TA CAL - 17001-33-39-008-2022-00353-02-(14-03-2024)

17001-33-39-008-2022-00353-02 nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia 062 segunda instancia

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS MANUEL ZAPATA JAIMES

Manizales, catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

RADICADO 17001-33-39-008-2022-00353-02

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

ACCIONANTE CAMILO ALBERTO BUITRAGO HINCAPIÉ

ACCIONADO NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES

Procede la Sala Primera de Decisión el Tribunal Administrativo de Caldas, conforme al artículo 18 de la Ley 446 de 1998, a dictar sentencia de segunda instancia con ocasión al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el fallo que ne gó pretensiones, proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales el día 20 de septiembre de 2023.

PRETENSIONES

La parte actora solicitó:

Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto frente a la petición elevada el 6 de agosto de 2021, por medio del cual se solicitaba el reconocimiento y pago de la sanción por mora, por la no consignación oportuna de la cesantía establecida en el artículo 99 de

agosto de 2021, por medio del cual se solicitaba el reconocimiento y pago de la sanción por mora, por la no consignación oportuna de la cesantía establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional No. 1176 de 1991 relativo a los intereses causados durante el año 2020, los cuales fueron cancelados después del 31 de enero del 2021.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Municipio de Manizales: a) Reconocer y pagar la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero del año 2021, fecha en que debió consignarse el valor correspondiente a las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo prestacional y hasta la fecha en que se efectúe el pago de la prestación; b) reconocer y pagar la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, equivalente al valor cancelado de los intereses causados desde el año 2020,17001-33-39-008-2022-00353-02 nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia 062 segunda instancia

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los cuales fueron cancelados superando el término legal, esto es, después del 1 de enero de 2021; c) reconocer y pagar los ajustes de valor a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA; d) reconocer y pagar intereses moratorios a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, conforme a lo prescrito en el artículo 192 del CPACA; e) condenar en costas

HECHOS

del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, conforme a lo prescrito en el artículo 192 del CPACA; e) condenar en costas

HECHOS ✓ El 6 de agosto de 2021 la par te demandante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de la cesantía y sus intereses a la entidad nominadora.

✓ Mediante acto administrativo ficto la Secretaría de Educación del Municipio de Manizales - Caldas negó la solicitud referida.

✓ La audiencia de conciliación extrajudicial celebrada el 25 de octubre de 2022 se declaró fallida, en atención a la falta de ánimo conciliatorio de las entidades demandadas

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política, art ículos 13 y 53; Ley 91 de 1989, art ículo 5 y 15; Ley 50 de 1990, artículo 99; Ley 1955 de 2019, art ículo 57; Ley 52 de 1975, art ículo 1; Ley 344 de 1996, artículo 13; Ley 432 de 1998, art ículo 5; Decreto Nacional 1176 de 1991, art ículo 3; Decreto 1582 de 1998, artículos 1 y 2.

Aseguró que el acto administrativo es nulo por infracción de las normas en las que debió fundarse, causal descrita en el artículo 137 del CPACA, aplicable al artículo 138 del mismo cuerpo normativo.

Con fundamento en jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, adujo que, las cesantías anualizadas deben liquidarse al 30 de diciembre, pagarse los interese s

cuerpo normativo.

Con fundamento en jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, adujo que, las cesantías anualizadas deben liquidarse al 30 de diciembre, pagarse los interese s antes del 30 de enero, y ser consignadas en el Fondo de Prestaciones antes del 15 de febrero de cada año, al igual que el resto de los servidores públicos, al punto que han dispuesto el pago de la sanción establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 199 0 cuando advierten que las cesantías no están consignadas a disposición de su destinatario.17001-33-39-008-2022-00353-02 nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia 062 segunda instancia

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Explicó que, la teleología de la Ley 91 de 1989 es que las cesantías sean consignadas de manera anualizada en el Fondo de Prestaciones del magisterio, filosofía que igualmente han prohijado las Leyes 60 de 1993 y 1955 de 2019.

