TA CAQ - 18001-23-33-003-2015-00129-00-(10-05-2023)

Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Segunda de Decisión Magistrada Ponente: Angélica María Hernández Gutiérrez Florencia, mayo diez (10) de dos mil veintitrés (2023) Medio de control: Repetición

Demandante: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Demandado: Rubén Darío Morales Narváez y otros Radicación: 18001-23-33-003-2015-00129-00

Tema: Condena al Estado por muerte de civil en enfrentamiento con las FARC.

Acta número 37. ASUNTO Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala en primera instancia la demanda presentada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional contra los señores Rubén Darío Morales Narváez, Fabio Nelson Toro Garzón, Leovigilio Castillo Moreno, Arnobis Jiménez Hernández y Marco Solorzano Jiménez.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda.1 I.1.1. Pretensiones. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1. Se declare patrimonialmente responsables a Rubén Darío Morales Narváez,

Fabio Nelson Toro Garzón, Leovigilio Castillo Moreno, Arnobis Jiménez

1 EXPEDIENTE DIGITALIZADO, archivo 01, pág. 83.Sentencia de primera instancia Medio de control: Repetición

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Hernández y Marco Solorzano Jiménez por el daño patrimonial causado a la entidad por la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Caquetá en la sentencia del 10 de noviembre de 2011 dentro del proceso con radicación número 18001-23-31-001-2006-00526-01, la cual ascendió a $1.016.419.651,46 como consecuencia de la muerte del señor Héctor Vargas Guevara. ii. Se condene a los demandados a cancelar la suma de $1.016.419.653,46 que fue pagada a través de la Resolución 3218 del 28 de mayo de 2012. iii. Se condene a los demandados a pagar los intereses comerciales desde la ejecutoria de la sentencia ponga fin al proceso, de conformidad con la Ley 1437 de 2011 y se ajusten las sumas adeudadas conforme al IPC. iv. Se condene a la parte demandada al pago de las costas del proceso. I.1.2. Hechos. La entidad demandante, fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Mediante la sentencia del 30 de agosto de 2010, el Juzgado Primero Administrativo de Florencia resolvió condenar a la Nación – Ministerio de

Defensa – Ejército Nacional por los perjuicios causados como consecuencia de la muerte de Héctor Vargas Guevara en hechos ocurridos el 22 de octubre de

2004. La condena fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Caquetá en la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2011. ii. Los hechos por los cuales se impuso la condena fue objeto de materia disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Disciplinaria Delegada para los Derechos Humanos radicada con el número 008-114847-2004, en contra de los señores Rubén Darío Morales Narváez, Fabio Nelson Toro Garzón, Leovigilio Castillo Moreno, Arnobis Jiménez Hernández y Marco Solorzano Jiménez, en su condición de soldados profesionales y cabo primero, respectivamente. iii. En cumplimiento de la condena impuesta, se expidió la Resolución 3218 del 28 de mayo de 2012 con el fin de pagar a favor de Liliana Gutiérrez Alvarado y otros, la suma de $1.016.419.653,46.

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I.1.3. Fundamentos de derecho. Citó el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 678 de 2001 y manifestó: Como bien se observa, se demuestran las irregularidades en las actuaciones desplegadas por los militares en los hechos en los que resultó muerto el señor

Como bien se observa, se demuestran las irregularidades en las actuaciones desplegadas por los militares en los hechos en los que resultó muerto el señor HECTOR VARGAS GUEVARA, así como los argumentos expuestos en las condenas impuestas en materia administrativa, pues en los mismos se indicó que con las pruebas se encontró plenamente probada una falla en la prestación del servicio por parte de los militares que participaron de los hechos, pues dicha falla se encuentra fundada en que los militares no tomaron las medidas o precauciones necesarias en la realización del operativo, pues se probó que los mismos fueron los causantes de la muerte del señor VARGAS GUEVARA, haciendo uso de sus armas de dotación oficial con un evidente error y violando todos los reglamentos a usar en estos casos, pues se indica que los uniformados tenían a su alcance todos los medios y la forma de movilizar a las personas y no lo hicieron, por lo que a todas luces su actuación resultó injustificada y errada, faltando además coordinación en el operativo y fallando la lógica militar. Además de lo anterior, dentro del proceso se logró probar que para la fecha de los hechos que se analizan, el señor HECTOR VARGAS GUEVARA se encontraba realizando labores agrícolas en el predio de su propiedad cuando cayó en fuego cruzado entre los subversivos y los miembros del Ejército Nacional que se

