TA CAQ - 18001-23-33-000-2018-00206-00-(17-11-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, noviembre diecisiete (17) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Ana Ofelia Hernández Calderón

Demandado: Municipio de El Paujil Radicación: 18001-23-33-000-2018-00206-00

Tema: Reconocimiento pensión de sobrevivientes – alcalde – omisión de afiliación a ARL.

Acta número 85.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado , decide la Sala en primera instancia la demanda presentada por Ana Ofelia Hernández Calderón contra el Municipio de El Paujil.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Ana Ofelia Hernández Calderón, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1 Expediente digitalizado, pág. 209.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Ana Ofelia Hernández Calderón

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a. Resolución 044 del 22 de marzo de 2018 expedida por el alcalde del Municipio de El Paujil, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de origen profesional.

b. Resolución 15 5 del 10 de septiembre de 2018, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto anterior

1. A título de restablecimiento del derecho, se ordene al Municipio de El Paujil reconocer la pensión de sobrevivientes de origen profesional por la muerte de su cónyuge, Wilson Arcila Muñoz, a partir desde su deceso (11 de junio de 2004) y con efectos fiscales a partir del 6 de octubre de 2014 por la prescripción trienal, de conformidad con los artículos 47 y 255 de la Ley 100 de 199 3, 8 y 9 del Decreto 1295 de 1994, 1, 11 y 12 de la Ley 776 de 2002.

1. Se ordene indexar las mesadas conforme al IPC certificado por el DANE; se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA; y se condene en costas a la demandada.

1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Wilson Arcila Muñoz se posesionó como alcalde del Municipio de El Paujil el 1 de enero de 2004.

1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Wilson Arcila Muñoz se posesionó como alcalde del Municipio de El Paujil el 1 de enero de 2004.

1. Para los días 31 de mayo y 1 a 3 de junio de 2004, fue comisionado para trasladarse a la ciudad de Bogotá, con el fin de adelantar diligencias de tipo administrativo.

1. El 29 de mayo de 2004, se dejó en encargo al señor Juan Carlos Bolaños Motta, secretario de gobierno municipal, por el periodo de la comisión.

1. El 4 de junio de 2004 el señor Arcila Muñoz sufrió un accidente de tránsito como pasajero del vehículo con placas BNI -1984 (de propiedad del municipio) en la vía que comunica los Municipios de Suaza (Huila) y Florencia, el cual le causó lesiones severas, y después, la muerte el 11 de junio de 2004.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. Durante el lapso en el que el mencionado señor se desempeñó como alcalde, fue afiliado a Horizonte y Porvenir, pero no a riesgos laborales.

1. Wilson Arcila Muñoz convivió con la demandante de manera ininterrumpida desde marzo de 1985 hasta el 11 de junio de 2004 cuando falleció. De la unión

1. Wilson Arcila Muñoz convivió con la demandante de manera ininterrumpida desde marzo de 1985 hasta el 11 de junio de 2004 cuando falleció. De la unión marital procrearon a Magaly y Janice Lizzeth Arcila Hernández.

1. La actora d ependía económicamente de Wilson Arcila Muñoz, pues le suministraba alimentación, vestido, vivienda y demás recursos necesarios para su subsistencia.

1. Solicitó ante el Municipio de El Paujil el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, sin embargo, fue negada mediante los actos administrativos demandados.

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Citó como normas vulneradas los artículos 13, 48, 53 y 83 de la Constitución Política; 1, 2, 4, 255 y 288 de la Ley 100 de 1993; 2, a 4, 7 a 9, 20 y 34 del Decreto 1295 de 1994; 1 y 11 al 13 de la Ley 776 de 2002.

Afirmó que tiene derecho al reconocimiento de la pensión al tenor de las normas antes citadas, toda vez que el municipio no cumplió con la obligación de afiliar a su esposo al sistema general de riesgos laborales, “situación que es totalmente reprochada por la Constitución Política de 1991, las leyes que rigen la materia y la jurisprudencia de las Altas Cortes, en la cual es muy claro en determinar que el emplead or que no afilie a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Profesionales, además de las sanciones legales, será responsable de las prestaciones que se otorga el sistema (sic.)”. Citó las

Cortes, en la cual es muy claro en determinar que el emplead or que no afilie a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Profesionales, además de las sanciones legales, será responsable de las prestaciones que se otorga el sistema (sic.)”. Citó las sentencias C-250 de 2004, T-351 de 2006, T-948 de 2013 y T-234 de 2018 proferidas por la Corte Constitucional.

