TA CAQ - 18001-23-33-002-2015-00155-00-(27-09-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

-Sala Primera de DecisiónMAGISTRADO PONENTE: Pedro Javier Bolaños Andrade

Florencia, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintidós (2.022)

SENTENCIA Nº 151

Expediente número: 18-001-23-33-002-2015-00155-00

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Iny Jonathan Toledo Cuenca

Autoridad demadada: Municipio de San Vicente del Caguán

Procede la Sala Primera de Decisión del Tribunal a proferir sentencia de primera instancia en el presente asunto.

I. ANTECEDENTES.

1.1. La demanda1.

El señor INY JONATHAN TOLEDO CUENCA, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , presentó demanda contra el municipio de San Vicente del Caguán - Caquetá, en la que pretende la nulidad del fallo disciplinario de fecha 15 de noviembre de 2014, mediante el cual se lo sancionó con destitución e inhabilidad en el ejercicio de sus funciones como auxiliar administrativo, código 407, grado 06; al igual que del fallo de segunda instancia, fechado 26 de diciembre de 2014, mediante el cual se confirmó la decisión anterior; y a título de restablecimiento del derecho se ordene su reintegro al mismo cargo o a otro de igual o superior categoría, con el correspondiente pago de los salarios y prestaciones sociales

mediante el cual se confirmó la decisión anterior; y a título de restablecimiento del derecho se ordene su reintegro al mismo cargo o a otro de igual o superior categoría, con el correspondiente pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha en que fue notificado de la destitución y hasta cuando se haga efectivo su reintegro. Además del reconocimiento de los perjuicios morales causados.

Como fundamentos fácticos, se expuso en la demanda:

Se afirmó q ue el señor TOLEDO CUENCA fue vinculado en provisionalidad mediante decreto No. 064 del 1 de febrero de 2 .008 a la planta de personal del municipio de San Vicente del Caguán , en el cargo de auxiliar administrativo, grado 6, código 407, desempeñándose en sus funciones hasta el día que fue notificado de la destitución del cargo.

1 Fs. 326 al 346, C. 12

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Demandante: Iny Jonathan Toledo Cuenca

Demandado: Municipio de San Vicente del Caguán

Que con el ingreso del señor Domingo Emilio Pérez Cuellar , en calidad de alcalde del municipio de San Vicente del Caguán en el mes de enero de 2012, se inició una persecución laboral en contra del demandante, motivada en el hecho de haber sido opositor a las convicciones políticas que llevaron al referido señor a ganar las elecciones; situación que se vio reflejada en varios llamados de atención sin el cumplimiento de los requisitos formales y en abierta contraposición al ordenamiento jurídico, además de violatorios de los

referido señor a ganar las elecciones; situación que se vio reflejada en varios llamados de atención sin el cumplimiento de los requisitos formales y en abierta contraposición al ordenamiento jurídico, además de violatorios de los derechos fundamentales, en especial el debido proceso.

Se indicó que motivado por el acoso laboral de que era objeto, el actor formuló queja ante la Procuraduría Regional del Caquetá el 17 de agosto de 2 .012, siendo objeto de recriminaciones verbales y amenazas, orientadas a que presentara la renuncia al cargo que desempeñaba.

Que posteriormente, con ocasión de la petición presentada por un supuesto señor Jesús Eduardo Maldonado Oicat á, en la que solicitaba al municipio informar sobre la veracidad de la suscripción de los contratos 0006 y 0007 del 25 de marzo de 2. 013 firmados al parecer por el señor Toledo Cuenca, en calidad de interventor, y autenticados en la notaría 61 de Bogotá el 3 de abril de 2.013, le fue adelantada una investigación disciplinaria, la cual culminó con la imposición de una sanción consistente en la destitución e inhabilidad por el término de diez (10) años, decisión que fue confirmada en segunda instancia.

Afirmó el demandante que el procedimiento disciplinario adelantado en su contra estuvo precedido de múltiples fallas procedim entales que atentaron contra los derechos fundamentales del investigado, en especial por la flagrante violación al debido proceso y derecho de defensa. Aunado al hecho de no existir en el proceso elementos de juicio reales que permitieran determinar la veracidad de los soportes que sirvieron de base para dar inicio

flagrante violación al debido proceso y derecho de defensa. Aunado al hecho de no existir en el proceso elementos de juicio reales que permitieran determinar la veracidad de los soportes que sirvieron de base para dar inicio a la investigación ; tanto así, que el ente investigador no realizó ningún esfuerzo procesal para tener certeza de la autenticidad de los supuestos contratos 006 y 007 de 2013, ni mucho menos se intentó proce salmente identificar la veracidad de la firma del investigado en la suscripción de los mencionados contratos.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

 Constitución: Artículos 6, 121, 122, 123 y 209.