encontraba realizando operaciones en el área y quienes efectuaron un montaje encaminado a justificar la baja del occiso como propia del combate y hacerlo pasar como subversivo sin encontrarse material probatorio alguno de dicho señalamiento. (...) También sostuvo que «la Ley 678 de 2.001 indica en el Art. 5 numeral 4, que existe dolo cuando el funcionario público lo han declarado penal o disciplinariamente responsable de los mismos hechos que sirvieron de fundamento para declarar la responsabilidad patrimonial del estado (sic.)». I.2. Auto admisorio de la demanda. En proveído del 6 de agosto de 2015 se resolvió admitir la demanda presentada por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional contra los señores Rubén Darío Morales Narváez, Fabio Nelson Toro Garzón, Leovigilio Castillo Moreno, Arnobis Jiménez Hernández y Marco Solorzano Jiménez. I.3. Contestación de la demanda. Página 3 de 42Sentencia de primera instancia Medio de control: Repetición

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I.3.1. Marco Solorzano Jiménez, Arnobis Jiménez Hernández y Leovigildo Castillo Moreno.2 A través de apoderado judicial, manifestaron que i) la investigación disciplinaria 008114847-2004 adelantada por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos

Humanos culminó con fallo absolutorio del 29 de agosto de 2016; ii) no actuaron con dolo o culpa grave, por el contrario, desarrollaron sus funciones en cumplimiento del deber constitucional y legal asignado al Ejército Nacional y de una orden de operaciones de registro y control del área emitida legalmente por la autoridad competente; iii) no puede admitirse un doble pago en favor de Liliana Gutiérrez Alvarado y otros, pues la entidad pidió que el pago fuera realizado directamente a esas personas. Propusieron las siguientes excepciones:

1. Caducidad del medio de control de repetición, bajo el argumento de que la demanda fue notificada más de un año después de haberse admitido. ii. «Ausencia de dolo o culpa grave de los demandados». Afirmaron que el comandante del Batallón de Contraguerrillas 073 emitió la orden de operaciones táctica ORDOP 006 el 16 de septiembre de 2004, cuya misión era adelantar operaciones de destrucción ofensivas, con el fin de neutralizar las acciones criminales adelantadas por insurgentes de las FARC, quienes se encontraban delinquiendo en el sector de San Juan de Lozada del Municipio de San Vicente del Caguán; el 22 de octubre de 2004, la compañía «Diamante» tuvo como objetivo registrar el sector conocido como «El Rubí» desde el punto de partida conocido como «Caño Gringo»; a las 11:30 horas se presentó un combate de encuentro con subversivos y cuando se hizo el registro al finalizar se encontró un campamento para 25 insurgentes donde se halló el cadáver de uno y abundante material de guerra e intendencia.

registro al finalizar se encontró un campamento para 25 insurgentes donde se halló el cadáver de uno y abundante material de guerra e intendencia. Añadieron que la patrulla comandada por el CP. Arnobis Jiménez Hernández actuó en cumplimiento de un deber constitucional y legal. Adicionalmente, sostuvieron que según el dictamen balístico, se le incautaron 54 cartuchos al occiso, Héctor Vargas, así como un fusil AK-47 que arrojó positivo para residuos de disparo, lo que permite corroborar que sí fue disparado con anterioridad; igualmente, según el protocolo de necropsia, el 2 EXPEDIENTE DIGITALIZADO, archivo 02, pág. 80. Página 4 de 42Sentencia de primera instancia Medio de control: Repetición

