TA CAL - 17001-33-39-007-2022-00280-02-(01-03-2024)-1

17-001-33-39-007-2022-00280-02

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DE CALDAS

SALA 4ª DE DECISIÓN ORAL Magistrado Ponente: AUGUSTO MORALES VALENCIA Manizales, primero (01) de MARZO de dos mil veinticuatro (2024)

S. 039

La Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, conformada por los Magistrados AUGUSTO MORALES VALENCIA, quien la preside, AUGUSTO RAMÓN CHÁVEZ MARÍN y PUBLIO MARTÍN ANDRÉS PATIÑO MEJÍA , procede a dictar sentencia de segundo grado por vía del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia emanada del Juzgado 7º Administrativo de Manizales, dentro del proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO promovido por la señora DIANA CAROLINA HERNÁNDEZ SALGADO contra la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FNPSM (en adelante FNPSM) ,

FIDUPREVISORA S.A. y el MUNICIPIO DE MANIZALES.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES

1. La declaratoria de nulidad del acto ficto o presunto originado ante la falta de respuesta de la petición presentada el 19 de octubre de 2021, con el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por el pago tardío de cesantías.

A título de restablecimiento del derecho, solicita:

1. Se condene a la demandada al reconocimiento y pago de la referida sanción por mora, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, por el pago tardío de las cesantías reconocidas.

1. Se condene a la demandada al reconocimiento y pago de la referida sanción por mora, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, por el pago tardío de las cesantías reconocidas.

1. Condenar en costas a la entidad accionada.17-001-33-39-007-2022-00280-02

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CAUSA PETENDI.

• El 10 de mayo de 2021 solicitó al FNPSM el reconocimiento y pago de sus cesantías en virtud de su servicio como docente estatal.

• Mediante la Resolución Nº 405 de 26 de mayo de 2021 le fue reconocida la cesantía deprecada.

• Dicha prestación fue cancelada el 7 de diciembre de 2021 a través de entidad bancaria.

• Mediante el acto ficto demandado , el FNPSM negó el reconocimiento de la sanción por mora.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

Se invocan como vulnerados los artículos 1, 2, 6, 25 y 53 de la Constitución Política; Ley 244 de 1995, Ley 1071 de 2006, Código Civil artículo 1614, Código de Comercio artículo 831, Ley 1437 de enero 18 de 2011. Artículos, 1, 3,138.

Como juicio de la infracción, expone en suma que las referidas normas disponen que los empleados a que hacen referencia tienen derecho al reconocimiento de la cesantía parcial o definitiva, que la entidad tiene un plazo máximo de 45 días hábiles a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo que

que los empleados a que hacen referencia tienen derecho al reconocimiento de la cesantía parcial o definitiva, que la entidad tiene un plazo máximo de 45 días hábiles a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo que ordena la liqui dación para cancelarlas, el cual debió proferirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud y que si la entidad demora su trámite más allá de lo dispuesto en los artículos 4 y 5, éstos tienen derecho a que se les reconozca un día de salario por cada día de retardo, hasta cuando se realice el pago. Explica que la ley no hace diferencia en los términos de reconocimiento de la cesantía y en este aspecto no interesa si se trata de retiro parcial o retiro definitivo, pues para ambos casos el trámite tiene establecidos exactamente los mismos tiempos.17-001-33-39-007-2022-00280-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Segunda Instancia

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3 Finalmente, indica que la vulneración de los anteriores plazos desconoce de contera su derecho constitucional al trabajo, sus derechos adquiridos, y e l principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.

CONTESTACIÓN AL LIBELO DEMANDADOR.

El MUNICIPIO DE MANIZALES contestó la demanda con el libelo de folio 11 del expediente electrónico, negando haber incumplidos los términos legales en el trámite de la petición. Al efecto, explicó que la petición presentada por la parte demandante solo vino a ser completada el 18 de mayo de 2021, por lo que solo a partir de esa data corrió el término de expedición del acto de reconocimiento,

trámite de la petición. Al efecto, explicó que la petición presentada por la parte demandante solo vino a ser completada el 18 de mayo de 2021, por lo que solo a partir de esa data corrió el término de expedición del acto de reconocimiento, que fue expedido dentro del plazo legal mente establecido para esos efectos, razón que impone que no pueda ser objeto de la sanción pretendida por el demandante.

La NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FNPSM hizo lo propio con el memorial de folio 12 del expediente electrónico. Como razones de su defensa, planteó las excepciones las que denominó ‘ COBRO INDEBIDO DE LA SANCIÓN MORATORI A’, atendiendo que el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, las entidades territoriales participan de la mora cuando la tardanza sea causada por la tardía remisión del acto de reconocimiento prestacional; ‘ FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PAGO DE LA SANCIÓN MORATORIA GENERADA EN EL 2020 ’, por cuanto los dineros correspondientes a las cesantías se pusieron a disposición del peticionario antes de vencerse el plazo legal mente establecido; ‘PRESCRIPCIÓN’, con base en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social ; ‘IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN ’, atendiendo a la naturaleza eminentemente sancionatoria de este rubro; ‘ COMPENSACIÓN’, frente a cualquier suma de dinero que resulte probada en el cartulario; ‘SOSTENIBILIDAD FINANCIERA’, con base en lo dispuesto en el Acto Legislativo N°03 de 2011; y la ‘GENÉRICA’.17-001-33-39-007-2022-00280-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Segunda Instancia

N°03 de 2011; y la ‘GENÉRICA’.17-001-33-39-007-2022-00280-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Segunda Instancia

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LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Jueza 7ª Administrativa de Manizales dictó s entencia negando las pretensiones de la parte actora , fallo que integra el documento 21 del expediente electrónico.

Como razón básica de la decisión, luego de hacer un esbozo sobre las reglas que rigen el reconocimiento de la sanción por mora por el pago tardío de las cesantías, expuso la funcionaria judicial que en el caso concreto no se excedieron los términos de ley, más aun cuando la petición inic ial de reconocimiento de cesantías tuvo lugar el 10 de mayo de 2021 pero fue presentada incompleta, y solo fue subsanada el 18 del mismo mes, por ende, los términos solo comenzaron a correr desde el 19 de mayo de 2021 y se extendieron hasta el 18 de agosto de 2021, mientras que el dinero fue puesto a disposición de la parte actora desde el 21 de julio de la misma anualidad, es decir, de forma oportuna.

EL RECURSO DE SEGUNDO GRADO

La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, con el escrito de folio 23 del cuaderno electrónico. Manifestó que difiere de las fechas tenidas en cuenta por la jueza de primera instancia, específicamente la de pago de las cesantías, que, en línea con lo expuesto en la demanda, tuvo lugar el 7 de diciembre de 2021, lo cual configura una mora de 111 días. Reitera que la Ley

en cuenta por la jueza de primera instancia, específicamente la de pago de las cesantías, que, en línea con lo expuesto en la demanda, tuvo lugar el 7 de diciembre de 2021, lo cual configura una mora de 111 días. Reitera que la Ley 1071 de 2006 y la sanción contenida en dicha norma aplican al sector docente oficial, quienes ostentan la calidad de servidores del Estado, además, dice que los términos previstos en dicha normativa son perentorios y deben ser analizados de forma integral, por tratarse de una garantía establecida en favor de los trabajadores.

Finalmente, dice que no debió ser condenada en costas de primera instancia, pues nunca pretendió realizar actos dilatorios ni incurrir en una congestión del aparato judicial.17-001-33-39-007-2022-00280-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Segunda Instancia

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CONSIDERACIONES

DE LA

SALA DE DECISIÓN

Persigue por modo la parte demandante, se declare la nulidad del acto ficto con la cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006 a raíz del pago tardío del auxilio de cesantías.

CUESTIÓN PREVIA.

Resulta oportuno rememorar que en asuntos análogos al tratado en el sub exámine (relacionados con la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías), este órgano colegiado1 ha concluido, en suma, (i) que se aplica, por identidad, el fallo de fecha veintisiete (27) de marzo de 2007 emanado del H. Consejo de

este órgano colegiado1 ha concluido, en suma, (i) que se aplica, por identidad, el fallo de fecha veintisiete (27) de marzo de 2007 emanado del H. Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo2, en el sentido de que esta jurisdicción ha de asumir el conocimiento de controversias como la aquí instaurada (art. 104 C/CA) a través del medio de control efectivamente ejercido; y (ii), que l a Ley 1071 de 2006 se aplica ínteg ramente al régimen especial de los docentes, de suerte que la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO ha de acatar el mandato allí contenido, alusivo al reconocimiento y pago oportuno de las cesantías parciales y definitivas.

PROBLEMAS JURÍDICOS

Con fundamento en lo consignado por modo previo, para esta Sala de Decisión, el fondo del asunto se contrae a la dilucidación de los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Procede la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071/06, en casos de pago extemporáneo de las cesantías?

