TA CAQ - 18001-33-31-000-2019-00112-00-(27-07-2023)

Tribunal Administrativo del Caquetá

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Detalles

Título
TA CAQ - 18001-33-31-000-2019-00112-00-(27-07-2023)
Autor
Tribunal Administrativo del Caquetá
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2023

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, julio veintisiete (27) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Lucinda Ortiz Polania Demandado: Ministerio de Educación Nacional - FNPSM1 y otro Radicación: 18001-33-31-000-2019-00112-00

Tema: Consignación tardía de cesantías. Prescripción de la sanción moratoria.

Acta número 057.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado, decide la Sala en primera instancia la demanda presentada por Lucinda Ortiz Polanía contra el Ministerio de Educación Nacional – FNPSM y el Departamento del Caquetá.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2 y su subsanación3.

1.1.1. Pretensiones.

Lucinda Ortiz Polania, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

  1. Se declare la nulidad del acto ficto configurado el 9 de enero de 2019, frente a la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas durante los

1 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 2 Archivo 01, pág. 3. 3 Archivo 01, pág. 110.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Lucinda Ortiz Polania

1 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 2 Archivo 01, pág. 3. 3 Archivo 01, pág. 110.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Lucinda Ortiz Polania Demandado: Ministerio de Educación Nacional - FNPSM y otro Radicación: 18001-33-31-000-2019-00112-00

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años 1997 al 2000, y la sanción mora derivada del incumplimiento en la consignación.

  1. Se declare la nulidad del Oficio 2018EE9824 d el 29 de noviembre de 2018 «o frente a la solicitud» de reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas causadas desde 1997 a 2000.
  1. Se condene al Departamento del Caquetá y al Ministerio de Educación Nacional – FNPSM a que se reconozcan y paguen las cesantías anualizadas adeudadas por los años 1997 a 2000 y las que han ocasionado el incumplimiento de la consignación anualizada de las cesantías.
  1. Se condene a las demandadas a pagar la sanción moratoria consagrada en la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, que surge desde la omisión de la consignación de las cesantías causadas en los años 1997 a 2000 con permanencia en el tiempo hasta cuando se efectúe el pago correspondiente.
  1. Se ordene el pago de los intereses y el cumplimiento de la sentencia en los términos del CPACA. Asimismo, se condene en costas a las demandadas.

1.1.2. Hechos.

correspondiente.

  1. Se ordene el pago de los intereses y el cumplimiento de la sentencia en los términos del CPACA. Asimismo, se condene en costas a las demandadas.

1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

  1. Ha laborado en el Departamento del Caquetá – Secretaría de Educación desde el 1 de septiembre de 1997 a la fecha.
  1. El Departamento del Caquetá no consignó dentro del plazo fijado por la ley las cesantías correspondientes a los años 1997 a 2000, es decir, a más tardar el 14 de febrero del año siguiente de su causación.
  1. El 30 de agosto de 2018 presentó una reclamación ante el FNPSM, tendiente al reconocimiento y pago de las cesantías no consignadas, derivado del incumplimiento; asimismo el pago de la sanción moratoria . El silencio administrativo se configuró el 29 de noviembre de 2018.
  1. El 9 de octubre con radicación PQR24292, presentó la reclamación administrativa ante la entidad territorial, con el fin de que se reconocieran ySentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Lucinda Ortiz Polania Demandado: Ministerio de Educación Nacional - FNPSM y otro Radicación: 18001-33-31-000-2019-00112-00

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pagaran las cesantías causadas en dichas anualidades. La decisión contenida en el acto ficto surgió el 9 de enero de 2019.

  1. Para el 16 de julio de 2018 solicitó el pago de las cesantías parciales para

pagaran las cesantías causadas en dichas anualidades. La decisión contenida en el acto ficto surgió el 9 de enero de 2019.

  1. Para el 16 de julio de 2018 solicitó el pago de las cesantías parciales para compra. Mediante la Resolución 001737 del 12 de septiembre de 2018, se incluyeron los años 1997 a 1999, «teniendo derecho al reconocimiento de sanción moratoria por los años (sic)».
  1. En el último reporte del FNPSM no aparecen reconocidas las cesantías del año

2000.

