TA CAQ - 18001-23-40-000-2016-00095-00-(30-03-2023)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ

-SALA CUARTAMagistrada Ponente: YANNETH REYES VILLAMIZAR

Florencia Caquetá, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES

COLECTIVOS Radicado: 18001-23-40-000-2016-00095-00

Demandante: PROCURADURÍA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA Demandado: MUNICIPIO DE SOLANO - CAQUETÁ Y OTROS Tipo de expediente: DIGITALIZADO – FÍSICO

Tema: Botadero de basura a cielo abierto “El Armadillo”. Construcción de relleno sanitario.

Acta No. 22 de la fecha.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

Cumplidas todas las etapas previstas para el trámite del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, sin que se observen causales de nulidad y cumplidos los presupuestos procesales de la acción, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, dictará la sentencia de primera instancia que en derecho corresponda.

Para facilitar la narración de la presente sentencia se utilizarán las siguientes convenciones:

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS Plan Departamental de Aguas PDA Providencia Administrativa y de la Planificación PAP Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS Corporación Autónoma para el Desarrollo del Sur de la Amazonía

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS Corporación Autónoma para el Desarrollo del Sur de la Amazonía Corpoamazonia Esquema de ordenamiento territorial EOT Empresa de Servicios Públicos – Aguas de l Chiribiquete S.A.S. E.S.P. Aguas de l ChiribiqueteSentencia de Primera Instancia Acción Popular 18001-23-40-000-2016-00095-00 Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria

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I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA1

Luz Amparo Zapata Agudelo, actuando en nombre y representación de la Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Departamento del Caquetá, presentó acción popular contra el Municipio de Solano, Corpoamazonia y Aguas del Chiribiquete.

Pretende que se declare que el Municipio de Solano – Caquetá, Corpoamazonia y Aguas de Chiribiquete, se encuentran incursos en omisión administrativa al permitir el funcionamiento del centro de disposición final de residuos sólidos en condiciones no permitidas por la ley.

Que como consecuencia de lo anterior:

• Se ordene al Municipio de Solano apropiar los recursos económicos suficientes para garantizar una disposición final adecuada de los residuos sólid os generados por la población. Asimismo, que se le ordene al municipio fortalecer a los grupos de recicladores y educación ambiental.

• Se ordene a Aguas del Chiribiquete apropiar los recursos necesarios y adelantar las

población. Asimismo, que se le ordene al municipio fortalecer a los grupos de recicladores y educación ambiental.

• Se ordene a Aguas del Chiribiquete apropiar los recursos necesarios y adelantar las gestiones para la expedición de actos administrativos y contractuales que tengan por objeto la construcción de relleno sanitario y la adecuada disposición final de los residuos sólidos.

• Se ordene a la alcaldía municipal de Solano adelantar las gestiones para aislar de los escombros y basura al resguardo indígena Ismuina del pueblo Koreguaje, donde se encuentra la construcción de dos malocas, a menos de 300 metros del casco urbano.

• Compulsar copias de la respectiva sentencia a la Procuraduría General de la Nación para que declare la omisión y/o negligencia en que pudo in currir el alcalde municipal de Solano, el director de Corpoamazonia y el gerente de Aguas del Chiribiquete, con el fin de adelantar la investigación disciplinaria respectiva.

• Se condene al municipio de Solano y a la empresa Aguas del Chiribiquete a pagar el incentivo de que tratan los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998.

Los hechos relevantes de la demanda se resumen así:

1. El 19 de febrero de 2015 recibió denuncia anónima en la que se afirmó que toda la basura producida por la población del municipio de Solano se estaba arrojando a cielo abierto. De ese escrito, se corrió traslado a Corpoamazonia por medio de radicado 07327-02-15 para que se adoptaran las medidas pertinentes.

basura producida por la población del municipio de Solano se estaba arrojando a cielo abierto. De ese escrito, se corrió traslado a Corpoamazonia por medio de radicado 07327-02-15 para que se adoptaran las medidas pertinentes.

2. El 10 de marzo de 2015, Corpoamazonia emitió concepto técnico 266 de 201 4 en el que informó que en el artículo segundo del auto OJ 059 – 2015 se dispuso suspender de “manera inmediata las actividades de disposición final de residuos sólidos

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convencionales en el sitio localizado en las coordenadas de posición georreferenciada … por consiguiente la empresa Aguas de Chiribiquete S.A. E.S.P. y el Municipio de Solano (Caquetá) deberán de abstenerse de disponer residuos sólidos mediante dicho sistema o cualquier otro dentro del mismo sitio o uno diferente al que no cumpla con la normatividad ambiental vigente (...) en dicho sitio no se podrá desarrollar actividades diferentes a la clausura y restauración ambiental para lo cual se puede seguir la Guía de Saneamiento y Cierre de Botaderos del año 2002 expedido por el MAVDT”.

