TA CAQ - 18001-23-33-001-2018-00141-01-(20-09-2023)

Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Tercera de Decisión

Magistrada Ponente: Edith Alarcón Bernal

Florencia, veinte (20) de septiembre de de dos mil veintitrés (2023)

Asunto: Reintegro al servicio por orden judicial Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Armando Vásquez Gómez Demandado: NaciónMinisterio de DefensaEjército Nacional Radicación: 18001-23-33-001-2018-00141-01

Acta de discusión: 58 de la fecha

ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 30 de junio de 2020 , proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En este fallo se tratará el tema del deber y obligación de las autoridades públicas de cumplir oportunamente los fallos judiciales ejecutoriados, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 123 de la Carta Política.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Pretensiones de la demanda

Armando Vásquez Gómez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación Ministerio de DefensaEjército Nacional, pretendiendo que se declarara la nulidad parcial de la Resolución 6579 de 2015 “Por la cual se reintegra al servicio activo de las fuerzas militares a un oficial del Ejército Nacional, en cumplimiento de un fallo judicial” y además del Decreto 1709 de 2015 “por la cual

reintegra al servicio activo de las fuerzas militares a un oficial del Ejército Nacional, en cumplimiento de un fallo judicial” y además del Decreto 1709 de 2015 “por la cual se asciende a un oficial del ejército nacional en cumplimiento de un fallo judicial”.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara el ascenso a los grados militares que le correspondieran al Teniente Coronel Armando Vásquez Gómez, quién debería ostentar el rango militar de Coronel de cuarto año, así mismo, que se ordenara dar cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Caquetá de fecha 21 de agosto de 2014, se pagara todos los emolumentos salariales dejados de percibir en el grado de Coronel cuarto año, se reconocieran 200 smlmv, por los daños irrogados al actor, se liquidara y actualizara la condena tomando como base el índice de precios al consumidor y se condenara en costas a la demandada.

1 Folio 83 a 101 del C.Ppal No. 1Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

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1.1.2. Fundamento de las pretensiones

Los hechos que se aduce como soporte de las pretensiones se circunscriben a que:

• El Demandante, promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, pretendiendo la nulidad de la Resolución No.0800 del 2 de marzo de 2007, por la cual, fue

• El Demandante, promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, pretendiendo la nulidad de la Resolución No.0800 del 2 de marzo de 2007, por la cual, fue retirado del servicio activo del Ejército Nacional. - En primera instancia el Juzgado Administrativo en Descongestión del Circuito de Florencia denegó las pretensiones de la demanda, decisión que fue revocada por el Tribunal Administrativo del Caquetá, con sentencia del 21 de agosto de 2014. El ad quem ordenó – entre otrosel reintegro del actor en el grado de Teniente Coronel o a uno de igual o mayor jerarquía. - El Ministerio de Defensa Nacional , expidió la Resolución 6579 del 03 de agosto de 2015, ordenando –entre otros aspectosreintegrar al demandante al servicio activo en el grado de Mayor. - Teniendo en cuenta que el reintegro no fue al grado de Teniente Coronel ordenado en el fallo ordinario de segunda instancia y que se le suspendió el pago de la asignación de retiro, el señor Vásquez interpuso una acción de tutela. - La solicitud de amparo constitucional fue denegada por improcedente en la primera instanci a, fallo que fue revocado el 5 de agosto de 2015, por el Tribunal SuperiorSala Civilde Bucaramanga, mediante providencia que le ordenó a CREMIL, cancelar la asignación de retiro del demandante desde abril hasta junio de 2015 y al Ejército Nacional, actualizar la base de datos para ingresar como activo de las fuerzas militares al señor Armando Vásquez Gómez. Además, dispuso que se le cancelara los salarios que le

abril hasta junio de 2015 y al Ejército Nacional, actualizar la base de datos para ingresar como activo de las fuerzas militares al señor Armando Vásquez Gómez. Además, dispuso que se le cancelara los salarios que le correspondieran en el grado de Teniente Coronel o en uno de mayor jerarquía. - Luego de lo anterior, el Ministerio de Defensa Nacional, expidió el Decreto 1709 del 28 de agosto de 2015, con el que ord enó ascender al grado de Teniente Coronel al señor Armando Vásquez Gómez, en cumplimiento al fallo del 21 de agosto de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

Indicó entonces la parte demandante que el Ministerio de Defensa Nacional le vulneró al actor el derecho constitucional de ascender en forma retroactiva, puesto que únicamente lo ascendió al grado de Teniente Coronel, desconociendo la orden impartida por la autoridad judicial.