 Legales: Ley 734 de 2.002, Ley 1437 de 2011.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los siguientes argumentos:3

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Demandado: Municipio de San Vicente del Caguán

1. Los actos administrativos cuestionados vulneraron los derechos al debido proceso y de defensa, en la medida en que no se acreditó la designación de apoderado de oficio o de confianza en el desarrollo del trámite procesal ; tampoco se adelantó la etapa de indagación preliminar, que diera certeza de los hechos; la valoración de las pruebas no se hizo conforme a la normativa aplicable; y se omitió, desde un primer momento, el deber legal y funcional de investigar con rigor los hechos y circunstancias que demostraran la

los hechos; la valoración de las pruebas no se hizo conforme a la normativa aplicable; y se omitió, desde un primer momento, el deber legal y funcional de investigar con rigor los hechos y circunstancias que demostraran la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado.

1. Se configuró una falsa motivación, en la medida en que la falta endilgada al actor no se acreditó, en tanto el material probatorio obrante dentro del expediente no daba cuenta de la conducta reprochable disciplinariamente.

Aunado a ello, no se desplegó el accionar administrativo para determinar la veracidad o autenticidad de los mencionados contratos, pues se debió citar a los señores Jesús Eduardo Maldonado Oicat á e Iny Jonathan Toledo Cuenca al reconocimiento de la autenticidad de las firmas autógrafas de tales documentos, firmas que aparecen en "dos copias informales" (como las define en el acápite de pruebas el funcionario investigador en el auto de pliego de cargos) y tam bién en los documentos que aparentemente reflejan la autenticación ante la notaría 61 de Bogotá.

1. No se acreditó la competencia de la funcionaria que adelantó la investigación disciplinaria, en tanto, l a señora AURA MAR ÍA QUIROGA ARGÜELLO, a lo largo del proceso disciplinario, actuó en calidad de secretaria general y de gobierno del municipio de San Vicente del Caguán y en las actuaciones que firm ó en tal calidad no plasmó en el cuerpo de l as mencionadas decisiones la fundamentación jurídica que la respaldó; es decir, no se señaló referencia legal de transferencia de competencias en materia disciplinaria por parte del alcalde como responsable de la acción disciplinaría

mencionadas decisiones la fundamentación jurídica que la respaldó; es decir, no se señaló referencia legal de transferencia de competencias en materia disciplinaria por parte del alcalde como responsable de la acción disciplinaría frente a los servidores públicos al servicio de la administración municipal.

1. Se desconoció que la investigación disciplinaria se debió a una persecución laboral en contra del actor, pues, se insiste, siempre exi stió duda de su conducta y aun así fue sancionado disciplinariamente.

1.3. Contestación de la demanda.

El municipio de San Vicente del Caguán, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por las razones que se expresan a continuación:

Adujo, en primer lugar, contrario a lo expuesto por la parte demandante, que la secretaria general y de gobierno sí tiene la función disciplinaria sobre los funcionarios municipales, facultad otorgada mediante acto administrativo; el que se allegó con el escrito de contestación.4

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Refirió que la entidad adelantó el proceso disciplinario contra el actor con respeto del derecho de defensa y al debido proceso, así como de todas las garantías constitucionales y procesal es vigentes ; que el demandante tenía conocimiento de que se le adelantaba un proceso disciplinario por la oficina competente para ello, en tanto se le puso en conocimiento y se le notificó en debida forma el auto de apertura disciplinario, por lo que conforme a lo

conocimiento de que se le adelantaba un proceso disciplinario por la oficina competente para ello, en tanto se le puso en conocimiento y se le notificó en debida forma el auto de apertura disciplinario, por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 734 de 2.002 debió expresar que desistía del apoderado de confianza, y la designación del apoderado de oficio solo procede en caso de que el investigado esté ausente, situación que no ocurrió; de modo que no es de recibo por el ente territorial el argumento de que no se podía continuar con la investigación disciplinaria ante la ausencia de defensa técnica.

Que no puede trasladarse una responsabilidad a la administración cuando es deber del investigado velar por su defensa, máxime cuando está acreditado dentro del trámite disciplinar io que estaba informado de su iniciación y trámite.