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Como normas vulneradas citó los artículos 13, 25, 58 y 83 de la Constitución Política; 13 y 15 de la Ley 344 de 1946; 1 y 2 del Decreto 1582 de 1998; 1 y 2 del Decreto 1252 de 2000; la Ley 91 de 1989 y el Decreto 3118 de 1968.

En el acápite de «hechos» a rgumentó que «las decisiones adoptadas no se encuentran acorde a los postulados en los que se desenvuelve el régimen jurídico aplicable a la regulación de las cesantías, acorde con lo establecido en la norma, la jurisprudencia de las altas cortes y el Honorable Consejo de Estado, existe una directa vulneración del acto administrativo demandado con lo consagrado en la ley». En el concepto de violación, se limitó a referir el marco normativo de las cesantías, el principio de igualdad, entre otros.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. Departamento del Caquetá.4

limitó a referir el marco normativo de las cesantías, el principio de igualdad, entre otros.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. Departamento del Caquetá.4

Se opuso a las pretensiones de la demanda. Argumentó que i) la petición fue remitida a la Fiduciaria La Previsora; ii) los actos administrativos están revestidos de la presunción de legalidad, de conformidad con el artículo 88 del CPACA; y iii) la parte demandante no desarrolló de forma concreta la causal de nulidad, únicamente se dedicó a mencionar una serie de preceptos legales y constitucionales.

Propuso las siguientes excepciones:

4 Archivo 01, pág. 196.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Lucinda Ortiz Polania Demandado: Ministerio de Educación Nacional - FNPSM y otro Radicación: 18001-33-31-000-2019-00112-00

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  1. Falta de legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo que a la entidad territorial no le corresponde aprobar o no el acto administrativo enjuiciado.
  1. Inexistencia de causal de nulidad de los actos administrativos. En el acápite de concepto de violación no se desarrolló ninguna de las causales previstas en el artículo 137 del CPACA.

1.2.2. Ministerio de Educación – FNPSM. No contestó la demanda.

1.3. Auto que resuelve las excepciones.5

En proveído del 24 de agosto de 2020, se resolvió declarar no probada la excepción de falta

1.2.2. Ministerio de Educación – FNPSM. No contestó la demanda.

1.3. Auto que resuelve las excepciones.5

En proveído del 24 de agosto de 2020, se resolvió declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Departamento del Caquetá.

1.4. Audiencia inicial.6

En la audiencia de que trata el artículo 180 del CPACA, la cual fue realizada el 11 de marzo de 2021, se agotaron las etapas de saneamiento, fijación del litigio, medidas cautelares, conciliación y decreto de pruebas.

1.5. Alegatos de conclusión.

En el auto proferido el 13 de diciembre de 2021, se resolvió presc indir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y disponer que las partes y el Ministerio Público presentarían por escrito sus alegaciones finales y el concepto, respectivamente.

1.5.1. Parte demandante.7 Manifestó que se probó que la docente laboró en los años 1997 a 2000 y que el Departamento del Caquetá no consignó dentro del plazo fijado por la ley las cesantías correspondientes a esos años . Después hizo un recuento normativo sobre la prestación reclamada.

1.5.2. Departamento del Caquetá. 8 Insistió en que su actuación se desarrolla en nombre de la Nación – Ministerio de Educación – FNPSM, lo que quiere decir

5 Archivo 03. 6 Archivo 21 o 35. 7 Archivo 94. 8 Archivo 95.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Lucinda Ortiz Polania

5 Archivo 03. 6 Archivo 21 o 35. 7 Archivo 94. 8 Archivo 95.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Lucinda Ortiz Polania Demandado: Ministerio de Educación Nacional - FNPSM y otro Radicación: 18001-33-31-000-2019-00112-00

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que solo se encarga de la atención y trámite de las solicitudes de reconocimiento y pago de las prestaciones sociales.

