TA CAQ - 18001-23-33-000-2022-00156-00-(15-03-2023)

Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente: Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, marzo quince (15) de dos mil veintitrés (2023)

Revisión de legalidad

Actor: Departamento del Caquetá Demandado: Concejo Municipal de San José del Fragua Expediente: 18001-23-33-000-2022-00156-00

Tema: Legalidad del Acuerdo 018 del 22 de noviembre de 2022 expedido por el Concejo Municipal de San José del Fragua . - Vigencias futuras ordinarias – reservas presupuestales.

Acta número 19.

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala en única instancia la solicitud de invalidez del Acuerdo 018 del 22 de noviembre de 2022 «POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A LA ALCALDESA DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS» expedido por el Concejo Municipal de San José del Fragua.

I. ANTECEDENTES

El Departamento del Caquetá solicitó que se declare la ilegalidad del Acuerdo 018 del 22 de noviembre de 2022. Sustentó la petición con los siguientes argumentos:

1. Inconsistencias frente al valor del proyecto.

 La finalidad del acuerdo fue autorizar a la alcaldesa para comprometer vigencias futuras ordinarias en el presupuesto del año 2023, con ocasión del proyecto con código BPIN 2022186100032 denominado «mejoramiento y reposición de alcantarillado sanitario en el casco urbano de la inspección del Fraguita del

futuras ordinarias en el presupuesto del año 2023, con ocasión del proyecto con código BPIN 2022186100032 denominado «mejoramiento y reposición de alcantarillado sanitario en el casco urbano de la inspección del Fraguita del municipio de San José del Fragua, departamento del Caquetá» , cuyo valor referenciado en el acuerdo es de $601.220.381.Revisión de legalidad

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 El concejo municipal indicó que, en virtud del mentado proyecto, la Alcaldía Municipal inició el proceso de licitación pública 003 de 2022, el cual se encuentra soportado en los certificados de disponibilidad presupuestal 261 y 262 del 26 de agosto de 2022, cuya sumatoria arroja un total de $601.220.381; sin e mbargo, revisada la plataforma Secop I, se encontró que el valor del proyecto contemplado difiere del acabado de señalar.

 Ello se justifica a partir del pliego de condiciones definitivo y el presupuesto actualizado, pues la entidad publicó el 31 de octubre de 2022 a las 6:05 p.m. que el valor total era de $560.379.698.

 La entidad únicamente publicó la solicitud de certificado de disponibilidad y el certificado 261 del 26 de agosto de 2022 por el valor de $62.863.976. El certificado 262 de 2022, adem ás de que no se adjuntó al proceso licitatorio, «presenta confusión al aumentar el monto total del proyecto para efectos de obtener la

262 de 2022, adem ás de que no se adjuntó al proceso licitatorio, «presenta confusión al aumentar el monto total del proyecto para efectos de obtener la autorización en el compromiso de vigencias futuras».

1. Inconsistencias frente al instrumento jurídico utilizado.

 Para la fecha de radicación del Acuerdo 018 a la Gobernación del Caquetá, esto es, el 23 de noviembre de 2022, e incluso a la fecha, no existe certeza sobre si el contrato producto del proceso de selección se perfeccionar á en la presente vigencia, «pues en el cro nograma publicado por la entidad el 13 de diciembre de 2022 a través de la adenda No. 006 indica que este tendrá lugar el 21 de diciembre de 2022. Sin embargo, tal instancia ha sido objeto de diferentes modificaciones a través de cinco adendas».

 Surge la duda de si la vía presupuestal a la cual debía acudir a la entidad para asegurar el pago del contrato era la de vigencias futuras o si, por el contrario, lo que debía realizar era una reserva presupuestal. Esto, bajo el entendido de que existe el indicio de que la entidad contaba con la totalidad del recurso en la vigencia y no iba a afectar el presupuesto futuro.

 Si se aceptara que la autorización para comprometer vigencias futuras era el mecanismo adecuado, lo cierto es que no se cumplió con la carga de acreditar el cumplimiento de los requisitos enlistados en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003.Revisión de legalidad

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 El Acuerdo 018 del 22 de noviembre de 2022 fue expedido de manera irregular, con ausencia de claridad y precisión y, por consiguiente, usurpó las normas y principios de rango constitucional y legal que le resultan aplicables.

