cargo de la parte actora, en donde requ iera puntualmente: i) Calificación de la pérdida de la capacidad laboral; ii) Reconocimiento y pago del subsidio por incapacidad médica de origen común; y mucho menos, iii) Reconocimiento de la pensión de invalidez.

Seguidamente, reiteró que el artículo 7º del Decreto 510 de 2003 señala que la obligación de reconocimiento de las prestaciones económicas por parte de los fondos procederá siempre y cuando el afiliado radique la respectiva solicitud de reconocimiento, en este caso, el pago de subsidio de incapacidad médica, junto con la documentación requerida para acreditar el derecho, lo cual no ha ocurrido en el caso de referencia.

CONSIDERACIONES

DE LA

SALA DE DECISIÓN

El fundamento constitucional de la acción de tutela contenido en el artículo 86 de l a Carta Política, tiene por objeto proteger los derechos constitucionales fundamentales que se encuentren amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades y de los particulares en los casos señalados en la ley.17001-33-33-003-2023-00413-02 Acción de Tutela Segunda Instancia

por la acción u omisión de las autoridades y de los particulares en los casos señalados en la ley.17001-33-33-003-2023-00413-02 Acción de Tutela Segunda Instancia

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8 Está instituida como mecanismo especial y supletorio para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas y procede cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial, o el mismo no sea eficaz, con excepción de cuando se utiliza como mecanismo transi torio para evitar un perjuicio irremediable.

PROBLEMAS JURÍDICOS

Con base en lo planteado y decidido en la sentencia, y a los argumentos esbozados en el escrito de impugnación, los problemas jurídicos a dilucidar en el caso concreto se circunscriben a responder:

 ¿Procede la acción de tutela para el reconocimiento de incapacidades laborales?

En caso afirmativo,

 ¿Corresponde a la AFP PROTECCIÓN S.A. realizar el pago de las incapacidades médicas reclamadas por la señora MARGARITA OLMOS GARCÍA, a pesar de no habérsele formulado petición formal en tal sentido?

LO PROBADO EN LA ACTUACIÓN

 Obra en el expediente copia de la historia clínica de la accionante, de la cual se extrae que la misma ha sido diagnosticad a con

“FIBROMALGIA, TRASTORNOS DEL INICIO Y DEL MANTENIMIENTO DE

SUEÑO (INSOMNIOS), OTROS TASTORNOS DEL HUMOR (AFECTIVOS)

RECURRENTES E HIPOTIROIDISMO”.

 También reposan en el cartulario los certificados de incapacidades,

SUEÑO (INSOMNIOS), OTROS TASTORNOS DEL HUMOR (AFECTIVOS)

RECURRENTES E HIPOTIROIDISMO”.

 También reposan en el cartulario los certificados de incapacidades, emitidos por la NUEVA EPS, de donde se advierte que la actora estuvo incapacitada desde el 07 de julio de 2022 hasta el 19 de diciembre de 2023.17001-33-33-003-2023-00413-02 Acción de Tutela Segunda Instancia

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9  Así mismo, se halla en el expediente certificado emitido por la NUEVA EPS, e n el que se observa que esta entidad hizo el pago de las incapacidades hasta el 23 de enero de 2023, mo mento en el que cumplió 180 días de incapacidad.

 El 30 de noviembre de 2022 la NUEVA EPS emitió Concepto Favorable de Rehabilitación, el cual fue notificado a la Administradora de Fondo de Pensiones PROTECCIÓN S.A. con fecha 7 de diciembre de 2022.

 El Fondo de pensiones al cual se encuentra afiliada la demandante es

AFP PROTECCIÓN S.A., no COLPENSIONES.

(I)

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EL

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE INCAPACIDADES LABORALES

La acción tutela se encuentra concebida como instrumento subsidiario para conjurar la violación o inminente amenaza de los derechos fundamentales, y su procedencia se circunscribe a la inexistencia de otra herramienta jurídica de tipo judicial con la cual dicho espectro de protección sea posible, mandato que del canon 86 Superior, encuentra desarrollo en el artículo 6° del Decreto

su procedencia se circunscribe a la inexistencia de otra herramienta jurídica de tipo judicial con la cual dicho espectro de protección sea posible, mandato que del canon 86 Superior, encuentra desarrollo en el artículo 6° del Decreto 2591/911.

