TA CAQ - 18-001-23-31-000-2006-00133-00-(02-11-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

-Sala Primera de DecisiónMAGISTRADO PONENTE: Pedro Javier Bolaños Andrade

Florencia, dos (02) de noviembre de dos mil veintidós (2.022)

SENTENCIA Nº 178

Expediente número: 18-001-23-31-000-2006-00133-00

Medio de control: Reparación directa Accionante: Walter Manuel Valencia Sepúlveda y otros Autoridad accionada: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro

Procede la Sala Primera de Decisión del Tribunal a proferir sentencia de primera instancia en el presente asunto.

I. ANTECEDENTES.

1.1. La demanda1.

El señor WALTER MANUEL VALENCIA SEPÚLVEDA y otros, a través de apoderado judicial, acudieron en ejercicio de la acción prevista en el artículo 86 del decreto 01 de 1.984 con el fin de que se declare a la NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS son administrativamente responsabl es de los perjuicios a ellos ocasionados con la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor WALTER MANUEL VALENCIA SEPÚLVEDA entre el 07 de septiembre y el 23 de diciembre de 2.003 por el delito de desplazamiento forzado y rebelión.

Como hechos que sustentan las pretensiones, se indicaron, en síntesis, los siguientes:

Se afirmó que el 7 de septiembre de 2.003, agentes del DAS realizaron un operativo

desplazamiento forzado y rebelión.

Como hechos que sustentan las pretensiones, se indicaron, en síntesis, los siguientes:

Se afirmó que el 7 de septiembre de 2.003, agentes del DAS realizaron un operativo en el área urbana del municipio de Cartagena del Chairá , en el cual detuvieron a 74 personas, dentro de las que se encontraba el señor WALTER MANUEL VALENCIA

SEPÚLVEDA.

Que al día siguiente fueron trasladados a la ciudad de Bogotá, donde, luego de rendir indagatoria, se resolvió su situación jurídica, imponiéndole medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, por el presunto punible de rebelión y desplazamiento forzado.

Precisó que como consecuencia del proceso penal permaneció privado de la libertad por el periodo comprendido del 07 de septiembre y el 23 de diciembre de 2.003, circunstancia que causó en los demandantes perjuicios materiales e inmateriales.

Se indicó, además, que e l 23 de enero de 2.002 la señora BEATRIZ GALINDO DE CAVIEDES y el señor WALTER MANUEL VALENCIA SEPÚLVEDA suscribieron contrato de co mpraventa de los bienes inmuebles correspondientes a los establecimientos comerciales “Residencias Tolima” y “Bar Remolino” por un valor de $150.000.000 , pagando el demandante la primera cuota por el valor de $50.000.000, y el dinero

1 Fs. 142 al 154, C. 12

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Acción: Reparación Directa

1 Fs. 142 al 154, C. 12

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Acción: Reparación Directa Accionante: Walter Manuel Valencia Sepúlveda y otros Autoridad accionada: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro

restante pagaderos en 4 cuotas semestrales de $25.000.000, en las fechas 1 de octubre de 2.002, 17 de diciembre de 2.002, 17 de junio de 2.003 y el 17 de diciembre de 2.003, fecha última en la que se suscribiría la escritura pública del acto comercial ante la notaría primera del círculo de Florencia, consignándose en el ordinal séptimo del documento una cláusula penal en el sentido de que en caso de incumplimiento del contrato, la parte incumplida debía pagar a la otra parte el valor de $50.000.000.

Que e l 24 de febrero de 2.002, el señor VALENCIA SEPÚLVEDA arrendó los establecimientos de comercio a FELIX ANTONIO RODRÍGUEZ por el monto de $4.000.000 mensuales, dinero que era cobrado por el arrendador, refiriendo que luego de la privación de su libertad el arrendatrio comenzó a incumplir con el cañón de arrendamiento, circunstancia por la cual la cónyuge del actor se vio avocada a solicitarle que desocupara los inmuebles.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. Departamento Administrativo de Seguridad - DAS2.

Luego de realizar un recuento del régimen de responsabilidad por privación injusta de

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. Departamento Administrativo de Seguridad - DAS2.

Luego de realizar un recuento del régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad, señaló que la actuación surtida por la entidad, por medio de la cual se dio la captura del demandante , fue en estricto cumplimiento de un deber legal ; que las disposiciones legales que la respaldaron fueron los artículos 314, 350 y 351 del Código de Procedimiento Penal.

Propuso como excepciones i) ausencia de responsabilidad en los hechos motivo de demanda, e ii) innominada.

1.2.2. Fiscalía General de la Nación3

Argumentó que actuó de conformidad con las normas legales vigentes.