De otro lado, insistió en que, al ramo docente les resultan aplicables los mandatos legales que consagran las sanciones por consignación tardía del auxilio de cesantías, pues se trata de una hermenéutica menos restrictiva de la Ley 344 de 1996, como lo han expuesto los tribunales de cierre de esta jurisdicción y el constitucional en la sentencia SU -098 de 2018. Además, afirmó que, si a los docentes les fue modificado el régimen de cesantías al anualizado como a los demás empleados del Estado, lo lógico es que también se apliquen las sanciones por consignación tardía, que también operan para el grueso de servidores.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

los demás empleados del Estado, lo lógico es que también se apliquen las sanciones por consignación tardía, que también operan para el grueso de servidores.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO: se pronunció sobre los hechos indicando de unos que eran ciertos; de otros que no lo eran; y de otros que no eran hechos.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones al considerar que carecen de fundamentos de derecho.

Como razones de defensa expuso que los docentes se encuentran amparados por un régimen especial de prestaciones sociales que se rige por la Ley 91 de 1989, razón por la cual señala que resulta improcedente lo pretendido por la parte accionante que es la aplicación del régimen de qué tra ta la Ley 50 de 1990, a los docentes afiliados al FNPSM pues dicho régimen es exclusivo para las sociedades administradoras de fondos de cesantías, calidad que no ostenta el FNPSM al tratarse de un patrimonio autónomo cuya finalidad es el pago de las prestaciones sociales de los docentes.

Frente a la afirmación de la parte demandante que por laborar al servicio de las entidades demandadas, tiene derecho a que sus intereses a las cesantías del año 2020, sean consignados a más tardar el día 31 de enero del año 2021 y sus cesantías sea cancela das hasta el día 15 de febrero del año 2021, señala que la parte demandante pretende la aplicación parcial de una norma solamente en la parte que lo beneficia y alega que sus cesantías fueron debidamente tramitadas conforme al régimen especial establecido en el

hasta el día 15 de febrero del año 2021, señala que la parte demandante pretende la aplicación parcial de una norma solamente en la parte que lo beneficia y alega que sus cesantías fueron debidamente tramitadas conforme al régimen especial establecido en el inciso 2, del numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo No. 39 de 1998 “Por el cual se establece el procedimiento para el reconocimiento y pago de los intereses17001-33-39-008-2022-00353-02 nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia 062 segunda instancia

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a las cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaci ones Sociales del Magisterio”.

Frente a la afirmación que hace referencia a que las demandadas deben reconocer y pagar, de manera independiente, las sanciones moratorias causadas, desde el 1 de enero de 2021 para el caso de los intereses a las cesantías y a partir del 16 de febrero de la misma anualidad, para las cesantías que debían consignar las entidades demandadas, como lo ordena la ley, el F NPSM aduce no estar de acuerdo, toda vez que las cesantías de los docentes afiliados al FNPSM son prepagadas al fondo mediante el descuento mensual en el presupuesto nacional de los recursos que van a ingresar de la nación a las entidades territoriales, así mismo, se garantizan con el giro anual que hace Ministerio de Hacienda de los recursos que están en el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales (FONPET) perteneciente a cada entidad territorial al FNPSM. En consecuencia, las entidades territoriales no hacen depósito de recursos entendida como la “consignación de

de los recursos que están en el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales (FONPET) perteneciente a cada entidad territorial al FNPSM. En consecuencia, las entidades territoriales no hacen depósito de recursos entendida como la “consignación de cesantías”, únicamente desarrolla n antes del 5 de febrero de la vigencia siguiente, la actividad operativa de “liquidación del valor de las cesantías” debido a que los recursos ya se encuentran en el fondo.

MUNICIPIO DE MANIZALES: se pronunció sobre los hechos indicando de unos que eran verdaderos; que otros eran parcialmente ciertos; y de otros que no lo eran.