Demandante: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Demandado: Rubén Darío Morales Narváez y otros Radicación: 18001-23-33-003-2015-00129-00 cadáver presentaba un impacto sin anillo de contusión ni residuos de pólvora, desvirtuándose que el disparo se produjo a corta distancia y ajustándose a la versión del combate de encuentro. Aunado a esto, no existe prueba que permita establecer el origen ni el autor del impacto que acabó con la vida de la víctima, para conocer si el autor fue algún militar o un insurgente de las FARC. iii. Hecho exclusivo de un tercero. Dijeron que el combate fue iniciado por los insurgentes de las FARC, quienes al percatarse del acercamiento de la tropa militar atacaron en su contra con el máximo poder de fuego. iv. Ausencia de la prueba del pago. Manifestaron que no existe prueba que lleve a

insurgentes de las FARC, quienes al percatarse del acercamiento de la tropa militar atacaron en su contra con el máximo poder de fuego. iv. Ausencia de la prueba del pago. Manifestaron que no existe prueba que lleve a la certeza del pago de los valores ordenados en la sentencia, luego es imposible determinar la ocurrencia de un detrimento patrimonial para el Estado. I.3.2. Rubén Darío Morales Narváez.3 A través de curador ad litem manifestó atenerse a lo resuelto en la sentencia; adicionalmente expresó que «debe demostrarse como lo exige la tarifa legal probatoria el dolo o la culpa grave y no hasta pregonarla sino que se debe demostrar». I.4. Excepciones. Mediante el auto proferido el 8 de septiembre de 2020 se resolvió declarar no probada la excepción de caducidad propuesta por los señores Arnobis Segundo Jiménez Hernández, Marco Solorzano Jiménez y Leovigildo Castillo Moreno. 4 Contra esta decisión se presentó el recurso de apelación y, en el auto proferido el 2 de julio de 2021 con ponencia de la consejera María Adriana Marín, se confirmó la decisión.5 I.5. Trámite de sentencia anticipada. El 13 de diciembre de 2021 se resolvió obedecer y cumplir lo resuelto por el superior; abstenerse de realizar la audiencia inicial; negar las pruebas documentales solicitadas por las partes; incorporar y tener como pruebas todas las documentales allegadas y otorgarles valor probatorio; correr traslado a las partes del material probatorio; y fijar el litigio así:

las partes; incorporar y tener como pruebas todas las documentales allegadas y otorgarles valor probatorio; correr traslado a las partes del material probatorio; y fijar el litigio así: 3 Expediente digitalizado, archivo 02, pág. 180. 4 Expediente digitalizado, archivo 17.5 Expediente digitalizado, archivo 27. Página 5 de 42Sentencia de primera instancia Medio de control: Repetición

Demandante: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Demandado: Rubén Darío Morales Narváez y otros Radicación: 18001-23-33-003-2015-00129-00 (...) corresponde a esta Corporación establecer si debe declararse patrimonialmente responsables a Rubén Darío Morales Narváez, Fabio Nelson Toro Garzón, Leovigilio Castillo Moreno, Arnobis Jiménez Hernández y Marco Solorzano Jiménez por la condena impuesta en cuantía de 1.016.419.653 Guevara por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia en la decisión del 30 de agosto de 2010 que fue confirmada por este Tribunal en la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2011, por la muerte del señor Héctor Vargas Guevara.

I.6. Alegatos de conclusión. El 2 de mayo de 2022 se corrió traslado por el término de 10 días a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto,

respectivamente.6 I.6.1. Rubén Darío Morales Narváez. 7 A través de curador ad litem manifestó que no debe prosperar la repetición, toda vez que i) no se aportó prueba del pago; y ii) no se probó la culpa grave o dolo, pues en la demanda se pretendió estructurar el medio de control bajo la causal de haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado; sin embargo, no se probó la existencia de una condena en tal sentido. I.6.2. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. 8 Sostuvo que «se logra establecer que se encuentran reunidos los requisitos que giran en torno a una condena en contra de los repetidos, dejando clara la prosperidad de las pretensiones impetradas, pues se encuentra probado que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia Caquetá, mediante fallo fechado del 30 de agosto de 2010, resuelve condenar a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (...). Condena que fue ratificada por parte del Tribunal Administrativo del Caquetá mediante fallo fechado del 10 de noviembre de 2011». En lo demás, reiteró lo expuesto en el escrito introductorio. I.6.3. Arnobis Jiménez Hernández, Marco Solorzano Jiménez y Leovigildo Castillo