Que la preclusión de la investigación se presentó como consecuencia de la ambigüedad del testigo que inicialmente le había endilgado responsabilidad penal y en posterior etapa procesal se presentaran testimonios a su favor; que las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación durante las diferentes etapas procesales fue legítima y en garantía del debido proceso.

Presentó como excepciones i) inexistencia del daño antijurídico, ii) ausencia de falla en la prestación del servicio, iii) falta de legitimación en la causa por pasiva, y la iv) innominada.

1.3. Alegatos de conclusión.

El DAS4 argumentó la falta de legitimación en la causa por pasiva, señalando que si bien es cierto fue la entidad la que capturó al demandante, ello obedeció a la orden proferida por la Fiscalía General de la Naci ón, la que con posterioridad realizó la

2 Fs 183-190, C.1

bien es cierto fue la entidad la que capturó al demandante, ello obedeció a la orden proferida por la Fiscalía General de la Naci ón, la que con posterioridad realizó la

2 Fs 183-190, C.1 3 Fs 217-226 , C.1 4 Fs. 382-384, C.23

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imposición de la medida de aseguramiento; por lo que solicita ser exonerado de toda responsabilidad.

La Fiscalía General de la Nación 5 señaló que la privación de la libertad estuvo respaldada en indicios que comprometían al demandante con los delitos por el cual fue investigado, lo cual solo admitía como medida de aseguramiento la detención preventiva.

Indicó que los perjuicios morales están sobreestimados , de conformidad con los presupuestos establecidos por el Consejo de Estado en sentencia del 2 de mayo de 2001, dentro del radicado No. 25000-23-26-000-2001-01041 (31217).

Frente a los perjuicios materiales, argumentó que no existe prueba idónea que los soporten, señalando que no son oponible s a la entidad en tanto se trata de documentos privados que carecen de fecha cierta, además que no se les puede dar valor probatorio por no haber sido inscritos en un registro público.

La parte actora y el Ministerio Público no se pronunciaron.

II. CONSIDERACIONES

2.1. La competencia

valor probatorio por no haber sido inscritos en un registro público.

La parte actora y el Ministerio Público no se pronunciaron.

II. CONSIDERACIONES

2.1. La competencia

Teniendo en consideración que el presente asunto se rige bajo el Decreto 01 de 1.984, el Tribunal es competente para conocer del mismo, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con el auto proferido p or la Sala Plena del Consejo de Estado el 9 de septiembre de 20086, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia (error jur isdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o privación injusta de la libertad) conocen en primera instancia los Tribunales Administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2.2. Problema jurídico.

El problema jurídico se identifica en determinar si existe responsabilidad a cargo de la Nación – Fiscalía General de la Nación y/o del Departamento Administrativo de Seguridad DAS con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que se -afirmafue objeto el señor WALTER MANUEL VALENCIA SEPÚLVEDA entre el 07 de septiembre y el 23 de diciembre de 2.003, por el delito de rebelión y desplazamiento forzado.

2.3. Régimen de responsabilidad aplicable en materia de privación injusta de la libertad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado deberá responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean

2.3. Régimen de responsabilidad aplicable en materia de privación injusta de la libertad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado deberá responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados ya sea por acción u omisión de las autoridades públicas.

5 Fs. 387-390, C.2 6 Consejo de Estado.- Expediente: 11001-03-26-000-2008-00009-00(IJ) Auto: 2008 00009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.4

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Tratándose de la privación injusta de la libertad, la Ley Estatutaria 270 de 1.996, al desarrollar la referida norma constitucional, dispuso en el artículo 65 lo siguiente:

“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el de fectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.”

(…) (Se resalta)

Por su parte, el artículo 68 ibídem y ya en concreto en relación con la privación injusta de la libertad, preceptúa:

privación injusta de la libertad.”

(…) (Se resalta)

Por su parte, el artículo 68 ibídem y ya en concreto en relación con la privación injusta de la libertad, preceptúa:

“ARTÍCULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD.  Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.”

La Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad, entre otros, del referido artículo 68, en sentencia C -037 de 2.006 señaló que en los casos de privación injusta de la libertad se hace necesario entrar a examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de la libertad, en tanto no procede la reparación automática de los perjuicios por el solo hecho de que la persona finalmente resulte absuelta, toda vez que se debe determinar si dicha medida resultó injusta, a la vez que generadora de un daño antijurídico imputable a la administración. Al respecto, indicó:

“Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6°, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la

arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámet ros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.

“De conformidad con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se deba determinar en cada caso si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido.

