TA CAL - 17001-33-33-003-2025-00028-04-(25-04-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

SALA TERCERA DE DECISIÓN

MAGISTRADO SUSTANCIADOR: JORGE HUMBERTO CALLE LÓPEZ Manizales, veinticinco (25) de abril de dos mil veinticinco (2025) RADICADO 170013333-003-2025-00028-04

MEDIO DE CONTROL TUTELA

ACCIONANTE CARLOS ALFONSO MURILLO BENJUMEA

ACCIONADOS

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

ESP SALUD TOTAL

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

DE PEREIRA

ASUNTO SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

SENTENCIA 035

Se decide la impugnación impetrada por el accionante y los accionados contra el fallo que tutela del 21 de marzo de 2025 que accedió a las pretensiones y tuteló los derechos fundamentales del señor Carlos Alfonso Murillo Benjumea.

I. Antecedentes I.I Síntesis de la solicitud de tutela

1. Expuso el accionante que actualmente cuenta con 58 años de edad y se encuentra afiliado al servicio de salud en la EPS SALUD TOTAL en el régimen contributivo.

2. Refirió que el día 9 de diciembre de 2024 sufrió un accidente de tránsito y en razón del mismo estuvo hospitalizado por 14 días y tras ser valorado por diversas especialidades fue diagnosticado con las siguientes patologías: “Traumatismo en la cabeza, no especificado”, “Hemorragia intracerebral en hemisferio no especificado”, “Fractura de la epífisis superior de la tibia”, “Contusión de otras partes no

especialidades fue diagnosticado con las siguientes patologías: “Traumatismo en la cabeza, no especificado”, “Hemorragia intracerebral en hemisferio no especificado”, “Fractura de la epífisis superior de la tibia”, “Contusión de otras partes no especificadas de la pierna”, “Hemiplejía”, “Fractura de la clavícula”, “Desnutrición proteico calórica”.

3. A raíz de los diagnósticos enunciados su atención médica inicial fue cubierta por el SOAT a través de la Previsora S.A. Compañía de Seguros; no obstante, lo anterior, indicó que actualmente tiene pendientes varias órdenes médicas que requiere para su recuperación, que no han sido autorizadas por la aseguradora, lo cual le ha generado un deterioro físico y emocional.

4. Informó que el día 13 de enero de 2025 atendiendo a su estado de salud y la falta de atención médica, se vio obligado a acudir a consu lta particular con el médicoBernardo Uribe García, especialista en neurología, quien lo remitió a las especialidades de oftalmología y oculoplastia.

5. Finaliza indicando que el día 17 de enero de 2025 envió una solicitud a la accionada, solicitando que toda la atención médica en salud que requiere sea prestada en la ciudad de Manizales que es el lugar de su residencia

6. Solicita por lo tanto, la realización de todas las ordenes médicas pendientes, incluyendo tratamientos domiciliarios y especializados, a saber: Consulta de control por ortopedia y traumatología, Electromiografía en cada extremidad (uno o más músculos), Electromiografía con neuroconducción en miembro superior izquierdo,

incluyendo tratamientos domiciliarios y especializados, a saber: Consulta de control por ortopedia y traumatología, Electromiografía en cada extremidad (uno o más músculos), Electromiografía con neuroconducción en miembro superior izquierdo, Tomografía de cráneo simple, Terapia por fonoaudiología domiciliaria (tres veces por semana), Examen psicopedagógico, Consulta de control con la especialidad de neurocirugía, Atención domiciliaria por nutrición y dietética, Terapia física integral domiciliaria (tres sesiones semanales, 20 sesiones en total), Atención domici liaria por medicina general (semanal), Consulta de primera vez por la especialidad de psiquiatría.. I.II. Pronunciamiento de los sujetos procesales accionados

7. LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Manifestó que, una vez revisados los hechos y pretensiones de la tutela, evidenció que en los mismos no se hace alusión o referencia alguna a la “Previsora Compañía de Seguros”; por lo cual manifiesta que no le constan los hechos mencionados, ya que los mismos corresponden a situaciones que no son del conocimiento de la entidad.

