TA CAQ - 18001-33-31-902-2015-00051-01-(02-11-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión Magistrada Ponente Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, noviembre dos (2) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Reparación directa Demandante: Jorge Ibarra y otros Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-31-902-2015-00051-01

Tema: Responsabilidad por orden de desalojo y destrucción de vivienda en proceso policivo. Oportunidad probatoria. Título de imputación aplicable – error jurisdiccional.

Acta número 79.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado , decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2020 por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1 y su reforma2.

1.1.1. Pretensiones.

Jorge Ibarra y Leonor Perea Hernández, en nombre propio y en representación de su hijo Luis Fernando Ibarra Perea, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 1 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1 Expediente digitalizado, archivo 10, pág. 91. 2 Expediente digitalizado, archivo 11, pág. 1.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1 Expediente digitalizado, archivo 10, pág. 91. 2 Expediente digitalizado, archivo 11, pág. 1.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: Jorge Ibarra y otros Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-31-902-2015-00051-01

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1. Se declare que el Municipio de Florencia es patrimonialmente responsable por las acciones y omisiones de la función pública, que se materializaron en errores y fallas que les ocasionaron, con motivo de la destrucción total de su vivienda de habitación construida en e l predio de su propiedad ubicado en Santo Domingo Chapinero, lote 2 de la Hacienda el Puerto del Municipio de Florencia.

1. Se declare que el Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Escuadrón Antidisturbios del ESMAD y la Inspección Segunda de Policía Mu nicipal de Florencia, son responsables por los daños causados a la vivienda de habitación, la cual fue destruida por la orden administrativa expedida por el Inspector Segundo de Policía a través de la Resolución SG-CJM-ISE-1.59-0001 del 24 de enero de 2013, en el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho.

1. Como consecuencia de lo anterior, se condene a las demandadas al pago de

los siguientes perjuicios:

a. Materiales – daño emergente. Por concepto de la destrucción total de la vivienda, los gastos judi ciales, honorarios de abogado y todos aquellos sufragados, en cuantía de $30.000.000.

a. Materiales – daño emergente. Por concepto de la destrucción total de la vivienda, los gastos judi ciales, honorarios de abogado y todos aquellos sufragados, en cuantía de $30.000.000.

b. Materiales – lucro cesante. $20.000.000 por la destrucción total de la vivienda.

c. Morales. 100 SMLMV a Jorge Ibarra y Leonor Perea Hernández y 50 SMLMV al menor Luis Fernando Ibarra Perea.

d. Daño a la vida en relación. A los tres, 150 SMLMV.

1. Se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA y se condene en costas a las demandadas.

1. «Se condene a las entidades demandadas EXTRA y ULTRA PETITA en todo aquello que quede debidamente probado».

1.1.2. Hechos.

Los demandantes, fundamentaron las pretensiones en los siguientes:Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: Jorge Ibarra y otros Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-31-902-2015-00051-01

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1. Antonio Ca no Cuellar, poseedor irregular de mala fe, sin ningún tipo de titularidad del predio ubicado en Santo Domingo Chapinero, presentó una querella de lanzamiento por ocupación de hecho ante la Alcaldía del Municipio de Florencia en contra de los ocupantes, es decir, los demandantes.

1. En el proceso policivo se expidió la Resolución SJ-CJM-ICE-1.59-001 del 24 de enero de 2013, mediante la cual se ordenó el lanzamiento de los invasores

1. En el proceso policivo se expidió la Resolución SJ-CJM-ICE-1.59-001 del 24 de enero de 2013, mediante la cual se ordenó el lanzamiento de los invasores indeterminados y, en consecuencia, se realizó el desalojo y destrucción de la vivienda, así como de las demás personas indeterminadas que se encontraban ocupándolo, porque debía ser entregado al señor Antonio Cano Cuellar.

1. El 10 de mayo de 2013 se inició la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, en la cual resultaron afectados porque fueron desalojados y fue destruida su vivienda «por orden de la inspección de policía norte representantes de la Alcaldía Municipal de Florencia. Secretaría de Gobierno y la Policía del ESMAD, quienes de manera arbitraria los mismos funcionar ios de la fuerza pública destruyeron la vivienda, cultivos y cercos del predio predio (sic) de propiedad de los demandantes», así como los muebles, televisor, nevera, cocina, equipo de sonido y demás enseres y elementos básicos.