(…)

“Así las cosas, el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si5

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la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración.”. (Se resalta)

Autoridad accionada: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro

la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración.”. (Se resalta)

Ahora bien, es de observar que en lo concerniente al régimen de responsabilidad aplicable en los eventos que se demanda indemnización de perjuicios por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia del Consejo de Estado venía indicando que era de naturaleza objetiva.

Así, en sentencia de Unificación de Sala Plena de la Sección Tercera de fecha 28 de agosto de 2.0147 se indicó que se trataba de un régimen objetivo, imponiéndose la responsabilidad en todos los casos en los que el procesado finalmente result aba absuelto o se precluía la investigación a su favor, cuando se determinaba que el hecho no existió, o el sindic ado no lo cometió, o la conducta resulta ba atípica; al igual que en aquellos eventos en los cuales no se logr aba demostrar la culpabilidad del procesado y se lo debía absolver en aplicación del principio universal del in dubio pro reo, así la privación de la libertad se hubiera producido como resultado de la actividad investigativa del Estado debidamente adelantada. Pero, igualmente, también se precisó que cuando se encontrara acreditado que la privación de la libertad se debió al hecho exclusivo y determinante de la víctima, no ha bía lugar a derivar responsabilidad alguna.

En la referida sentencia se precisó:

“(…)

En punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de

responsabilidad alguna.

En la referida sentencia se precisó:

“(…)

En punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 -Código de Procedimiento Penaly de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado que ha sido privado de la libertad finalmente es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada 8 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el

reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Rad. 36.149. Demandada: La Nación-Rama Judicial. 8 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 17 de octubre de 2013. Expediente: 23.354.6

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y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva9.

Se h izo tránsito, en consecuencia, a un régimen objetivo, en donde el elemento determinante de la responsabilidad est aba en la detención preventiva, y a partir de ella correspondía acreditar si se produjo o no un daño antijurídico, sobre el cual debía establecerse si era imputable a la administración de justicia.

No obstante, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia

establecerse si era imputable a la administración de justicia.

No obstante, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia igualmente de unificación del 15 de agosto de 2 .01810 modificó su jurisprudencia para precisar que corresponde al juez entrar a analizar si además de que la medida adoptada por la respectiva autoridad judicial que dispuso de la privación de la libertad de una persona hubiera sido legal, razonable y proporcionada, también deberá establecerse si el imputado o sindicado con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a dicha medida privativa de la libertad. Al respecto señaló:

“…la privación de la libertad de una persona puede ser imputada al Estado siempre y cuando ella no haya incurrido, bajo la perspectiva de lo civil, en culpa grave o dolo civil, es menester determinar si, a la luz del artículo 636 del Código Civil11, la conducta de quien fue privado de la libertad se puede considerar como tal y si, por consiguiente fue esa persona que dio lugar a la apertura del respectivo proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventi va cuyos perjuicios subsecuentes pretende le sean resarcidos.

En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en relación en los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicad o no lo

lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicad o no lo cometió, o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación de encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.” (Se resalta)

Ahora bien, dicha sentencia de unificación fue dejada sin efectos en sede de tutela por el mismo Consejo de Estado mediante decisión de fecha 15 de noviembre de 2.019 13, al estimar que se violó directamente el derecho fundamental de presunción de inocencia establecida a favor del detenido a partir de la decisión que lo absolvió de responsabilidad, adoptada por el funcionario penal competente y con fu erza de cosa juzgada; dictándose, en consecuencia, sentencia de reemplazo el 6 de agosto de

9 Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463, reiteradas por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, exp 20.299, entre muchas otras. 10 Radicado Nº 66001233100020100023501(46.947) 11La ley distingue tres especies de culpa o descuido: “Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquél cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en

“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquél cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. “Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. “El que debe administrar un negocio como buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. “Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. “El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.7

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202014, en la que se indicó que no era necesaria la valoración de la culpa exclusiva de la víctima, en tanto no se había acreditado la existencia de falla del servi cio. Sentencia esta que -se observano fue de unificación.

Finalmente, es de observar que el referido fallo de tutela del 15 de noviembre de 2.019 se seleccionó para revisión por la Corte Constitucional, quien mediante

Sentencia esta que -se observano fue de unificación.

Finalmente, es de observar que el referido fallo de tutela del 15 de noviembre de 2.019 se seleccionó para revisión por la Corte Constitucional, quien mediante sentencia SU-363 de 2.021, bajo el radicado 7.785.966, resolvió la misma, indicando que la sentencia del Consejo de Estado de fecha 15 de agosto de 2018 presuntamente había desconocido los derechos a la igualdad y debido proceso de los accionantes, al negarles las pretensiones dentro del proceso de reparación directa por privación injusta de la libertad, en la que se manifestó que la conducta pre-procesal en materia penal no puede constituir culpa exclusiva de la víctima para eximir responsabilidad patrimonial al estado.