Se opuso a las pretensiones de la demanda, indicando que resulta improcedente aplicar a la entidad territorial la sanción moratoria reclamada por los demandantes contenida en la Ley 50 de 1990, toda vez que por tratarse de docentes afiliados al FNPSM cuya naturaleza jurídica es Patrimonio Autónomo de la Nación y no la de administradora de fondos de cesantías, las disposiciones que los rigen son las contenidas en la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo 39 de 1998, trámite dentro del cual ninguna entidad territorial tiene la carga legal de consignar al FNPSM las cesantías y los intereses a las cesantías de los educadores adscritos a su planta de personal, toda vez que su reconocimiento y pago se encuentra en cabeza de FIDUPREVISORA como vocera y administradora de los recursos del FONDO.

Indicó que, a diferencia de cualquier otro servidor público, los docentes demandantes no tienen la libertad de afiliarse a ningún fondo administrador de cesantías privado, sino que están obligados a afiliarse al FNPSM, cuya naturaleza jurídica es la de un Patrimonio

Indicó que, a diferencia de cualquier otro servidor público, los docentes demandantes no tienen la libertad de afiliarse a ningún fondo administrador de cesantías privado, sino que están obligados a afiliarse al FNPSM, cuya naturaleza jurídica es la de un Patrimonio Autónomo de la Nación encargado del pago de sus cesantías y de los intereses q ue su régimen de liquidación anualizada genere. También impide que la entidad territorial a la cual se encuentre adscrito efectúe los mencionados desembolsos al FNPSM, toda vez que17001-33-39-008-2022-00353-02 nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia 062 segunda instancia

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dicho patrimonio autónomo cuenta con los recursos que desde el Ministerio d e Hacienda le son girados para el cumplimiento de su objeto, por lo que considera que el Municipio de Manizales en virtud de la Ley 91 de 1989 no tiene la carga jurídica contemplada en las Leyes 50 de 1990 y el decreto 1176 de 1991.

Finalmente concluyó que la regla general es que todos los docentes deben estar afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y por ende están supeditados a las reglas que establecieran para sus prestaciones sociales como docentes afiliados al FNPSM, y e n ninguna de estas reglamentaciones se establece que el pago de los intereses a las cesantías debe hacerse a más tardar el día 31 de enero de cada anualidad y sus cesantías sean consignadas en su cuenta individual hasta el día 15 de febrero de cada año.

Como excepciones propuso las que denominó:

Inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido : adujo que el responsable

sean consignadas en su cuenta individual hasta el día 15 de febrero de cada año.

Como excepciones propuso las que denominó:

Inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido : adujo que el responsable directo de pronunciarse, aprobar, pagar y/o negar las prestaciones de los docentes, es el Ministerio de EducaciónFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Falta de legitimación en la causa por pasiva : explicó que la entidad territorial remite a la Oficina Regional del Fondo del Magisterio, las liquidaciones anuales de cesantías en firme del grupo de docentes activos y retirados de su planta global, pero quien paga estos valores liquidados es el FNPSM.

Cobro de lo no debido: indicó que conforme al artículo 2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 1272 de 2018 “El pago de la sanción moratoria se hará con cargo a los recursos del Fondo Nacional

de Prestaciones Sociales del Magisterio…”

Errónea interpretación de la ley 50 de 1990 para las pretensiones del accionante: señaló que el régimen aplicable es el establecido en la ley 91 de 1989 y 1071 de 2006.

Cumplimiento de las directrices otorgadas por el FNPSM a la secretaria de educaciónmunicipio de Manizales para el proceso conv ocado: explicó que mediante oficio SEUAF0055 del 01 de febrero de 2021, envió a Fiduprevisora, dentro de los tiempos señalados en los comunicados del FNPSM nro. 008 del 11 de diciembre de 2020 y comunicado 005 del 7 de diciembre de 2021, la información pertinente a las validaciones necesarias en el proceso

los comunicados del FNPSM nro. 008 del 11 de diciembre de 2020 y comunicado 005 del 7 de diciembre de 2021, la información pertinente a las validaciones necesarias en el proceso de cesantías de los docentes activos y retirados del año 2020.17001-33-39-008-2022-00353-02 nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia 062 segunda instancia