1.2. Contestación de la demanda. El Municipio de El Paujil no se pronunció.

1.3. Audiencia inicial2 y alegaciones finales.

Se realizó el 9 de marzo de 2021 y se agotaron las etapas de saneamiento, excepciones, fijación del litigio, conciliación, medidas cautelares y pruebas. En esta diligencia, también

2 Archivo 39.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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se dispuso que, una vez allegadas todas las pruebas, las partes podrían presentar las alegaciones finales por escrito.

1.3.1. Municipio de El Paujil.3

Indicó que, durante su permanencia en la entidad, el señor Wilson Arcila Muñoz no estuvo afiliado a ninguna administradora de riesgos profesionales. Señaló que de las declaraciones juramentadas, también se evidencia que la única pareja del occiso fue la aquí demandante y que de esa relación sentimental se procrearon 2 hijas, con quienes convivían hasta el momento del accidente que ocasionó la muerte.

juramentadas, también se evidencia que la única pareja del occiso fue la aquí demandante y que de esa relación sentimental se procrearon 2 hijas, con quienes convivían hasta el momento del accidente que ocasionó la muerte.

Manifestó que la actora no tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, toda vez que no se cumplen los supuestos consagrados en el artículo 11 de la Ley 776 de 2002, pues la muerte no tuvo origen profesional y, por tanto, el municipio no es responsable de asumir la prestación. Esto, por cuanto el acto que otorg ó la comisión contenía una descripción pormenorizada de las actividades que debía realizar durante el tiempo de comisión de servicios; «si bien es cierto, en la parte motiva de la Resolución No. 021 del 29 de mayo de 2004, no se indicó qué actividad debía realizarse el día 3 de junio de 2004, ha de entenderse que en esa fecha el funcionario comisionado debía retornar a su lugar de origen. Por cuanto, la comisión se hizo por el término de cuatro (4) días (…) y el último día, (…), que se dispuso para hacer el recorrido Bogotá-Paujil». Agregó que el accidente ocurrió un día después de haber culminado la comisión de servicios, lo que implica que se rompió el nexo con el servicio.

Dijo que si bien la señora Ana Ofelia Hernández afirmó que Wilson Arcila tenía programado regresar en avión y que por las condiciones climáticas no pudo y que por ello, contrató un vehículo de servicio público para desplazarse hasta El Paujil, no obra sopo rte documental (tiquete aéreo o certificación del cierre del aeropuerto) de ese dicho. Por tanto, consideró

vehículo de servicio público para desplazarse hasta El Paujil, no obra sopo rte documental (tiquete aéreo o certificación del cierre del aeropuerto) de ese dicho. Por tanto, consideró que no existió alguna causa justificada para que el funcionario no diera cumplimiento a los términos de la comisión de servicios «habiéndose extralimitado en el número de días, y su retorno lo hizo en un día distinto al que debía hacerlo, es decir, que en modo alguno puede admitirse que se diga que su regreso se hizo amparado en la comisión y, por ende, el accidente acaecido el 4 de junio de 2004, no es de origen laboral».

3 Archivo 44.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Arguyó que no es aplicable la Ley 776 de 2002 sino el artículo 12 de la Ley 979 de 2003, bajo ese entendido, i) por cada año de afiliación al sistema pensional, se cotizan 51.42 semanas o 4.29 por mes; ii) solo estuvo afiliado por 5 meses y 13 días (23.35 semanas); y iii) no cumpl ió con el número mínimo de cotizaciones para acceder a la pensión de sobrevivientes.

Sobre el pago de intereses moratorios, dijo que no procede porque está en discusión el reconocimiento del derecho, por tanto, no existe una obligación que pagar.

1.3.2. Parte demandante. 4 Volvió sobre los argumentos expuestos en el escrito introductorio.

reconocimiento del derecho, por tanto, no existe una obligación que pagar.

1.3.2. Parte demandante. 4 Volvió sobre los argumentos expuestos en el escrito introductorio.

1.3.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente para decidir en primera instancia la demanda de nulidad y restablecimiento presentada por Ana Ofelia Hernández Calderón contra el Municipio de El Paujil, de conformidad con los artículos 125 y 152 de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la demandante, Ana Ofelia Hernández Calderón, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y de ser así, si está a cargo del Municipio de El Paujil, toda vez que su compañero permanente, Wilson Arcila Muñoz, falleció cuando se encontraba en una comisión como alcalde de dicha entidad territorial, y a la fecha de su deceso, no estaba afiliado al sistema de riesgos profesionales.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i ) sobre el marco normativo y jurisprudencial de la pensión de sobrevivientes; de los deberes del empleador por incumplir la obligación legal de afiliar a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social; y de los riesgos profesionales; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

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Sala. Caso concreto.

