TA CAL - 17001-33-33-003-2024-00293-01-(12-12-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

Sala Segunda de Decisión

Magistrado Ponente: Fernando Alberto Álvarez

Beltrán

Manizales, doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 17-001-33-33-003-2024-00293-01 Demandante Claudia Leonor González López Demandado Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y Municipio de Manizales Sentencia No. 221

La Sala Segunda de Decisión desata el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2025 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, mediante la cual se negaron las pretensiones incoadas.

I. Antecedentes.

1. Declaraciones y condenas

1.1. La señora Claudia Leonor González López , docente vinculad a al régimen especial del Decreto Ley 1278 de 2002, grado 2AE, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del municipio de Manizales, con el fin de obtener el reconocimiento de las diferencias salariales que se genera ron en el año 2011, como consecuencia de los incrementos diferenciados aplicados a los grados 3AM y 2A E, que han afectado de manera estructural su remuneración mensual.

obtener el reconocimiento de las diferencias salariales que se genera ron en el año 2011, como consecuencia de los incrementos diferenciados aplicados a los grados 3AM y 2A E, que han afectado de manera estructural su remuneración mensual.

1.2. Solicita la inaplicación por ilegal del Decreto Nacional 284 de 2024 y de los anteriores que lo preceden (Decretos 887 de 2023, 449 de 2022, 965 de 2021 y 319 de 2020), por haber perpetuado la desigualdad salarial entre los escalafones mencionados.

1.3. Solicita la nulidad del acto administrativo No. 2024-EE-110878 del 12 de abril de 2024, expedido por el Jefe (E) de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del Ministerio de Educación Nacional, mediante el cual se negó la reclamación administrativa presentada.

1.4. Igualmente, solicita la nulidad total del acto administrativo ficto o presunto negativo configurado el 21 de junio de 2024 frente a la petición elevada el día 21 de marzo de 2024.2

1.5. Como consecuencia de lo anterior, solicita el respectivo restablecimiento del derecho reconociendo los mayores valores por concepto de diferencias salariales y prestacionales, la indexación y los intereses moratorios de los artículos 192 y 195 del CPACA y la respectiva condena en costas a las entidades demandadas.

2. Hechos.

Mediante los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008, el Gobierno Nacional estableció un incremento salarial 1313 de 2005, Decreto Nacional 596 de 2006 y

2. Hechos.

Mediante los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008, el Gobierno Nacional estableció un incremento salarial 1313 de 2005, Decreto Nacional 596 de 2006 y Decreto Nacional 634 de 2007 se determinaron iguales incrementos salariales a todos los docentes oficiales que pertenecen al nuevo escalafón docente (Decreto – Ley 1278 de 2002) para los años 2005, 2006 y 2007 respectivamente.

Refiere que para el año 2011, en contravía de lo estipulado en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política y de los artículos 3, 4 y 6 de la Ley 4ª. de 1992 y de los artículos 46 y 49 del propio Decreto Ley 1278 de 2002, se determinaron incrementos salariales de manera indiscriminada como docente oficial perteneciente a la categoría escalafón 2AE, con ocasión que fue realizado un incremento del 5.7%, por medio del Decreto Nacional 1027 de 2011, proferidos por el MEN, mientras que el incremento efectua ndo a la categoría del escalafón 3AM, fue del 11.3% en su salario.

Indica que esta variación de la base salarial de la anualidad 2011, tiene efectos en los salarios futuros, pues cada año el incremento se aplica sobre la base del anterior, habiéndose decretado un salario inferior a la categoría a la que pertenece la parte demandante, sin justificación legal.

Manifiesta que todos los años subsiguientes ( 2010, 2012-2024 –últimos 14 años) los incrementos salariales sí se decretaron en igualdad de condiciones para todos los

demandante, sin justificación legal.

Manifiesta que todos los años subsiguientes ( 2010, 2012-2024 –últimos 14 años) los incrementos salariales sí se decretaron en igualdad de condiciones para todos los docentes de las categorías 2A E y 3AM, como debió efectuarse en el año 2011, y que fue irregularmente realizado.