8. Por otra parte indicó que la compañía no tiene ninguna relación directa ni indirecta con la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante, dado que no existe un nexo causal entre la situación planteada por el accionante y la actividad que desarrolla la entidad.

9. Con base en los argumentos expuestos solicita ser desvinculada del presente trámite, al considerar que la presunta vulneración de derechos alegada en la tutela es responsabilidad de la EPS, ya que el deber legal de prestar el servicio de atención

9. Con base en los argumentos expuestos solicita ser desvinculada del presente trámite, al considerar que la presunta vulneración de derechos alegada en la tutela es responsabilidad de la EPS, ya que el deber legal de prestar el servicio de atención médica al asegurado o beneficiario de la póliza hasta el límite de cobertura en un accidente de tránsito es la empresa promotora de salud a la cual se encuentra afiliado el afectado.

10. Adicionalmente indicó que la entidad no es prestadora de servicios de salud, dado que su objeto social y actividad económica se encuentra enfocada exclusivamente en la prestación de segu ridad y la gestión de riesgos asegurables; por lo cual, cualquier atención relacionada con la prestación de servicios médicos, corresponde de forma directa a las EPS o IPS, que son las entidades habilitadas para tal fin.

11. Asimismo, expresó que la compañía cuenta con canales habilitados para recibir la reclamación correspondiente a gastos médicos derivados de accidente detránsito; por lo cual, una vez agotado el límite de cobertura del SOAT para gastos médicos, es responsabilidad exclusiva de la EPS a l a que la víctima esté afiliada, asumir los gastos adicionales para garantizar su salud e integridad.

12. SALUD TOTAL EPS Manifestó que una vez verificada la documentación anexa al escrito de tutela, encontró que el accidente padecido por el accionante ocurrió el 9 de diciembre de 2024, y en razón de ello el paciente fue atendido en el Hospital Universitario San Jorge de la ciudad de Pereira, con la póliza de la PREVISORA S.A. como SOAT.

13. En tal sentido señaló que los servicios médico quirúrgicos derivad os de la

Universitario San Jorge de la ciudad de Pereira, con la póliza de la PREVISORA S.A. como SOAT.

13. En tal sentido señaló que los servicios médico quirúrgicos derivad os de la atención médica por accidente de tránsito son cubiertos por el SOAT, hasta llegar al tope estimado de 800 SMLDV, por lo cual en el momento no es posible la cobertura por parte de la EPS SALUD TOTAL, dado que informó que según certificado emitido p or la PREVISORA S.A. el 30 de enero de 2025, “NO SE HA AGOTADO el límite de cobertura para el amparo de Gastos Médicos – Quirúrgicos,

Farmacéuticos y Hospitalarios”.

14. Con base en lo anterior, indicó que una vez finalice el tope de la cobertura el accionante deberá remitir a SALUD TOTAL EPS el certificado de agotamiento del SOAT, para continuar con la atención médica. Conforme a lo enunciado solicita que se deniegue el amparo constitucional, al no evidenciarse la vulneración de derechos fundamentales y ante la falta de legitimación en la causa por pasiva por parte de

SALUD TOTAL EPS.

HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA Guardó silencio. I.III. Sentencia de primera instancia

15. El Juzgado accedió las pretensiones de la tutela y dispuso: “SEGUNDO: ORDENAR a la IPS HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo autorice, programe y realice de forma efectiva los siguientes servicios médicos a favor del

accionante CARLOS ALFONSO MURILLO BENJUMEA: “CONSULTA DE CONTROL CON

de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo autorice, programe y realice de forma efectiva los siguientes servicios médicos a favor del

accionante CARLOS ALFONSO MURILLO BENJUMEA: “CONSULTA DE CONTROL CON

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA”, “ELECTROMIOGRAFÍA EN CADA EXTREMIDAD

(UNO O MÁS MÚSCULOS), “ELECTROMIOGRAFIA CON NEUROCONDUCCIÓ N EN

MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO”, “TOMOGRAFÍA DE CRÁNEO SIMPLE”, “TERAPIA