Finalmente, propuso la excepción de caducidad, al considerar que la demanda fue interpuesta el 6 de mayo de 2.015, es decir, pasados los cuatro (4) meses que establece la norma procesal para su interposición, si se tiene en cuenta que el fallo de segunda instancia quedó debidamente ejecutoriado el 30 de diciembre del 2.014.

1.4. Audiencia inicial, etapa probatoria y alegatos de conclusión.

El 8 de marzo de 2.017 se surtió la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en la que se declaró no probada la excepción de caducidad. Finalmente, se decretaron las pruebas solicitadas por las partes (fls. 404 al 406 C. Principal 2).

En audiencia de pruebas de fecha 30 de agosto de 2.017 se incorporaron al

excepción de caducidad. Finalmente, se decretaron las pruebas solicitadas por las partes (fls. 404 al 406 C. Principal 2).

En audiencia de pruebas de fecha 30 de agosto de 2.017 se incorporaron al proceso las documentales allegadas y se recepcionaron los testimonios solicitados por la parte demandada. Así mismo, se dispuso prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con el inciso final del artículo 181 del CPACA (fls. 414 al 416 C. Principal 2) . Finalmente, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público a efectos de emitir su concepto, término dentro del cual la parte demandante (fls. 418 al 419 C. Principal 2) presentó escrito reiterando los argumentos expuestos en el libelo demandatorio, respectivamente.

El Ministerio Público2, por su parte, solicitó negar las pretensiones de la demanda, habida consideración de que lo que pretende el demandante es debatir nuevamente en sede judicial los argumentos que fueron esbozados en

2 F. 422 al 432, C. Principal 25

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sede administrativa - los cuales fueron debidamente analizados en la decisión de segunda instancia-, actuación que resulta inviable, dado que la jurisdicción contencioso administrativa no puede convertirse en una tercera instancia de decisión dentro del proceso disciplinario, más aún cuando la valoración del

de segunda instancia-, actuación que resulta inviable, dado que la jurisdicción contencioso administrativa no puede convertirse en una tercera instancia de decisión dentro del proceso disciplinario, más aún cuando la valoración del material probatorio recaudado se llevó a cabo de mane ra integral y bajo el principio de la sana crítica, sin afectación del derecho del debido proceso, manteniéndose incólume la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.

II. CONSIDERACIONES

2.1. La competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal conocerá en primera instancia de los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter l aboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.2. Planteamiento del problema jurídico.

Se controvierte la nulidad de los siguientes: i) el fallo disciplinario de primera instancia emitido el 15 de noviembre de 2.014 por la Secretaria de General y de Gobierno con funciones disciplinar ias, y ii) el fallo de segunda instancia dictado el 26 de diciembre de 2.014 por el alcalde municipal de San Vicente del Caguán, decisión que confirmó la sanción d isciplinaria impuesta al señor Iny Jonathan Toledo Cuenca, consistente en la destitución e inhabilidad en el ejercicio de sus funciones como auxiliar administrativo, código 407, grado 06, por el término de diez (10) años.

Iny Jonathan Toledo Cuenca, consistente en la destitución e inhabilidad en el ejercicio de sus funciones como auxiliar administrativo, código 407, grado 06, por el término de diez (10) años.

Conforme a lo anterior, corresponde a la Sala determinar si en el trámite de la decisión disciplinaria se incurrió en vulneración al debido proceso y derecho de defensa, tal como se expone en el concepto de violación de la demanda.

Para el anterior análisis, se tendrá en cuenta, además de las premisas fácticas y normativas, el análisis de las pruebas recaudadas y lo que al respecto ha señalado el precedente jurisprudencial.

2.3. Acervo probatorio.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:6

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2.3.1. En relación con la vinculación laboral del demandante:

Mediante decreto No. 064 del 1 de febrero de 2.008, el señor Iny Jonathan Toledo Cuenca fue nombrado , en provisionalidad , en el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 06.