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2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre la pensión de sobrevivientes.

De conformidad con el artículo 10 de la Ley 100 de 1993, el sistema de seguridad social en pensiones está instituido como una garantía constitucional que tiende a proteger a las personas frente al acaecimiento de una serie de contingencias como la vejez, la invalidez o la muerte.

Sobre esta prestación, el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativ o, ha señalado lo siguiente:5

Dentro de nuestro ordenamiento legal, el régimen de sustitución pensional tiene por objeto principal el proteger a la familia y los derechos fundamentales de quienes compartían de manera más cercana su vida con el causante, y que entran a soportar las cargas económicas, ante la muerte de un pensionado de quien dependía su sustento. Es decir, atiende la contingencia derivada por el deceso del trabajador, con el objetivo de cubrir no solo la ausencia repentina de la persona, sin o el apoyo económico que le daba al grupo familiar, y con el fin de evitar un cambio de las condiciones de subsistencia de las personas beneficiarias de la prestación.

La Corte Constitucional en diversas oportunidades se ha referido a la pensión de sobrevivientes; en las que ha destacado que su creación tiene por objeto principal

condiciones de subsistencia de las personas beneficiarias de la prestación.

La Corte Constitucional en diversas oportunidades se ha referido a la pensión de sobrevivientes; en las que ha destacado que su creación tiene por objeto principal proteger a la familia y los derechos fundamentales de quienes compartían de manera cercana su vida con el causante, y que entran a soportar las cargas económicas, ante la muerte del pensionado, de quien dependía el sustento familiar. Dijo la Corte, en la sentencia T-701 de 22 de agosto de 2006:

“La Corte ya había advertido en reiteradas ocasiones que la pensión de sobrevivientes tiene como finalidad evitar “que las personas allega das al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección” y, por tanto, “busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento.”.

De esa manera, el legislador estableció unas prestaciones como la pensión de sobrevivientes, con el fin de responder a la necesidad de mantener, para sus beneficiarios, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaban en vida con el afiliado fallecido.6

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, expediente 1146-17, C.P. César Palomino Cortés. 6 Corte Constitucional, sentencia C-111 de 2006.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Demandado: Municipio de El Paujil

Cortés. 6 Corte Constitucional, sentencia C-111 de 2006.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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2.3.2. Sobre el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del empleador, al incumplir con la obligación legal de afiliar a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social.

El artículo 13 de la Ley 100 de 1993 consagró la obligatoriedad de la afiliación, con el fin de hacer palpables los principios de universalidad y solidaridad referidos en la Constitución Política, a más de solventar la sostenibilidad del sistema.

Esta obligación, a su vez, conlleva el deber de efectuar los aportes en la modalidad de cotizaciones, tal como lo prevé el artículo 22 ibidem; esta está a cargo del empleador, quien, del salario, descuenta la suma correspondiente de aporte.

Lo anterior, permite afirmar que el Sistema de Seguridad Social, cuando se trata de trabajadores dependientes, descarga en el empleador la responsabilidad de efectuar aportes y su omisión, necesariamente conlleva a que sea este el que deba responder por las pensiones o prestaciones sociales que reconocería el sistema en el evento en que realmente se hubiere dado la afiliación.

Sobre este punto, en la sentencia proferida el 2 de octubre de 2014 con ponencia del consejero Gerardo Arenas Monsalve (expediente 0964-12), el Consejo de Estado sostuvo:

Ahora bien, en relación con este aspecto, debe decirse que el literal a, del artículo

consejero Gerardo Arenas Monsalve (expediente 0964-12), el Consejo de Estado sostuvo:

Ahora bien, en relación con este aspecto, debe decirse que el literal a, del artículo 137 de la Ley 100 de 1993 establece claramente que “la afiliación al sistema general de seguridad social en pensiones es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes”. A su turno, y en lo que respecta a la obligación del empleador de efectuar las cotizaciones, artículo 22 8 ibidem, la Sala debe señalar que dicha obligación resulta de vital importancia dado que los aportes constituyen los recursos económicos con los cuales se garantiza el financiamiento de las prestaciones a que tienen derechos los afiliados; de tal suerte que las cot izaciones individuales que efectúan los empleadores y empleados preservan el equilibro financiero que requiere el sistema para atender con eficiencia y eficacia las diferentes contingencias amparadas por disposición del legislador.