Moreno.9 Arguyeron que i) era necesario aportar el certificado de pago antes de iniciar el proceso, es decir, la entidad no estaba relevada para demostrar en el transcurso del proceso que efectivamente se realizó el pago; ii) no se aportó la calidad de los agentes; iii) no es posible la prosperidad de una repetición cuando la 6 Expediente digital, archivo 45.7 Expediente digital, archivo 42.8 Expediente digital, archivo 47.9 Expediente digital, archivo 48. Página 6 de 42Sentencia de primera instancia Medio de control: Repetición

Demandante: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Demandado: Rubén Darío Morales Narváez y otros Radicación: 18001-23-33-003-2015-00129-00 entidad pública no ejerció cabalmente su defensa en el proceso contencioso administrativo inicial, pues contaba con la posibilidad de llamar en garantía a sus agentes dentro del proceso de reparación directa. Luego, volvió sobre los argumentos de la contestación de la demanda para recabar en que no existe el dolo o la culpa grave.

II. CONSIDERACIONES

II.1. Competencia. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011. II.2. Cuestión previa. Sobre la oportunidad del medio de control. La ley establece un término para el ejercicio del medio de control de nulidad y

II.2. Cuestión previa. Sobre la oportunidad del medio de control. La ley establece un término para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con fines de repetición de manera que al no promoverse oportunamente se produce el fenómeno de la caducidad. Esta opera por la inactividad del interesado en acudir oportunamente a los medios judiciales previstos por el legislador. Dichos términos constituyen una garantía para la seguridad jurídica y el interés general, la caducidad representa el límite dentro del cual el administrado debe reclamar del Estado determinado derecho10. La caducidad es pues, el plazo perentorio para acudir a la jurisdicción y su incumplimiento lo presume la ley como la falta de interés del demandante, de manera que su vencimiento hace que sea imposible intentar la acción. En cuanto al fenómeno jurídico de la caducidad en el medio de control de repetición el Consejo de Estado afirmó: Tratándose de la acción de repetición, se deberá tener en cuenta, también, que la oportunidad tiene que ver con el respeto del debido proceso, en cuanto el eventual responsable deberá contar con la posibilidad de enfrentar su defensa, para lo cual la inmediatez de lo acontecido tiene particular connotación. 10 Para mayor ilustración ver: DEVIS ECHANDIA, Hernando. COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL. Teoría General del Proceso. Bogotá: Editorial ABC, 1981, tomo I, p. 10. QUINTERO, Beatriz y PRIETO, Eugenio. Teoría General del Proceso.

Bogotá: Editorial Temis 2000, p. 460.

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De donde la limitación temporal del derecho de las entidades públicas de acceder a la administración de justicia, para repetir contra el agente causante del daño, fijada por el legislador, se fundamenta, tanto en el principio de la seguridad jurídica, como en el de defensa, pues busca impedir que su definición permanezca en el tiempo, afectando, no solo el patrimonio público sino el derecho de defensa del eventual obligado. Al respecto esta Corporación señaló: “La caducidad de la acción es un fenómeno que tiene por objeto consolidar situaciones jurídicas, que de lo contrario permanecerían indeterminadas en el tiempo, creando con ello inseguridad jurídica, pues una vez configurada impide acudir ante la Jurisdicción para que sea definida por ella determinada controversia”11.12 Ahora, el literal i) del artículo 164 del CPACA., establece: i) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la Administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código. Por su parte, la Ley 678 de 2001 «por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción

para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código. Por su parte, la Ley 678 de 2001 «por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición» señaló en el artículo 11: La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública. Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas. La norma trascrita fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-394 de 200213, aclarando que la frase «cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago» está condicionada a lo expuesto en la sentencia C-832 de 200114 conforme a la cual «el término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo , esto último, agrega el despacho, cuando dicho plazo se venza sin que dentro del mismo se haya hecho el pago de la condena».15

