TA CAQ - 18001-23-40-000-2019-00030-00-(30-03-2023)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ

-SALA CUARTAMagistrada Ponente: YANNETH REYES VILLAMIZAR

Florencia Caquetá, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES

COLECTIVOS Radicado: 18001-23-40-000-2019-00030-00

Demandante: SERVAF S.A. E.S.P.

Demandado: MUNICIPIO DE FLORENCIA Y OTROS Tipo de expediente: ELECTRÓNICO

Tema: Libre competencia económica. Creación de Empresas Públicas Aguas de Florencia S.A.S. E.S.P. No se acreditó vulneración a los derechos colectivos.

Acta No. 22 de la fecha.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Cumplidas todas las etapas previstas para el trámite del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, sin que se observen causales de nulidad y cumplidos los presupuestos procesales de la acción, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, dictará la sentencia de primera instancia que en derecho corresponda.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA.1

Pretende la parte actora que se declare que se han vulnerado los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, libre competencia económica, derechos de los consumidores y usuarios, con ocasión a los actos desplegados por parte del Municipio de Florencia consistentes en sacar a la sociedad de la libre competencia de los

moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, libre competencia económica, derechos de los consumidores y usuarios, con ocasión a los actos desplegados por parte del Municipio de Florencia consistentes en sacar a la sociedad de la libre competencia de los servicios públicos y efectuar actos de desinformación a los usuarios , a pesar de ser el accionista mayoritario y ostentar la calidad de administrador de la sociedad.

Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Municipio de Florencia detener : (i) toda actuación encaminada a separar a la sociedad de la prestación de los se rvicios públicos domiciliarios; (ii) toda actuación que busque menoscabar los derechos constitucionales y legales que tiene la sociedad sobre los bienes dispuestos para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio.

1 Folio 2, PDF 01CPpal1, Expediente Digitalizado.Sentencia de Primera Instancia Acción Popular 18001-23-40-000-2019-00030-00

SERVAF S.A. E.S.P.

Página 2 de 27 También pretende que se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Nación – Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), como órganos de carácter técnico encargados de la inspección, vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios, para que implementen una p olítica pública que permita a los actores que intervienen en los servicios públicos, conocer el cambio fundamental dado el sector a partir de la Constitución Política de 1991, la Ley 142 de 1994 y el desarrollo dado por las Altas Cortes, y las consecuencia s al

una p olítica pública que permita a los actores que intervienen en los servicios públicos, conocer el cambio fundamental dado el sector a partir de la Constitución Política de 1991, la Ley 142 de 1994 y el desarrollo dado por las Altas Cortes, y las consecuencia s al incumplimiento de dichos mandatos. Los hechos relevantes de la demanda se resumen así:

1. En el Municipio de Florencia no existen las áreas de servicio exclusivo, ni estudio aprobado por la Superintendencia de Servicios Públicos que determine la conveniencia de la prestación de los servicios públicos de manera directa por el municipio. SERVAF ha prestado los servicios de acueducto y alcantarillado desde su creación.

2. Antes de 1993, los servicios públicos estaban a cargo del Instituto de Servicios Varios – ISERVA, ente descentralizado por servicios.

3. Mediante el Acuerdo 067 de 1992, el Concejo Municipal de Florencia autorizó al alcalde para la creación de una Empresa de Economía Mixta y se ordenó la liquidación del ISERVA. En este documento se consignó que la infraestructura seguiría siendo del municipio y no formaba parte de la empresa creada; también se dispuso que las inversiones que realizara sobre la infraestructura del acueducto y alcantarillado pasarían al patrimonio de la entidad. Esta norma fue modificada por el Acuerdo 012 de 1992, pero solo sufrió cambios formales no de contenido.