I. ACTUACIÓN PROCESAL.

La solicitud de revisión de legalidad del Acuerdo 018 del 22 de noviembre de 2022 fue radicada ante la Oficina de Apoyo Judicial el 16 de diciembre de 2022 1 y fue admitida en proveído del 18 de enero de 2023, mediante el cual se ordenó su fijación en lista por el término de diez (10) días a fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 121 del Decreto Ley 1333 de 1986.2

Posteriormente, el 23 de febrero hogaño, se tuvieron como pruebas los documentos aportados con la solicitud de revisión y se decretaron otros.3

II. INTERVENCIONES.

Dentro del término de fijación en lista, ninguna autoridad se pronunció.

III. CONSIDERACIONES.

3.1. Competencia.

A la luz del numeral 4º del artículo 151 de la Ley 1437 de 2011, est a Sala es competente para conocer de las observaciones de legalidad y constitucionalidad que formule el gobernador sobre los acuerdos municipales y proyectos de ordenanza proferidos dentro de su jurisdicción.

3.2. Problema jurídico.

para conocer de las observaciones de legalidad y constitucionalidad que formule el gobernador sobre los acuerdos municipales y proyectos de ordenanza proferidos dentro de su jurisdicción.

3.2. Problema jurídico.

De acuerdo con los argumentos de la demanda, el problema jurídico se contrae a establecer si el Acuerdo 018 del 22 de noviembre de 2022 «por medio del cual se autoriza a la alcaldesa de San José del Fragua para comprometer vigencias futuras ordinarias » cumplió con los parámetros del artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y si el valor presupuestal del trámite licitatorio está ajustado o no al ordenamiento jurídico.

1 Archivo 05. 2 Archivo 09. 3 Archivo 15.Revisión de legalidad

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Para efectos de resolver el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial sobre de los límites del pronunciamiento; ii) análisis de la Sala. Caso concreto.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial.

3.3.1. De los límites del pronunciamiento.

Sea lo primero señalar que no corresponde en este procedimiento un análisis total, que agote la integridad de los preceptos constitucionales y/o legales y que verse sobre todos los posibles motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad -formales y materialesdel acuerdo sometido a su estudio. Es necesario establecer pues, con toda claridad, cuáles son los

los posibles motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad -formales y materialesdel acuerdo sometido a su estudio. Es necesario establecer pues, con toda claridad, cuáles son los reproches del accionante conforme, exclusivamente, a aquellos aspectos a los que se contrajo el escrito de solicitud de invalidez. Es este análisis -y ningún otro-, el que permite determinar si el acto puede o no ser declarado inválido, total o parcialmente.

En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-1036 de 20034, expuso:

Según constante jurisprudencia 5, el examen que realiza la Corte de las disposiciones objetadas por el presidente de la República, ante la insistencia del Congreso, por infringir la Constitución Política, se restringe a las normas controvertidas, a los cargos formulados por el objetante y los argumentos esgrimidos por el Congreso para justificar su insistencia, aspectos que son los que limitan el alcance la cosa juzgada constitucional (…).

Además, en sentencia C-256 de 19976, precisó:

Considera la Corte que cuando, en ejercicio del control previo de constitucionalidad, ella revisa un determinado proyecto de ley objetado por el presidente de la República, el examen que efectúa hace tránsito a cosa juzgada constitucional. No obstante, como las objeciones presidenciales no siempre recaen sobre la totalidad de las normas integrantes del proyecto y, si son de carácter formal, señalan apenas unos específicos motivos de violación de la Carta, los efectos de la cosa juzgada deben entenderse rela cionados tan sólo con las razones expuestas por el Gobierno al objetar, con los preceptos constitucionales respecto de los cuales

unos específicos motivos de violación de la Carta, los efectos de la cosa juzgada deben entenderse rela cionados tan sólo con las razones expuestas por el Gobierno al objetar, con los preceptos constitucionales respecto de los cuales se ha hecho la confrontación y con los aspectos que han sido materia del análisis explícito efectuado por la Corte. Por tanto, la cosa juzgada es en tales casos relativa, pues la exequibilidad que se declara no proviene normalmente de un análisis total, que agote las referencias a la integridad de los preceptos constitucionales y que verse sobre todos los posibles motivos de inconstitucionalidad, formales y materiales, del proyecto sometido a su estudio.

4 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 5 Corte Constitucional. Sentencias C-176, C-482, C-913, C-914 de 2002; C-1043 de 2000; C-256 de 1997, entre otras. 6 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.Revisión de legalidad

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Como puede apreciarse, la competencia del Tribunal se limita a examinar la legalidad y/o constitucionalidad del acuerdo cuya invalidez se solicita, únicamente por los cargos que se formulan y en atención a las normas invocadas.

