TA CAQ - 18001-2333-000-2022-00017-00-(20-09-2023)

Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Tercera de Decisión

Magistrada Ponente: Edith Alarcón Bernal

Florencia, veinte (20) de septiembre dos mil veintitrés (2023)

Asunto: Pensión de jubilación Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Maritza Narváez Losada Demandado: NaciónMinisterio de Educación - Fondo de

Prestaciones Sociales del Magisterio Radicación: 18001-2333-000-2022-00017-00

Acta de discusión: 58 de la fecha

ASUNTO Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala en primera instancia la demanda presentada por Maritza Narváez Losada contra la Nación - Ministerio de Educación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Como temas especiales se tratarán: ¿En virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas en Colombia, ¿cuál es el trato que se debe dar a los docentes contratistas en cuanto al reconocimiento de los tiempos laborados para efectos pensionales? Además, ¿cuáles son los factores que deben ser tomados en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003? Y, por último, aplicación de sentencia de unificación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Pretensiones de la demanda

Maritza Narváez Losada , por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Pretensiones de la demanda

Maritza Narváez Losada , por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que:

1. Se declare la nulidad del acto ficto configurado el 6 de agosto de 2021, mediante el cual, se negó a la actora la pensión de jubilación.

1. A título de restablecimiento del derecho pidió se ordene a la demandada a que reconozca y pague la prestación periódica, equivalente al 75% de los salarios y primas recibidos antes del cumplimiento del status de pensionado, esto es, 11 de agosto de 2020, con los ajustes e intereses moratorios correspondientes, sea incluido en la nómina de pensionados y se condene en costas a la parte demandada.

1 Archivos 2 expediente judicial electrónicoSentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Maritza Narváez Losada Demandado: NaciónMinisterio de Educación NacionalFOMAG Radicación: 18001-23-33-000-2022-000017-00

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1.1.2. Fundamento de las pretensiones

Los hechos que fundamentan las pretensiones se sintetizan así:

• Martiza Narvaez Losada nació el 10 de agosto de 1965. - La demandante laboró por contrato como docente primero para la Secretaría de Educación del Municipio de San Vicente del Caguan del 1 de mayo al 31 de octubre de 1995 ; luego en favor del Departamento del Caquetá del 1 de

• La demandante laboró por contrato como docente primero para la Secretaría de Educación del Municipio de San Vicente del Caguan del 1 de mayo al 31 de octubre de 1995 ; luego en favor del Departamento del Caquetá del 1 de febrero al 30 2 de 1991, posteriormente fue vincula da por el Municipio de

Cartagena del Chairá en los siguientes periodos:

 18 de mayo al 17 de noviembre de 1998.  2 de agosto al 31 de diciembre de 1999.  1 de febrero al 30 de noviembre de 2000.  1 de febrero al 30 de noviembre de 2001.  15 de enero al 15 de noviembre de 2002.

• El 31 de marzo de 2003 fue nombrada en la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá, cargo que ostentó hasta el 13 de junio de 2003; después del 01 de agosto de 2003 al 31 de octubre de 2003. - Finalmente se vinculó nuevamente a la docencia el 20 de febrero de 2004, incluso hasta la fecha de presentación de la demanda3. - Conforme con lo anterior –aseguró- completó 23 años y 3 meses de servicio docente. - Señaló que, para el 10 de agosto de 2020 , la demandante cumplió 55 años de edad y 20 años de servicio, satisfaciendo entonces los requisitos establecidos en la ley 33 de 1985 (55 años de edad y 20 años de servicio) por lo cual hizo el 11 de agosto de 2020 solicitó que se le reconociera la pensión de jubilación ordinaria. - Aunque le asiste el derecho a acceder al reconocimiento y pago de la pensión

por lo cual hizo el 11 de agosto de 2020 solicitó que se le reconociera la pensión de jubilación ordinaria. - Aunque le asiste el derecho a acceder al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, no fue contestada su petición configurándose el acto ficto negativo que demanda.