4. Mediante la Escritura Pública 0002109 del 24 de julio de 1992, se creó SERVAF. En el acta de constitución nada mencionó sobre el Acuerdo 067 de 1992 , esta se desarrolló de acuerdo a la legislación vigente para la época aplicable a las sociedades

el acta de constitución nada mencionó sobre el Acuerdo 067 de 1992 , esta se desarrolló de acuerdo a la legislación vigente para la época aplicable a las sociedades anónimas. Como socios fundadores aparecen 41 personas naturales y jurídicas, dentro de las cuales se encuentra el Municipio de Florencia con un 4 8.87% del total de las accio nes de la sociedad (accionista mayoritario); y se estableció realizar el pago de la deuda que la entidad territorial adquiriera o haya adquirido para financiar el plan maestro de acueducto y alcantarillado . Asimismo, ha adquirido bienes corporales (muebles e inmuebles) e incorporales (derechos intelectuales, know how).

5. El 22 de septiembre de 1992 se suscribió el acta de entrega de la infraestructura física del acueducto del municipio y el valor patrimonial de la sociedad es de

$50.096.000.000.

6. El día 18 de enero de 1993, los representantes legales de la sociedad y el municipio suscribieron el contrato de gestión, administración y prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

7. Después de que entró en vigencia la Ley 142 de 1994, se suscribió la modificación al contrato y consignó que la norma que lo regía era la anteriormente mencionada; nada se dijo del Acuerdo 067 de 1992. Nunca se firmó el contrato de cesión entre laSentencia de Primera Instancia

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Página 3 de 27 sociedad y el Municipio de Florencia.

8. Mediante demanda de controver sias contractuales, se solicitó la liquidación

(radicación 18001 -2340-004-2018-00200-00) del contrato de administración de servicios públicos celebrado entre SERVAF S.A E.S.P y el MUNICIPIO DE FLORENCIA, celebrado el 18 de enero de1993, modificado el 16 de noviembre de 1994; y en consecuencia se declare que SERVAF S.A E.S.P es propietaria de la totalidad de las inversiones efectuadas en el sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Florencia.

9. Por medio de la escritura pública 2733 del 27 de ju lio de 1995, en cumplimiento de las exigencias de la Ley 142 de 1994, se modificó el nombre de la sociedad y pasó a

llamarse Empresa de Servicios de Florencia S.A. E.S.P.

10. Mediante los Conceptos SSPD -OJ-2018-584 y CRA 20180120218411, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en su orden, señalaron que por regla general, en virtud de la Ley 142 de 1994, toda inversión hecha por una empresa de servicios públicos ser ía de su propiedad, a menos de que se hubiese suscrito un contrato de concesión en los términos de la Ley 80 de 1993, pero en el caso esto no ocurrió.

11. Pese a su condición como representante de las acciones del municipio y hacer parte

de su propiedad, a menos de que se hubiese suscrito un contrato de concesión en los términos de la Ley 80 de 1993, pero en el caso esto no ocurrió.

11. Pese a su condición como representante de las acciones del municipio y hacer parte de la junta directiva, desde finales de 2017, el alcalde y su gabinete han desplegado una serie de actuaciones que atentan contra los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y libre competencia económica.

12. Lo anterior, porque el alcalde, Andrés Mauricio Perdomo Lara, radicó un proyecto de acuerdo con el fin de obtener la autorización para constituir una empresa de servicios públicos constituida de carácter oficial.

13. El 20 de enero de 2018 fue aprobado por la Comisión Tercera o de Gobierno del Concejo Municipal de Florencia y el 26 de enero siguiente en el segundo debate, quedando como el Acuerdo No. 2018001; sin embargo, no existió concepto previo por parte del secretario de hacienda.

14. El mentado acto administrativo fue demandado en sede de nulidad y es de conocimiento del Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia (radicación 180013333-004-2018-00723-00).

15. El artículo 23 de la Ley 222 de 1995 establece las obligaciones del administrador y las prohibiciones de participar por sí o por interpuesta persona en a ctividades que impliquen competencia con la sociedad. Es por esto que el 26 de febrero de 2018 se impetró el conflicto de intereses constitucional contra el Municipio de Florencia y se recusó al alcalde; además, en la Superintendencia de Sociedades cursa e l proceso

impetró el conflicto de intereses constitucional contra el Municipio de Florencia y se recusó al alcalde; además, en la Superintendencia de Sociedades cursa e l proceso 2018-800-00200 en el que se busca la declaración de la violación de los deberes del administrador.