Por tal razón, la Sala se limitará a los aspectos respecto de los cuales se pide la declaratoria de invalidez, sin abordar un control abstracto de legalidad del acto administrativo ni las razones de conveniencia que escapan al control de legalidad y constitucionalidad que

Por tal razón, la Sala se limitará a los aspectos respecto de los cuales se pide la declaratoria de invalidez, sin abordar un control abstracto de legalidad del acto administrativo ni las razones de conveniencia que escapan al control de legalidad y constitucionalidad que ocupan el debate.

3.3.2. Sobre las vigencias futuras.

Según el principio de legalidad financiera, el objeto del presupuesto se circunscribe a estimar los ingresos y autorizar los gastos; en efecto, el artículo 345 de la Constitución Política prevé que no es posible «hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos» y tampoco «podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni tra nsferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto».

Dicho de otro modo, toda erogación con cargo al erario debe estar incluida y autorizada en el presupuesto de gastos respectivo; una vez este es aprobado, su ejecución se adelanta de procedimientos reglados que buscan que las apropiaciones presupuestales se empleen para la adquisición de los bienes y servicios previamente contemplados en el presupuesto –ejecución pasiva-.7

Para que lo dicho sea cumplido, conforme lo establece el artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el municipio debe seguir unas etapas para afectar el presupuesto; ello quiere decir que, una vez la entidad cuenta con la apropiación, debe expedir el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), el cual garantiza «la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos» y «afecta

quiere decir que, una vez la entidad cuenta con la apropiación, debe expedir el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), el cual garantiza «la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos» y «afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal».8

En términos del Consejo de Estado, «contar con disponibilidad presupuestal para un contrato no equivale a tener dinero efectivo en caja. La disponibilidad tampoco es un cheque ni un título valor, es un certificado que garantiza que en el presupuesto anual de la

7 DNP. Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Territorial. Bogotá, 2017, pág. 82. 8 Artículo 2.8.1.7.2. del Decreto 1068 de 2015.Revisión de legalidad

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entidad existe una partida o rubro, representada en dinero, para comprometerse por medio de un contrato. No obstante –se insiste -, el certificado no asegura que el dinero esté disponible en los bancos donde la entidad maneja sus cuentas, solo asegur a que existe espacio presupuestal para asumir un compromiso, así que el dinero puede o no estar disponible. De hecho, la confrontación que hace el funcionario que expide el certificado entre el presupuesto anual aprobado –no contra los saldos en bancosy el monto solicitado para un proceso de contratación específico (...)».9

Aunado a lo anterior, sea menester destacar que si bien en materia contractual no es

entre el presupuesto anual aprobado –no contra los saldos en bancosy el monto solicitado para un proceso de contratación específico (...)».9

Aunado a lo anterior, sea menester destacar que si bien en materia contractual no es necesario contar con el certificado de disponibilidad presupuestal para elaborar y publicar los proyectos de pliegos de condiciones o su equivalente, sí es un documento ob ligatorio para iniciar formalmente el proceso de selección, de conformidad con los artículos 6 de la Ley 1882 de 201810 y 25-6 de la Ley 80 de 199311. Después de certificarse la disponibilidad de los recursos, la entidad puede celebrar el compromiso correspondiente; este término hace referencia a los actos y contratos que afectan el presupuesto en desarrollo de la apropiación presupuestal.12

De forma simultánea, antes del inicio de la ejecución del compromiso, la entidad debe efectuar su registro presupuestal (RP), tal como lo prevén los artículos 71 del Estatuto Orgánico de Presupuesto y 41 de la Ley 80 de 1993. Esta es una «operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que esta no será de sviada a ningún otro fin» , según lo indica el artículo 2.8.1.7.3. del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015. Esto, entonces, implica que el registro presupuestal debe indicar expresamente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar, sin pasar por alto que el numeral 13 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 consagra que este documento (el RP) debe constituirse tomando como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar el contrato y el estimativo de los ajustes

las que haya lugar, sin pasar por alto que el numeral 13 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 consagra que este documento (el RP) debe constituirse tomando como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar el contrato y el estimativo de los ajustes resultantes de la aplicación de la cláusula de actualización de precios.

Lo dicho hasta aquí, se traduce en que los compromisos se convierten en obligaciones (en sentido presupuestal) cuando se acredita su cumplimiento total o parcial y, por t anto, se hace exigible el pago.