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Consideró transgredidos los artículos 1 inciso 2 de la Ley 33 de 1985, 15 numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989, 6 de la Ley 60 de 1993, 115 de la Ley 115 de 1993, 279 de la Ley 100 de 1993, 81 de la Ley 812 de 2003 y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

En el concepto de la violación, se argumentó que los docentes vinculados después de 1990, les es aplicable el régimen de prestaciones sociales económicas de los empleados públicos del orden nacional y que, para aquellos docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio educativo oficial al 23 de junio de 2003, les son aplicables las normas vigentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, es decir, la Ley 91 de 1989, como es el caso de la demandante.

2 No señaló el mes en la demanda 3 26 de agosto de 2021Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Maritza Narváez Losada Demandado: NaciónMinisterio de Educación NacionalFOMAG Radicación: 18001-23-33-000-2022-000017-00

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Demandante: Maritza Narváez Losada Demandado: NaciónMinisterio de Educación NacionalFOMAG Radicación: 18001-23-33-000-2022-000017-00

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1.2. Contestación de la demanda4

. –La Fiduprevisora en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Dijo que no le constaba la mayoría de los hechos de la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones por carecer de fundamentos de derecho.

Explicó que para el caso de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el artículo 81 de la ley 812 de 2003, estableció que aquellos docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la norma en mención, es decir a partir del 27 de junio de 2003, gozarían de lo establecido en el Sistema General de Pensiones, mientras que los vinculados con antelación a dicha normatividad, el régimen aplicable es el consagrado en la ley 91 de 1989, normatividad que a su vez permitió la aplicación de las leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, puesto que fueron excluidos de la aplicación del sistema general de pensiones.

Propuso como excepciones el (i) litisconsorcio por pasiva, considerando que se debía llamar a la Litis al Departamento del Caquetá, al ser la entidad que profirió el acto demandado, (ii) la legalidad del acto administrativo atacado al ser proferido en

debía llamar a la Litis al Departamento del Caquetá, al ser la entidad que profirió el acto demandado, (ii) la legalidad del acto administrativo atacado al ser proferido en estricto seguimiento de las normas legales vigentes, (iii) inexistencia de la obligación con fundamento en la ley, en virtud a que el demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por la ley 33 de 1985, toda vez que su vinculación al FOMAG surge con posterioridad al 27 de junio del año 2003, es decir, durante la vigencia de la ley 812 del año 2003, por lo que le son aplicables las disposiciones sobre edad y tiempo de servicio del Sistema General de Pensiones , requisitos que en todo caso cuales incumple.

Posteriormente y contrariando su anterior posición, señaló que el demandante en su condición de docente nacional tiene derecho al reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación conforme la ley 33 de 1985 y que los factores que deberían tenerse en cuenta para la base de liquidación pensional son aquellos sobre los cuales se hubiere efectuado los aportes.

Excepcionó también caducidad de la acción y prescripción, haciéndolas consistir en que la ley ha dispuesto unos plazos para controvertir la conducta oficial y que como se pretende el “reembolso de dineros descontados en salud, esto de acuerdo con lo que resulte probado de conformidad con el artículo 488 del C.S.T, artículo 151 del C.P.L, artículo 41 del decreto 3135 de 1968, demás normas concordante y la Jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado”

1.3. Sentencia anticipada

del C.P.L, artículo 41 del decreto 3135 de 1968, demás normas concordante y la Jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado”

1.3. Sentencia anticipada

Por auto del 15 de julio de 20225, se declaró no configurada la excepción previa de litisconsorcio necesario por p asiva formulada por el M inisterio de Educación

4 Archivo 15 del expediente judicial electrónico 5 Archivo 21 del expediente judicial electrónicoSentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Nacional y el 7 de septiembre siguiente6, se informó que se proferiría sentencia anticipada, en los términos del numeral 1º literal b) del artículo 182A del CPACA, se incorporaron las pruebas allegadas, se fijó el litigio y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

1.4. Alegatos de conclusión

Parte demandante: Señaló que, conforme a las pruebas incorporadas, era procedente reconocer a la demandante una pensión de jubilación por cumplir con la edad de 55 años y 20 años de servicio docente, contando para ello el tiempo en que estuvo vinculado por contrato, lo que ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 . Añadió que la norma a aplicar es la Ley 33 de 1985, las cual contempla una pensión equivalente al 75% como ingreso base de liquidación, que

Ley 812 de 2003 . Añadió que la norma a aplicar es la Ley 33 de 1985, las cual contempla una pensión equivalente al 75% como ingreso base de liquidación, que debe estar conformado por todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.