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Consideró transgredidos los artículos 2 de la Constitución Política y 138 del CPACA.

Refirió que el hecho de abstenerse de otorgar los ascensos al actor desconoce los fines esenciales del Estado, esto es, servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de orden justo.

Acusó a los actos demandados de estar incursos en las causales de anulación de falsa motivación, desviación y abuso de pod er. Para el efecto señaló que, aunque el competente para otorgar los ascensos es el Gobierno Nacional, esa facultad discrecional no puede ser usada para beneficio e interés personal como ocurrió en

falsa motivación, desviación y abuso de pod er. Para el efecto señaló que, aunque el competente para otorgar los ascensos es el Gobierno Nacional, esa facultad discrecional no puede ser usada para beneficio e interés personal como ocurrió en el caso concreto y que la misma se encuentra limitada tant o por la Constitución, como la Ley y los Reglamentos.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

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1.2. Contestación de la demanda

Según se dejó constancia en el acta de la audiencia inicial adelantada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, el 04 de julio de 2019, la entidad no contestó la demanda2.

1.3. Sentencia de primera instancia3

La Jueza Cuarta Administrativo de Florencia mediante sentencia del 30 de junio de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. No 6579 del 03/08/2015, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, que reintegró al grado de Mayor al señor ARMANDO VASQUEZ GÓMEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho ORDENAR a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL el reconocimiento y pago de los haberes y emolumentos dejados de percibir por el señor ARMANDO VASQUEZ

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho ORDENAR a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL el reconocimiento y pago de los haberes y emolumentos dejados de percibir por el señor ARMANDO VASQUEZ GÓMEZ en el gra do de Teniente Coronel, desde la fecha de su retiro conforme la Resolución No. 0800 del 02/03/2007, hasta cuando se efectuó su reintegro el 03/08/2015 y posterior ascenso el 15/08/2015.

TERCERO: RECONOCER de manera condicionada el pago de salarios y emolumentos adeudados al actor, atendiendo que no existe certeza que se le hayan reconocido y cancelado los emolumentos y salarios dejados de percibir desde su retiro esto es el día 02/03/2007, hasta cuando se efectuó su reintegro el 03/08/2015 y posterior ascenso el 15/08/2015, lapso de tiempo que estuvo cesante, por lo tanto, en caso que la entidad accionada no los haya pagado deberá hacerlo, y si dicho reconocimiento ya se efectuó pues no habrá lugar a su pago. Asimismo, se facultad a la entidad para que en l o sucesivo efectúe los descuentos correspondientes a seguridad social y salud a que haya lugar.

CUARTO: Las sumas que se reconozcan a favor del demandante serán ajustadas en la forma como se indica en la parte motiva de esta providencia, conforme la fórmu la matemática fiada por el Consejo de Estado para el efecto.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la sentencia

Luego de desarrollar el marco jurídico de ascenso de los oficiales de las fuerzas militares, refirió que en principio los actos administrati vos mediante los cuales se

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la sentencia

Luego de desarrollar el marco jurídico de ascenso de los oficiales de las fuerzas militares, refirió que en principio los actos administrati vos mediante los cuales se hace efectiva una sentencia judicial no son enjuiciables, por ser de ejecución, empero, cuando la administración se rehúsa a dar cumplimiento a la orden judicial o cumple de manera parcial, crea con ello una nueva situación jurídica que si resulta susceptible del control de legalidad tal como ocurrió en el caso concreto.

En ese orden explicó que con la Resolución No. 6579 del 03 de agosto de 2015, la entidad demandada reintegró al actor a las fuerzas militares en el grado de Mayor, cuando la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, ordenó que lo hiciera en el grado de Teniente Coronel, configurándose con ello, la causal de nulidad de falsa motivación, pues desatendió los antecedentes de hecho y de derecho que facultaban su expedición y que fueron objeto de su fundamento.