Señaló que atendiendo la liquidación correspondiente los últimos, causados hasta la fecha, en el escalafón 2AE, categoría a la que pertenece la parte demandante, arroja la suma de $7.122.509.

Se elevó reclamación administrativa ante el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Manizales, solicitando los reconocimientos señalados como pretensiones en el libelo introductor; la cual fue negada a través de los actos administrativos cuya nulidad demanda.

3. Fundamento Jurídico.

El concepto de violación se estructura en torno a la vulneración de los principios constitucionales de igualdad, legalidad, progresividad y favorabilidad laboral.

En primer lugar, se invoca el artículo 53 de la Constitución Política, que consagra el derecho a una remuneración mínima, vital y móvil, y prohíbe el menoscabo de la dignidad humana del trabajador. Se argumenta que los decretos de incremento salarial violan dicho principio al establecer aumentos diferenciados sin justificación objetiva, afectando la equidad entre docentes del mismo régimen.

En segundo lugar, se denuncia la vulneración del artículo 13 constitucional, al establecer un trato desigual entre docentes del escalafón 2AE y 3AM, sin razones constitucionales válidas.3

En segundo lugar, se denuncia la vulneración del artículo 13 constitucional, al establecer un trato desigual entre docentes del escalafón 2AE y 3AM, sin razones constitucionales válidas.3

En tercer lugar, se invoca la Ley 4 de 1992, particularmente sus artículos 1, 3, 4 y 6, que establecen los criterios para la fijación del régimen salarial, tales como la equidad, eficiencia y justicia remunerativa, los cuales fueron desconocidos por los ac tos administrativos demandados. Igualmente, se señala que el Decreto Ley 1278 de 2002 fue desnaturalizado en su propósito de reconocer la formación y experiencia del docente, al no garantizar una remuneración proporcional al grado alcanzado.

Se invoca además el Convenio 95 de la OIT, como norma del bloque de constitucionalidad, por cuanto se desconoció el carácter fundamental del salario como derecho humano.

Finalmente, se solicita la inaplicación del Decreto 284 de 2024 por vía de excepción de inconstitucionalidad, conforme al artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, al contradecir normas superiores. Se plantea como cargo de nulidad la expedición de actos administrativos sin observar los principios de legalidad, igualdad y favorabilidad, generando una afectación estructural a la base salarial del docente desde 20 11, que persiste hasta la fecha.

4. Contestación de la demanda

4.1. Nación – Ministerio de Educación1

Se opuso a las pretensiones incoadas en la demanda, por carecer de sustento legal que las respalde, toda vez que, los porcentajes de ajuste en los distintos grados del

4.1. Nación – Ministerio de Educación1

Se opuso a las pretensiones incoadas en la demanda, por carecer de sustento legal que las respalde, toda vez que, los porcentajes de ajuste en los distintos grados del escalafón tuvo como fundamento el grado de formación, valorando el avance profesional de los docentes, con incrementos destacados especialmente para aquellos con maestría y doctorado, es decir, los aume ntos tuvieron en cuenta una variable que tiene que ver con la formación y no un aumento caprichoso que desconociera derechos de orden laboral de los docentes entre uno y otro grado y que en el año 2008 y 2009, tuvieron en cuenta los factores formación y experiencia para aumentar incluso la asignación básica mensual de los docentes, lo que a la postre serviría como parámetro para los aumentos salariales, que valga decirlo, han ido aumentando en la misma proporción en que se aumentó su remuneración.

Además, refiere que de acuerdo a los medios de prueba aportados al proceso y los argumentos de defensa empleados para cuestionar los actos demandados, tampoco se advierte un ejercicio serio de legalidad o de igualdad que permita concluir que hay una diferencia injusta, contraria a la constitución o a la ley, el planteamiento esbozado por el actor parte de hacer operaciones aritméticas simples que dan como resultado en cada caso un porcentaje que no puede catalogarse como injusto por el solo hecho del resultado.