3. En el pro ceso OJ 059 -2015, se requirió al representante legal de Aguas de Chiribiquete para que realizara en forma inmediata la disposición final de los residuos sólidos en un relleno sanitario que contara con licencia ambiental aprobada, para lo

Chiribiquete para que realizara en forma inmediata la disposición final de los residuos sólidos en un relleno sanitario que contara con licencia ambiental aprobada, para lo cual debía present ar en un término de treinta días, el plan de cierre, clausura y restauración ambiental y paisajística del botadero de cielo abierto del municipio de Solano.

4. El 11 de noviembre de 2015, recibió el informe de observaciones y hallazgos detectados por la Cont raloría Departamental del Caquetá, mediante auditoría al contrato de obra 030 de 2014 que tenía por objeto la “adecuación y conformación con maquinaria tipo cargador de la disposición final de los residuos sólidos en las celdas del relleno sanitario provenientes de la recolección de basuras de la zona urbana del municipio de Solano”.

5. El referido informe señaló que , realizada la inspección del sitio de los hechos, se encontró que el botadero de basurero a cielo abierto ubicado en la vereda La Floresta del Municipio de Solano, no tenía un cerramiento frontal ni contaba con disposición de celdas o trincheras para la disposición de residuos sólidos; había presencia de semovientes y aves de rapiña. A partir de las fotografías que acompañaron el informe, se vislumbró la presencia de lixiviados a la intemperie en el canal trapezoidal, fosa de huesos sin cubrir, agua estancada y escombros en concreto. Adicionalmente, el informe advirtió la presunta violación de normas ambientales.

6. Aguas del Chiribiquete genera un impacto ambiental negativo en la zona. Existe

huesos sin cubrir, agua estancada y escombros en concreto. Adicionalmente, el informe advirtió la presunta violación de normas ambientales.

6. Aguas del Chiribiquete genera un impacto ambiental negativo en la zona. Existe presencia de ruidos, roedores, insectos, aves de carroña, dispersión de residuos, polvo y osamentas. También se presentaron daños relacionados con el agua.

Como derechos colectivos vulnerados o amenazados señaló i) el goce de un ambiente sano, ii) la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; iii) la seguridad y salubridad públicas; iv) el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y, v) los derechos de los consumidores y usuarios.

I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

CORPOAMAZONIA2 manifestó que cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en los artículos 31 y 35 de la Ley 99 de 1993 y que actuó diligentemente en el marco de sus funciones. Por lo anterior, adujo que no podía endilgársele ningún título de responsabilidad u

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omisión y solicitó que se denegaran las súplicas de la demanda. Expuso que había adelantado las siguientes actuaciones:

Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria

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omisión y solicitó que se denegaran las súplicas de la demanda. Expuso que había adelantado las siguientes actuaciones:

1. Apertura y fallo del proceso sancionatorio ambiental OJ -001 del 11 de enero de 2008, que culminó con la Resolución 100 de 2011 y la imposición de multa de 20

SMMLV. ii) Apertura del proceso sancionatorio ambiental OJ-013 del 23 de enero de 2015. iii) Informe técnico del 30 de septiembre de 2011. iv) Concepto técnico 266 del 23 de abril de 2014. v) Acta 001 del 16 de diciembre de visita, control y seguimiento de metas de aprovechamiento y permisos ambientales del PEGIRS.

En seguida, reiteró que, en su calidad de máxima autoridad ambiental realizó visitas al lugar de los hechos y emitió los conceptos técnicos respectivos, “adelanto el respectivo trámite y ha aperturado y fallado un PASA y ante la violación de normas ambientales apertura un segundo PASA además ha venido realizando constante seguimiento y ha brindado todo el acompañamiento y asesoría necesaria (…)”.

Finalmente, propuso las excepciones que denominó: “inexistencia de causa”, “inexistencia de vulneración de los derechos colectivos incoados” y “ausencia probatoria de causalidad en los motivos alegados versus los daños.”

Por su parte, el DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ3, quien fue vinculado como demandado por el despacho, señaló que la parte actora no probó la amenaza o vulneración de los derechos

motivos alegados versus los daños.”