1. La vivienda que fue destruida era de su propiedad, toda vez que fue adjudicado a través del Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (en adelante INCODER), mediante la Resolución 1272 del 11 de octubre de 2007 , la cual fue re gistrada en la Oficina de Instrumentos Públicos del Municipio de Florencia con la matrícula inmobiliaria 420-96648, anotaciones 38 y 39 del 3 de julio de 2008, con la especificación «modo de adquisición baldíos en común y proindiviso 1/50 de una cincuentava parte».

y 39 del 3 de julio de 2008, con la especificación «modo de adquisición baldíos en común y proindiviso 1/50 de una cincuentava parte».

1. El predio distinguido con la matrícula inmobiliaria antes señalada, esta es, 42096648, fue adjudicada definitivamente por el INCODER a 50 familias campesinas de escasos recursos económicos en programas de reforma agraria, entre ellos, los demandantes.

1.1.3. Imputación de la responsabilidad.

Sostuvieron que en el proceso policivo «originó los daños antijurídicos y perjuicios materiales y morales (...) respecto a la responsabilidad del estado con sus decisiones judiciales son imputables por acción o la omisión de las autoridades públicas al momentoSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: Jorge Ibarra y otros Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-31-902-2015-00051-01

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de constatar o verificar en la oficina de instrumentos públicos, la propiedad o titularidad del predio (...) por error jurisdiccional, en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (...) pues los demandantes (...). no tuvieron protección por parte de los organismos del Estado.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. Ministerio de Defensa – Policía Nacional.3

Manifestó que las pretensiones que se refieren al acto administrativo son propias del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Precisó que su actuación se limitó al acompañamiento y seguridad de las autoridades político – administrativas que participaron en el procedimiento, con el fin de evitar que fueran

de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Precisó que su actuación se limitó al acompañamiento y seguridad de las autoridades político – administrativas que participaron en el procedimiento, con el fin de evitar que fueran agredidas con armas contundentes. Así mismo, que las personas que efectuaro n el procedimiento de destrucción y manejo de maquinaria fueron contratadas por la administración municipal para que efectuaran el procedimiento.

Indicó que la querella policiva se presenta ante el alcalde municipal o el inspector de policía, pues son ellos los encargados de decidir sobre el amparo por la perturbación a la posición, de conformidad con las Leyes 57 de 1905, 200 de 1936 y los Decretos 992 de 1930 y 1355 de 1970, e igualmente respaldado por el criterio de la Corte Constitucional, según el cu al, la competencia para conocer de las querellas de lanzamiento por ocupación de hecho se encuentran en cabeza del jefe de policía, es decir, el alcalde, pero en virtud de las normas locales, se puede asignar a los inspectores de policía, tal como lo prevé el artículo 9 de la Ley 489 de 1998.

1.2.2. Municipio de Florencia.4

Aseguró que en la querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho se demostró que el señor Antonio Cano Cuellar era el poseedor para la época de los hechos desde el año 1995 de forma ininterrumpida del predio rural Santo Domingo – Chapinero; igualmente, que el procedimiento fue adelantado con respeto al debido proceso y en la diligencia estuvo presente el apoderado del señor Ibarra sin que existiera alguna manifestación.

3 Expediente digitalizado, archivo 11, pág. 22.

que el procedimiento fue adelantado con respeto al debido proceso y en la diligencia estuvo presente el apoderado del señor Ibarra sin que existiera alguna manifestación.

3 Expediente digitalizado, archivo 11, pág. 22. 4 Expediente digitalizado, archivo 11, pág. 53.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: Jorge Ibarra y otros Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-31-902-2015-00051-01

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Argumentó que pudo haberse realizado la adjudicación de tierras por parte del INCODER, empero, la posesión irregular del inmueble planteada por los demandantes debió discutirse ante la jurisdicción civil, ya fuera por parte del señor Ibarra o por el INCODE R antes de hacer la adjudicación. Esto, sumado a que en el trámite administrativo no se desvirtuó la posesión ejercida por el querellante -Antonio Cano-.