4.2. Municipio de Manizales2

El ente territorial niega responsabilidad en los hechos alegados por la demandante, argumentando que no tiene competencia legal para fijar, modificar o reconocer incrementos salariales a los docentes, ya que esta función corresponde exclusivamente

El ente territorial niega responsabilidad en los hechos alegados por la demandante, argumentando que no tiene competencia legal para fijar, modificar o reconocer incrementos salariales a los docentes, ya que esta función corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y el Presidente de la República.

Señala que no existe acto administrativo ficto, ya que la petición del demandante fue respondida oportunamente mediante el oficio SEM UAF 871 del 25 de abril de 2024, en el que se le informó que su solicitud no podía ser atendida por el municipio y que era competencia del Gobierno Nacional. Por tanto, no se configura el silencio administrativo

1 Visible documento 010 – SAMAI. 2 Ver documento 012 del cuaderno de primera instancia – SAMAI.4

que daría lugar a un acto ficto.

Argumenta que los salarios de la demandante fueron pagados conforme a la normativa nacional y que cualquier diferencia salarial reclamada no puede ser exigida al municipio, ya que los recursos provienen del Sistema General de Participaciones (SGP) y están sujetos a las tablas salariales fijadas por decretos presidenciales.

Finalmente, se solicita al juez negar las pretensiones de la demanda.

5. Sentencia de primera instancia3

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, mediante sentencia del 29 de septiembre de 2025, resolvió la litis en los siguientes términos:

“[…]

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de “Presunción de legalidad de los actos administrativos”, propuesta por la Nación-Ministerio de Educación.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la parte demandante.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

actos administrativos”, propuesta por la Nación-Ministerio de Educación.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la parte demandante.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

[…]”

Como sustento de la anterior decisión, el a quo consideró que, no se configuró la vulneración alegada al principio de igualdad , ya que los grados 2AE y 3 AM corresponden a categorías no equiparables dentro del escalafón docente. Señaló que el juicio de igualdad exige comparar situaciones equivalentes, lo cual no se cumple en este caso, dado que los docentes se encuentran en niveles distintos, con requisitos de ingreso y permanencia diferentes. Además, se indicó que el principio “ a trabajo igual, salario igual ” no aplica cuando existen razones objetivas que justifican el trato diferenciado, como la formación académica y la experiencia profesional.

6. Recurso de apelación4

La parte actora presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia solicitando su revocatoria total y que se acceda a las pretensiones de la demanda. El recurso se fundamenta en varios cargos de inconformidad:

El primer cargo se refiere a la omisión del análisis integral del objeto del debate, ya que el juez se limitó a considerar que no se vulneró el principio de igualdad por existir diferencias objetivas en el escalafón docente, sin abordar el argumento centra l de la demanda: la falta de justificación técnica y jurídica para los incrementos salariales porcentuales diferenciados aplicados en los años 2008, 2009 y 2011, mientras que en los años 2005 a 2007 y 2012 en adelante se aplicaron aumentos homogéneos.

porcentuales diferenciados aplicados en los años 2008, 2009 y 2011, mientras que en los años 2005 a 2007 y 2012 en adelante se aplicaron aumentos homogéneos.

El segundo cargo señala que la sentencia apelada no valoró la ausencia de motivación en los decretos que establecieron los incrementos diferenciados, ni exigió a la Administración la exposición de estudios técnicos o fundamentos objetivos que justificaran la medida. Se reprocha que el Ministerio de Educación Nacional se limitó a invocar la legalidad de los actos sin aportar elementos de juicio que desvirtuaran las falencias anotadas en la demanda.