Por su parte, el DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ3, quien fue vinculado como demandado por el despacho, señaló que la parte actora no probó la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos, y que el departamento carecía de facultades para la fiscalización, seguimiento y control del basurero del municipio de Solano; de igual forma, que carecía de competencia para realizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales.

Adujo que, en caso de ser necesario, el municipio de Solano “le hace la solicitud PDA que reajuste el plan de acción para modificarlo y hacer acompañamiento para verificar el lugar para el relleno sanitario” pero que no ha adelantado los trámites correspondientes para dar solución al problema.

Consideró que las entidades competentes para adelantar las acciones tendientes a prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así co mo imponer sanciones legales, eran el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Corpoamazonia.

Propuso las excepciones de “ falta de legitimaci ón en la causa por pasiva ” y “ ausencia de responsabilidad frente a la supuesta vulneración de derechos colectivos”

Finalmente, e l MUNICIPIO DE SOLANO y la AGUAS DEL CHIRIBIQUETE guardaron silencio.

3 Folios 148 a 154 – Archivo 07 CuadernoPpal2 – Expediente digitalizado.Sentencia de Primera Instancia Acción Popular 18001-23-40-000-2016-00095-00 Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria

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Acción Popular 18001-23-40-000-2016-00095-00 Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria

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I.3. AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO.

Se llevó a cabo inicialmente el 16 de marzo de 2017, sin embargo, la diligencia fue suspendida y el Despacho efectuó algunos requerimientos. Posteriorm ente, el 26 de octubre de 2017 se reanudó la audiencia; el municipio de Solano propuso fórmula de pacto y los apoderados de las demás entidades demandadas realizaron intervenciones. Comoquiera que la parte actora no asistió a la diligencia, el Despacho dispuso correr traslado de la propuesta presentada por el municipio de Solano, para que emitiera pronunciamiento.

Finalmente, a través de auto proferido el 6 de m arzo de 2018, se declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento ante la falta de pronunciamiento de la parte actora frente a la propuesta presentada por el municipio de Solano el 26 de octubre de 2017. En esas condiciones, en el mismo proveído se dispuso sobre el decreto probatorio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

II.1. COMPETENCIA

Esta Sala es competente para decidir en primera instancia la demanda de protección de los derechos e intereses colectivos presentada por la Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Departamento del Caquetá, contra el Municipio de Solano, Corpoamazonia y la Empresa de Servicios Públicos Aguas del Chiribiquete, de conformidad con los artículos 1252 y 152 – 14 de la Ley 1437 de 2011.

para el Departamento del Caquetá, contra el Municipio de Solano, Corpoamazonia y la Empresa de Servicios Públicos Aguas del Chiribiquete, de conformidad con los artículos 1252 y 152 – 14 de la Ley 1437 de 2011.

II.2. PROBLEMAS JURÍDICOS.

De conformidad con los argumentos expuestos por el actor popular de cara con los argumentos esgrimidos por las entidades demandadas, la Sala deberá analizar s í ¿Las entidades demandadas están vulnerando los derechos colectivos alegados en la presente acción popular? En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa ¿deben las entidades accionadas construir un relleno sanitario para la disposición final de los residuos sólidos?

II.3. SOBRE LA ACCIÓN POPULAR.

El artículo 88 de la Constitución Política dispone que «la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella”.

En desarrollo de este precepto, la Ley 472 de 1998 definió las acciones populares como los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos; estas se ejercen para “evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.

De acuerdo con lo anterior, los supuestos sustanciales pa ra que proceda la acción popular son: (i) una acción u omisión de la demandada -particular o pública-; (ii) un daño contingente,Sentencia de Primera Instancia

fuere posible”.

De acuerdo con lo anterior, los supuestos sustanciales pa ra que proceda la acción popular son: (i) una acción u omisión de la demandada -particular o pública-; (ii) un daño contingente,Sentencia de Primera Instancia Acción Popular 18001-23-40-000-2016-00095-00 Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria

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peligro, amenaza o vulneración de los derechos colectivos; y (iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión y la afectación antes mencionada.

Sobre la naturaleza de las acciones populares, en la sentencia T -528 de 1992 la Corte

Constitucional señaló:

“Esta acción, aunque esté prevista para la preservación y protección de determinados derechos e intereses colectivos , pueden abarcar derechos de similar naturaleza, siempre que estos sean definidos por la ley conforme a la constitución y no contraríen la finalidad pública o colectiva y concreta a que quedan circunscritas estas acciones, por sustanciales razones de lógica y seguridad jurídica.