Advirtió que si bien se llevó a cabo la diligencia de desalojo, no es admisible afirmar el desconocimiento de dicha orden porque fueron parte en el proceso policivo como querellados y fueron representados mediante un apoderado, es decir, pudieron hacer uso de sus derechos de audiencia y defensa, por lo tanto, «debieron acatar en debida forma la orden impartida por la Inspección de Policía, para de esta manera evitar la ejecución contenida en el acto administrativo que ordenó el desalojo y hacer el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional».

Dijo que el proceso policivo constituye un pro cedimiento provisional que busca mantener un estado de cosas y proteger la posesión, sin que sea de su resorte el derecho de dominio

parte de la Policía Nacional».

Dijo que el proceso policivo constituye un pro cedimiento provisional que busca mantener un estado de cosas y proteger la posesión, sin que sea de su resorte el derecho de dominio o propiedad, por ser el competente el juez civil y/o agrario. Luego aseveró:

No existe relación de causalidad toda vez que el Municipio atendió los requerimientos jurídicos en la querella de lanzamiento por ocupación de hecho, consistente en el restablecimiento del status quo, protegiendo la posesión a partir de las disposiciones p olicivas, como en resolver los recursos interpuestos y conceder la misma conforme a las pruebas presentadas, cuya presunción de legalidad no ha sido desvirtuada; entonces tenemos que el presunto daño que arguyen los demandantes fue ocasionado por su propia conducta omisiva, y que desconoció la medida cautelar tomada dentro del proceso policivo el 30 de octubre de 2015, puesto que, tal como se anotó, se pasó de cercar el predio, a la construcción de la casa en material. (pág. 61).

Manifestó que en caso de suscitarse alguna imputación, debería hacerse al INCODER, toda vez que expidió la Resolución 1272 de 2007, en la cual resolvió adjudicar el predio, sin tener en cuenta que el señor Antonio Caro Cuellar ejerció la posesión desde el año 1995, lo que quiere decir que los demandantes tampoco cumplieron con lo previsto en dicho acto, en tanto solo hasta el 2012 hicieron presencia en el predio, cuando el señor Caro ya ejercía los derechos.

Propuso las excepciones de i) «caducidad de la acción» ; ii) «no comprender la demanda

tanto solo hasta el 2012 hicieron presencia en el predio, cuando el señor Caro ya ejercía los derechos.

Propuso las excepciones de i) «caducidad de la acción» ; ii) «no comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios» ; iii) «indebida legitimación por pasiva» ; iv) «hecho atribuible a un tercero»; y iv) «culpa exclusiva de la víctima».Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: Jorge Ibarra y otros Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-31-902-2015-00051-01

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1.3. Sentencia de primera instancia.5

En la sentencia proferida el 30 de junio de 2020, el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia i) desestimó las pretensiones de la demanda; y ii) conden ó en costas a la parte actora.

En el régimen de responsabilidad aplicable, indicó que en la demanda se realizó la imputación bajo el título de error judicial que, a juicio de los actores, se deriva del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho adelantado en su contra y como consecuencia de la destrucción de su vivienda ubicada en Santo Domingo – Chapinero, lote 2, de la Hacienda El Puerto del Municipio de Florencia. Por esta razón, sostuvo que el debate se debía zanjar a partir de la responsabilidad del municipio por el trámite, decisión y ejecución del proceso policivo, a través de la verificación de si existió una actuación contraria a derecho en perjuicio de los intereses del querellado, lo que se traduce en un examen de falla en el servicio.

y ejecución del proceso policivo, a través de la verificación de si existió una actuación contraria a derecho en perjuicio de los intereses del querellado, lo que se traduce en un examen de falla en el servicio.

En el primer elemento de la responsabilidad, este es, el daño, señaló que de conformidad con los elementos probatorios, se puede establecer que se concreta en la demolición de la vivienda en la diligencia realizada el 10 de mayo de 2013 dentro del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho con radicado 2012-020.

En el segundo, este es, el juicio de imputación, reiteró que se haría el examen bajo el título de falla en el servicio «en el sub tipo de error jurisdiccional». Refirió el marco normativo del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho para señalar que a l inspector de policía no le corresponde la definición de la titularidad del bien objeto de la querella, sino que su función se contrae a la verificación de los actos perturbatorios de la posesión o simple tenencia y su protección inmediata.