En desarrollo de lo anterior, la Honorable Corte Constitucional ha señalado lo siguiente2:

“(…) (i) si hubiere otras instancias judiciales que resultaren eficaces para alcanzar la protección que se reclama, el interesado debe acudir a ellas, antes de pretender el amparo por vía de tutela; y (ii) la subsidiaridad implica agotar previamente los medios de defensa legalmente disponibles al efecto, pues la acción

1“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (...)”. 2 Sentencia SU-439 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos17001-33-33-003-2023-00413-02

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10 tutelar no puede desplazar los mecanismos judiciales específicos previstos en la correspondiente regulación común”.

Es menester anotar que, al tenor del mencionado Decreto, también es posible que a pesar de que el demandante tenga a su alcance otros med ios para la defensa de los derechos que alega vulnerados, proceda excepcionalmente la

común”.

Es menester anotar que, al tenor del mencionado Decreto, también es posible que a pesar de que el demandante tenga a su alcance otros med ios para la defensa de los derechos que alega vulnerados, proceda excepcionalmente la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar la concurrencia de un perjuicio irremediable. Al respecto el mismo Alto Tribunal ha sostenido3:

“(…) este debe re unir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.” El género próximo es el perjuicio; por tal, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, ha de entenderse el "efecto de perjudicar o perjudicarse", y pe rjudicar significa -según el mismo Diccionario- "ocasionar daño o menoscabo material o moral". Por tanto, hay perjuicio cuando se presenta un daño o menoscabo material o

significa -según el mismo Diccionario- "ocasionar daño o menoscabo material o moral". Por tanto, hay perjuicio cuando se presenta un daño o menoscabo material o

3 Ob cit.17001-33-33-003-2023-00413-02 Acción de Tutela Segunda Instancia

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11 moral injustificado, es decir, no como consecuencia de una acción legítima.” /Negrilla del texto original/.

En relación a la procedencia de la acción de constitucional de tutela para el pago de incapacidades la jurisprudencia constitucional ha sido pacífica al señalar que la misma resulta procedente y justificada cuando la falta de pago de acreencias de esa índole va en detrimento de derechos fundamentales como el mínimo vital y a la vida digna, entendiéndose que estas constituyen la única fuente de ingresos del afectado y su núcleo familiar4:

“...

Frente al caso específico de las tutelas impetradas para obtener el pago de incapacidades laborales, debe considerarse un aspecto adicional, relacionado con la importancia que estas representan para quienes se ven obligados a suspender sus actividades laborales por razones de salud y no cuentan con ingresos distintos del salario para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia.

Cuando eso ocurre, la falta de pago de la incapacidad médica no representa solamente el desconocimiento de un derecho laboral, pues, además, puede conducir a que se trasgredan derechos fundamentales, como el derecho a la salud y al mínimo vital del peticionario. En ese contexto, es viable acudir a la acción de tutela, para remediar de la forma más expedita posible la situación de desamparo a la que se ve enfre ntada una persona

a la salud y al mínimo vital del peticionario. En ese contexto, es viable acudir a la acción de tutela, para remediar de la forma más expedita posible la situación de desamparo a la que se ve enfre ntada una persona cuando se le priva injustificadamente de los recursos que requiere para subsistir dignamente.

(…)

4 Sentencia T-020 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.17001-33-33-003-2023-00413-02 Acción de Tutela Segunda Instancia

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12 Sobre la procedencia del mecanismo de tutela para obtener el pago de incapacidades laborales, en la sentencia T-643 de 2014 se argumentó que:

“Si bien por regla general las reclamaciones de acreencias laborales deben ser ventiladas ante la jurisdicción ordinaria, ha sostenido esta Corporación que la acción de tutela, de manera excepcional, resultará procedente para reconocer el pago de incapacidades médicas. Esto, en el entendiendo que al no contar el trabajador con otra fuente de ingresos para garantizar su sostenimiento y el de las personas que dependan de él, la negativa de una E.P.S de cancelar las mencionadas incapacidades puede red undar en una vulneración a los derechos al mínimo vital, seguridad social y vida digna , caso en el cual es imperativa la intervención del juez constitucional”.

Recientemente en la Sentencia T -200 de 2017 se consideró: “En consecuencia, el pago de incapacidades tiene una estrecha relación con la garantía del derecho al mínimo vital, a la salud y a la vida digna, en los periodos en los cuales la persona no se encuentra en condiciones adecuadas para realizar labores que le

consideró: “En consecuencia, el pago de incapacidades tiene una estrecha relación con la garantía del derecho al mínimo vital, a la salud y a la vida digna, en los periodos en los cuales la persona no se encuentra en condiciones adecuadas para realizar labores que le permitan obtener un salario. Con estas reglas, la Corte reconoce implícitamente que, sin dicha prestación, es difícilmente presumible que se estén garantizando los derechos mencionados”.