El tercer cargo plantea que la desigualdad en los incrementos porcentuales ha generado una base salarial desfasada, que se ha replicado año tras año, perpetuando

3 Reposa en el documento 038 de SAMAI. 4 Se observa en el documento 040 del aplicativo web SAMAI.5

una situación de inequidad que vulnera los principios constitucionales de igualdad, favorabilidad y no discriminación. Se argumenta que esta falla estructural afecta directamente los derechos laborales de los docentes oficiales.

El cuarto cargo se refiere a la inaplicación por ilegalidad del Decreto Nacional 284 de 2024, vigente para la remuneración de los docentes, por estar afectado por una irregularidad originada en los años 2008, 2009 y 2011. Se solicita la nulidad de los actos administrativos derivados de dicho decreto, por carecer de motivación suficiente y por haber consolidado una política salarial inequitativa.

El quinto cargo destaca que la defensa de las entidades demandadas fue insuficiente, ya que no explicaron por qué se aplicaron incrementos diferenciados en ciertos años y

y por haber consolidado una política salarial inequitativa.

El quinto cargo destaca que la defensa de las entidades demandadas fue insuficiente, ya que no explicaron por qué se aplicaron incrementos diferenciados en ciertos años y homogéneos en otros, ni justificaron la medida con estudios técnicos o análisis previos. Se señala que esta omisión impide verificar si la actuación administrativa se ajustó al ordenamiento jurídico.

Finalmente, se insiste en que la controversia no gira en torno a la existencia de salarios diferenciados por escalafón, lo cual se reconoce como legítimo, sino en la inequidad en los porcentajes de incremento aplicados sobre una base ya diferenciada, sin justificación objetiva, lo que constituye una vulneración al principio de igualdad en condiciones equivalentes.

6.1. Alegatos de segunda instancia.

Conforme con constancia secretarial visible en el documento 5 del cuaderno de segunda instancia de SAMAI, ni las partes ni el Agente del Ministerio Público presentaron escrito.

II. Consideraciones.

1. Cuestión previa

Se advierte que en asuntos similares esta Corporación se ha pronunciado en este sentido5.

2. Problema jurídico.

Con fundamento en los argumentos expuestos por la parte recurrente, corresponde a la Sala determinar si los incrementos salariales diferenciados decretados por el Gobierno Nacional en determinados años para grados específicos del escalafón docente del régimen especial previsto en el Decreto Ley 1278 de 2002 vulneran el principio constitucional de igualdad y exceden los límites legales de la discrecionalidad administrativa, cuando se aplican porcentajes superiores a ciertos grados frente a otros

régimen especial previsto en el Decreto Ley 1278 de 2002 vulneran el principio constitucional de igualdad y exceden los límites legales de la discrecionalidad administrativa, cuando se aplican porcentajes superiores a ciertos grados frente a otros sin justificación técnica ni normativa, y dicha diferencia persiste en el tiempo afectando la base salarial del docente, al punto de configurar una presunta desigualdad estructural que no ha sido corregida por los actos administrativos posteriores.

3. Desarrollo del problema jurídico

Para dilucidar el problema jurídico planteado, se procederá a realizar análisis sobre i) Hechos probados, ii) Régimen salarial docente y competencia para fijar los incrementos porcentuales anuales, ii) Jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado sobre la discrecionalidad administrativa y los mínimos constitucionales en materia salarial, iii) Principio de igualdad, y finalmente iv) Análisis del caso concreto y estudio de los cargos formulados en el recurso de apelación.

5 Providencias proferidas el 7 y el 14 de noviembre de 2025, dentro de los procesos con números de radicado 17001-33-39-006-2024-00213-01 y 17-001-33-39-006-2024-00253-01, entre otros.6

4. Pruebas recaudadas dentro del proceso.

Prueba documental relevante:

• Constancia de la petición presentada ante el Ministerio de Educación en el agotamiento de la actuación administrativa por la demandante.

• Constancia de la petición presentada por la actora ante la entidad territorial

• Acto Administrativo No. 2024-EE-110878 del 12 de abril de 2024, proferido por el

agotamiento de la actuación administrativa por la demandante.