POR FONOAUDIOLOGÍA DOMICILIARIA”, “EXAMEN PSICOPEDAGÓGICO”,

“CONSULTA DE CONTROL CON LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGÍA”, “ATENCIÓN

DOMICILIARIA POR NUTRICIÓN Y DIETÉTICA”, “TERAPIA FIS ICA INTEGRAL DOMICILIARIA (TRES SESIONES SEMANALES, 20 SESIONES EN TOTAL), “ATENCIÓN DOMICILIARIA POR MEDICINA GENERAL (SEMANAL) y “CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR LA ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRÍA”, sin perjuicio de los recobros que deba realizar ante la compañía aseguradora del SOAT LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, y en el evento de que se excedan los topes de cobertura a la EPS SALUD TOTAL, según sea el caso.

TERCERO: ORDENAR a la IPS HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA que en caso deno contar con los servicios médicos ordenados en el literal anterior, se encargue de tramitar la consulta con los galenos especialistas, así como las terapias enunciadas, en otro centro médico que las suministre, para lo cual se le concederá el término de

tramitar la consulta con los galenos especialistas, así como las terapias enunciadas, en otro centro médico que las suministre, para lo cual se le concederá el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente fallo para que proceda con su programación.

CUARTO: De requerir la accionante otro procedimiento o tratamiento con ocasión de las lesiones sufridas en el pluricitado accidente tránsito, se ORDENA a la IPS HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA suministrarlo directamente o a través de otro establecimiento; diagnóstico que fue individualizado como “TRAUMATISMO EN LA

CABEZA, NO ESPECIFICADO”, “HEMORRAGIA INTRACEREBRAL EN HEMISFERIO NO

ESPECIFICADO”, “FRACTURA DE LA EPÍFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA”, “CONTUSIÓN DE OTRAS PARTES NO ESPECIFICADAS DE LA PIERNA”, “HEMIPLEJÍA”, “FRACTURA DE LA CLAVÍCULA”, “DESNUTRICIÓN PROTEICO

CALÓRICA”.

QUINTO: ORDENAR a IPS HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA garantizar al señor CARLOS ALFONSO MURILLO BENJUMEA, el tratamiento integral para el manejo de sus patologías “TRAUMATISMO EN LA CABEZA, NO ESPECIFICADO”, “HEMORRAGIA INTRACEREBRAL EN HEMISFERIO NO ESPECIFICADO”, “FRACTURA DE LA EPÍFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA”, “CONTUSIÓN DE OTRAS PARTES NO ESPECIFICADAS DE LA PIERNA”, “HEMIPLEJÍA”, “FRACTURA DE LA CLAVÍCULA”, “DESNUTRICIÓN PROTEICO CALÓRICA”, conforme se indicó en la considerativa, hasta el agotamiento

LA PIERNA”, “HEMIPLEJÍA”, “FRACTURA DE LA CLAVÍCULA”, “DESNUTRICIÓN PROTEICO CALÓRICA”, conforme se indicó en la considerativa, hasta el agotamiento de la cobertura del seguro SOAT, y una vez finalizada ésta, la obligación del tratamiento integral estará a cargo de SALUD TOTAL EPS.

SEXTO: ORDENAR a la PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS, el cubrimiento de los viáticos de transporte a favor del accion ante, así como los gastos de hospedaje y alimentación, siempre y cuando las atenciones médicas que requiera el señor CARLOS ALFONSO MURILLO BENJUMEA le sean programadas en una ciudad diferente a la de su residencia. La financiación del alojamiento dependerá de que la atención médica exija más de un día de duración. Respecto de los gastos de alimentación se cubrirán aquellos que se requieran para la manutención en el municipio donde se reciba la correspondiente atención médica.”

16. Consideró que, al momento del fallo la entidad aseguradora no había realizado los trámites necesarios para prestar los servicios médicos requeridos por el accionante, a pesar de que estas atenciones fueron ordenadas mediante medida provisional el 29 de enero de 2025.