1 Tribunal Administrativo de Caldas : Sentencia del 7 de marzo de 2013, Rads. 17001 -23-33-000-2012-00012-00 y 17001-23-33-000-2012-00080-00; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FNPSM; M.P. William Hernández Gómez. También: Sentencia del 26 de abril de 2013, Rad. 17-001-23-33-000-2012-00011-00; Demandado: Nación –

Gómez. También: Sentencia del 26 de abril de 2013, Rad. 17-001-23-33-000-2012-00011-00; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FNPSM; M.P. William Hernández Gómez; entre otras. 2 Rad. 76001-23-31-000-2000-02513-01(IJ). Consejero Ponente: Jesús María Lemos Bustamante.17-001-33-39-007-2022-00280-02

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6 En caso afirmativo,

• ¿Qué entidad debe asumir el pago de la sanción?

• ¿Desde cuándo se causa la aludida sanción?

(I)

LA SANCIÓN MORATORIA

POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE CESANTÍAS

El artículo 4º de la Ley 1071 de 2006, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA Y MODIFICA LA LEY 244 DE 1995, SE REGULA EL PAGO D E LAS CESANTÍAS DEFI NITIVAS O PARCIALES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS , SE ESTABLECEN SANCI ONES Y SE DAN TÉRMIN OS PARA SU CANCELACI ÓN", establece a letra:

“…Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios (sic), la entidad empleadora o aquella (sic) tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

peticionarios (sic), la entidad empleadora o aquella (sic) tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al pet icionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los tér minos señalados en el inciso primero de este artículo”. /Resaltado es del texto. Subrayas son del Tribunal/.

De este modo se infiere que la entidad a cargo, dispone de un plazo máximo de quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías, definitivas o parciales, para expedir la resolución correspondiente, claro está, siempre que la petición reúna todos los requisitos determinados en la ley.17-001-33-39-007-2022-00280-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Segunda Instancia

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Por su parte, el artículo 5º ibídem en su primer inciso prevé que la entidad, para efectuar el pago, dispone de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo que lo ordena. Ese canon es del siguiente tenor:

“…Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y

hábiles contados a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo que lo ordena. Ese canon es del siguiente tenor:

“…Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta pr estación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro…”.

Los dispositivos normativos reproducidos se encuentran dotados de enunciados propios de las normas deónticas o regulativas, estas son, que mandan, permiten, prohíben o castigan. De ahí que, ha sostenido la Sala, la mentada Ley 1071 es una típica regla o norma jurídica de acción, erigida en aras de soslayar ponderación alguna por parte de la administración, por cuanto una vez reunidas las condiciones de aplicación, los términos empleados en la preceptiva legal son concluyentes y perentorios, tal y como acaece en el asunto de reconocimiento y pago oportuno de las cesantías.

Conforme a lo expuesto, se tiene que la Ley 1071 y en consonancia con el precepto 345 de la Carta, prevé un tiempo prudencial, calculado en sesenta (60) días, para hacer las apropiaciones presupuestales de ley y los trámites correspondientes. Por ende, tal situación no se perfila como excusa válida para el reconocimiento y pago tardío de esas prestaciones sociales.

Aunadamente, resalta el Tribunal, la teleología de la norma se contrae a la pronta

ende, tal situación no se perfila como excusa válida para el reconocimiento y pago tardío de esas prestaciones sociales.

Aunadamente, resalta el Tribunal, la teleología de la norma se contrae a la pronta atención de las solicitudes de liquidación de las cesantías (parciales o definitivas), y no es para menos, en tanto no puede pasarse por alto que las cesantías son ahorros del servidor público, administrados por el Estado-patrono para entregarle a aquel en el momento que lo necesite, bien si queda cesante definitivamente o bien en los eventos que la ley autoriza para el anticipo parcial de las mismas (en esencia, por vivienda o educación).17-001-33-39-007-2022-00280-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Segunda Instancia

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Así las cosas, concluye este Juez Plural que los términos perentorios contenidos en la Ley 1071, dentro de los cuales debe reconocerse y pagarse las cesantías, deben cumplirse so pena de la sanción moratoria de que tr ata el parágrafo de su artículo 5º:

“…En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de re tardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este…”.

bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este…”.