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Prescripción: la propuso respecto a cualquier derecho que se hubiere causado en favor del mismo y que de acuerdo con las normas quedara cobijado por este fenómeno prescriptivo

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales mediante sentencia del 20 de septiembre de 2023 negó las pretensiones de la demanda, tras plantearse como problemas jurídicos determinar, si tenía derecho la demandante, cuyo régimen de cesantías es anualizado, al reconocimiento y pago de la sanción por mora establecido en la Ley 50 de 1990, y a la indemnización de que trata la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

Luego de hacer un recuento normativo y jurisprudencial, a l descender al caso concreto relacionó los hechos probados para concluir que se ha establecido que el régimen de las cesantías aplicable a la parte demandante es el anualizado en aplicación de la Ley 91 de 1989, y en este sentido, resulta incompatible aplicar las normas de la Ley 50 de 1990 y Ley 52 de 1975, por lo que se negó las pretensiones de la demanda.

Se plasmó en la parte resolutiva:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de “INEXISTENCIA DE

52 de 1975, por lo que se negó las pretensiones de la demanda.

Se plasmó en la parte resolutiva:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN” propuesta por el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y COBRO DE LO NO DEBIDO” propuesta por el Municipio de Manizales - Caldas.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: SIN COSTAS por lo expuesto en la parte considerativa.

CUARTO: NOTIFÍQUESE conforme lo dispone el artículo 203 del

CPACA.

QUINTO: Reconocer personería para actuar como apoderada del MUNICIPIO DE MANIZALES - CALDAS a la abogada GLORIA YANETH OSORIO PINILLA identificada con cédula de ciudadanía No. 30.402.413 y tarjeta profesional No. 257.149 del C.S. de la J; y como apoderada principal de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a la abogada CATALINA CELEMIN CARDOSO identificada con cédula

de ciudadanía No. 1.110.453.991 y tarjeta profesional No. 201.409 del C.S. de la J., y como apoderada sustituta a la abogada ROSANNA LISETH VARELA OSPINO identificada con cédula de ciudadanía No. 55.313.766 y tarjeta profesional No 189.320 del C.S. de la J17001-33-39-008-2022-00353-02 nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia 062 segunda instancia

55.313.766 y tarjeta profesional No 189.320 del C.S. de la J17001-33-39-008-2022-00353-02 nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia 062 segunda instancia

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SEXTO: En firme la sentencia, archívese el expediente previa anotación en el aplicativo “Justicia Siglo XXI”. Desde ahora se ordena la expedición de las copias que soliciten las partes, conforme a lo previsto en el artículo 114 del Código General del Proceso. La Secretaría liquidará los gastos del proceso; si quedaren remanentes efectúese su devolución.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión adoptada en primera instancia, la parte accionante presentó recurso de apelación de forma oportuna, mediante memorial que reposa en el archivo #25 del expediente de primera instancia.

Comenzó por referenciar sentencia del Consejo de Estado del 3 de marzo de 2022, C.P. William Hernández Gómez, Radicado 08001233300020150007501 (2660 -2020) mediante la cual resaltó la importancia de la consignación concreta, real y efectiva de las cesantías de los docentes en el Fondo, sin importar si no existe una cuenta individual a nombre del docente, ya que asegura que, lo importante es la consignación para que la cesantía pueda ser un derecho efectivo, tal y como fue concebido.

Además de recalcar que, en consonancia con el principio de favorabilidad se debe aplicar la sanción por mora contenida en la Ley 50 de 1990 a los docentes.

En cuanto al régimen especial de las cesantías docentes, señaló que, el juzgado explicó

la sanción por mora contenida en la Ley 50 de 1990 a los docentes.

En cuanto al régimen especial de las cesantías docentes, señaló que, el juzgado explicó que, al ser los docentes trabajadores de régimen especial, no son sujetos de aplicación del contenido del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, situación que asegura ha sido revaluada por la SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional; y que la jurisprudencia constitucional y de lo cont encioso administrativo están direccionadas a la protección de los derechos prestacionales que durante mucho tiempo han sido vulnerados por parte de las entidades públicas a los que se encuentran adscritos, así mismo, que su condición de servidores públicos de la rama ejecutiva conlleva que sea viable el reconocimiento de las pretensiones de la demanda.