10. Reiteró que las compañías de seguros tienen la obligación de agilizar, en coordinación con las IPS, las consultas y tratamientos ordenados a las víctimas de accidentes de tránsito.

17. Enfatizó en que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que estas entidades no pueden desconocer su responsabilidad en la atención de pacientes con póliza de Seguros SOAT. Los servicios de salud prestados por hospitales o centros

17. Enfatizó en que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que estas entidades no pueden desconocer su responsabilidad en la atención de pacientes con póliza de Seguros SOAT. Los servicios de salud prestados por hospitales o centros asistenciales deben ser integrales y no pueden ser interrumpidos por trámites administrativos o agotamiento de recursos del SOAT.18. Constató una vulneración al derecho fundamental a l a salud del accionante, ya que la entidad accionada omitió las atenciones médicas ordenadas, argumentando que son competencia de la EPS, sin analizar el caso concreto y desconociendo sus obligaciones legales como aseguradora.

19. Además, según certificación de SALUD TOTAL EPS del 30 de enero de 2025, la cobertura del SOAT no ha sido agotada. Por lo tanto, las atenciones médicas requeridas por el señor Carlos Alfonso Murillo Benjumea deben ser garantizadas por la PREVISORA S.A. CO MPAÑÍA DE SEGUROS, la aseguradora con la cual se tiene vigente el seguro obligatorio de accidentes.

I.IV. Impugnación

20. El accionante . Solicita que todos los tratamientos médicos necesarios, incluyendo procedimientos, exámenes, consultas, terapias, hospi talizaciones, vacunaciones, cirugías y medicamentos, sean autorizados y prestados en Manizales, donde reside.

21. Manifiesta que se encuentra en una situación de vulnerabilidad pues es padre cabeza de familia, sus hijos dependen exclusivamente de él, y su condición médica limita su movilidad, dificultando el desplazamiento a otras ciudades. Además, indica que su situación económica es precaria debido a la imposibilidad de trabajar por su condición médica.

cabeza de familia, sus hijos dependen exclusivamente de él, y su condición médica limita su movilidad, dificultando el desplazamiento a otras ciudades. Además, indica que su situación económica es precaria debido a la imposibilidad de trabajar por su condición médica.

22. En consecuencia , la falta de atención médica en su lugar de residencia ha afectado gravemente sus derechos a la salud y al mínimo vital, impidiéndole trabajar y sostener a su familia, lo que también afecta su integridad física y emocional, así como la estabilidad de su núcleo familiar.

23. La Previsora S.A. Compañía de Seguros manifiesta que no puede cumplir con la orden impartida en el trámite actual porque no es una EPS ni una IPS y, por lo tanto, no tiene la competencia legal para autorizar procedimientos médicos, tratamientos, medicamentos o cualquier otro servicio asistencial de salud. Explica que, el SOAT tiene un carácter indemnizatorio, lo que significa que no implica la prestación directa de servicios de salud, sino el reconocimiento y pago de los gastos médicos a las instituciones prestadoras de salud (IPS) que atiendan a la víctima.

24. Aclara que, una vez prestado el servicio, la IPS correspondiente puede presentar la reclamación a la aseguradora con los documentos exigidos en el Decreto 056 de 2015, como la factura original y el resumen clínico de atención. Solo en ese momento, y dentro de los límites fijados por la normativa vigente, La Previsora puede proceder con el pago correspondiente.

25. En relación con la solicitud de reconocimiento de gastos de transporte, alimentación y hospedaje, afirma que la normativa aplicable solo autoriza el reconocimiento del transporte desde el lugar del accidente hasta la IPS más cercana

puede proceder con el pago correspondiente.

25. En relación con la solicitud de reconocimiento de gastos de transporte, alimentación y hospedaje, afirma que la normativa aplicable solo autoriza el reconocimiento del transporte desde el lugar del accidente hasta la IPS más cercana para la estabilización de la víctima, sin incluir traslados posteriores, hospedaje oalimentación y que, por lo tanto, no es posible para la aseguradora reconocer dichos gastos, ya que la ley lo restringe expresamente.