Nación - Ministerio de Educación Nacional – FOMAG: Guardó silencio.

Ministerio Público: Presentó escrito de manera extemporánea, conforme se observa en la constancia secretarial del 29 de septiembre de 20227.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir en primera instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Maritza Narváez Losada contra la Nación - Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de conformidad con los artículos 125 y 152 de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Oportunidad de la acción y legitimación en la causa

Evidencia la Sala que en el caso examinado no operó el fenómeno de la caducidad, al encontrar que el acto administrativo ficto demandado, es de aquellos mediante los cuales se reconocen o niegan parcialmente prestaciones periódicas, los que al tenor del literal c) del numeral 1 del artículo 164 8 del CPACA, pueden ser demandados en cualquier tiempo.

Ahora bien, en punto de la legitimación en la causa por activa , se tiene que la demanda se circunscribe a los derechos prestacionales de la señora Maritza Narváez Losada.

Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, la demanda fue dirigida contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Narváez Losada.

Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, la demanda fue dirigida contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

6 Archivo 24 del expediente judicial electrónico 7 Archivo 32 del expediente judicial electrónico 8 ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando: a) Se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137 de este Código; b) El objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables; c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe;Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Magisterio, e ntidad que resultó involucrada en la negativa del rec onocimiento pensional.

2.3. Problema jurídico

¿Es procedente declarar la nulidad del acto ficto configurando con ocasión de la falta de respuesta a petición del 6 de mayo de 2021, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación y en consecuencia tiene derecho la señora Maritza Narváez Losada al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación de conformidad con lo preceptuado en la Ley 33 de 1985?

reconocimiento y pago de una pensión de jubilación y en consecuencia tiene derecho la señora Maritza Narváez Losada al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación de conformidad con lo preceptuado en la Ley 33 de 1985?

2.4. Tesis de la Sala

La Sala accederá a las súplicas de la demanda, en tanto que la demandante cumplió con los requisitos de tiempo de servicio y edad que exige la Ley 33 de 1985, normativa que le resulta aplicable, habida consideración que se demostró que sus vinculaciones labores como docente se produjeron con antelación a la entrada e n vigencia de la Ley 812 de 2003, contando para el efecto aquellas que tuvieron su origen en un contrato, toda vez, que según la Jurisprudencia del Consejo de Estado “sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple funciones similares en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y experiencia.”

2.5. Pensión ordinaria de docentes

Mediante sentencia de unificación del 25 de abril de 20199, la sección segunda del Consejo de Estado estableció el régimen que se debe aplicar a la pensión de jubilación ordinaria de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio:

“Se extraen las siguientes reglas de unificación de la jurisprudencia en materia de régimen pensional de los docentes: De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la

Legislativo 01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:

a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

9 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINIS TATIVOSECCIÓN SEGUNDA - SENTENCIA DE

UNIFICACIONConsejero Ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019)- Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00569-01 Interno: 093517 – SUJ-014-CE-S2-19.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Maritza Narváez Losada

Demandado: NaciónMinisterio de Educación NacionalFOMAG

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.”

Precisó además la sentencia glosada que en relación al Acto Legislativo 01 de 2005, lo que sigue:

“36. El Acto Legislativo 01 de 2005 “Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política” en el Parágrafo transitorio 1, dispuso lo siguiente:

“El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y te rritoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los

812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”

37. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionado a la fecha de ingreso o vinculación al servicio

educativo oficial de cada docente, así:

1. Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes nacionales, na cionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

1. Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 . A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho rég imen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.”