• Constancia de la petición presentada por la actora ante la entidad territorial

• Acto Administrativo No. 2024-EE-110878 del 12 de abril de 2024, proferido por el Jefe (e) oficina asesora de planeación y finanzas de la Nación – Ministerio de

Educación Nacional.

• Resoluciones de nombramiento de la demandante.

• Relación de nóminas y/o certificados de salarios y tiempos de servicios de las anualidades sobre las que se reclama.

• De acuerdo con los decretos anuales salariales de los docentes y el IPC variación porcentual anual, los porcentajes de incrementos según los grados de escalafón

entre los años 2007 y 2011 fueron:

Escalafón Valor Final 2007 % Inc. Valor Final 2008 % Inc..1 IPC 2007 Valor Final 2009 % Inc..2 IPC 2008 Valor Final 2010 % Inc..3 IPC 2009 Valor Final 2011 % Inc.4 IPC 2010 Decretos D. 634/07 5,70%

D. 624/08,

714/08, 1407/08 Varios 5,69% D. 702/09, 1238/09 Varios 7,67% D. 1367/10, 2940/10 Varios 2% D.1027/11 Varios 3,17% 1A $705.482 5,70% $804.993 14,10% 5,69% $930.658 15,61% 7,67% $949.272 2,00 2% $1.003.368 5,70 3,17%

1A $705.482 5,70% $804.993 14,10% 5,69% $930.658 15,61% 7,67% $949.272 2,00 2% $1.003.368 5,70 3,17% 1B $959.987 5,70% $1.058.216 10,23% 5,69% $1.186.330 12,10% 7,67% $1.210.057 2,00 2% $1.279.014 5,70 3,17% 1C $1.448.752 5,70% $1.420.328 -1,96% 5,69% $1.529.268 7,67% 7,67% $1.559.854 2,00 2% $1.648.745 5,70 3,17% 1D $1.664.479 5,70% $1.760.746 5,78% 5,69% $1.895.796 7,67% 7,67% $1.933.712 2,00 2% $2.043.909 5,70 3,17% 2AS $887.822 5,70% $1.013.132 14,11% 5,69% $1.171.300 15,61% 7,67% $1.194.726 2,00 2% $1.262.811 5,70 3,17% 2AE - - $1.101.206 Nueva 5,69% $1.273.124 15,61% 7,67% $1.298.587 2,00 2% $1.372.590 5,70 3,17%

2AE - - $1.101.206 Nueva 5,69% $1.273.124 15,61% 7,67% $1.298.587 2,00 2% $1.372.590 5,70 3,17% 2BS $1.344.903 5,70% $1.421.428 5,69% 5,69% $1.530.452 7,67% 7,67% $1.561.062 2,00 2% $1.650.021 5,70 3,17% 2BE - - $1.510.735 Nueva 5,69% $1.626.609 7,67% 7,67% $1.659.142 2,00 2% $1.753.690 5,70 3,17% 2CS $1.736.021 5,70% $1.660.208 4,36% 5,69% $1.787.546 7,67% 7,67% $1.823.297 2,00 2% $1.927.202 5,70 3,17% 2CE - - $2.000.190 Nueva 5,69% $2.015.156 0,74% 7,67% $2.055.460 2,00 2% $2.172.594 5,70 3,17% 2DS $1.873.832 5,70% $1.983.948 5,87% 5,69% $2.136.117 18,40% 7,67% $2.178.840 2,00 2% $2.303.005 5,70 3,17% 2DE - - $2.367.092 Nueva 5,69% $2.384.804 0,70% 7,67% $2.432.501 2,00 2% $2.571.121 5,70 3,17%