26. Asegura entonces, que l a Previsora n o es una entidad prestadora de salud ni puede sustituir las funciones de una EPS o IPS, pues su única obligación dentro del marco del SOAT es indemnizar a los prestadores de salud conforme a los límites y condiciones establecidos en la ley, por lo que considera que exigirle a la aseguradora asumir funciones ajenas a su naturaleza y objeto social es jurídicamente inviable.

27. Por lo tanto, solicita que se revoque cualquier orden impartida en contra de La Previsora S.A. que desconozca los límites de su competencia y funciones legales.

28. Salud Total EPS, alega que, en el marco del proceso, no ha negado ningún servicio médico prescrito y requerido por el accionante, por lo que considera que la solicitud del tratamiento integral no debería prosperar en razón de la naturaleza incierta y futura de la misma.

29. Por ende, solicita sea revocado el fallo de primera instancia y declarada improcedente la acción de tutela.

30. EL Hospital Universitario San Jorge de Pereira, sostiene que los servicios de “ELECTROMIOGRAFÍA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS M ÚSCULOSimprocedente la acción de tutela.

30. EL Hospital Universitario San Jorge de Pereira, sostiene que los servicios de “ELECTROMIOGRAFÍA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS M ÚSCULOSELECTROMIOGRAFÍA CON NEUROCONDUCCI ÓN EN MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO –

TOMOGRAFÍA DE CRANEO SIMPLE – TERAPIA POR FONOAUDIOLOGÍA DOMICILIARIA –

EXAMEN PSICOPEDAGÓGICO – ATENCIÓN DOMICILIARIA POR NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

– TERAPIA FÍSICA INTEGRAL DOMICILIARIA (TRES SESIONES SEMANALES (20 SESIONES EN TOTAL) ATENCIÓN DOMICILIARIA POR MEDICINA GENERAL (SEMANAL) CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR LA ESPECIALIDAD DE PSIQUIATR ÍA” no están habilitados ni ofertados en el Hospital Universitario San Jorge de Pereir a, lo que hace imposible cumplir con la orden.

31. Solicita que la aseguradora anuncie su red de prestadores activos y habilitados para evitar demoras en la atención del paciente , indicando que, aunque las aseguradoras no tienen contratos directos con IPS, sí tienen un giro regular de servicios a instituciones que pueden prestar los servicios requeridos.

32. Respecto al tratamiento integral, indica que, no le es posible garantizarlo ya que esta es una función de las EPS o aseguradoras. Alega, además, que al no ser una E.S.E. de cuarto nivel, no puede asegurar el tratamiento integral. En conclusión, es imposible garantizar los servicios ordenados en el fallo.

33. Aclara también que no le fue posible pronunciarse en primera instancia debido a un cambio de proveedor de correo, lo que afectó su derecho a la defensa, debida

imposible garantizar los servicios ordenados en el fallo.

33. Aclara también que no le fue posible pronunciarse en primera instancia debido a un cambio de proveedor de correo, lo que afectó su derecho a la defensa, debida notificación y debido proceso.

34. Insta al juez a considerar el principio de que nadie está obligado a realizar lo imposible: "Ad impossibilia nemo tenetur".35. Solicita, por lo tanto, declarar la nulidad de todo lo actuado por la vulneración del derecho a la defensa y debido proceso y en subsidiariedad, modificar parcialmente el fallo, ordenar a La Previsora Seguros informar su red de prestadores y redirigir los servicios a una institución con contrato vigente y servicio habilitado.

También solicita la remisión de la hoja de gastos de la póliza y se le exonere de responsabilidad por falta de legitimación en la causa.

II. Consideraciones

II.I Problema jurídico

36. La controversia a dirimir se centra en los siguientes cuestionamientos: 36.1. ¿se protegió efectivamente el derecho fundamental de salud y vida digna al accionante? 36.2. ¿Cuál es la entidad responsable de brindar la atención medica al accionante?