1.5.3. Ministerio de Educación – FNPSM.9 Sostuvo que el reconocimiento de la sanción moratoria por la omisión en la consignación de las cesantías es improcedente. Asimismo, sostuvo que «la administración en el acto de reconocimiento de las cesantías consignó los rubros a tener en cuenta, sin que la parte interesada haya refutado dicha decisión con el recurso de reposición que procedía contra el mismo, pese haber sido notificada en debida forma».

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente para decidir en primera instancia la demanda de nulidad y restablecimiento presentada por Lucinda Ortiz Polanía contra el Ministerio de Educación Nacional – FNPSM y el Departamento del Caquetá, de conformidad con los artículos 125 y 152 de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que paguen las cesantías anualizadas de los años 1997 a 2000 y la sanción moratoria consagrada en la Ley 344 de 1996 que surgió por la omisión de la consignación oportuna de la prestación por los años

anualizadas de los años 1997 a 2000 y la sanción moratoria consagrada en la Ley 344 de 1996 que surgió por la omisión de la consignación oportuna de la prestación por los años antes mencionados.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial sobre la consignación de las cesantías de los docentes; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

El artículo 53 de la Constitución Política prevé el principio de favorabilidad, conforme al cual, en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, se debe acudir a la que resulte más favorable al trabajador.

9 Archivo 96.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Lucinda Ortiz Polania Demandado: Ministerio de Educación Nacional - FNPSM y otro Radicación: 18001-33-31-000-2019-00112-00

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Por su parte, frente a las cesantías, la Ley 344 de 199610 consagró la liquidación anual del auxilio de cesantías a todas las personas que se vinculen al Estado (rama legislativa y ejecutiva) a partir de su entrada en vigencia (31 de diciembre de 1996). Efectivamente, el artículo 13 previó que el régimen sería: i) el 31 de diciembre de cada año se hará una liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación

liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral; y ii) les serán aplic ables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto anteriormente.

El artículo mencionado fue reglamentado por el Decreto 1582 de 1998, el cual extendió l a aplicación de los artículos 99,11 10212 y 10413 de la Ley 50 de 1990 a los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afiliaran a los fondos privados de cesantías creados por esta última ley. En el artículo 1º dispuso:

10 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones. 11 ARTICULO 99. El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características: 1a. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. 2a. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. 3a. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual

que se liquide definitivamente. 3a. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo s eñalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo. 4a. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos. 5a. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto. 6a. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación se autoriza, y cuyas características serán precisadas en los decretos que dicte el Gobierno Nacional, en orden a: a) Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores, en todo el territorio nacional; b) Gara ntizar que la mayor parte de los recursos captados pueda orientarse hacia el financiamiento de actividades productivas. 7a. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta ley, continuarán regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al auxilio de cesantía. Parágrafo. En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía autorizadas para funcionar, el Gobierno Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar a las instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que cumplan las funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.

Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar a las instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que cumplan las funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.

12 ARTICULO 102. El trabajador afiliado a un Fondo de Cesantía sólo podrá retirar las sumas abonadas en su cuenta en los siguientes casos:

1. Cuando termine el contrato de trabajo. En este evento la Sociedad Administradora entregará al trabajador las sumas a su favor dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la solicitud.

2. En los eventos en que la legislación vigente autoriza la liquidación y pago de cesantía durante la vigencia del contrato d e trabajo. El valor de la liquidación respectiva se descontará del saldo del trabajador desde la fecha de la entrega efectiva.

3. Para financiar los pagos por concepto de matrículas del trabajador, su cónyuge, compañera o compañero permanente y sus hijos, en entidades de educación superior reconocidas por el Estado. En tal caso el Fondo girará directamente a la entidad educativa y descontará el anticipo del saldo del trabajador, desde la fecha de la entrega efectiva.