11 Consejo de Estado. Auto del 19 de julio de 2007 expediente 31135. Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero 12 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo . Sección Tercera Subsección B . Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo Bogotá, D.C., Auto. 30 de octubre de 2013 Radicación número: 25000-23-26-000-2004-0066602(47782) Actor: Empresa Colombiana de Petróleos Demandado: José Joaquín Ospino Acevedo y otros13 Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis.14 Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Bogotá D.C., 22 de octubre de 2014. radicación número: 11001-03-26-000-2013-00016Página 8 de 42Sentencia de primera instancia Medio de control: Repetición

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En el caso concreto se tiene que este Tribunal en sentencia proferida el 10 de noviembre de 2011 resolvió confirmar la decisión de condena en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte del señor Héctor Vargas Guevara. 16 Esta quedó ejecutoriada el 1 de diciembre de 2011. Mediante la Resolución 3218 del 28 de mayo de 2012 se dio cumplimiento a la sentencia17

quedó ejecutoriada el 1 de diciembre de 2011. Mediante la Resolución 3218 del 28 de mayo de 2012 se dio cumplimiento a la sentencia17 y el 7 de febrero de 2014 se expidió la certificación de la tesorera principal del Ministerio de Defensa Nacional, según la cual, se efectuó el pago por transferencia electrónica el 13 de junio de 2012 , es decir, dentro de los 18 meses previsto en la norma antes referidaC.C.A.-. En ese orden, comoquiera que la demanda fue presentada el 13 de junio de 2013,18 deberá concluirse que la demanda fue presentada dentro del término legal. II.3. Problema jurídico. De acuerdo con los argumentos de apelación, consiste en determinar si los señores Rubén Darío Morales Narváez, Fabio Nelson Toro Garzón, Leovigilio Castillo Moreno, Arnobis Jiménez Hernández y Marco Solorzano Jiménez actuaron con culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones y que ocasionaron la condena a cargo del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte del señor Héctor Vargas Guevara el 22 de octubre de 2004. Para efectos de desarrollar el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial del medio de control de repetición y la autonomía en el juzgamiento y sobre el elemento subjetivo; ii) hechos probados; y iii) Análisis de la Sala. Caso concreto. II.4. Marco normativo y jurisprudencial. 2.4.1. Del medio de control de repetición y la autonomía en el juzgamiento. 00(46203). Actor: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Demandado: Joselyn Huertas

II.4. Marco normativo y jurisprudencial. 2.4.1. Del medio de control de repetición y la autonomía en el juzgamiento. 00(46203). Actor: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Demandado: Joselyn Huertas Torres y otros.16 Archivo 01, pág. 40. 17 Archivo 01, pág. 62.18 Archivo 01, pág. 94. Página 9 de 42Sentencia de primera instancia Medio de control: Repetición

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La repetición es el medio de control de carácter constitucional, por el cual la administración obtiene de sus agentes o de quienes fungieron como tales el reintegro de las indemnizaciones que ha debido reconocer a los particulares como consecuencia de una condena judicial, conciliación o transacción por los daños antijurídicos causados con su conducta dolosa o gravemente culposa. Así, como esta tiene una finalidad de interés público, establece unos requisitos para su prosperidad que deben ser demostrados; estos son i) una sentencia condenatoria a la reparación patrimonial de un daño antijurídico; el reconocimiento indemnizatorio también puede prevenir de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto; ii) el pago de la condena; y iii) la culpa grave o el dolo en la actuación del

agente estatal que originó el daño antijurídico. Debe precisarse que los dos primeros se denominan requisitos objetivos y, el tercero, es de naturaleza subjetiva, en tanto estudia el comportamiento y la intención del agente en el accionar que originó el daño antijurídico. Ahora bien, cuando se trata recuperar lo pagado en virtud de una condena judicial o de una conciliación aprobada por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debe indicar la Sala que el juicio realizado al interior de un proceso que por repetición se adelanta contra un servidor o ex servidor público, parte de la noción de autonomía del juzgamiento en relación con el proceso primigenio del cual se derivó la condena, es decir, el análisis del juez de repetición está circunscrito a las características propias que definen el debate procesal en este tipo de control judicial, lo cual lo desliga de las valoraciones y conclusiones que, de acuerdo con la realidad procesal tenida para ese momento, fueron realizadas y adoptadas por el juzgador de la demanda inicial. En términos más claros, el análisis jurídico en instancia de repetición se nutre de la situación fáctica y probatoria que en razón del planteamiento del litigio propuesto por las partes se da al interior de la controversia retributiva y por ello su decisión no se gobierna por las razones que llevaron al resultado desfavorable a la entidad pública que ahora demanda; entonces, el juez de repetición no puede sustentar su tesis realizando