16. A pesar de que la consecuencia de la figura (recusación) es la suspensión de la actuación, el alcalde creó una empresa de servicios públicos con el mismo objeto deSentencia de Primera Instancia

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Página 4 de 27 SERVAF, mediante la escritura pública 0497 del 28 de febrero de 2018.

17. En virtud de la prohibición de creación de sociedades que tengan el mismo objeto de la cual se es administrador y al señalarse dentro de la escritura pública 0497 de 2018 que el municipio entrega en calidad de usufructo la infraestructura, afecta la prestación de los servicios públicos, pues nada se especificó sobre las redes, el sistema, ni se aportaron documentos sobre su titularidad. Por esta razón se presentó una demanda de nulidad en contra de la escritura pública que es conocida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia (radicación 180001-3103-002-201800190-00).

18. El alcalde, Andrés Mauricio Perdomo Lara, como administrador de la empresa dio sendas entrevistas a medios de comunicación y desarrolló actuaciones como agente de mercado que pretenden desplazar indebidamente a la sociedad prestadora de los servicios públicos; proceder que pone en peligro los derechos colectivos ya

sendas entrevistas a medios de comunicación y desarrolló actuaciones como agente de mercado que pretenden desplazar indebidamente a la sociedad prestadora de los servicios públicos; proceder que pone en peligro los derechos colectivos ya mencionados, al igual que la solicitud por él presentada ante Corpoamazon ia para que revocara el acto administrativo de concesión de aguas otorgado a la sociedad y que fue desestimada.

19. La empresa creada por el alcalde municipal, a pesar de los problemas legales que existen en su creación, ha buscado otorgar de manera directa a un tercero la administración de los servicios públicos, pero no se ha materializado porque la empresa ha ejercido los derechos que tiene como propietaria de parte de la infraestructura del sistema de acueducto y alcantarillado.

20. SERVAF es patrimonio del Municipio de Florencia, por ello, toda actuación desplegada por fuera de ordenamiento jurídico pone en peligro el erario. Igualmente, en las juntas de accionistas la sociedad siempre ha sostenido que le pert enece la infraestructura sobre la cual ha efectuado inversiones, de conformidad con la Ley 142 de 1994, razón por la cual, en aplicación de la Resolución CRA No. 759 de 2016, se constituyó un depósito bancario para consignarse mensualmente la suma de $30.000.000, correspondiente a un estimativo del monto del peaje por la utilización de la infraestructura que llegare a pertenecer al municipio.

Como derechos colectivos vulnerados señaló: (i) la moralidad administrativa, (ii) la defensa del patrimonio públic o, (iii) libre competencia económica, (iv) derechos de los consumidores y usuarios.

I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

defensa del patrimonio públic o, (iii) libre competencia económica, (iv) derechos de los consumidores y usuarios.

I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – UAE – CRA.2 manifestó que no le constan los hechos narrados en la dema nda y que no podrían ayudar o colaborar en las actividades tendientes a lo solicitado, ni en su verificación. Planteó la s excepciones de falta de capacidad para ser parte procesal ; inexistencia de facultades por parte de la CRA en el caso concreto ; y falta de legitimación por pasiva , las cuales sustentó en que una de sus facultades se circunscribe a regular los monopolios en la

2 Folio 4, PDF 08CPpal8, Expediente Digitalizado.Sentencia de Primera Instancia Acción Popular 18001-23-40-000-2019-00030-00

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Página 5 de 27 prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento básico cuando la competencia no sea posible y, en los demás casos, prom over la competencia entre quienes presten servicios públicos para que las operaciones de los monopolistas sean económicamente eficientes, no conlleven al abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad.