Para efectos de la sanción moratoria, en la pluricitada sentencia emanada del H. Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, el veintisiete (27) de marzo de 2007 , se expuso con suficiencia que de reconocerse y pagarse las cesantías tardíamente, se debe computar el término desde la fecha de presentación de la solicitud de liquidación o anticipo. Sumado a ello, el Alto Tribunal sostuvo sobre el particular lo siguiente:

“…Cuando la Administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2 de la Ley 244 de 1995 (léase Ley 1071), el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria , en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo precepto,17-001-33-39-007-2022-00280-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Segunda Instancia

S. 039 9 más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que

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S. 039 9 más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria…

… … Para la Sala resulta claro que ante la ausencia de pronunciamiento sobre la liquidación de las cesantías definitivas deben contarse los términos en la forma indicada para que la norma tenga efecto útil y hacer efectiva la capacidad conminatoria de la sanción prevista por la Ley 244 de 1995, pues, de no acudirse a este medio, el cometido proteccionista de los derechos del servidor público que animó a la ley, se vería, paradójicamente, burlado por la propia ley dado que la administración simplemente se abstendría de proferir la resolución de reconocimiento de las cesantías definitivas para no poner en marcha el término para contabilizar la sanción , produciéndose un efecto perverso con una medida instituida para proteger al ex servidor público cesante…” /Anotación entre paréntesis, líneas y resaltado son de la Sala/.

Cabe anotar que el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, modificado por su similar 1272 de 2018 establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.26. Remisión del acto administrativo notificado y ejecutoriado que resuelve las solicitudes de reconocimiento de cesantías. Una vez notificado y ejecutoriado el acto administrativo definitivo que resuelve las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o

administrativo notificado y ejecutoriado que resuelve las solicitudes de reconocimiento de cesantías. Una vez notificado y ejecutoriado el acto administrativo definitivo que resuelve las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la entidad territorial certificada en educación deberá subir y remitir este acto administrativo inmediatamente a través de la plataforma empleada para tal fin.

ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.27. Pago de los reconocimientos de cesantías. Dentro de los 45 días hábiles siguientes a la notificación y ejecutor ia del acto administrativo que reconoce las solicitudes de17-001-33-39-007-2022-00280-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Segunda Instancia

S. 039 10 reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la sociedad fiduciaria deberá efectuar los pagos correspondientes”.

En punto a la notificación del acto administrativo con el cual se reconoce y ordena el pago de cesantías, el H. Consejo de Estado en sentencia datada el 28 de julio de 2018 (Exp. 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-2015), señaló:

“97. Debe partirse de la base que se está ante el acto administrativo escrito que reconoció la cesantía expedido dentro de los 15 días que se tienen para resolver el asunto. Es de considerar, que este acto al ser de naturaleza particular debe ser notificado personalmente en los términos del artículo 67 del CPACA, para lo cual el ente gubernativo tuvo que consultar el contenido de la petición sobre el particular, esto es, sí el peticionario habilitó la

particular debe ser notificado personalmente en los términos del artículo 67 del CPACA, para lo cual el ente gubernativo tuvo que consultar el contenido de la petición sobre el particular, esto es, sí el peticionario habilitó la notificación por medio de electrónico, en cuyo caso, se surtirá a través de este medio; o si por el contrario deberá acometerse conforme a la norma procesal.

98. En el primer evento, es decir, cuando se produce la notificación por medio electrónico, habrá de considerar el artículo 56 del CPACA, para concluir que el término de ejecutoria se computará a partir del día siguiente en que la entidad certi fique el acceso del peticionario al contenido íntegro del acto que reconoció la cesantía, vía e-mail informado para el efecto en la petición, que en todo caso deberá hacerse a más tardar 12 días después de expedido el acto.

99. En el segundo evento, el e nte gubernativo debió remitir citación al interesado dentro de los 5 días siguientes a la expedición del acto de reconocimiento de la cesantía con el propósito de notificarlo personalmente conforme al artículo 68 del CPACA, y si éste no concurrió dentro de los 5 días posteriores al recibo de la notificación,17-001-33-39-007-2022-00280-02

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S. 039 11 correspondía hacerlo por aviso remitido a la misma dirección del requerimiento de comparecencia atendiendo la previsión del canon 69 ibidem; en cuyo caso, el acto se entendió notificado al día siguiente de su recibo. Para esta situación, la ejecutoria del acto se computará pasado el

dirección del requerimiento de comparecencia atendiendo la previsión del canon 69 ibidem; en cuyo caso, el acto se entendió notificado al día siguiente de su recibo. Para esta situación, la ejecutoria del acto se computará pasado el día siguiente al de entrega del aviso, o de la notificación personal si el interesado concurrió a ella.

100. Como conclusión a lo anterior, ha de indicar la Sala de Sección que los términos que tiene la administración para llevar al conocimiento del interesado el contenido de su acto administrativo, esto es, para notificarlo, no pueden computarse como días de sanción moratoria, pues es evidente y así lo previó el legislador que la notificación por regla general ocurre después de proferida la decisión, y que además es la circunstancia que refleja el deber de la entidad de informarla a su destinatario.