2.3.2. En relación con la actuación disciplinaria:

Inicio del proceso.- El 24 de febrero de 2.010, a través de oficio sin número de fecha 15 de noviembre de 2.013, el señor Jesús Eduardo Maldonado Oicatá solicitó al alcalde municipal lo siguiente: “De manera atenta me permito

Inicio del proceso.- El 24 de febrero de 2.010, a través de oficio sin número de fecha 15 de noviembre de 2.013, el señor Jesús Eduardo Maldonado Oicatá solicitó al alcalde municipal lo siguiente: “De manera atenta me permito solicitarle a usted la posibilidad de verificar la veracidad de los contratos anexos q fueron enviados a los correos oepa@gmail.es y mariali2015@hotmail.com de número (sic) de código de contrato 0006 del 25 de marzo del 2013 y número (sic) de código 0007 del 25 de marzo del 2013 los dos con numero de Ni 800095785 -2 firmados por el señor INTERVENTOR JONATHAN TOLEDO CUENCA de cédula de ciudadanía 6.801.267 de Florencia Caquetá contratos q fueron firmados en la ciudad de Bogotá en la notaría 61 el día 03 de abril del 2013 y hasta el momento no he recibido el pago de estos contratos ya que le entregue al señor Jonathan Toledo cuenca 02 camionetas para la prestación de servicios muy respetuosamente le sugiero que en caso de que estos contra tos no sean legales por favor me sea respondido mediante un oficio y enviado al correo iesus.maldonado01@hotmail.com”. 3

Con dicha solicitud se allegaron en copia digital los documentos que a continuación se citan:

• Copia del contrato No. 0006 del 25 de marzo del 2013, suscrito entre el señor JES ÚS EDUARDO MALDONADO OICAT Á, actuando como ARRENDADOR, quien para efectos del contrato se denominó el SUMINISTRADOR y, por la otra parte, el señor INY JONATHAN TOLEDO

señor JES ÚS EDUARDO MALDONADO OICAT Á, actuando como ARRENDADOR, quien para efectos del contrato se denominó el SUMINISTRADOR y, por la otra parte, el señor INY JONATHAN TOLEDO CUENCA, como interventor del proyecto BRISAS DE MARSELLA, el RECEPTOR, que tenía como objeto el suministro de un vehículo tipo camioneta doble cabina, de año de fabricación modelo 2012, identificado con placa de servicio público SZV 801, marca LUV DMAX.

• Copia del contrato No. 0007 del 25 de marzo del 2013, suscrito entre el señor JES ÚS EDUARDO MALDONADO OICAT Á, actuando como ARRENDADOR, quien para efectos del contrato se denominó el SUMINISTRADOR y, por la otra parte, el señor INY JONATHAN TOLEDO CUENCA, como interventor del proyecto BRISAS DE MARSELLA, el RECEPTOR, que tenía como objeto el suministro de un vehículo tipo

3 Ver folio 62 C.4 – Pruebas de Oficio7

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camioneta doble cabina, de año de fabricación modelo 2011, identificado con placa de servicio público SPK-314, marca LUV DMAX.

Apertura de la investigación.- En atención a lo anterior, el 8 de enero de 2.0144, la secretaria general y de gobierno, haciendo uso de sus funciones concernientes al control interno disciplinario , profirió auto de apertura de

Apertura de la investigación.- En atención a lo anterior, el 8 de enero de 2.0144, la secretaria general y de gobierno, haciendo uso de sus funciones concernientes al control interno disciplinario , profirió auto de apertura de investigación disciplinaria en contra del señor INY JONATHAN TOLEDO CUENCA, decretando la práctica de las siguientes pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos:

(…)  Ampliación de queja por parte del señor JESÚS EDUARDO MALDONADO OICATÁ.  Escuchar en versión libre al investigado.  Escuchar en declaración al(los) propietario(s) de las camionetas.  Oficiar a la Fiscalía General de la Nación para conocer actuaciones procesales de la jurisdicción penal, respecto de los mismos hechos.  Practicar las demás pruebas conducentes y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados y aquellas que surjan directamente de las aquí ordenadas”.

A través de oficio No.110-0070 de fecha 8 de enero de 2.014, la referida funcionaria comunicó al actor el inicio de la investigación disciplinaria en su contra. Para efectos de la notificación de la decisión , le solicitó acudir al despacho de la alcaldía dentro de los ocho (8) días siguientes al envió del oficio; dicha comunicación le fue notificada de manera personal en la misma fecha, tal y como consta en el expediente disciplinario5.

Mediante edicto de fecha 21 de enero de 2.014, la secretaria general y de gobierno procedió a notificar el auto de apertura de investigación disciplinaria. Para el efecto, el edicto fue fijado en un lugar visible de la alcaldía el 21 de

Mediante edicto de fecha 21 de enero de 2.014, la secretaria general y de gobierno procedió a notificar el auto de apertura de investigación disciplinaria. Para el efecto, el edicto fue fijado en un lugar visible de la alcaldía el 21 de enero de 2.014 por el término de tres (3) días, en cumplimiento del artículo 107 de la Ley 734 de 2.0026.