Por lo anterior, adujo que la demanda incurre en una imprecisión al pretender enjuiciar la decisión del inspector de policía porque no verificó la titularidad efectiva del bien, teniendo en cuenta que ese no era el objeto del litigio porque, reiteró, no ti ene la competencia para determinar o asignar la propiedad del bien sino simplemente proteger la posesión o mera tenencia.

5 Expediente digital, archivo 1.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: Jorge Ibarra y otros Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-31-902-2015-00051-01

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Precisó que la demolición de la vivienda no nació como consecuencia del acto administrativo del 24 de enero de 2013, toda vez que en ninguna de la ordenes impartidas se dio vía libre a su destrucción, por el contrario, se limitó a conminar a los querellados a desalojar de forma voluntaria en el término de 30 minutos. A renglón seguido, anotó:

También, aunque no fue objeto por parte de los demandantes, el despacho de forma oficiosa realizó un estudio del procedimiento adelantado por parte de la autoridad de administrativa destacando que éste se adelantó con las ritualidades propias en el marco de lo establecido en el Código Departament al de Policía, es decir, se realizó estudio de admisibilidad a través de auto interlocutorio de fecha 02 de octubre de 2012 (flio 55), en donde se ordenó notificar y correr traslado a la parte querellada, las cuales al no ser notificadas de manera personal, se procedió a fijar el respectivo aviso a la entrada del predio (Flio139 y 140), al igual que se decretó la diligencia de inspección ocular, la cual se inició el día 23 de enero de 2013 y finalizó el día 25 de ese mismo mes y año (Flio 141 al 166), se notificaron a las autoridades competentes, tales como Inspección Superior de Policía, Policía Nacional, Personería Municipal, Instituto Colombiano de Bienes tar Familiar, Secretaría de Planeación Municipal,

ese mismo mes y año (Flio 141 al 166), se notificaron a las autoridades competentes, tales como Inspección Superior de Policía, Policía Nacional, Personería Municipal, Instituto Colombiano de Bienes tar Familiar, Secretaría de Planeación Municipal, Procuraduría 18 Judicial Ambiental y Agraria. (Flio 79) (pág. 13).

También advirtió que en las actas suscritas en la diligencia de inspección judicial, se identificó el predio, se hizo el llamado a las personas que tuvieran derecho sobre el bien, las cuales constituyeron apoderado judicial e hicieron uso de sus derechos de defensa y contradicción a fin de controvertir lo dicho por el querellante; igualmente, se practicaron las pruebas, se agotó la etapa conciliatoria y se otorgó la oportunidad para formular los recursos de ley.

Agregó que los querellados no adelantaron ninguna actividad probatoria, máxime cuando en su oportunidad procesal no controvirtieron lo dicho por el querellante, es decir, la posesión y la mera tenencia ejercida por Antonio Cano Cuellar, «teniendo en cuenta que ninguna de las pruebas documentales solicitadas fueron decretadas al no cumplir con los requisitos establecidos en los artículo 254 y ss del Código de Procedimiento Civil» y, pese a que dicha decisión fue objeto del recurso de reposición, solamente se limitó a alegar la falta de legitimación en la causa del querellante y no la admisión de sus pruebas.

Concluyó que la responsabilidad no es imputable al Municipio de Florencia, toda vez que el inspector de policía no estaba en la obligación de determinar el derec ho de dominio del inmueble.

Sobre la responsabilidad de la Policía Nacional, dijo que su actuación obedeció a la solicitud

inspector de policía no estaba en la obligación de determinar el derec ho de dominio del inmueble.

Sobre la responsabilidad de la Policía Nacional, dijo que su actuación obedeció a la solicitud de apoyo y acompañamiento de la Inspección Segunda de Policía, de forma que, como no goza de facultades o funciones jurisdiccionale s dentro del proceso policivo, «se hace infructuoso tan siquiera tratar de imputar el título de error judicial, cuando en realidad noSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: Jorge Ibarra y otros Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-31-902-2015-00051-01

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cuenta con potestad para dirimir el conflicto puesto en conocimiento de la respectiva autoridad administrativa».