9 Consejo de Estado, sentencia del 17 de agosto de 2014, CP. Enrique Gil Botero, expediente 28565. 10 «ARTÍCULO 6o. Adiciónese un parágrafo al artículo 8ode la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: (...) PARÁGRAFO. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del proyecto de Pliego de Condiciones. (…)» 11 «ARTÍCULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. En virtud de este principio: (…) 6o. <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> Las entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales.» 12 Auditoría General de la República. Guía de presupuesto público territorial. Bogotá, 2012, pág. 101.Revisión de legalidad

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Ahora, según el principio de anualidad presupuestal (artículo 14 del EOP), el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, luego después de esta última fecha no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción; dicho de otro modo, el proceso de afectación presupuestal debe desarrollarse en su totalidad dentro de la misma vigencia fiscal , sin perjuicio de que, en virtud del principio de planeación, se determine que un compromiso se cumpla en más de una vigencia fiscal. Sobre este punto, el Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 31 de mayo de 2018,13 indicó que «el principio de anualidad –su alcancese atenúa luego de que se lo relaciona con aquel de la planeación, pues éste exige el desarrollo de actividades que, en la mayoría de casos, superan el periodo de un año. La conjunción de esos referentes normati vos ha implicado la aparición de las vigencias futuras, que permiten afectar presupuestos venideros o fin de materializar proyectos que no resultan ejecutables en ese lapso (...)».

Estos principios se correlacionan con el concepto de vigencias futuras, las cuales han sido definidas por el Consejo de Estado, así:14

Precisamente, las vigencias futuras constituyen una excepción al principio de anualidad presupuestal. Estas vigencias, según se ha definido por la doctrina, no

sido definidas por el Consejo de Estado, así:14

Precisamente, las vigencias futuras constituyen una excepción al principio de anualidad presupuestal. Estas vigencias, según se ha definido por la doctrina, no son otra cosa que la autorización impartida para afectar presupuestos futuros con apropiaciones autorizadas con antelación a la aprobación de dichos presupuestos, y se tienen como excepcionales al principio mencionado, en tanto que la autorización de gastos se formaliza antes de que se apr ueben las vigencias en las que se van a ejecutar y la vida jurídica de tales autorizaciones se prolonga a lo largo de varias vigencias.

En consonancia lo anterior, igualmente se ha precisado que las vigencias futuras son un instrumento de planificación presupuestal y financiero que permite autorizar la asunción de obligaciones que afecten los presupuestos de vigencias posteriores, y tienen como fin garantizar la existencia de apropiaciones suficientes en los años siguientes, para asumir compromisos y obl igaciones con cargo a ellas, así como también disponer de los recursos financieros, y de esa manera garantizar el avance y conclusión de proyectos plurianuales.

Este mecanismo, en definitiva, permite la ejecución de proyectos sin que exista la restricción de la disponibilidad de recursos durante una única vigencia fiscal.

Estas –las vigencias futuras - pueden ser ordinarias o excepcionales y depende su naturaleza de si la ejecución del compromiso inicia o no con financiación de la vigencia en curso, como se extrae de los artículos 12 de la Ley 819 de 2003 y 1º de la Ley 1483 de 2011 que rezan:

[Ley 819 de 2003]

13 CP. Lucy Jeannette Bermúdez, radicación 2011-01664.

2011 que rezan:

[Ley 819 de 2003]

13 CP. Lucy Jeannette Bermúdez, radicación 2011-01664. 14 Sección Primera, sentencia del 1 de febrero de 2018, expediente 2010-00987, CP. Oswaldo Giraldo López.Revisión de legalidad

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Artículo 12. Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales . En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces.

Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que:

a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1º de esta ley;

b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas;

c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.

La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si los

autorizadas;

c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.

La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pre tendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, se excede su capacidad de endeudamiento.

La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica.

En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualqui er vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público.

Parágrafo transitorio. La prohibición establecida en el inciso anterior no aplicará para el presente período de Gobernadores y Alcaldes, siempre que ello sea necesario para la ejecución de proyectos de desarrollo regional aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo.

[Ley 1483 de 2011]

Artículo 1°. Vigencias futuras excepcionales para entidades territo riales. En las entidades territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

(...)

gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

(...)

De acuerdo con las normas citadas, para comprometer vigencias futuras ordinarias es necesario que el concejo municipal, por iniciativa del alcalde, las apruebe y que exista también la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal15 (CONFIS) o del organismo

15 De conformidad con el Decreto 111 de 1996, el CONFIS es un órgano r ector de la política fiscal y coordina el sistema presupuestal.Revisión de legalidad

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que haga sus veces en el municipio y que la inversión que origina el comp romiso de la vigencia futura se encuentre en el Plan de Desarrollo.