37. Para lo anterior, se abordarán los siguientes puntos: i) el marco jurídico para El principio de continuidad en la prestación del servicio de salud , El derecho fundamental a la salud de las víctimas de accidentes de tránsito y ii) el caso concreto.

II.II. Fundamentos normativos y jurisprudenciales

38. El principio de continuidad en la prestación del servicio de salud . La Corte Constitucional, en diversas oportunidades, se ha referido al derecho de los pacientes a no sufrir abruptamente la suspensión de la continuidad en la prestación de los

38. El principio de continuidad en la prestación del servicio de salud . La Corte Constitucional, en diversas oportunidades, se ha referido al derecho de los pacientes a no sufrir abruptamente la suspensión de la continuidad en la prestación de los servicios de salud, ello en razón de que, tanto la jurisprudencia constitucional como el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, dan cuenta del derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud y el mismo sería inane si en cualqu ier fase, las entidades prestadoras de salud, clínicas u hospitales pudiesen interrumpirlo a voluntad. La mencionada interrupción del servicio se presenta cuando al paciente, se le deja de suministrar un tratamiento con fundamento en razones de carácter administrativo.

39. Resulta claro entonces, que las entidades de salud no pueden desatender sus obligaciones de origen constitucional y legal de procurar, con los recursos disponibles, el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de salud de sus pacientes y el seguimiento de los tratamientos ya iniciados para obtener la mejoría o la estabilización de los mismos. Al respecto la corte expresa: “Quienes prestan los servicios de la seguridad social, en pensiones, en salud o en riesgos profesionales, asume n más que la calidad de contrapartes contractuales: adquieren la calidad de garantes de los derechos constitucionales –fundamentales algunosde sus afiliados. Bajo tales condiciones están sujetos a cargas derivadas de su condición de garantes”.40. Si bien la jurisprudencia de la Corte ha señalado que el derecho a la salud goza de un estatus de fundamentalidad en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de

de un estatus de fundamentalidad en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna, no lo es menos que en la sentencia T-760 de 2008 indicó que reconocer la fundamentalidad de un derecho no implica, necesariamente, que todos los aspectos cobij ados por éste son tutelables, porque los derechos constitucionales no son absolutos y porque la posibilidad de exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un derecho fundamental y la procedencia de hacerlo por medio de la acción de tutela, son cuestiones diferentes y separables.

41. No obstante, cuando se trata del principio de continuidad de la prestación del servicio, la posición de garante de las entidades que prestan un servicio de salud respecto de las obligaciones que adquieren con sus afiliados o con las víctimas de accidentes de tránsito, se determina con base en los siguientes criterios: “(i) la posibilidad de traducción del derecho fundamental en términos de prestaciones concretas del servicio, (ii) el deber del Estado de respetar y proteger a los particulares en punto de las obligaciones fijadas normativamente. Vale recordar que las entidades prestadoras de salud, en tanto asumen como su actividad la prestación de un servicio público, se subrogan también en el deber de no impedir el goce de un derecho reconocido y protegido por el sistema jurídico nacional, (iii) la asunción de responsabilidad por la limitación que sufren los ciudadanos en cuanto a la obtención del servicio con otras entidades o por otros medios”.

42. Recuérdese que la posición de garante de dichas entidades se traduce en la

responsabilidad por la limitación que sufren los ciudadanos en cuanto a la obtención del servicio con otras entidades o por otros medios”.

42. Recuérdese que la posición de garante de dichas entidades se traduce en la correcta aplicación de los principios de regularidad, calidad y continuidad que resultan ser la formula completa en procura de obtener la eficiencia del servicio de salud, lo que supone la no interrupción de aquel sin que medie u na causa legal justificable constitucionalmente. La continuidad en la prestación de servicios públicos, para el caso concreto de salud, garantiza el derecho de los usuarios a recibirlo de manera oportuna, y prohíbe a las entidades responsables realizar act os u omitir obligaciones que afecten las garantías fundamentales de los usuarios, más aún si se trata de víctimas de un accidente de tránsito que requieren desde la atención de urgencias hasta la rehabilitación de las secuelas producidas como consecuencia de éste.