De esta manera, queda claro que para los docentes oficiales que se vincularon antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, se les debe aplicar el régimen de

excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.”

De esta manera, queda claro que para los docentes oficiales que se vincularon antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, se les debe aplicar el régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985, que, a su vez, establece los requisitos para acceder a la pensión de jubilación de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1 - El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.”

Y los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Empero, para aquellos docentes que se vincularon desde de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se les aplica el régimen pensional de prima media, es decir, el contenido en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el

el contenido en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

2.6. Hechos probados

Las pruebas recaudadas en el proceso dan cuenta de lo siguiente:

La señora Maritza Narváez Losada, nació el 10 de agosto de 196510, lo que significa que para la fecha en que presentó la demanda11 contaba con 57 años de edad.

El Municipio de Cartagena del Chairá, certificó que la actora laboró en servicio de la entidad así12:

ITEM NÚMERO OBJETO (…) FECHA DE

INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN 1 032-2002 Coordinación de Educación, cultura y deporte contrato No. 032 de 2002 15/01/2002 15/11/2002 2 Contrato de prestación de servicios No. 01698 Prestación de servicios como técnica del contrato interadministrativo INCORA Cartagena de adjudicación de baldíos 18/05/1998 17/11/1998

Se allegó prueba de las siguientes vinculaciones:

Tipo de vinculación Objeto Inicio Terminación Decreto 082 de 199913 Docente en el Colegio el Chairá de Cartagena del Chairá 2/08/1999 30/11/199914

Tipo de vinculación Objeto Inicio Terminación Decreto 082 de 199913 Docente en el Colegio el Chairá de Cartagena del Chairá 2/08/1999 30/11/199914

10 Folio 21 y 24 del archivo 2 del expediente judicial electrónico 11 20 de enero de 2020según el acta de reparto visible en el archivo 3 del expediente judicial electrónico 12 Folio 35 archivo 2 del expediente judicial electrónico 13 Folio 36-37 archivo 2 del expediente judicial electrónico 14 Conforme lo certificó el Coordinador de Educación Municipal de la Secretaría de Educación de Cartagena del Chairá. Folio 47 del archivo 2 del expediente judicial electrónicoSentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Contrato No. 016 200015 Docente en el Colegio Agroecológico de de Cartagena del Chairá 01/02/2000 30/11/200016 Contrato No. 004 200117 Docente en la Unidad Administrativa Agroecológico Camilo Torres de Cartagena del Chairá 01/02/2001 30/11/2001 Contrato No. 032 200218 Docente en la Unidad Administrativa Agroecológico Camilo Torres de Cartagena del Chairá 15/01/2002 15/11/2002

Contrato No. 032 200218 Docente en la Unidad Administrativa Agroecológico Camilo Torres de Cartagena del Chairá 15/01/2002 15/11/2002

Por su parte, la Coordinadora de archivo y registro de la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá, hizo constar que la demandante, se desempeñó como docente en los siguientes periodos19:

Nombramiento Inicio Hasta 864 de 2003 31/03/2003 13/06/2003 1439 de 2003 01/08/2003 31/10/2003 2709 de 2003 01/11/2003 30/11/2003 632 de 2004 20/02/2004 ----

Y finalmente se aportó el certificado de historia laboral del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio20, en el que se hace constar que el vínculo laboral de la actora comenzó el 20 de febrero de 2004 sin que se registre fecha de finalización, sin embargo, la certificación fue expedida el 7 de mayo de 202121

En resumen y tomando en consideraciones los documentos antes relacionados, se tiene como hecho probado que la demandante laboró para el servicio docente un total de:

Periodo Tiempo a acumular 2/08/1999-30/11/1999 3 meses y 28 días 01/02/2000-30/11/2000 10 meses

15 Folio 38-39 archivo 2 del expediente judicial electrónico 16 Folio 47 del archivo 2 del expediente judicial electrónico

17 Folio 40-41 archivo 2 del expediente judicial electrónico 18 Folio 42-43 archivo 2 del expediente judicial electrónico 19 Folio 48 archivo 2 del expediente judicial electrónico