De manera que la misma pueda ser ejercida contra las autoridades públicas por sus acciones u omisiones y, por las mismas causas, contra particulares; su tramitación es judicial y la ley debe proveer sobre ellas atendiendo a sus fines públicos y concretos, no subjetivos ni individuales”.

Entonces, al momento de resolver el problema jurídico, el operador judicial deberá verificar la amenaza o vulneración de los derechos establecidos en la mencionada ley, cuales son: el goce de un ambiente sano; la moralidad administrativa; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su

la amenaza o vulneración de los derechos establecidos en la mencionada ley, cuales son: el goce de un ambiente sano; la moralidad administrativa; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; la defensa del patrimonio público; la defensa del patrimonio cultural de la Nación; la seguridad y salubridad públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad p ública; la libre competencia económica; el acceso a los servicios público y a que su prestación sea eficiente y oportuna; la prohibición de fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al terri torio nacional de residuos nucleares o tóxicos; el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; los derechos de los consumidores y usuarios; y demás previstos en la Constitución, leyes ordinarias y tratados de derechos internacional celebrados por Colombia.

II.4. JURISPRUDENCIA SOBRE LOS DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS EN LA

DEMANDA.

- GOCE DE UN AMBIENTE SANO.

En el artículo 8 constitucional impone al Estado y a las personas la obligación general de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

En el artícu lo 49 reconoce el saneamiento ambiental como un servicio público a cargo del

En el artículo 8 constitucional impone al Estado y a las personas la obligación general de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

En el artícu lo 49 reconoce el saneamiento ambiental como un servicio público a cargo del Estado.

El artículo 79 de la Constitución Política prevé que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que la ley garantizará la participación de la comunid ad en las decisiones que puedan afectarlo. Igualmente, reza que es deber del Estado proteger laSentencia de Primera Instancia Acción Popular 18001-23-40-000-2016-00095-00 Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria

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diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

En artículo 80 le encarga al Estado la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; le impone la obligación de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados y, finalmente; además del deber de cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas en las zonas fronterizas.

El Consejo de Estado en sentencia del 28 d e marzo de 2014 (M.P Marco Antonio Velilla Moreno) sobre este derecho, indicó:

“Así, se ha entendido y desarrollado la noción de medio ambiente como todo lo que rodea a los seres vivos y comprende elementos biofísicos, los recursos naturales

Moreno) sobre este derecho, indicó:

“Así, se ha entendido y desarrollado la noción de medio ambiente como todo lo que rodea a los seres vivos y comprende elementos biofísicos, los recursos naturales como el suelo , el agua, la atmósfera, la flora, la fauna, etc.; y los componentes sociales. Las distintas normativas buscan establecer la correcta interrelación de los distintos elementos en aras de salvaguardarlo. En ese orden de ideas, resulta lógico que dicho derecho cuente con varias dimensiones, toda vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por encontrarse estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud); ii) de derecho -deber (todos son titulares del derecho a gozar de un ambiente sano pero, además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); iii) de objetivo social (conservación de las condiciones del medio ambiente para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y futuras) y, iv) de deber del Estado (cons ervación del medio ambiente, eficiente manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e imposición las sanciones a que haya lugar)”4

De conformidad con lo expuesto, salta a la vista que la protección del medio ambiente es un tema oblicuo que tiene como gran garante al Estado, pero que termina envolviendo a todas las personas que habitan en el ecosistema.

- EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A QUE SU PRESTACIÓN SEA

EFICIENTE Y OPORTUNA;

Frente a este derecho colectivo, el Consejo de Estado señaló:

“(…) El derecho de acceso a los servicios públicos en este sentido, está esencialmente constituido por la capacidad que detentan los miembros de una comunidad de

EFICIENTE Y OPORTUNA;

Frente a este derecho colectivo, el Consejo de Estado señaló:

“(…) El derecho de acceso a los servicios públicos en este sentido, está esencialmente constituido por la capacidad que detentan los miembros de una comunidad de convertirse en usuarios o receptores o beneficiarios de aquellas a ctividades susceptibles de catalogarse como servicios públicos.