Por su parte MINISTERIO DE VIVIEND A, CIUDAD Y TERRITORIO 3 expuso los mismos argumentos de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA. Adicionalmente, dijo que uno de sus objetivos se dirige a apoyar financieramente proyectos del sector de agua potable y saneamient o básico que se enmarquen en las políticas

argumentos de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA. Adicionalmente, dijo que uno de sus objetivos se dirige a apoyar financieramente proyectos del sector de agua potable y saneamient o básico que se enmarquen en las políticas estratégicas definidas en la Ley 1450 de 2011, en cuanto a los recursos de apoyo financiero de la Nación. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia de facultades por pa rte del ministerio; competencia de los municipios; derecho a la libre competencia; y actos y contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS4 sostuvo que no le asiste legitimación en la causa por pasiva, toda vez que solamente se encarga de ejercer funciones de policía administrativa en materia de inspección, control y vigilancia, es decir, no coadministra y tampoco ejerce intervención directa en la gestión de las empresas, simplemente verifica que los servicios se presten con oportunidad y calidad. Alegó la excepción de falta de los presupuestos procesales como la falta de legitimación por pasiva.

Finalmente el MUNICIPIO DE FLORENCIA5 se opuso a todas las pretensiones al considerar que si bien en los contratos y demás documentos no se hace referencia al Acuerdo 067 de 1992, ello no quiere decir que la información contenida en el acto haya perdido vigencia o no se aplique, por el contrario, todos los negocios jurídicos celebrados p or la empresa llevan implícita la disposición. Es cierto que nunca se suscribió el acto de concesión. Señaló que, si bien el municipio es el accionista mayoritario, sus actuaciones han sido acorde

implícita la disposición. Es cierto que nunca se suscribió el acto de concesión. Señaló que, si bien el municipio es el accionista mayoritario, sus actuaciones han sido acorde a la ley, tanto así que se han adelantado las acciones legales para lograr la restitución de la infraestructura que le pertenece y que hoy es ocupada ilegalmente por la sociedad, la cual, pese a no tener un vínculo contractual vigente, sigue usufructuándola. Propuso las siguientes excepciones:

• Falta de integración de la litis – vinculación de la empresa Aguas de Florencia como litisconsorcio necesario : Toda vez que la parte actora ha efectuado afirmaciones sobre el funcionamiento de la empresa.

• Pleito pendiente entre las mismas partes y por los mismos derechos: El Municipio de Florencia incoó una demanda con la finalidad de proteger los derechos colectivos a la moralidad administrativa y patrimonio público vulnerados por SERVAF al no realizar la entrega real, material y definitiva de toda la infraestructura pa ra la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, de la cual es legítima titular la entidad

3 Folio 187, PDF 08CPpal8, Expediente Digitalizado. 4 Folio 2, PDF 09CPpal9, Expediente Digitalizado. 5 Folio 17, PDF 09CPpal9, Expediente Digitalizado.Sentencia de Primera Instancia Acción Popular 18001-23-40-000-2019-00030-00

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Página 6 de 27 territorial. El proceso es conocido por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia con el número de radicación 18001-3333-001-2018-00493-00 y con el de la referencia

Página 6 de 27 territorial. El proceso es conocido por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia con el número de radicación 18001-3333-001-2018-00493-00 y con el de la referencia existe identidad de partes, pretensiones y supuestos fácticos.

• Falta de lealtad procesal y mala fe en el ejercicio de las acciones constitucionales: La sociedad hizo uso indebido de la acción popular, comoquiera que su fin es det ener cualquier actuación que los aparte de la infraestructura a través del cual se presta el servicio de acueducto y alcantarillado.

• Inexistencia de la afectación de los derechos colectivos mencionados : La moralidad administrativa es definida como un val or supremo y dotado de fuerza normativa y constitucional y es precisamente esto lo que busca la entidad territorial, esto es, que la sociedad entregue toda la infraestructura tanto física como el software para la óptima prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. Tampoco existe la vulneración al patrimonio público.