Bajo esto s supuestos, la omisión en el pago de los aportes que por ley le corresponde al empleador, en seguridad social en pensiones, constituye una conducta reprochable que acarrea graves consecuencia al empleado toda vez que,

7 Artículo 13. Características del sistema general de pensiones . El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características: a. Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente: La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes; (…). 8 Artículo 22. Obligaciones del empleador . El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las

8 Artículo 22. Obligaciones del empleador . El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará esta s sumas a la entidad eleg ida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno. El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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al no estar garantizadas en términos económicos las prestaciones a que éste último tiene derecho, las administradoras de fondos de pensiones no están obligadas a amparar las contingencias que pudieran llegarse a suscitar entre ellas, como en el caso concreto, la muerte.

No obstante lo anteri or, estima la Sala que teniendo presente que el objeto 9 y la filosofía que inspira al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, previsto en la Ley 100 de 1993, es garantizar a la población el amparo efectivo de las contingencias derivadas de la vej ez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones previamente establecidas, las consecuencias producto de tal omisión no pueden ser trasladas a los empleados,

contingencias derivadas de la vej ez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones previamente establecidas, las consecuencias producto de tal omisión no pueden ser trasladas a los empleados, quienes en el marco de un sistema pensional eminentemente contributivo, y de una relación laboral subordinada, presumen el cumplimento a satisfacción de las obligaciones legales a cargo del empleador.

Sobre este particular, debe decirse que la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, en sede de revisión de tut ela, ha sido consistente en conceder la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, cuando la negativa frente a la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez es consecuencia del incumplimiento de la obligación patronal de realizar aportes al Sistema de Pensiones10.

Al respecto, en sentencia T-1128 de 3 de noviembre de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, sostuvo la Corte que:

“Una entidad administradora de pensiones no puede negar a un trabajador la pensión a que tiene derecho argumentando el incumplimiento del empleador en el pago de algunos meses de aportes, pues al trabajador se le descuentan estas sumas directamente de su salario mensual, siendo por ello el empleador quien tiene la obligación de c otizar los porcentajes equivalentes al factor prestacional a las entidades promotoras de salud y administradoras de pensiones. La entidad administradora de pensiones no puede obstaculizar el otorgamiento de una pensión a un trabajador al que se le han descontado en forma periódica los aportes correspondientes, debido al incumplimiento de la obligación del empleador de consignar los aportes, por cuanto no es justo que el

pensión a un trabajador al que se le han descontado en forma periódica los aportes correspondientes, debido al incumplimiento de la obligación del empleador de consignar los aportes, por cuanto no es justo que el trabajador deba soportar tan grave perjuicio por una falta del empleador que, además, hu biese podido ser subsanada por la misma entidad.” (Negrilla fuera del texto original).

En este mismo sentido, en sentencia T558 de 6 de octubre de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero, el referido Tribunal ya había explicado que:

“En cuanto dice relación con el incumplimiento del pago de los aportes por los empleadores al ISS, la Corte, de manera reiterada, ha sostenido que no le es endilgable al empleado y menos aún, puede derivarse contra éste una consecuencia negativa, por la mo ra del patrono o empleador en hacer oportunamente el pago de la porción de los aportes que le corresponden, junto con la parte que para el mismo efecto ha retenido de su salario al empleado.

9 “ARTÍCULO 10. OBJETO DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones.”. 10 En este mismo sentido la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, ha sostenido que: “(…) Los artículos

progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones.”. 10 En este mismo sentido la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, ha sostenido que: “(…) Los artículos 17 y 22 [de la Ley 100 de 1993] señalan el derrotero inicial de ese deber [efectuar cotizaciones] y ubican en cabeza del empleador la mayor responsabilidad frente a su incumplimiento en los casos de relaciones laborales subordinadas”. De esta idea dedujo la Corte que: “(…) No puede concebirse la pérdida del derecho pensional reclamado por la incuria de la empleadora responsable del pago de las cotizaciones” concluyendo, en esa oportunidad, que: “(…) Le corresponde al empleador incumplido la obligación de responder por la pensión de sobreviniente que se llegare a causar (…).” .Cita jurisprudencial tomada de: El Derecho Colombiano de la Seguridad Social, Arenas Monsalve, Gerardo, Legis, Bogotá, Tercera Edición 2011, p. 351.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Dicho de otra forma: retenidos por el empleador, de la asignaci ón salarial los valores que le corresponde aportar al empleado, surge para aquél la obligación de consignarlos en la oportunidad señalada por la ley y el reglamento, junto con los que son de su cargo. Por lo tanto, siendo el empleador quien efectúa los descuentos o retenciones, si elude el pago a la entidad de seguridad social,

de consignarlos en la oportunidad señalada por la ley y el reglamento, junto con los que son de su cargo. Por lo tanto, siendo el empleador quien efectúa los descuentos o retenciones, si elude el pago a la entidad de seguridad social, tal omisión no le es imputable al empleado, ni pueden derivarse contra éste consecuencias negativas que pongan en peligro su derecho a la salud o a la vida, o a una prestación económ ica de tanta importancia como la que representa la pensión de invalidez.”. (Negrilla fuera del texto original).