Pliego de cargos.- El 25 de junio de 2.014, la referida funcionaria formuló pliego de cargos en contra del señor Toledo Cuenca 7; decisión que le fue notificada, tal y como consta en la constancia de fecha 7 de julio de 2.0148. véase:

“(…)

4 Ver folios 4 al 6 C.4 - Pruebas de Oficio 5 Ver folio 7 C.4 - Pruebas de Oficio 6 Ver folio 10 C.4 - Pruebas de Oficio 7 Ver folios 39 al 42 C.4 - Pruebas de Oficio 8 Ver folio 44 C.4 - Pruebas de Oficio8

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3.CONSIDERACIONES:

El funcionario investigado actuó con modalidad dolosa; conclusión que obedece a la naturaleza de la conducta y al conocimiento pleno, por su parte de las atribuciones propias de su cargo. El referido funcionario no cuenta con capacidad o competencia alguna para representar legalmente al munic ipio en actuaciones contractuales, su cargo no le faculta para ejercer como interventor

atribuciones propias de su cargo. El referido funcionario no cuenta con capacidad o competencia alguna para representar legalmente al munic ipio en actuaciones contractuales, su cargo no le faculta para ejercer como interventor de ningún proyecto y el uso que hizo de las insignias, NIT, escudo y membretes del municipio de San Vicente del Caguán, en la actuación contractual referida, fue arbitrario e inconsulto.

La actuación anteriormente descrita se adecúa típicamente a la hipótesis normativa del artículo 287 de la Ley 599 de 2000, es decir, el delito de falsedad material en documento público. Constituye también una flagrante usurpación de las funciones de representación legal del municipio y posiblemente un delito contra el patrimonio económico de un particular. Si bien no se ha conjurado un perjuicio material para el municipio de San Vicente del Caguán; hubo una efectiva afectación a la función pública, materializada por la usurpación y uso fraudulento del buen nombre del Municipio, sus insignias, logos y escudo.

La gravedad de la conducta se acentúa porque el funcionario sacó provecho de su trayectoria en la administración municipal para us urpar su membrete y celebrar contrato de arrendamiento de dos camionetas; aparentemente, con el propósito de inducir al error al arrendador y hacerle creer que contrataba con una persona de derecho público y no con él como persona natural”. (…)

Posteriormente, el 20 de octubre de 2.014, la secretaria general y de gobierno, conforme a lo dispuesto en los artículos 161 y 165 de la Ley 734 de 2.002, procedió a modificar el pliego de cargos en contra del demandante, por error en la calificación jurídica9; decisión que le fue notificada al investigado, como

conforme a lo dispuesto en los artículos 161 y 165 de la Ley 734 de 2.002, procedió a modificar el pliego de cargos en contra del demandante, por error en la calificación jurídica9; decisión que le fue notificada al investigado, como consta en el oficio No. 110-4023 de fecha 20 de octubre de 2.01410.

“ (…) En esa medida, el señor INY JHONATAN TOLEDO CUENCA, en su condición de Auxiliar Administrativo del municipio de San Vicente del Caguán cometió la falta disciplinaria contenida en el artículo 48 numeral 1 del CDU por haber realizado objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cometido por demás en razón, o con ocasi ón de la función o cargo que desempeñaba, utilizó su función o cargo que le permitía tener acceso a los logos de la entidad para en forma fraudulenta suscribir los contratos de arrendamiento de dos (2) vehículos automotores haciéndose pasar como intervento r del contrato denominado BRISAS DE MARSELLA, lo cual no era cierto. Esta conducta tiene un efecto contrario en muchos ámbitos en los que la administración pública pretende la garantía que se cumplan los fines del Estado, como servir a la comunidad, promover la prosperidad general

9 Ver folios 52 al 61 C.4 - Pruebas de Oficio 10 Ver folio 51 C.4 - Pruebas de Oficio9

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y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Lo relevante para efectos de tener por cumplida la ilicitud sustancial, deviene del hecho de que no solo la norma le impone al funcionario INY JHONATAN TOLEDO CUENCA, sujetarse a sus deberes y actuar dentro del marco de la legalidad, sino también la finali dad que esta perseguía como garantía para el desarrollo del municipio de San Vicente del Caguán, que al suscribir dichos contratos en forma indebida se engaña a una administración pública y a un tercero en su patrimonio económico quien confió en el logo de la entidad pública para firmar los contratos de arrendamiento y que iba a percibir un ingreso económico.