2DE - - $2.367.092 Nueva 5,69% $2.384.804 0,70% 7,67% $2.432.501 2,00 2% $2.571.121 5,70 3,17% 3AM $1.339.703 5,70% $1.572.810 17,39% 5,69% $1.862.356 18,40% 7,67% $1.899.604 2,00 2% $2.113.533 11,26 3,17% 3AD $1.629.102 5,70% $2.008.182 23,26% 5,69% $2.470.559 23,02% 7,67% $2.519.971 2,00 2% $2.803.764 11,26 3,17% 3BM $1.676.706 5,70% $1.910.065 13,91% 5,69% $2.205.102 15,44% 7,67% $2.249.205 2,00 2% $2.502.504 11,26 3,17% 3BD $2.038.905 5,70% $2.424.227 18,89% 5,69% $2.900.130 19,63% 7,67% $2.958.133 2,00 2% $3.291.271 11,26 3,17% 3CM $1.908.531 5,70% $2.532.897 32,71% 5,69% $2.727.171 7,67% 7,67% $2.781.715 2,00 2% $3.094.984 11,26 3,17%

3CD $2.320.809 5,70% $3.401.247 46,55% 5,69% $3.662.123 7,67% 7,67% $3.735.366 2,00 2% $4.156.034 11,26 3,17% 3DM $2.025.531 5,70% $2.934.879 44,89% 5,69% $3.159.985 7,67% 7,67% $3.223.185 2,00 2% $3.586.171 11,26 3,17% 3DD $2.463.082 5,70% $3.904.519 58,52% 5,69% $4.203.996 7,67% 7,67% $4.288.076 2,00 2% $4.770.990 11,26 3,17%

• Correo electrónico del 5 de abril de 2024 por el cual la Secretaría de Educación del municipio de Manizales remitió por competencia la solicitud de ajuste salarial

al Ministerio de Educación Nacional.

5. Marco normativo y jurisprudencial.7

5.1. Régimen salarial docente y competencia para fijar los incrementos porcentuales anuales

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 150, numeral 19, dispone que corresponde al Congreso de la República la expedición de leyes, dentro de las cuales se incluye la facultad de dictar normas generales y definir los objetivos y criterios a l os que debe sujetarse el Gobierno Nacional para efectos como la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, los miembros del Congreso y la Fuerza Pública, en consonancia con el artículo 189 numeral 14.

que debe sujetarse el Gobierno Nacional para efectos como la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, los miembros del Congreso y la Fuerza Pública, en consonancia con el artículo 189 numeral 14.

De esta manera, la competencia para definir el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluidos los docentes oficiales es compartida entre el Congreso, que dicta los lineamientos generales, y el Ejecutivo, que fija los detalles dentro d e ese marco.

En desarrollo de este esquema, se expidió la Ley 4ª de 1992, la cual establece las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, miembros del Congreso y Fuerza Pública, así como las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales, tanto del nivel nacional como del territorial conforme los artículos 1 y 12.

Ahora, tratándose del régimen salarial docente, la Ley 91 de 1989, “ por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, previó:

“Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1º Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990, para

régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

[…]”.

De acuerdo con lo anterior, los docentes nacionalizados 6 vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 conservaron el régimen prestacional en cada entidad territorial conforme a las normas vigentes, mientras que los nacionales 7 y nacionalizados vinculados desde el 1º de enero de 1990 se rigen por la normatividad aplicable a los empleados públicos del orden nacional.

Más adelante, la Ley 60 de 1993 reguló la descentralización del sector educativo y el traslado de personal y establecimientos educativos a departamentos, municipios y distritos; esta fue derogada por la Ley 715 de 2001, que organizó competencias y recursos en educación y salud, estableciendo el marco para la incorporación de plantas de personal a los entes territoriales.

La Ley 715 de 2001, en su artículo 111, otorgó facultades extraordinarias al Presidente para expedir un nuevo régimen de carrera docente y administrativa, reemplazando el

6 “Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975”.

6 “Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975”. 7 “Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional”.8

anterior Decreto 2277 de 1979.