13 ARTICULO 104. De las liquidaciones de cesantía que se efectúen el 31 de diciembre de cada año el empleador deberá entregar al trabajador un certificado sobre su cuantía. La Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía podrá representar al trabajador en las acciones que se adelanten con motivo del incumplimiento del emp leador en la liquidación o pago del auxilio de cesantía. En los eventos en que el empleador esté autorizado para retener o abonar préstamos o pignoraciones el pago del auxilio de cesantía, podrá solicitar a la Sociedad Administradora la retención correspon diente y la realización del

auxilio de cesantía. En los eventos en que el empleador esté autorizado para retener o abonar préstamos o pignoraciones el pago del auxilio de cesantía, podrá solicitar a la Sociedad Administradora la retención correspon diente y la realización del procedimiento que señalen las disposiciones laborales sobre el particular. Los préstamos de vivienda que el empleador otorgue al trabajador podrán ser garantizados con la pignoración del saldo que éste último tuviere en el respe ctivo fondo de cesantía, sin que el valor de la garantía exceda al del préstamo.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Lucinda Ortiz Polania Demandado: Ministerio de Educación Nacional - FNPSM y otro Radicación: 18001-33-31-000-2019-00112-00

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Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990 ; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998.

retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998.

El sistema contemplado en la Ley 50 de 1990, previó la liquidación definitiva del auxilio anual de la cesantías (31 de diciembre) y la consignación del valor correspondiente antes del 15 de febrero de cada año en el fondo elegido por el empleado y la sanción por mora a razón de un día de salario por cada día retardo a cargo del empleador en el evento de que dicha obligación sea incumplida.

Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha explicado lo siguiente:14

Por su parte, el Decreto 1582 de 1998, que reglamentó parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, dispuso en su artículo 1 que: «El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990 ; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998. […].» (Subrayas de la Subsección)

Ahora bien, el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1991, previó la causación de una penalidad a cargo del empleador, a título de sanción, por la tardanza en la

la Subsección)

Ahora bien, el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1991, previó la causación de una penalidad a cargo del empleador, a título de sanción, por la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías al fondo al que el empleado se encuentre afiliado, para lo cual estimó la fecha en la que la obligación se haría exigible en los términos que a continuación se señala:

(...)

De conformidad con las c onsideraciones anteriormente expuestas, es claro que el alcance de las previsiones contenidas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1991 amparan el auxilio de cesantías a que tienen derecho los servidores públicos, bajo los preceptos de la Ley 344 de 1996 y del Decreto 1582 de 1998, de modo que frente a la mora en la consignación de dicha prestación resulta procedente el pago de una sanción correspondiente a un día de salario por cada día de retardo. De tal suerte, si al 15 de febrero de la siguiente anualidad no se verifica el depósito del monto correspondiente en el fondo de cesantías al que el empleado se encuentre afiliado, el mismo podrá requerir el reconocimiento y pago de la sanción contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, antes citado.

Ahora, frente a los docentes, el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FNPSM como una «cuenta especial de la Nación,

14 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 29 de octubre de 2020, expediente 3152-17, CP. William Hernández Gómez.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

14 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 29 de octubre de 2020, expediente 3152-17, CP. William Hernández Gómez.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Lucinda Ortiz Polania Demandado: Ministerio de Educación Nacional - FNPSM y otro Radicación: 18001-33-31-000-2019-00112-00

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con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más de 90% del capital» que estaría a cargo del pago de las prestaciones sociales que se causaran a favor del personal docente nacional y nacionalizado. Asimismo, en lo que tiene que ver con las cesantías, dispuso en el artículo 15:

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del últi mo año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés

docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año , liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interé s, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

Luego, en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que el régimen prestacional d e los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraran vinculados al servicio público educativo oficial, sería el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a su entrada en vigencia.

Concretamente, sobre el régimen anualizado de las cesantías de los docentes, el órgano vértice de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ha sostenido:15

En armonía con el marco normativo reseñado en precedencia, la Subsección había sostenido la tesis de que l os docentes oficiales, si bien servidores públicos en toda regla, no están amparados por las disposiciones de liquidación anual de las cesantías consagradas en la Ley 50 de 1990, comoquiera que la aplicación de tales

sostenido la tesis de que l os docentes oficiales, si bien servidores públicos en toda regla, no están amparados por las disposiciones de liquidación anual de las cesantías consagradas en la Ley 50 de 1990, comoquiera que la aplicación de tales previsiones con destino a los empleados territoriales surgió de la Ley 344 de 1996, cuyo artículo 13 les hizo extensivas las normas vigentes en materia de cesantías, pero hizo la salvedad de que ello era «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de 1989», lo que se traduce en que lo allí dispuesto no cobijó al personal docente.