1.4. Recurso de apelación.

Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.6

Sostuvo que se alega la existencia de un daño especial, no de un error judicial, pues se busca la reparación de los perjuicios que se han generado con ocasión del desequilibrio de las cargas públicas impuestas, «por lo cual resulta innecesario o intrascend ente atacar el acto que causó el daño a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues no se persigue su declaratoria de nulidad»; más adelante dijo que «se debe revocar la sentencia recurrida porque la responsabilidad a los en tes demandadas debe atribuirse bajo la teoría de la falla en el daño especial».

derecho, pues no se persigue su declaratoria de nulidad»; más adelante dijo que «se debe revocar la sentencia recurrida porque la responsabilidad a los en tes demandadas debe atribuirse bajo la teoría de la falla en el daño especial».

Sostuvo que el daño antijurídico se concreta en la destrucción de la vivienda como consecuencia del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho de un predio que fue adjudicado mediante la Resolución 1272 de 2007. También refirió el álbum fotográfico y el registro fílmico para señalar que los funcionarios de las entidades convocadas procedieron a derrumbar las casas y los cercos levantados para dividir los predios y plantaciones sembradas y, a renglón seguido, dijo:

Frente a lo anterior mal puede el fallador de instancia desconocer los derechos que le asisten a los demandantes de reclamar a las entidades demandadas con ocasión a los daños que estas causaron a bienes de su propiedad, no se puede hablar de que (sic) Es decir, (sic) teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra configurado un daño en la persona de los de mandantes y se concreta en la demolición de su vivienda en la diligencia de adelantada el día 10 de mayo de 2013 dentro del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho Radicado No. 2012 -020; sin embargo, la configuración de tal daño no implica necesariamente la responsabilidad de las entidades accionadas, por lo que habrá que analizarse de manera detallada, los demás elementos constitutivos de la responsabilidad a fin de determinar la misma, es decir que el juzgado justifica que las entidades demandadas han actuado en debida forma realizando desalojo, destruyéndoles su casa y demás a personas

los demás elementos constitutivos de la responsabilidad a fin de determinar la misma, es decir que el juzgado justifica que las entidades demandadas han actuado en debida forma realizando desalojo, destruyéndoles su casa y demás a personas humildes, víctimas de la violencia, amparadas y protegidas constitucionalmente por el derecho internacional y el bloque de constitucionalidad, frente a las personas que por su situación de vulnerabilidad merecen ser protegidas por estado y todas sus instituciones.

Insistió en que las entidades demandadas son las responsables de la destrucción total de la vivienda porque la decisión de la querella es de natura leza jurisdiccional que

6 Carpeta recurso de apelación, archivo «JORGE IBARRA Y OTROS – RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA».Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: Jorge Ibarra y otros Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-31-902-2015-00051-01

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«originalmente esta (sic) en cabeza de la rama judicial, sin embargo, en consonancia con el principio de colaboración armonica (sic) de las ramas del poder público –articulo 113 de la C.P – (sic) para la realización de los fines del Estado la Constitucion Politica (sic) prevé que excepcionalmente la ley puede asignar tal atribución a las autoridades administrativas. Esa competencia de orden jurisdiccional fue asignada por ley a las autoridades de Policía (sic), representadas por el Alcalde, los inspectores de policía y los corregidores, Cuando adelantan juicios civiles de policía en el tramite (sic) de las acciones policivas de amparo

(sic), representadas por el Alcalde, los inspectores de policía y los corregidores, Cuando adelantan juicios civiles de policía en el tramite (sic) de las acciones policivas de amparo posesorio o de mera tenencia y la de lanzamiento por ocupación de hecho, las cuales tienen en común de proteger al poseedor que ha sido perturbado en el ejercicio de su derecho.»

Manifestó que en la sentencia no se apreció de forma clara la ocurrencia material de los hechos ni de la falla en el servicio frente al desal ojo de los demandantes, pues fue adelantado de forma arbitraria y contraria a derecho.

Reiteró que asiste responsabilidad a las demandadas porque no verificaron en la oficina de instrumentos públicos la propiedad o titularidad del predio «por error jurisdiccional (...) en defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia », pues no tuvieron protección por parte de los organismos del Estado.