43. En suma, la jurisprudencia constitucional se ha encargado de concretar el contenido y alcance del derecho de los ciudadanos a no sufrir interrupciones abruptas y sin justificación constitucionalmente admisible de los tratamientos en salud que reciben. Los criterios que informan el deber de las entidades que prestan el servicio de salud se pueden resumir en: “(i) las prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben ofrecerse de manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que tiene a su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de realizar actuaciones y de omitir lasobligaciones que supongan la interrupción injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos contractuales o administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus

conflictos contractuales o administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados”.

44. Finalmente, la prestación de los servicios médico quirúrgicos desde la atención en urgencias hasta la rehabilitación total de la víctima de daños corporales causados en un accidente de tránsito corresponde, como ya se ha dicho, a las clínicas y hospitales públicos y privados, quienes tien en a su cargo la prestación del servicio público esencial de salud; ello implica que los principios de eficiencia, continuidad, regularidad y calidad deben hacerse presentes en el manejo de la información y de la documentación que se le exige al paciente, habida cuenta que ella determinará el que la víctima pueda acceder a determinado servicio.1

45. El derecho fundamental a la salud de las víctimas de accidentes de tránsito . En caso de accidente de tránsito el centro asistencial debe prestar un servicio de salud integral. La Ley 100 de 1993 en su artículo 2º literal d, lo establece en los siguientes términos: “Es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población.”

46. En el artículo 1º del Decreto 3990 de 2007 por el cual se reglamenta la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes del Tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, se establecen las condiciones de operación del aseguramiento de los riesgos derivados de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, eventos catastróficos y terroristas, las condiciones

Solidaridad y Garantía, Fosyga, se establecen las condiciones de operación del aseguramiento de los riesgos derivados de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, eventos catastróficos y terroristas, las condiciones generales del seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, Soat, y se dictan otras disposiciones, se definen los servicios médico quirúrgicos como “todos aquellos servicios prestados por una Institución Prestadora de Servicios de Salud habilitada para prestar el servicio específico de que se trate, destinados a lograr la estabiliz ación del paciente, el tratamiento de las patologías resultantes de manera directa del accidente de tránsito o del evento terrorista o catastrófico y a la rehabilitación de las secuelas producidas. Igualmente se entienden los servicios suministrados por una IPS respecto de la atención inicial de urgencias”.

47. La jurisprudencia de la corte constitucional ha expresado de manera reiterada que el derecho a la salud, es un derecho fundamental. De igual forma, en varios pronunciamientos ha determinado que el concepto de vida no se limita al peligro de muerte, sino que corresponde al mejoramiento de las condiciones de salud cuando afecte la garantía de existencia digna. Sobre el concepto de vida digna ha señalado: “Al hombre no se le debe una vida cualquiera, si no una vida saludable. Así, el derecho a la salud en conexión con el derecho a la vida no solo debe ampararse cuando se está frente a un peligro de muerte, o depender una función orgánica de manera definitiva, sino cuando está comprometida la situación existencial de la vida humana en condiciones de plena dignidad.”

cuando se está frente a un peligro de muerte, o depender una función orgánica de manera definitiva, sino cuando está comprometida la situación existencial de la vida humana en condiciones de plena dignidad.”

1 Sentencia T 589 del 200948. La correlación entre la garantía del derecho a la salud y el SOAT, y la función social de este último fueron destacadas en la sentencia T-105 de 1996 de la siguiente manera: “El seguro obligatorio de accidentes de tránsito, obedece a un régimen impositivo del Estado que compromete el interés general y busca de manera continua y regular satisfacer necesidades de orden social y colectivo, en procura de un adecuado y eficiente sistema de seguridad social que propenda por un mejor modo de vida. Así, la actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, atendiendo a su propia naturaleza, reviste un interés general y, por tanto, no escapa al postulado constitucional que declara su prevalencia sobre intereses particulares, lo cual se concreta