En todo caso, esta figura cuenta con 2 elementos esenciales: i) el plazo de ejecución del compromiso debe comprender más de una vigencia; y ii) se trata de una autorización de carácter presupuestal, lo cual representa que el concejo autoriza al alcalde –ordenador del gastoa asumir obligaciones o compromisos que afecten los presupuestos de vigencias posteriores. Según el artículo 2.8.1.7.6. del Decreto 1068 de 2015, la corporación edilic ia debe autorizarlas «previo a la expedición de los actos administrativos de apertura del proceso de selección de contratistas».

En ese orden, al momento de expedir los pliegos de condiciones definitivos, el compromiso

debe autorizarlas «previo a la expedición de los actos administrativos de apertura del proceso de selección de contratistas».

En ese orden, al momento de expedir los pliegos de condiciones definitivos, el compromiso que excede la vigencia fiscal debe c ontar con el certificado de disponibilidad presupuestal que garantiza la apropiación de los recursos de la vigencia actual, junto con la autorización del concejo, con el fin de garantizar la apropiación de los recursos de la vigencia siguiente (vigencia fu tura ordinaria) ; no obstante, cuando el compromiso se financiará íntegramente con recursos de la vigencia siguiente –vigencias futuras excepcionales-, la autorización del concejo es la que garantiza la totalidad de la apropiación.

En gracia de claridad, el Consejo de Estado ha señalado:16

Atendiendo las exigencias analizadas, queda claro que la ejecución del contrato que se pagará con recursos de vigencias futuras debe empezar a ejecutarse en el año en curso –vigencia presentey continuar el año (s) siguiente(s) –vigencias futuras-. Esto significa que i) si un contrato de seis (6) meses de plazo empieza a ejecutarse en un año y termina en el mismo, su pago no se puede hacer con vigencias futuras, sino solo con vigencias presentes. Por el contrario ii) si ese mismo contrato de seis (6) meses de plazo empieza a ejecutarse en un año y termina el siguiente, su pago, debe hacerse con una combinación de vigencias presentes más vigencias futuras. Incluso, en el último evento, si la entidad cuenta con todos los re cursos en la vigencia presente, solo puede afectar lo que calcula será el gasto de la ejecución en ese año, y con vigencias futuras lo que se estima será el gasto de la ejecución el año siguiente.

vigencia presente, solo puede afectar lo que calcula será el gasto de la ejecución en ese año, y con vigencias futuras lo que se estima será el gasto de la ejecución el año siguiente.

En resumen, las vigencias futuras concilian los principios de anualidad y planeación en el marco de la disciplina fiscal, es decir, evita distorsiones en los presupuestos anuales, así como en su ejecución.17

16 Sección Tercera, sentencia del 12 de agosto de 2014, expediente 28565, CP. Enrique Gil Botero. 17 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Vigencias futuras e inflexibilidad fiscal en los gobiernos territoriales. Bogotá, 2016, pág. 6. «La autorización de VF (vigencias futuras) es por tanto un instrumento de planeación presupuestal y no una herramienta para generar nuevos ingresos. El uso responsable de las VF implica que en el momento de se r autorizadas se definan, con la mayor claridad posible, sus fuentes de financiación; pero ello no significa que, en sí misma, una VF sea una fuente de financiación».Revisión de legalidad

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4.4. Acto administrativo objeto de la revisión de legalidad.

El Acuerdo 018 del 22 de noviembre de 2022 «por medio del cual se autoriza a la alcaldesa de San José del Fragua para comprometer vigencias futuras ordinarias», consagra:

(...)

La Administración Municipal que preside la Suscrita alcaldesa, solicita autorización para comprometer vigencias futuras en el presupuesto del año 2023 en el Sector: -

de San José del Fragua para comprometer vigencias futuras ordinarias», consagra:

(...)

La Administración Municipal que preside la Suscrita alcaldesa, solicita autorización para comprometer vigencias futuras en el presupuesto del año 2023 en el Sector: - Agua Potable y Saneamiento Básico -, respecto del proyecto MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE FRAGUITA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, proyecto enmarcado con el código BPIM 2022186100032 por valor de SEISCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($601.220.381), IVA, y demás impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen, es de indicar que para la ejecución del proyecto se tiene contemplado la contratación de Obra e Interventoría.

La administración Municipal de San José del Fragua pretende con la ejecución de este proyecto se pretende actualizar los materiales de la red de alcantarillado de la inspección de fraguita con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de dicha in spección eliminando los posibles daños futuros que conlleva tener una tubería antigua y obsoleta según la normativa actual. Normas y Especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) emitido mediante la Resolución 330 de junio 8 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las Normas y