16 Folio 47 del archivo 2 del expediente judicial electrónico

17 Folio 40-41 archivo 2 del expediente judicial electrónico 18 Folio 42-43 archivo 2 del expediente judicial electrónico 19 Folio 48 archivo 2 del expediente judicial electrónico 20 Folio 52-55 archivo 2 del expediente judicial electrónico 21 La certificación no tiene fecha de finalización del vínculo y se expidió el 07 de mayo de 2021.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Maritza Narváez Losada Demandado: NaciónMinisterio de Educación NacionalFOMAG Radicación: 18001-23-33-000-2022-000017-00

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01/02/2001-30/11/2001 10 meses 15/01/2002-15/11/2002 11 meses 31/03/2003-13/06/2003 2 meses y 13 días 01/08/2003-31/10/2003 3 meses 01/11/2003-30/11/2003 1 mes 20/02/2004 al 7/05/2021 17 años, 2 meses y 17 días Total 20 años, 7 meses y 28 días

El Departamento del Caquetá certificó que la demandante no registra pensión por parte de la entidad22. Lo mismo hizo COLPENSIONES23.

La señora NARVÁEZ LOSADA , mediante petición presentada ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el 6 de mayo de 2021 24, solicitó al FOMAG el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, desde cuando adquirió el status jurídi co de pensionada, esto es, el 11 de a gosto de 2020 ,

al FOMAG el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, desde cuando adquirió el status jurídi co de pensionada, esto es, el 11 de a gosto de 2020 , debiendo por tanto reconocerse los derechos “bajo el régimen de la Ley 91 de 1989, pues prestó servicios docentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003”

2.7. Análisis de la Sala, caso concreto

Frente a la petición ante rior, la entidad no emitió ningún pronunciamiento, por lo que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se declarará la configuración del silencio administrativo negativo en relación con la petición elevada por la actora el 06 de mayo de 2021.

Ahora bien, de las pruebas antes relacionadas se extrae que, a la demandante solo se le reconoce la calidad de docente oficial a partir del 20 de febrero de 2004, fecha en la que fue no mbrada en la Secretaría de Educación del Departamento del Caquetá, no obstante, tal situación pone de manifiesto un desconocimiento del tiempo que laboró desarrollando la misma actividad, pero mediante la modalidad de contrato en favor del Municipio de Car tagena del Chairá y luego para el Departamento del Caquetá.

Sobre la particular resulta importante traer a colación diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado, a través de los cuales se ha considerado que el tiempo laborado, bien sea como docente de hora catedra o por contrato de prestación de servicios con entidades públicas para la docencia de be tenerse en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación:

laborado, bien sea como docente de hora catedra o por contrato de prestación de servicios con entidades públicas para la docencia de be tenerse en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación:

En la sentencia de unificación del 22 de enero de 2015 25, señaló la Sección

Segunda:

22 Folio 57 archivo 2 del expediente judicial electrónico 23 Folio 58 archivo 2 del expediente judicial electrónico 24 Folio 26 a 34 archivo 2 del expediente judicial electrónico 25 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA Consejero ponente: ALFONSO VARGAS RINCÓN (E) Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015) Radicación número: 2500023-42-000-2012-02017-01(0775-14) Actor: SOLANGEL CASTRO PÉREZ Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – UGPP SENTENCIA DE UNIFICACIÓNSentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Maritza Narváez Losada Demandado: NaciónMinisterio de Educación NacionalFOMAG Radicación: 18001-23-33-000-2022-000017-00

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Con relación al cómputo del tiempo de servicio docente por hora cátedra, la Co rte Constitucional en sentencia C-517 de 1999, dijo lo siguiente:

“(…) Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables al docente quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado,

Constitucional en sentencia C-517 de 1999, dijo lo siguiente:

“(…) Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables al docente quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple funciones similares en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y experiencia . Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establ ecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado. (…)”

Sobre el particular la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 24 de agosto de 2000 26 indicó que era posible tener en cuenta el para efectos del reconocim