En virtud de estas facultades, se expidió el Decreto Ley 1278 de 2002, “ por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente ”, cuyo objetivo es regular las relaciones del Estado con los educadores, garantizando que la docencia sea ejercida por profesionales idóneos, reconocidos por su formación, experiencia y competencias. El Estatuto establece un sistema nacional de clasificac ión docente que permite el ingreso, permanencia, ascenso y retiro en la carrera, promoviendo la calidad educativa y el desarrollo profesional.

En materia salarial y prestacional, el Decreto Ley en mención dispone:

“Artículo 46. Salarios y prestaciones. El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados en provisionalidad o en periodo de prueba ; lo mismo que las remuneraciones adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educa tivos y el tamaño de la institución educativa que dirijan.

El salario de ingreso a la carrera docente debe ser superior al que devengan actualmente los educadores regidos por el Decreto-ley 2277 de 1979”.

educativa que dirijan.

El salario de ingreso a la carrera docente debe ser superior al que devengan actualmente los educadores regidos por el Decreto-ley 2277 de 1979”.

En cumplimiento de lo anterior, el Gobierno Nacional expide anualmente los decretos que fijan la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes, aplicables tanto a quienes se rigen por el Decreto 2277 de 1979 como por el Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto 915 de 2016. Por lo tanto, no es competencia de las entidades territoriales fijar los incrementos porcentuales anuales en el régimen salarial docente.

En tal sentido se tienen entre otros, los Decretos 595 y 596 de 2006, 633 y 634 de 2007, 624 y 626 de 2008, 700 y 702 de 2009, 1367 y 1369 de 2010, 1027 y 1055 de 2011, 826 y 827 de 2012, 1001 y 1002 de 2013, 171 y 172 de 2014, 1092 y 1116 de 2015, 120 y 122 de 2016, 980 y 982 de 2017, 316 y 317 de 2018, y 1016 y 1017 de 2019, que regularon de forma independiente cada grupo; y los Decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 887 de 2023 y 284 de 2024, que regularon la remuneración de manera conjunta para los beneficiarios de cada decreto.

Ahora, el Estatuto de Profesionalización Docente, contenido en el Decreto Ley 1278 de 2002, establece un sistema de clasificación nacional para los educadores según su

conjunta para los beneficiarios de cada decreto.

Ahora, el Estatuto de Profesionalización Docente, contenido en el Decreto Ley 1278 de 2002, establece un sistema de clasificación nacional para los educadores según su formación académica, experiencia y méritos, garantizando la permanencia en la carrera y el salario correspondiente. Es importante diferenciar el escalafón docente, entendido como el sistema de clasificación, de la carrera docente, definida como el régimen que regula el ejercicio de la profesión en el sector oficial, asegurando la igualdad de acceso y el mérito como fundamento para el ingreso, permanencia, promoción y ascenso.

El objetivo del Estatuto es asegurar que la docencia sea ejercida por profesionales competentes, orientados hacia una educación de calidad y el desarrollo profesional. En cuanto al escalafón docente, el artículo 19 del Decreto 1278 de 2002 lo define como el sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes estatales, basado en criterios de formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias, estructurado en grados y niveles que garantizan la permanencia en la carrera y permiten asignar el salario profesional correspondiente. La idoneidad integra conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, rendimiento y valores indispensables para la función docente.

El artículo 20 establece que el Escalafón Docente se compone de tres grados, definidos por la formación académica, y cada grado incluye cuatro niveles salariales (A -B-C-D).9

Tras superar el período de prueba, el docente se ubica en el Nivel A del grado correspondiente según su título, pudiendo ascender o reubicarse tras tres años de servicio y la obtención del puntaje requerido en la evaluación de competencias.

Tras superar el período de prueba, el docente se ubica en el Nivel A del grado correspondiente según su título, pudiendo ascender o reubicarse tras tres años de servicio y la obtención del puntaje requerido en la evaluación de competencias.

Por su parte, el artículo 21 señala los requisitos para la inscripción y ascenso en el

Escalafón Docente:

• Grado Uno: a) Ser normalista superior; b) haber sido nombrado mediante concurso; c) superar satisfactori