El legislador ha dotado al operador jurídico de la facultad para determinar la connotación de la falta conforme a los criterios contemplados explícit amente en las normas disciplinarias, leve, grave y gravísima en orden, a buscar entre la sanciones, la más proporcionada a la ilicitud sustancial producto de la acción u omisión del sujeto disciplinable, por ende, debe indicarse que el señor INY JHONATAN TOLEDO CUENCA en su condición de auxiliar administrativo del municipio de San Vicente del Caguán incurrió en la falta disciplinaria consagrada en el numeral primero de la artículo 10 de la ley 734 del 2002 objeto del primer cargo de esta providencia , considera el despacho que debe

municipio de San Vicente del Caguán incurrió en la falta disciplinaria consagrada en el numeral primero de la artículo 10 de la ley 734 del 2002 objeto del primer cargo de esta providencia , considera el despacho que debe determinarse como gravísima toda vez que así lo previo legislador al afirmar que las faltas gravísimas son las taxativamente señaladas en el artículo 48 de la ley disciplinaria”. (…)

Alegatos.- Por auto del 8 de octubre de 2.014, se dispuso dar traslado, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión11. El disciplinado optó por guardar silencio en esta etapa procesal.

Fallo de primera instancia. - Mediante decisión proferida el 15 de noviembre de 2.014, la secretaria general y de gobierno declaró responsable disciplinariamente al señor Toledo Cuenca , en su condición de auxiliar administrativo, código 407, grado 06, por haber incurrido en la falta gravísima dispuesta en el artículo 48 numeral 1° de la Ley 734 de 2002, a título de dolo; sancionándolo con destitución e inhabilidad general en el ejercicio del cargo por el término de 10 años12.

Contra dicha decisión el disciplinado interpuso recurso de apelación13.

Fallo de segunda instancia. - El 26 de diciembre de 2.014, mediante fallo proferido por el alcalde municipal de San Vicente del Caguán , se confirmó la decisión de instancia14.

11 Ver folio 50 C.4 - Pruebas de Oficio 12 Ver folios 92 al 98 C.4 - Pruebas de Oficio 13 Ver folios 105 al 1074 C.4 - Pruebas de Oficio

decisión de instancia14.

11 Ver folio 50 C.4 - Pruebas de Oficio 12 Ver folios 92 al 98 C.4 - Pruebas de Oficio 13 Ver folios 105 al 1074 C.4 - Pruebas de Oficio 14 Ver folios 110 al 122 C.4 - Pruebas de Oficio10

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2.4. Del debido proceso, el derecho de defensa y de la contradicción en el proceso disciplinario.

Los artículos 29 de la Constitución Política y 6º de la ley 734 de 2002 consagran la garantía del debido proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y formales de obligatorio acatamiento por parte de los entes disciplinarios, en cuanto cons tituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre otras cosas, en la posibilidad de defenderse, presentar y controvertir pruebas e impugnar las decisiones que los afecten; pudiendo acudir el sancionado, cuando ello no ocurre, ante el juez de lo contencioso administrativo, en demanda de nulidad de las decisiones adoptadas si se evidencia una violación del debido proceso.

Sobre ello, la Corte Constitucional en sentencia C-692 de julio de 2002, precisó:

“El debido proceso en disposiciones de derecho disciplinario. Principios de legalidad y favorabilidad.

3. Esta Corporación ha señalado que el derecho disciplinario constituye una forma de ejercicio de la potestad sancionadora del Estado y, como tal, deb e

“El debido proceso en disposiciones de derecho disciplinario. Principios de legalidad y favorabilidad.

3. Esta Corporación ha señalado que el derecho disciplinario constituye una forma de ejercicio de la potestad sancionadora del Estado y, como tal, deb e estar fundado en principios y valores constitucionales y asegurar en todo momento la vigencia de los elementos propios de la garantía del debido proceso. En ese mismo orden, ha considerado que en tratándose de una forma de ejercicio del ius puniendi, la persona investigada o juzgada disciplinariamente tiene derecho a gozar de las mismas garantías que estructuran el derecho penal, tales como el principio de legalidad y de favorabilidad.

Como elementos constitutivos de