valoraciones que, de forma directa o indirecta, coloquen en entre dicho lo sentenciado en el proceso de condena, pues de ser así, se estaría soslayando el fenómeno de cosa juzgada que ampara toda decisión judicial debidamente ejecutoriada. En efecto, de forma pacífica ha considerado la Alta Corporación de lo Contencioso Administrativo que «el criterio que tiene el juez contencioso administrativo en el fallo de Página 10 de 42Sentencia de primera instancia Medio de control: Repetición

Demandante: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Demandado: Rubén Darío Morales Narváez y otros Radicación: 18001-23-33-003-2015-00129-00 responsabilidad patrimonial del Estado no vincula al juez de la repetición 19, ya que en esta última no se trata de evaluar la responsabilidad del Estado sino únicamente la conducta del agente»20.

De manera que la sentencia proferida en el proceso ordinario constituye prueba de la condena judicial pero no de la culpa grave o dolo del agente o ex agente del Estado , esto quiere decir, entonces, que el Juez de la repetición, con fundamento en los medios de prueba allegados de forma oportuna al proceso, tiene la obligación de analizar si hay lugar a la condena del agente. El régimen de responsabilidad de los funcionarios públicos, en acción de repetición fue sintetizado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia proferida el 10 de marzo de 2005 con ponencia del consejero Alier Eduardo Hernández Enríquez

(radicación 25000-23-26-000-1999-09796-01), bajo el siguiente contenido normativo: Los fundamentos constitucionales para la adopción del régimen de responsabilidad de los servidores públicos se encuentran esencialmente en el artículo 6º: los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y la ley, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones; El artículo 121: ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley; El artículo 123: los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento; El artículo 124: la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva, y por supuesto el citado artículo 90. El Estado está en la obligación de repetir contra el agente que generó la declaración de responsabilidad estatal ; sin embargo, dicha responsabilidad tiene un fundamento diferente del que se le imprimió a la responsabilidad personal de los agentes públicos, en tanto que, aquélla procede de la existencia de un daño antijurídico imputable al Estado, ésta procede únicamente en aquellos eventos en que el daño antijurídico y la condena sobreviniente son consecuencia del obrar doloso o gravemente culposo del agente. En el mismo sentido, ha sido constante la jurisprudencia en señalar que tratándose de la acción de repetición, lo fundamental no es la investidura que ostenta el servidor o exservidor sino el ejercicio de las funciones a su cargo y de su conducta personal, por

acción de repetición, lo fundamental no es la investidura que ostenta el servidor o exservidor sino el ejercicio de las funciones a su cargo y de su conducta personal, por cuanto debe establecerse si con su actuar doloso o gravemente culposo produjo el daño que el Estado indemniza. En sentencia C-430 de 12 de abril de 2000, la Corte Constitucional reiteró: Es evidente que el artículo 90 constitucional consagra una clara diferencia entre la responsabilidad del Estado, y la responsabilidad que igualmente es posible deducir a sus agentes. En el primer caso, la responsabilidad resulta de la antijuridicidad del daño, pero frente a sus agentes esa antijuridicidad se deduce de la conducta de 19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, rad. 29222, M.P. Ruth Stella orrea Palacio.20 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección “B”. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sentencia de 29 de agosto de 2016. Radicación 41001-23-31-000-2003-00822-01(45544). Página 11 de 42Sentencia de primera instancia Medio de control: Repetición

Demandante: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Demandado: Rubén Darío Morales Narváez y otros Radicación: 18001-23-33-003-2015-00129-00 éstos, vale decir, de que el comp