Señaló en referencia al Decreto No. 1709 del 28 de agosto de 2015, por medio del cual, se ordenó el reintegro del actor a las filas del Ejército Nacional en el grado de Teniente Coronel, que como ese acto administrativo no creó una situación jurídica nueva al actor, pues se limitó a cumplir lo dispuesto en una sentencia judicial,

2 Folio 175 del C.Ppal No. 1 3 Archivo 1 del expediente judicial electrónico.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

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3 Archivo 1 del expediente judicial electrónico.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

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resultaba ser un acto de ejecución y, por lo tanto, no era posible analizar su legalidad.

Negó la pretensión relacionada con el ascenso del señor Vásquez Gómez al grado de Coronel de Cuarto Año, al señalar que esta es una potestad de la entidad por ser un procedimiento reglado.

La medida de restablecimiento del derecho la condicionó a que como no quedó acreditado que al demandante se le hubiere reconocido y cancelado los emolumentos y salarios dejados de percibir desde su retiro y hasta su reintegro, es decir, 03 de agosto de 2015 y su ascenso el 15 de agosto de 2015, la entidad debía pagar tales sumas en caso de que no lo hubiera hecho.

Finalmente, negó el reconocimiento de los perjuicios morales debido a que la parte actora no demostró a través de prueba idónea la causación del mismo.

1.4. El recurso

Parte demandada4

Planteó que debía revocarse el fallo de primera instancia por cuanto no existía prueba de que la Resolución demanda da estuviera inmersa en alguna causal de nulidad. Señaló que es legal la Resolución 6579 del 03 de agosto de 2015, porque para proceder a dar cumplimiento íntegramente al fallo del Tribunal Administrativo del Caquetá, la entidad debió reintegrar al oficial Armando Vásquez Gómez, en el grado

proceder a dar cumplimiento íntegramente al fallo del Tribunal Administrativo del Caquetá, la entidad debió reintegrar al oficial Armando Vásquez Gómez, en el grado de Mayor del c ual había sido retirado inicialmente, para ubicarlo en el escalafón y posteriormente a ello, ascenderlo a Teniente Coronel, conforme lo ordena el Decreto 1790 de 2000. Dijo que considerar nula la Resolución 6579 de 2015, es ir en contra del ascenso al grado de Teniente Coronel, concretado mediante el Decreto 1709 de 2015. Sobre la medida de restablecimiento del derecho ordenada por la Juez a de Instancia, sostuvo que la Resolución 6579 de 2015 ordenó el pago de todas las prestaciones dejadas de percibir por el oficial desde su retiro hasta su reintegro, las cuales fueron entregadas al actor, por lo que resulta ser un desacierto ordenar de nuevo el pago de esas sumas.

1.5. Trámite del recurso de apelación

1.5.1. Admisión de los recursos de apelación

Mediante auto del 09 de junio de 2021 5 se admitió el recurso de apelación interpuesto6.

1.5.2. Alegatos en segunda instancia

Con providencia del 24 noviembre de 2021 7 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

4 Archivo 3 del expediente judicial electrónico 5 Archivo 16 del expediente judicial electrónico 6 Archivo 22 del expediente judicial electrónico 7 Folio 29 del expediente judicial electrónicoMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

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4 Archivo 3 del expediente judicial electrónico 5 Archivo 16 del expediente judicial electrónico 6 Archivo 22 del expediente judicial electrónico 7 Folio 29 del expediente judicial electrónicoMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

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1.5.2.1. La parte demandada 8: Afirmó que la entidad demandada dio cabal cumplimiento a las normas vigentes y aplicables al caso objeto de estudio, y por ende no procedía el decreto de la nulidad de los actos administrativos demandados, los cuales fueron expedidos conforme a derecho.

Denotó que, la expresión “sin solución de continuidad” en las decisiones judiciales que ordenan el reintegro del personal uniformado de las Fuerzas Militares no es suficiente para que el Gobierno Nacional deba ordenar ascensos en forma retroactiva dentro del escalafón y la jerarquía militar ni lo autoriza par a eximir el cumplimiento de los requisitos pertinentes.