• Falta de legitimación por parte de SERVAF SA ESP para reclamar la titularidad del derecho de dominio sobre la infraestructura para la prestación del servicio. Si bien en el certifica do de libertad y tradición la infraestructura aparece a nombre de la sociedad, ello no quiere decir que le pertenezca, toda vez que en el Acuerdo 067 de 1992 se estableció que la propiedad radicaba en la entidad territorial.

La DEFENSORÍA DEL PUEBLO coadyuvo6 al Municipio de Florencia , y t rajo a colación fundamento jurisprudencial y legal relacionado con la libre competencia económica. Concluyó afirmando que los argumentos que sustentan la demanda popular relacionados con la

fundamento jurisprudencial y legal relacionado con la libre competencia económica. Concluyó afirmando que los argumentos que sustentan la demanda popular relacionados con la vulneración del mencionado derecho no tienen asidero fáctico y jurídico, pues, en su criterio, el demandante no ha sabido distinguir entre la prestación directa de los servicios públicos por parte del municipio y la prestación de los servicios públicos por parte de una empresa de servicios públicos (Empresas Públicas Aguas de Florencia S.A.S. E.S.P) constituida con capital del ente territorial pero que constituye una persona jurídica diferente a la del municipio. Por lo anterior, solicitó al Despacho que se negaran las pretensiones de la demanda.

I.3. AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO.7

Se realizó el 02 de agosto de 2019 y se declaró fallida, toda vez que las entidades demandadas manifestaron no tener ánimo conciliatorio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

II.1. COMPETENCIA.

Esta Sala es competente para decidir en primera instancia la demanda de protección de los derechos e intereses colectivos presentada por el señor SERVAF S.A. E.S.P contra el Municipio de Florencia, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA-, de conformidad con los artículos 125-2 y 152 – 14 de la Ley 1437 de 2011.

6 Folio 917 del CP5. 7 Folio 893 al 894 del CP5.Sentencia de Primera Instancia Acción Popular 18001-23-40-000-2019-00030-00

6 Folio 917 del CP5. 7 Folio 893 al 894 del CP5.Sentencia de Primera Instancia Acción Popular 18001-23-40-000-2019-00030-00

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II.2. PROBLEMAS JURÍDICOS.

En atención a los argumentos expuestos por SERVAF en la demanda, y los argumentos de defensa esbozad os por las entidades accionadas, la Sala deberá analizar los siguientes problemas jurídicos:

a. ¿Tiene la CRA capacidad para ser parte como demanda da en la presente acción de tutela?

b. ¿Tiene el Ministerio y la Superintendencia de Servicios Públicos legitimación en la causa material por pasiva para ser convocados como demandados en la presente acción popular?

c. ¿Las entidades demandadas han vulnerado y/o amenazado los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, libre co mpetencia económica, derechos de los consumidores y usuarios? /

II.3. DE LAS EXCEPCIONES.

a. Falta de capacidad para ser parte del proceso (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – UAE – CRA).

El artículo 69 de la Ley 142 de 1994 creó la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – UAE8 y después el Decreto 2882 de 2007 9 consagró que era una unidad administrativa especial, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (h oy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 10), con autonomía administrativa, técnica y patrimonial.

unidad administrativa especial, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (h oy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 10), con autonomía administrativa, técnica y patrimonial.

De igual forma, el Decreto 3571 de 2011 “Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio”, estableció en el artículo 3º:

“ARTÍCULO 3º. Integración del Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio. El Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio está integrado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las siguientes entidades adscritas y vinculadas:

1. Entidades Adscritas: 1.1. Unidad Administrativa Especial sin Personería Jurídica. 1.1.1. Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

(...)”

8 . Artículo 69. Organización y naturaleza. Créanse como unidades administrativas especiales, con independencia administrativa, técnica y patrimonial, y adscritas al respectivo ministerio, las siguientes Comisiones de regulación

69.1. Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico.

9 . Artículo 2°. Naturaleza jurídica. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, creada por la Ley 142

de 1994 es una Unidad Administrativa Especial, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarr ollo Territorial, con autonomía administrativa, técnica y patrimonial.