En cuanto a los intereses de las cesantías, señaló que, el régimen especial del docente no es más favorable que el régimen general, pues a los educadores au n pagándoles sobre el acumulado a la tasa DTF, la cual está muy por debajo de la tasa del 12%, que se aplica a los demás trabajadores con régimen anualizado.

Aseguró que, aunque los docentes pertenezcan a un “ régimen especial”, no implica que, las entidades nominadoras y responsables de sus prestaciones sociales se sustraigan de la17001-33-39-008-2022-00353-02 nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia 062 segunda instancia

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obligación de consignar los recursos de las cesantías en el Fondo, razón que conlleva a un Fondo desfinanciado y que siempre presenta déficit, y que para sortear su insolvencia,

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obligación de consignar los recursos de las cesantías en el Fondo, razón que conlleva a un Fondo desfinanciado y que siempre presenta déficit, y que para sortear su insolvencia, acude a restricciones de periodicidad para el retiro parcial de cesantías en contravía del orden constitucional, como se ha estudiado en el Consejo de Estado en el expediente radicado: 11001 -03-25-000-2016-00992-00, donde se estudió la Nulidad del inciso primero del artículo 5º del Acuerdo 34 de 1998, cuya sentencia de 24 de octubre de 2019 declaró la nulidad solicitada.

En cuanto a la competencia en el reconocimiento y pago de las cesantías docentes señaló que, la Nación (Ministerio de Educación Nacional) es responsable del reconocimiento de las cesantías en favor de los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones, pues es quien tiene la competencia legal para girar los recursos al fondo, es el patrono garante de los docentes de la educación pública para el pago de sus prestaciones.

Aclaró que, hay diferencia entre reconocimiento y consignación, en el asunto en concreto se solicita la sanción moratoria por la falta de consignación de las cesantías al fondo del trabajador el 15 de febrero de 2021, pero se habla de reconocimiento cuando el docente realiza un trámite de solicitud de cesantía parcial o definitiva y de los cuales los plazos están estipulado en la Ley 1071 de 2006, que modifica la Ley 244 de 1995, y este pago se hace directamente al trabajador, son 2 asuntos completamente diferentes.

están estipulado en la Ley 1071 de 2006, que modifica la Ley 244 de 1995, y este pago se hace directamente al trabajador, son 2 asuntos completamente diferentes.

Que en este último el artículo 57 de la Ley 1955 ha modificado la competencia para el reconocimiento en cabeza de la entidad territorial nominadora y es que lo que habilitó esta normativa es la expedición del acto administrativo de reconocimiento de las prestaciones sin aprobación de la Nación, puesto que en este trámite era donde se generaban mayores retrasos en el proceso de cesantías.

En cuanto a la incompatibilidad del régimen especial de cesantías docentes con la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 y la indemnización de la Ley 52 de 1975, señaló que, sus pretensiones basadas en la interpretación unificada de la Corte Constitucional de la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fondo que tenga su régimen de cesantía anualizado y es que la indemnización contenida en la Ley 52 de 1975 hace parte integral del artículo 99 de la ley 50 de 1990, puesto que así se estableció en el artículo 3 del Decreto Reglamentario 1176 de 1991.

Por lo tanto, que a los docentes que tengan su régimen de cesantías anualizadas no solo les asiste el derecho a que sean consignadas oportunamente las cesantías en el Fondo cada 15 de febrero de cada año, sino también, el pago oportuno de sus inte reses máximo a 3117001-33-39-008-2022-00353-02 nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia 062 segunda instancia

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de enero de cada año. Que en el presente asunto queda demostrado que no le fueron

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de enero de cada año. Que en el presente asunto queda demostrado que no le fueron consignadas sus cesantías desde hace 30 años, pero se pretende el restablecimiento, solo de las que no fueron consignadas en el 2021, y que corresponde a su trabajo desarrollado como docente en 2020.