1.5.2.2. Ministerio Público 9: Conceptuó pidiendo revocar la sentencia, pues consideró que no es posible por regla general que mediante una decisión judicial se ordene al Ejecutivo el ascenso de un miembro de las Fuerzas Militares, sin el lleno de los requisitos legales que exige el artículo 54 Decreto 1790 de 2000, máxime cuando de acuerdo con la Constitución y la ley, es el Ejecutivo quien goza de la potestad para otorgar los ascensos de los miembros de la Fuerzas Militares.

II. CONSIDERACIONES

cuando de acuerdo con la Constitución y la ley, es el Ejecutivo quien goza de la potestad para otorgar los ascensos de los miembros de la Fuerzas Militares.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

De conformidad con los límit es propios de la competencia del juez de segunda instancia, la Sala examinará únicamente los motivos de inconformidad planteados por la parte apelante.

2.2 Problemas jurídicos

Le corresponde a la Sala determinar si ¿para dar cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Caquetá de fecha 21 de agosto de 2014, la entidad demandada debía necesariamente reintegrar al demandante al cargo del que fue retirado para luego de ello ascenderlo a aquel que le fue ordenado judicialmente?

De la respuesta al interrogante anterior, se sigue la declaratoria de nulidad o no de la Resolución 6579 de 2015.

Debe revisar además la Corporación, si debe revocarse la medida de restablecimiento ordenada en el fallo que se revisa, en atención que no era procedente que por vía judicial se dispusiera el pago de unos dineros que ya habían sido entregados al actor.

2.3 Tesis de la Sala

La Sala confirmará la decisión proferida en primera instancia, al considerar que las sentencias que declaran la nulidad de un acto administrativo tiene efectos de cosa

sido entregados al actor.

2.3 Tesis de la Sala

La Sala confirmará la decisión proferida en primera instancia, al considerar que las sentencias que declaran la nulidad de un acto administrativo tiene efectos de cosa juzgada, lo que impide que un asunto pueda volver a ser ventilado ante la jurisdicción, por ello, si la entidad consideraba que no era posible el reintegro del actor en el cargo de Teniente Coronel por situaciones de or den legal, era de su resorte solicitar al

8 Folio 32 del expediente judicial electrónico 9 Folio 34 del expediente judicial electrónicoMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

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Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá en su oportunidad la aclaración o adición de la sentencia del 21 de agosto de 2014, responsabilidad que pretermitió y que no es posible que pretenda actualizar mediante la impugnación.

Dirá además que conforme lo prevé el artículo 189 del CPACA, las sentencias ejecutoriadas son obligatorias en los términos en que fueron proferidas, so pena de vulnerar los derechos fundamentales del demandante , de quebrantar el ordenamiento jur ídico superior y de incurrir en la causal de anulación de falsa motivación como aconteció en el caso concreto.

Finalmente, confirmará también la medida de restablecimiento del derecho, debido a que el impugnante no realizó reparos a partir de los cuales pudiera realizarse la eventual revocación o modificación de la providencia impugnada.

Finalmente, confirmará también la medida de restablecimiento del derecho, debido a que el impugnante no realizó reparos a partir de los cuales pudiera realizarse la eventual revocación o modificación de la providencia impugnada.

2.4 Oportunidad de la acción y legitimación en la causa

Evidencia la Sala que en el caso examinado no operó el fenómeno de la caducidad, al encontrar que la Resolución 6579 del 03 de agosto de 2015 10, fue notificada el 10 de agosto de 2015 11, la parte demandante presentó solicitud de conciliación el 10 de diciembre de 2015 12, el asunto fue declarado no s usceptible de conciliación el 03 de marzo siguiente13y la demanda fue radicada el 03 de marzo de 201614, conforme lo señala el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.

Ahora bien, en punto de la legitimación en la causa por activa , se tiene que la demanda se circunscribe a los derechos laborales y prestacionales del señor Armando Vásquez Gómez, quien es la persona que demanda.

Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, la demanda fue dirigida contra la NaciónMinisterio de DefensaEjército Nacional, entidad en favor de la cual el actor prestó sus servicios y quien emitió los actos administrativos sobre los que se solicita la nulidad.

2.5 El deber y oblig ación de las autoridades públicas de cumplir oportunamente los fallos judiciales ejecutoriado

El artículo 189 del CPACA refiere que la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene efecto de cosa juzgada erga omnes.

La cosa juzgada ha sido entendida por el Consejo de Estado15 como una institución

El artículo 189 del CPACA refiere que la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene efecto de cosa juzgada erga omnes.

La cosa juzgada ha sido entendida por el Consejo de Estado15 como una institución de naturaleza procesal, en virtud de la cual los asuntos respecto de los que exista una decisión ejecutoriada no pueden volver a ser ventilados ante la jurisdicción.

Ahora bien, continúa señala ndo la norma en comento que las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias. En relación con este aspecto , la Corte Constitucional ha establecido que el cumplimiento de las sentencias judiciales ejecutoriadas es una obligación de las autoridades, lo cual c onstituye el cumplimiento de las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho de acceso a la jurisdicción, por medio del cual los ciudadanos tienen el derecho a que

10 Folio 7 del C. Ppal No. 1 11 Folio 9 del C. Ppal No. 1 12 Folio 4 del C. Ppal No. 1 13 Folio 4 reverso del C.Ppal No. 1

14 Folio 102 del C. Ppal No. 1 15 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente:

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 05001-23-33-000-2015-02253-01 Actor: JULIO FREDYS DUMAS RUIZ Demandado: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

Demandante: Armando Vásquez Gómez

número: 05001-23-33-000-2015-02253-01 Actor: JULIO FREDYS DUMAS RUIZ Demandado: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

Demandante: Armando Vásquez Gómez

Demandado: NaciónMinisterio de DefensaEjército

Nacional Radicado: 18001-23-33-001-2018-00141-01

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se resuelvan sus litigios ante las autoridades judiciales y a que se cumpla con lo decidido; al respecto se ha indicado que16:

Toda persona tiene derecho a que los trámites en que participe como demandante, demandado e incluso como tercero no se vean afectados por retrasos injustificados, pues ello equivaldría a una falta de tutela judicial efectiva. Debe existir una razonable dimensión temporal del procedimiento necesario para resolver y ejecutar lo resuelto. Esta razonabilidad es establecida, en principio, por el legislador al expedir las normas que regulan los plazos para el desarrollo de los diferentes procesos así como para la materialización de las decisiones adoptadas dentro de los mismos. De ahí que el debido proceso no pueda interpretarse como algo desligado del tiempo en que deban ser proferidas y acatadas las decisio nes judiciales sino que ha de ser comprendido en el sentido de que se garantice su efectividad dentro de los términos fijados en la ley. Una interpretación en sentido contrario implicaría que cada uno de los funcionarios estatales podrían, a su leal saber y entender, emitir y cumplir en cualquier tiempo las providencias judiciales, lo cual desconocería lo ordenado en el artículo 123 de la Carta Política en cuanto dispone que los servidores públicos, y dentro de esta categoría los empleados judiciales, deben

en cualquier tiempo las providencias judiciales, lo cual desconocería lo ordenado en el artículo 123 de la Carta Política en cuanto dispone que los servidores públicos, y dentro de esta categoría los empleados judiciales, deben ejercer sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley o el reglamento17. En esa medida, ninguna autoridad con funciones y competencias allí establecidas puede sustraerse al debido acatamiento de los fallos judiciales por decisión voluntari a o discrecional o atribuirles un carácter meramente dispositivo, sin que con ello deje de verse comprometida la responsabilidad estatal, además de la responsabilidad personal del servidor público (artículo 6 constitucional)18. Los derechos o intereses de l as personas reconocidos o declarados en una sentencia no serían efectivos sin la obligación correlativa de la administración de cumplir las providencias judiciales 19. En eso está fundamentado el principio de legalidad que orienta toda actividad administrati va, el cual protege a los asociados de decisiones arbitrarias que se apartan de la voluntad del legislador democráticamente elegido. En la sentencia T-554 de 199220, la Sala Segunda de Revisión señaló puntualmente que el obligatorio cumplimiento de lo res uelto por los jueces y tribunales es una garantía institucional del Estado social y democrático de derecho y, al mismo tiempo, un derecho fundamental de carácter subjetivo que se deduce de los artículos 29 21, 9522, 228 23 y 229 24 de la Constitución. Las entidades públicas, por razones de