Esta sola condición, sin embargo, no basta; a esta capacidad debe agregársele el cumplimiento de unos requisitos que deben cumplir los prestadores de estos servicios: eficiencia y oportunida d. Por eficiencia, que como se anotó es un imperativo constitucional de los servicios públicos, debe entenderse la prestación de estos

4 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce (2014) Consejero Donente: Doctor Marco Antonio Velilla Moreno ref: expediente núm. Ap-25000-23-27-000-2001-90479-01Sentencia de Primera Instancia Acción Popular 18001-23-40-000-2016-00095-00 Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria

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utilizando y disponiendo del mejor modo posible los instrumentos o recursos necesarios para cumplir los fines propuestos; por oportunidad, en cambio, se debe entender la respuesta dentro de un plazo razonable que debe tener un usuario cuando requiera estos servicios, así como la permanencia de la prestación de los mismos.

La vulneración de este derecho colectivo entonces se manifiesta cuando se lesione el interés subjetivo de la comunidad a que le presten servicios públicos de manera eficiente y oportuna. (…)”.5

- LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.

interés subjetivo de la comunidad a que le presten servicios públicos de manera eficiente y oportuna. (…)”.5

- LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.

El artículo 78 de l a Constitución Política de 1 991 contiene el derecho de los consumidores y usuarios, que se encuentra en el capítulo de los derechos colectivos y del medio ambiente. El tenor literal es el siguiente:

“La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, a sí como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen.

Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.”

En sentencia C -133 de 2014, la Corte Constitucional señaló que este derecho apunta a la protección sustancial de los ciudadanos que entran en relación con proveedores y distribuidores de bienes y servicios, respectivamente:

“La Corte ha señalado que el derecho de consumidores y usuarios se enmarca dentro de los derechos colectivos cuya interpretación la determina, entre otros principios, el principio de Estado social que se consagra en el artículo 1º de la Constitución. En este sentido, se ha entendido que el contenido de este derecho apunta a la protección sustancial de los ciudadanos que entran en relación con proveedores y distribuidores de bienes y servicios, respectivamente. Dicha concepción de protección sustancial en

sentido, se ha entendido que el contenido de este derecho apunta a la protección sustancial de los ciudadanos que entran en relación con proveedores y distribuidores de bienes y servicios, respectivamente. Dicha concepción de protección sustancial en un contexto de Estado social es plenamente distinguible de la concepción liberal basada en una relación en igualdad de condiciones y absoluta libertad de negociación entre consumidor y productor o distribuidor de bienes, o prestador de servicios, la cual es una situación ficta en la gran mayoría de los casos en que dicha relación se presenta.”

5 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO

GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 68001 -23-31-000-201000930-01(AP) Actor: AURA RAQUEL MO RENO CORTES Demandado: RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIALSentencia de Primera Instancia Acción Popular 18001-23-40-000-2016-00095-00 Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria

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- LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS.

Sobre este Derecho, el Consejo de Estado6 se ha pronunciado en los siguientes términos:

“Este derecho com prendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo.

(…)

posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo.

(…)

En diferentes ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los conceptos de seguridad y salubridad públicas; los mismos han sido tratados como parte del concepto de orden público y se han concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad . De esta manera, se puede concluir que la salubridad y seguridad públicas son derechos colectivos y, por tanto, se deb en proteger a través de las acciones populares. Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de det erminado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria. Es decir, que al momento de ponerse en fu ncionamiento determinados proyectos de los cuales se pueda derivar algún perjuicio para los ciudadanos, se deben realizar los estudios previos y tomar las medidas conducentes para evitar que se produzca un impacto negativo en las condiciones de salud y seguridad de los asociados”98.

[…]

perjuicio para los ciudadanos, se deben realizar los estudios previos y tomar las medidas conducentes para evitar que se produzca un impacto negativo en las condiciones de salud y seguridad de los asociados”98.

[…]

El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del “acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública”. Es un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad, es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra “infraestructura” la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización, en este caso, para la buena gestión de la sa lubridad pública. Por lo tanto, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica, entre otros aspectos, la posibilidad que tienen las personas de beneficiarse de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención,

6 Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación número: 54001-23-31-0002003-00266-01(AP).Sentencia de Primera Instancia Acción Popular 18001-23-40-000-2016-00095-00 Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria

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buscando disminuir el número de personas enfermas en un lugar específico y en un espacio de tiempo determinado.99

[…] de tal modo que solo se constatará la afectación a este derecho o interés colectivo, cuando se logre demostrar la imposibilidad de acceso a una

buscando disminuir el núme