Que de acuerdo con la sentencia SU -098 de 2018 de la Corte Constitucional, al no estar incluido en la Ley 91 de 1989 el plazo para esta consignación es aplicable el determinado en la norma general, es decir, antes del 15 de febrero de cada año, como lo estatuye la Ley 50 de 1990.

De acuerdo a lo anterior , señaló que la sentencia de primera instancia desarrolla las siguientes premisas erróneas: - “En el régimen especial docente no existe la obligación de consignarlas cesantías por parte del ente territorial ni de la Nación (Ministerio de Educación)” – “Existencia de expresa exclusión de aplicación normativa de la Ley 344 de 1996 y consecuentemente de la Ley 50 de 1990 a los docentes”. - Inexistencia de vulneración de los principios igualdad y de favorabilidad y carácter no vinculante de la sentencia SU -098 de 2018 y El régimen especial docente de cesantías no vulnera el derecho a la igualdad ni el principio de favorabilidad”. – “Inexistencia de identidad fáctica con la SU -098 de 2018”. – “Inexistencia de criterio unificado del Consejo de Estado”; “Improcedencia de aplicar la sanción por no consignación de cesantías toda vez que no es posible establecer límite final de la sanción moratoria”. –“Indemnización por falta de pago

“Improcedencia de aplicar la sanción por no consignación de cesantías toda vez que no es posible establecer límite final de la sanción moratoria”. –“Indemnización por falta de pago de intereses a las cesantías del artículo 1 de la Ley 52 de 1975 no es aplicable a los docentes”. –“Las entidades demandadas no incurrieron en mora dado que el Ministerio de Educación Nacional hace el giro de los recursos al FOMAG de los r ecursos del Sistema General de Participaciones”.

Concluyó que, la decisión de primera instancia debe ser revocada y en su lugar acceder a sus pretensiones, por cuanto las entidades encargadas de consignar los recursos de las cesantías de 2020, al Fondo ha n excedido los términos legales, y los órganos de cierre tienen una clara postura de la aplicación del contenido del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes, la cual se encuentra vigente.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

Conforme a lo consignado en la constancia secretarial obrante en PDF nro. 0 4 las partes y el Ministerio Público guardaron silencio. CONSIDERACIONES17001-33-39-008-2022-00353-02 nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia 062 segunda instancia

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La Sala no observa irregularidades procedimentales que conlleven a decretar la nulidad parcial o total de lo hasta aquí actuado, y procederá en consecuencia a fallar de fondo el proceso.

Problema jurídico

¿Tiene derecho la parte demandante, en su condición de docente afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, al reconocimiento y pago de la sanción por mora por

proceso.

Problema jurídico

¿Tiene derecho la parte demandante, en su condición de docente afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, al reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de

1990, y a la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991?

Tesis: la Sala defenderá la tesis que, a los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, no tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna al fondo, de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, ni a la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de

1991. Ya que el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías y sus intereses de 2020, se rigen por la Ley 91 de 1989, modificada parcialmente por la Ley 812 de 2003,17001-33-39-008-2022-00353-02 nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia 062 segunda instancia

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reglamentada por el Decreto 3752 de 2003 y el Acuerdo 039 de 1998, que regulan en forma expresa y precisa los aspectos atinentes a la forma y plazo para el pago de las cesantías y los intereses sobre ellas.

Marco normativo

La Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se refirió en forma expresa a las cesantías del ramo docente, estableciendo en su artículo 15, ordinal 3 lo siguiente:

ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal

del Magisterio, se refirió en forma expresa a las cesantías del ramo docente, estableciendo en su artículo 15, ordinal 3 lo siguiente:

ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

[…]

1. CESANTÍAS:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1º. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías e xistentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de capt ación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán

comercial promedio de capt ación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas general es vigentes para los empleados públicos del orden nacional. (Resaltado de la Sala).

La Ley 812 de 2003 1, en su artículo 81 , estableció que, el régimen prestacional de “Los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”.