Recabó en que el desalojo fue realizado por los funcionarios de la Policía Nacional , la Secretaría de Gobierno Municipal y la Inspección Segunda de Policía de Florencia de manera temeraria y arbitraria, toda vez que no se presentó orden de desalojo y aún así se dio cumplimiento a lo establecido en el acto administrativo del 24 de enero de 2013 «siendo tratados como invasores».

Dijo que no es cierto lo indicado en la sentencia de primera instancia, toda vez que no existe caducidad de la acción , además, que el a quo no valoró la existencia del daño. Posteriormente, aseveró:

La sentencia debe revocarse, porque que existen eventos excepcionales en los cuales esa Colegiatura ha aceptado la posibilidad de formular demanda de reparación directa cuando existen de por medio actos administrativos generadores

Posteriormente, aseveró:

La sentencia debe revocarse, porque que existen eventos excepcionales en los cuales esa Colegiatura ha aceptado la posibilidad de formular demanda de reparación directa cuando existen de por medio actos administrativos generadores de daño. Dichas excepciones son las siguientes: i) cuando se pretende la reparación de los daños causados por un acto administrativo frente al cual no se pide nulidaddaño especial- , ii) cuando la fuente del daño proviene de la ejecución de un acto administrativo general que haya sido objeto de revocatoria directa o de anulación por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre y cuando no se haya consolidado la situación jurídica y iii) cuando el daño proviene de la ejecución irregular de un acto administrat ivo como en el caso particular de los demandantes. (pág. 8)Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: Jorge Ibarra y otros Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-31-902-2015-00051-01

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Por demás, reiteró lo expuesto en la demanda y, finalmente, sostuvo que no se puede condenar en costas, toda vez que se «ha acogido el criterio objetivo – valorativo».

1.5. Trámite de segunda instancia.

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.7

En el auto del 13 de enero de 2021 se admitieron los recursos de apelación presentados contra la sentencia del 30 de junio de 2020 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia.

1.5.2. Traslado para alegar de conclusión.8

contra la sentencia del 30 de junio de 2020 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia.

1.5.2. Traslado para alegar de conclusión.8

Mediante el auto proferido el 20 de enero de 2021 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.

1.5.3. Ministerio de Defensa – Policía Nacional.9 Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

1.5.4. Parte demandante.10 Repitió los argumentos esgrimidos en la alzada y allegó unos documentos.

1.5.5. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto , de conformidad con los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

7 Expediente digital, archivo 12. 8 Expediente digital, archivo 17. 9 Expediente digital, archivo 20. 10 Expediente digital, archivo 21.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa Demandante: Jorge Ibarra y otros Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-31-902-2015-00051-01

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2.2. Problema jurídico.

Demandado: Municipio de Florencia y otros Radicación: 18001-33-31-902-2015-00051-01

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2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si el Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el Municipio de Florencia son patrimonial y extracontractualmente responsables por los perjuicios causados a los demandantes, por la decisi ón adoptada por la Inspección Segunda de Policía de Florencia en el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho consistente en el desalojo del inmueble ubicado en Santo Domingo – Chapinero.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) cuestiones previas; ii) marco normativo sobre los elementos de la responsabilidad del Estado y cuando se trata de decisiones derivadas de procesos policivos ; ii i) hechos probados; y iv) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Cuestiones previas.

2.3.1. Sobre la incongruencia del recurso de apelación.

En la demanda expresamente se indicó que el daño antijurídico era imputable a las entidades demandadas por el error jurisdiccional; así se lee en la página 96 del archivo 10 digitalizado:

Mediante la decisión en el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho (...) se originó los daños antijurídicos y perjuicios materiales y morales ocasionados (...) respecto a la responsabilidad del estado con sus decisiones judiciales son imputables por la acción o la omisión de las autoridades públicas al momento de constatar o verificar en la oficina de instrumentos públicos, la propiedad o titularidad

(...) respecto a la responsabilidad del estado con sus decisiones judiciales son imputables por la acción o la omisión de las autoridades públicas al momento de constatar o verificar en la oficina de instrumentos públicos, la propiedad o titularidad del predio (...) por error jurisdiccional (...) en defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia (...)

Sin embargo, en el recurso de apelación, se manifestó