En el comunicado 39 de la Corte Constitucional del 22 de octubre de 2.021 , se consignó al respecto lo siguiente:

La Sala Plena de la Corte Constitucional se preguntó si la sentencia del 15 de agosto de 2018, proferida en el marco del proceso de reparac ión directa, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, al incurrir en violación directa de la Constitución (por desconocer los principios de cosa juzgada, juez natural y presunción de inocencia), como componentes axiológicos del debido proceso; defecto sustantivo (por una indebida interpretación del artículo 70 de la Ley 270 de 1996) y desconocimiento del precedente judicial.

Para abordar este planteamiento, la Sala reiteró las reglas de procedencia de la acción de tutela cont ra providencias judiciales y consideró que, en el presente caso, se cumplen los requisitos generales de procedencia. Posteriormente, indicó que es

Para abordar este planteamiento, la Sala reiteró las reglas de procedencia de la acción de tutela cont ra providencias judiciales y consideró que, en el presente caso, se cumplen los requisitos generales de procedencia. Posteriormente, indicó que es necesario distinguir entre el régimen de imputación de responsabilidad aplicable a las situaciones de privación injusta de la libertad y el análisis de la culpa exclusiva de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad patrimonial del Estado.

Respecto del régimen de imputación, la Sala Plena recordó lo señalado en la sentencia SU-072 de 2018 y manife stó que la responsabilidad del Estado se deduce de tres elementos esenciales, a saber: a) el daño; b) la antijuridicidad de éste y; c) su atribución a una actuación u omisión estatal. Asimismo, indicó que el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad se desarrolla en los artículos 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia. Además, manifestó que la SU -072 de 2018 dejó claro que, en relación con la privación injusta de la libertad:

105. Esta Corporación [Corte Constitucional] comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípicaes posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.

En cuanto a la culpa exclusiva de la víctima, como causal exonerativa de

factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.

En cuanto a la culpa exclusiva de la víctima, como causal exonerativa de responsabilidad patrimonial del Estado, la Sala consideró importante fijar una regla en torno a cómo debe interpretarse ese concepto. Para ello, la Corte señaló, entre otras, las siguientes consideraciones.

En primer lugar, indicó que no toda medida de aseguramiento impuesta a una persona que es declarada posteriormente inocente conlleva a una responsabilidad estatal pues, en cada caso, es necesario tener en cuenta las8

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razones por las cuales se impone esa medida. En ese sentido, n o puede predicarse como regla general una responsabilidad objetiva por el hecho de privar a una persona de su libertad precautelativamente, y luego ordenar su libertad, sino que es necesario revisar, si la medida fue manifiestamente irrazonable y desproporcionada.

Posteriormente, advirtió que cuando se impone el análisis de la configuración de la culpa exclusiva de la víctima en un proceso de reparación directa, el juez de la responsabilidad debe respetar los principios del debido proceso, particularmente sus componentes de presunción de inocencia y respeto al juez natural. Esto significa, en términos concretos, que el juez de la responsabilidad del Estado no puede juzgar la conducta objeto de investigación y juzgamiento penal, al ser de res erva del juez

componentes de presunción de inocencia y respeto al juez natural. Esto significa, en términos concretos, que el juez de la responsabilidad del Estado no puede juzgar la conducta objeto de investigación y juzgamiento penal, al ser de res erva del juez ordinario —penal—. Desconocer esa configuración implicaría, por una parte, reabrir el debate sobre circunstancias fácticas y elementos probatorios que ya fueron evaluados por dicho juez (el juez natural); y, por otra parte, implicaría tratar de nuevo a quien fue procesado penalmente, ahora en el proceso administrativo, como sospechoso, así como la aplicación de un criterio peligrosista que compromete de nuevo la presunción de inocencia, situaciones proscritas a la luz de la Constitución Política de 1991.

La Corte Constitucional puntualizó, además, que la determinación de la culpa exclusiva de la víctima debe atender lo previsto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996. El supuesto fáctico contemplado en dicha norma es la culpa grave o el dolo de la víctima, que no corresponden a los hechos sumariados en lo penal, sino a una conducta con incidencia procesal directa, necesaria y determinante, que tenga efecto durante la tramitación del proceso, por la cual se reemplaza la decisión del juez como causa material del daño (privación de la libertad), por la propia conducta de la víctima, que indujo, provocó o determinó la privación de la libertad. Este supuesto se apoya, a su vez, en la interpretación de esta Corporación, según la cual, todo ciudadan o tiene el deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios

vez, en la interpretación de esta Corporación, según la cual, todo ciudadan o tiene el deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de