16 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia T371 del 13 de julio de 2016. M.P: María Victoria Calle Correa

9522, 228 23 y 229 24 de la Constitución. Las entidades públicas, por razones de

16 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia T371 del 13 de julio de 2016. M.P: María Victoria Calle Correa Ref.: Expediente T-5481677. Actor: Miguel Antonio Bahamón Esquivel y otros. 17 Sentencia T-030 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño). En esta oportunidad, la Sala Cuarta de Revisión analizó si la decisión de un funcionario judicial de fijar fecha para llevar a cabo una audiencia de juzgamiento catorce (14) meses después de cerrado el debate probatorio dentro de un proceso ordinario laboral tendiente al reconocimiento de una pensión de jubilación de una persona de avanzada edad, vulneraba sus derechos constitucionales fundamentales al acceso a la administración de justicia y a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. 18 “Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. 19 Sentencia T-554 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), previamente analizada. 20 MP Eduardo Cifuentes Muñoz, previamente analizada. 21 Sobre el particular, consultar el pie de página 75. 22 “Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes”. 23 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán

responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes”. 23 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”. 24 “Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”. En la sentencia T-329 de 1994 (MP José Gregorio Hernández Galindo) se indicó que “el acceso a la administración de justicia, garantizado en el artículo 229 Superior, no implica solamente la posibilidad de acudir ante el juez para demandar que deduzca de la normatividad vigente aquello que haga justicia en un evento determinado, sino que se concreta en la real y oportuna decisión judicial y, claro está, en la debida ejecución de ella. Esto, a la vez , representa una culminación del debido proceso, que no admite dilaciones injustificadas en el trámite de los asuntos puestos en conocimiento de los jueces ni, por supuesto, en el cabal y pleno desarrollo de lo que se decida en el curso de los juicios”. Más adelante en la sentencia T-553 de 1995 (MP Carlos Gaviria Díaz) se señaló la estrecha relación que existe entre el cumplimiento de los fallos ejecutoriados y el derecho a la administración de justicia. Lo hizo en los siguientes términos: “La observancia de las providencias ejecutoriadas, además de ser uno de los soportes del Estado Social de Derecho, hace

entre el cumplimiento de los fallos ejecutoriados y el derecho a la administración de justicia. Lo hizo en los siguientes términos: “La observancia de las providencias ejecutoriadas, además de ser uno de los soportes del Estado Social de Derecho, hace parte del derecho de acceder a la administración de justicia -artículo 229 superior-. Este se concreta no sólo en la posibilidadMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

Demandante: Armando Vásquez Gómez

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principio, se encuentran en el deber constitucional y legal de ejecutar las sentencias en firme “sin dilaciones injustificadas” para que estas produzcan todos los efectos a los que están destinadas25. Una actuación contraria implicaría restarle valor coercitivo a las normas jurídicas, convirtiendo las decisiones judiciales y la eficacia de los derechos en ellas reconocidos en formas vacías carentes de contenido. (…) 4.1.3. Así entonces, la regla es que cuando una autoridad demandada se rehúsa o se abstiene de ejecutar lo dispuesto en una providencia judicial que le fue adversa no sólo vulnera los derechos fundamentales que a través de esa última se han reconocido a quien invocó la protección, sino que desacata una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada, violándose por esta vía el ordenamiento jurídico superior26. (…) Ahora bien, esta regla comprende un elemento adicional. La obligación constitucional no reside exclusivamente en el cumplimiento expreso de las sentencias judiciales por parte de las autoridades encargadas de su ejecución sino en el mandato de proceder

jurídico superior26. (…) Ahora bien, esta regla comprende un elemento adiciona