(…)

102. Siendo prácticos, en casos donde existe acto escrito que reconoce las cesantías, el término de ejecutoria y, por ende, los 45 días hábiles posteriores a ésta para que ocurra su pago efectivo, solo empezarán a correr una vez se verifica la notificación en los estrictos términos señalados” /Resaltados de la Sala/.

En el presente asunto, encuentra acreditado el Tribunal que la señora DIANA CAROLINA HERNÁNDEZ SALGADO solicitó el reconocimiento y pago del auxilio de cesantía el 10 de mayo de 2021, sin embargo, la petición estaba incompleta, lo cual le fue advertido al peticionario, quien procedió a completarla el 18 de mayo de 2021 (PDF N°4, pág. 1).

Por modo, el plazo de 15 días para la expedición del acto administrativo de

cual le fue advertido al peticionario, quien procedió a completarla el 18 de mayo de 2021 (PDF N°4, pág. 1).

Por modo, el plazo de 15 días para la expedición del acto administrativo de reconocimiento expiraba el 9 de junio de 2021 , y teniendo en cuenta que la prestación fue reconocida con la Resolución N°405 de 26 de mayo 2021, la declaración administrativa fue proferida dentro de la oportunidad legal (PDF N°4,17-001-33-39-007-2022-00280-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Segunda Instancia

S. 039 12 págs. 1-3).

En la sentencia de unificación proferida el 18 de julio de 2018 (Exp. 73001-2333-000-2014-00580-01(4961-15) CE-SUJ2-012-18), el Consejo de Estado determinó las reglas aplicables al cómputo de la sanción moratoria, dependiendo de la expedición del acto de reconocimiento y su notificación, y en lo que atañe al caso concreto estableció la siguiente hipótesis:

“(…)

(…)”

En ese orden, el acto administrativo de reconocimiento fue notificado por vía electrónica el 26 de mayo de 2021 (PDF N°11, pág. 50), por lo que término de 55 días que contempla la regla jurisprudencial en cita expiraba el 18 de agosto de 2021, y teniendo en cuenta que estas fueron canceladas el 21 de julio de 2021 (PDF N°12, pág. 62), ello permite concluir que no hubo mora en su pago, como lo

2021, y teniendo en cuenta que estas fueron canceladas el 21 de julio de 2021 (PDF N°12, pág. 62), ello permite concluir que no hubo mora en su pago, como lo consideró la jueza de primera instancia, lo que impone confirmar la sentencia de primera instancia.

Finalmente, el Tribunal no hará pronunciamiento alguno sobre los planteamientos de la apelación relacionados con la condena en costas en primera instancia, teniendo en cuenta que esta no se presentó en el sub lite.

COSTAS

Se condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, atendiendo lo expuesto en el numeral 3 del canon 365 del C.G.P. Sin agencias en derecho en esta instancia por no haberse causado.

HIPOTESIS NOTIFICACION

CORRE

EJECUTORIA

TÉRMINO

PAGO

CESANTÍA

CORRE

MORATORIA

ACTO ESCRITO EN TIEMPO Electrónica 10 días, posteriores a certificación de acceso al acto 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación17-001-33-39-007-2022-00280-02 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Segunda Instancia

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13

Es por lo discurrido que el Tribunal Administrativo de Caldas, SALA 4ª DE DECISIÓN ORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA

CONFÍRMASE la sentencia emanada del Juzgado 7º Administrativo de Manizales, dentro del proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

autoridad de la ley, FALLA

CONFÍRMASE la sentencia emanada del Juzgado 7º Administrativo de Manizales, dentro del proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO promovido por la señora DIANA CAROLINA HERNÁNDEZ SALGADO contra la

NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN -FNPSM, FIDUPREVISORA S.A. y el

MUNICIPIO DE MANIZALES.

COSTAS de esta instancia a cargo de la demandante. Sin agencias en derecho en esta instancia.

Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen, previas las anotaciones del caso en el Programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE conforme lo dispone el artículo 203 del C/CA.

NOTIFÍQUESE

Providencia discutida y aprobada en Sala de Decis ión celebrada en la fecha, según consta en Acta Nº 014 de 2024.

AUGUSTO MORALES VALENCIA

Magistrado Ponente

AUGUSTO RAMÓN CHÁVEZ MARÍN Magistrado17-001-33-39-007-2022-00280-02

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PUBLIO MARTÍN ANDRÉS PATIÑO MEJÍA

Magistrado

Constancia: la presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con la ley.