Ha sido criterio pacífico de esta Corporación la procedencia de la acción de tutela para obtener el pago de incapacidades laborales, cuando, tal como se expuso, se vean comprometidas las garantías fundamentales del afectado”. /Resaltado de la sala/.17001-33-33-003-2023-00413-02 Acción de Tutela Segunda Instancia

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13 (II)

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE INCAPACIDADES LABORALES

El artículo 206 de la Ley 100 de 1993 establece que a los afiliados al régimen contributivo se les reconocerán las incapacidades generadas por enfermedad general. Por ende, las entidades del Sistema de Salud son las encargadas del pago de las incapacidades originadas en enfermedad general hasta por los primeros 180 días; al paso que el Decreto 2463/015 en el artículo 23 dispuso que la AFP previo concepto favorable de recuperación, podrá postergar la calificación de la pérdida de la capacidad laboral hasta p or 360 días posteriores a los 180 que debía cubrir la EPS.

En igual sentido, el canon 142 del Decreto 019 de 20126 establece que en caso de que la incapacidad se conserve es posible prorrogar el trámite de

posteriores a los 180 que debía cubrir la EPS.

En igual sentido, el canon 142 del Decreto 019 de 20126 establece que en caso de que la incapacidad se conserve es posible prorrogar el trámite de calificación de la pérdida de capacidad laboral hasta por 360 días adicionales a los primeros 180 de incapacidad temporal, siempre que exista un concepto de rehabilitación favorable, y se reconozca en favor del empleado un auxilio equivalente a la incapacidad de la que era beneficiario. En este contexto, la

H. Corte Constitucional 7 ha indicado que el pago de las incapacidades laborales superiores a los 180 días, debe n ser sufragadas por la administradora de fondos de pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador, esto es, únicamente para aquellas que se causen a partir del día 181 y hasta que se produzca el dictamen de invalidez , y hasta por 360 días adicionales.

Aunado a lo anterior, es el artículo 2.2.3.2.3. del Decreto 1333 de 2018 8 estipuló respecto a la prórroga de las incapacidades:

“Artículo 2.2.3.2.3. Prórroga de la incapacidad. Existe prórroga de la incapacidad derivada de enfermedad general de ori gen común, cuando se expide una

5 "Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez". 6 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 7 Sentencia T-920 de 2009.

calificación de invalidez". 6 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 7 Sentencia T-920 de 2009. 8 Por el cual se sustituye el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, se reglamenta las incapacidades superiores a 540 días y se dictan otras disposiciones.17001-33-33-003-2023-00413-02 Acción de Tutela Segunda Instancia

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14 incapacidad con posterioridad a la inicial, por la misma enfermedad o lesión o por otra que tenga relación directa con esta , así se trate de diferente código CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades), siempre y cuando entre una y otra, no haya interrupción mayor a 30 días calendario .” /Líneas y resaltado fuera del texto original/.

Ha de añadirse, que este mismo Decreto realizó una importante claridad sobre la competencia de las EPS frente al reconocimiento y pago de incapacidades causadas con posterioridad al día 540 de incapacidad continua, condicionando tal responsabilidad a los siguientes eventos:

“ARTÍCULO 2.2.3.3.1. Reconocimiento y pago de incapacidades superiores a 540 días. Las EPS y demás EOC reconocerán y pagarán a los cotizantes las incapacidades derivadas de enfermedad general de origen común superiores a 540 días en los siguientes casos:

1. Cuando exista concepto favorable de rehabilitación expedido por el médico tratante, en virtud del cual se requier a continuar en tratamiento médico.

2. Cuando el paciente no haya tenido

casos:

1. Cuando exista concepto favorable de rehabilitación expedido por el médico tratante, en virtud del cual se requier a continuar en tratamiento médico.

2. Cuando el paciente no haya tenido recuperación durante el curso de la enfermedad o lesión que originó la incapacidad por enfermedad general de origen común, habiéndose seguido con los protocolos y guías de atención y las recomendaciones del médico tratante.

3. Cuando por enfermedades concomitantes se hayan presentado nuevas situaciones que prolonguen el tiempo de recuperación del paciente.

De presentar el afiliado cualquiera de las situaciones antes previstas, la EPS deberá reiniciar el pago de la prestación económica a partir del día quinientos cuarenta y uno (541)”.17001-33-33-003-2023-00413-02 Acción de Tutela Segunda Instancia

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15

En conclusión, una vez expedido el certificado de incapacidad laboral sus pagos y los de las respectivas prórrogas deben ser asumidos por distintos a