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en precedencia, y descendiendo al caso concreto, estima la Sala que las consecuencias derivas de la omisión en que incurrió en su momento la Contraloría Municipal de Juan de Acosta, Atlántico, al abstenerse de afiliar al señor Fredys Antonio Coronell González a una administradora de pensiones, y de efectuar los aportes por ese concepto, no pueden ser trasladas hoy a las beneficiarias de quien, asistido por el principio constitucional de la buena fe, presumía el cumplimiento de las obligaciones que las disposiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y decretos reglamentarios, le imponían a su empleador.

Ahora bien, en cuanto a los riesgos profesionales, debe señalarse que el Máximo Tribunal Constitucional ha establecido lo siguiente:11

De otra parte, el Sistema General de Riesgos Profesionales contempla la obligación del empleador de afiliar a todos sus trabajadores dependientes a la correspondiente Administradora de Riesgos Profesionales, “mediante el diligen ciamiento del formulario de afiliación”, como quiera que, si no cumple, responderá frente a las sanciones legales y de las prestaciones económicas establecidas en el Decreto 1295

Administradora de Riesgos Profesionales, “mediante el diligen ciamiento del formulario de afiliación”, como quiera que, si no cumple, responderá frente a las sanciones legales y de las prestaciones económicas establecidas en el Decreto 1295 de junio 22 de 1994, entre éstas, el derecho a la pensión de sobrevivientes.

Es importante indicar que el empleador tiene que ser diligente en la afiliación de sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Profesionales y que “la cobertura del Sistema se inicia desde el día calendario siguiente a la afiliación y la aceptación por parte de la entidad administradora”, es decir, que las contingencias se subrogan a la Administradora de Riesgos Profesionales sólo a partir del día siguiente a cuando se diligenció el formulario de afiliación, siendo el empleador el responsable de las co ntingencias a las que están expuestos los trabajadores si empiezan sus labores sin estar cubiertos

Luego, en la sentencia T-475 de 2011, consideró:

6.5. Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha resuelto casos en los que se solicita la protección del derecho a la seguridad social, aplicando un criterio similar al planteado por la Corte Suprema de Justicia. Como ejemplo de lo anterior, mediante sentencia T-321 de 2010 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), la Sala Sexta de Revisión estudió una acción de tutela instaurada por una madre que dependía económicamente de su hijo, el cual falleció en un accidente de trabajo y a quien la Administradora de Ri esgos Profesionales le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes porque la fecha de afiliación del trabajador coincidía con su fecha de fallecimiento. La Corte Constitucional consideró que el empleador era

Administradora de Ri esgos Profesionales le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes porque la fecha de afiliación del trabajador coincidía con su fecha de fallecimiento. La Corte Constitucional consideró que el empleador era responsable del pago de la pensión de sobrevivientes porque no cumplió con su obligación de afiliar al trabajador fallecido. Como consecuencia de lo anterior, tuteló

11 Sentencia T-321 de 2010.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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transitoriamente los derechos a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital de la tutelante, ordenando al empleador el pago de una mesada pensional hasta que la justicia laboral ordinaria resolviera definitivamente el conflicto. Específicamente, la

Sala Sexta de Revisión sostuvo:

“De otra parte, el Sistema General de Riesgos Profesionales contempla la obligación del empleador de afiliar a todos sus trabajadores dependientes a la correspondiente Administradora de Riesgos Profesionales, “mediante el diligenciamiento del formulario de afiliación”, como quiera que, si no cumple, responderá frente a las sanciones legales y de las prestaciones económicas establecidas en el Decreto 1295 de junio 22 de 1994, entre éstas, el derecho a la pensión de sobrevivientes”.

6.6. En el caso en estu dio, el señor Alfonso Zúñiga Contreras interpuso acción de tutela porque, en su concepto, el municipio de Santiago de Tolú le vulneró, entre

a la pensión de sobrevivientes”.

6.6. En el caso en estu dio, el señor Alfonso Zúñiga Contreras interpuso acción de tutela porque, en su concepto, el municipio de Santiago de Tolú le vulneró, entre otros, sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital, al negarle el reconocimiento de la indemnización susti tutiva de la pensión de vejez, argumentando que esa prestación sólo se le reconocía a las personas qu