Esa postura también había sido desarrollada por la Corte Constitucional, al estudiar el ajuste del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 a los postulados de la Carta, pues en

15 Ibidem.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Lucinda Ortiz Polania Demandado: Ministerio de Educación Nacional - FNPSM y otro Radicación: 18001-33-31-000-2019-00112-00

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sentencia C-928 de 200616 señaló que la forma de realizar el cálculo y pago de las cesantías a favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no era igual al establecido en la Ley 50 de 1990. En aquella ocasión, puntualizó además que ello no redundaba en una violación del derecho a la igualdad porque « simplemente la manera como se liquidan y pagan aquellos es distinta a l a regulada en la Ley 50 de 1990, sin que por ello se configure discriminación alguna».

la igualdad porque « simplemente la manera como se liquidan y pagan aquellos es distinta a l a regulada en la Ley 50 de 1990, sin que por ello se configure discriminación alguna».

Sin embargo, por vía de acción de tutela, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han considerado que en virtud del principio de favorabilidad, es viable aplicar a los docentes las disposiciones que contiene la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anuales, de manera que para estos, el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación, también les debe ser consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación, so pena de que se incurra en mora equivalente a un día de salario por cada día de retraso.

En efecto, sobre ese particular, la Corte Constitucional en sentencia SU098/18 sostuvo que el «hecho de que los docentes se encuentren amparados por un régimen especial, no implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y menos aún si se trata de la aplicación de una norma de carácter laboral que comporta un beneficio, caso en el cual prevalece la interpretación que reporte el mayor beneficio para el empleado, pues ésta será la que se ajuste a los postulados del artículo 53 de la Carta Política».

Recientemente, en sentencia SU -332 de 2019 esa Corporación también concluyó que:

«[…] 52. En síntesis, con base en la jurisprudencia constitucional, es posible concluir que (i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los

que:

«[…] 52. En síntesis, con base en la jurisprudencia constitucional, es posible concluir que (i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores, protegida por la Constitución; (ii) los miembros del Magisterio gozan de un régimen prestacional especial, en razón de la labor que desarrollan y su vinculación con el Estado; (iii) los docentes oficiale s se pueden catalogar como empleados públicos, en razón de las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento, que da lugar a una relación legal y reglamentaria; (iv) los docentes ofic iales, en tanto empleados públicos, tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. […]» (Negrillas de la Sala)

Bajo el anterior derrotero, la Subsección ha considerado viable acoger el criterio de favorabilidad aplicado en sede constitucional, para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento de sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Por ende, se aplicará el anterior criterio a fin de establecer si el demandante es beneficiario de la sanción pretendida en la demanda, en los términos del segundo problema jurídico planteado al inicio de estas consideraciones.

Entonces, a los docentes del sector oficial también les son aplicables las disposiciones de la Ley 50 de 1990, según las cuales, el corte para liquidar las cesantías es el 31 de diciembre de cada año y su consignación debe hacerse a más tardar el 14 de febrero del

la Ley 50 de 1990, según las cuales, el corte para liquidar las cesantías es el 31 de diciembre de cada año y su consignación debe hacerse a más tardar el 14 de febrero del año siguiente, so pena de que se cause la sanción moratoria por el incumplimiento de la obligación.Sentencia de primera instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Lucinda Ortiz Polania Demandado: Ministerio de Educación Nacional - FNPSM y otro Radicación: 18001-33-31-000-2019-00112-00

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2.4. Hechos probados.

En el expediente se encuentran los siguientes:

  1. Mediante el Decreto 094-96 del 17 de mayo de 1996, la señora Lucinda Ortiz Polanía fue nombrada

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