10 Creado mediante la Ley 1444 de 2011 “Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones”.Sentencia de Primera Instancia Acción Popular 18001-23-40-000-2019-00030-00

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Página 8 de 27 De lo expuesto, se desprende con facilidad que la comisión mencionada no tiene personería jurídica y no existe norma que le otorgue capacidad para comparecer al proceso, lo cual impide que actúe de manera independiente en el proceso, pues no cumple con el presupuesto descrito en el artículo 159 del C.P.A.C.A., este es, que “las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, p odrán obrar como demandantes, demandados, o intervinientes en los proceso contenciosos administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados”.

Entonces, como la capacidad jurídica es la “aptitud para ser titular de derechos subjetivos y de obligaciones y para ser parte en las relaciones jurídicas” y, como en este caso la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – UAE – CRA no goza de personería, no puede ser llamada a comparecer al proceso como sujeto procesal.

de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – UAE – CRA no goza de personería, no puede ser llamada a comparecer al proceso como sujeto procesal.

Es así que al estar adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es esta la entidad que debía ser vinculada al proceso (legitimación formal), tal como ocurrió.

Lo considerado es suficiente para declarar probada la excepción de “falta de capacidad para ser parte”. Por la prosperidad de esta, la Sala no se pronunciará frente a las demás propuestas por la entidad.

b. Falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la Superintendencia de S ervicios Públicos Domiciliarios.

El artículo 14 de la Ley 472 de 1998 prevé que “La Acción Popular se dirigirá contra el particular, persona natural o jurídico, la autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que amenaza, viola o ha violado el derecho o interés colectivo”.

Sobre esta excepción, el Consejo de Estado ha señalado:11

“5.14.2. La legitimación en la causa por pasiva alude a la aptitud que debe reunir el demandado para oponerse a las pretensiones que el demandante formula en su contra, de manera pues que, si aquél no tiene relación con los hechos que dieron lugar a la presentación de la demanda, no estará legitimado materialmente y, en consecuencia, se configurará la excepción que se estudia. En relación con este tópico, en providenc ia del 18 de mayo de 2017, esta Sala consideró lo que se explica a continuación:

“La exigencia de legitimación en la causa por pasiva alude a la aptitud que debe reunir

en providenc ia del 18 de mayo de 2017, esta Sala consideró lo que se explica a continuación:

“La exigencia de legitimación en la causa por pasiva alude a la aptitud que debe reunir la persona –natural o jurídica – contra quien se dirige la demanda para oponerse jurídicamente a las pretensiones que el demandante esgrime en su contra. En ese sentido, no basta con ser objeto de demanda para concurrir legítimamente a un juicio, es imperioso estar debidamente legitimado para ello. Al respecto destaca la Sala que la jurisprudencia de esta Corporación ha distinguido entre la legitimación en la causa de hecho y la legitimación en la causa material; distinción que se ha expuesto en los siguientes términos:

11 Sección Primera. Sentencia del 14 de septiembre de 2020. Expediente 73001 -23-31-000-2011-00611-03. Magistrado: Oswaldo Giraldo López.Sentencia de Primera Instancia Acción Popular 18001-23-40-000-2019-00030-00

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Página 9 de 27 “(…) toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relaci ón procesal existente entre demandante -legitimado en la causa de hecho por activay demandado -legitimado en la causa de hecho por pasiva - y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio,

posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico…”.

En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pu es ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condici ón anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra” 24 (Subrayado y negrillas fuera de texto).

De acuerdo con lo jurisprudencia antes transcrita, la cual se prohíja en esta

anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra” 24 (Subrayado y negrillas fuera de texto).

De acuerdo con lo jurisprudencia antes transcrita, la cual se prohíja en esta oportunidad, la legitimación material en la causa por pasiva exige que la entidad en contra de la cual se dirige la demanda esté vinculada funcional o materialmente con los hechos que dan origen a la reclamación, lo cual se examinará desde la óp