TA CAQ - 18001-33-33-001-2015-00451-01-(12-04-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, abril doce (12) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Rosa Myriam Pinzón Marroquín Demandado: Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad social en Salud (ADRES) -como sucesor procesal del Ministerio de Salud y Protección

Social-.

Radicación: 18001-33-33-001-2015-00451-01

Tema: Orden de cobro coactivo contra el propietario del vehículo por el incumplimiento del deber de tener el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT. Debido proceso.

Acta número 25.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante ADRES) contra la sentencia proferida el 31 de junio de 2020 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Rosa Myriam Pinzón Marroquín, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1 C1, archivo 01, pág. 34.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Rosa Myriam Pinzón Marroquín Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social Radicación: 18001-33-33-001-2015-00451-01

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1. Se declare la nulidad de las Resoluciones 005309 del 8 de marzo de 2013 y 0010905 del 18 de diciembre de 2014 , expedidas por el director de administración de fondos de la protección social del Ministerio de Salud y Protección Social y el subdirector técnico de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del mismo ministerio.

1. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social la terminación del proceso administrativo y el l evantamiento de las medidas cautelares en su contra.

1. Se condene a la demandada a reparar integral y equitativamente los perjuicios por la vulneración de bienes jurídicos constitucionales, en cuantía de 30 SMLMV.

1. Se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA y se condene en costas a la demandada.

1.1.2. Hechos.

Fundó las pretensiones en los siguientes:

1. El 25 de noviembre de 2014, Rosa Myriam Pinzón Marroquín fue notificada de

1.1.2. Hechos.

Fundó las pretensiones en los siguientes:

1. El 25 de noviembre de 2014, Rosa Myriam Pinzón Marroquín fue notificada de la Resolución 005309 del 8 de marzo de 2013, en la cual se ordenó que pagara la suma de $14.282.649 más los intereses por las indemnizaciones que reconoció y pagó el FOSYGA por el accidente de tránsito ocurrido el 3 de septiembre de 2011 en el Departamento del Huila, en el que estuvo involucrada la motocicleta de placa VBI 25 y se prestaron unos servicios médicos y atención hospitalaria al señor Ronal Yivan Fierro Salazar por dicho valor.

1. Contra dicho acto, interpuso el recurso de reposición oportunamente el 10 de diciembre de 2014; solicitó la práctica de pruebas y aportó otras. También puso de presente que nunca fue llamada al procedimiento administrativo para ejercer su defensa.

1. No se practicaron las pruebas solicitadas, tampoco se decretaron las aportadas y mucho menos se surtió el trámite de que trata el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. El subdirector técnico de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social, mediante la Resolución 0010905 del 18 de diciembre de 2014

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1. El subdirector técnico de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social, mediante la Resolución 0010905 del 18 de diciembre de 2014 resolvió, en sede de reposición, confirmar en todas sus partes la resolución anterior.

1. La motocicleta marca Suzuki de placa VBI 25, modelo 1984, fue vendida por la señora Rosa Myriam desde el 13 de julio de 1989 a Marco Emilio Pinzón, mediante contrato de compraventa, lo que quiere decir que dejó de ser la propietaria y poseedora y desconoce qué sucedió después, así como quién es el propietario o poseedor , «quién la conducía al momento del accidente, qué gastos fueron presentados con la reclamación 942318 ante el FOSYGA y aceptados por este, que indagaciones se hicieron por la entidad demandada, a quienes se notificaron las mismas, etc.».

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Como normas violadas, citó los artículos 1, 2, 4, 29, 58 y 83 de la Constitución Política; 1, 3, 5, 37, 40, 48, 52 y 79 de la Ley 1437 de 2011; 168, 218 y 219 de la Ley 100 de 1993; 3 y 63 de la Ley 489 de 1989.

Propuso los siguientes cargos de nulidad de los actos administrativos:

1. Infracción de las normas en que debían fundarse.

Afirmó que s e desconocieron las normas constitucionales y legales, porque en lugar de

Propuso los siguientes cargos de nulidad de los actos administrativos:

1. Infracción de las normas en que debían fundarse.

Afirmó que s e desconocieron las normas constitucionales y legales, porque en lugar de fundarse en los principios de buena fe, respeto por los derechos adquiridos, imparcialidad, transparencia, debido proceso y solidaridad, la decisión se fundó en la responsabilidad objetiva y sin las garantías porque no se le enteró de la actuación administrativa ni se le permitió controvertir, aportar pruebas o llamar a terceros.

1. Desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa.

Consideró que la entidad demandada adelantó y culminó la actuación administrativa de manera irregular, por cuanto no la enteraron del procedimiento iniciado en su contra, no le dieron el traslado de las pruebas y se adelantó por fuera de los 3 años porque el accidenteSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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ocurrió el 3 de septiembre de 2011 y se notificó la Resolución 10905 el 27 de diciembre de 2014.

1. Falsa motivación.

Manifestó que fue propietaria de la motocicleta de placas VBI25, pero l a vendió y entregó en el año 1989 al señor Marco Emilio Pinzón como lo acreditó con el contrato que adjuntó; además, no tuvo posesión ni tenencia sobre el vehículo, luego no le asiste n inguna

en el año 1989 al señor Marco Emilio Pinzón como lo acreditó con el contrato que adjuntó; además, no tuvo posesión ni tenencia sobre el vehículo, luego no le asiste n inguna obligación frente a los daños que cause o hubiese podido causar.

1. Falta de competencia.

Arguyó que el subdirector técnico no podía reponer una decisión tomada por el director en virtud de los principios de jerarquía, independencia e imparcialidad.

1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Salud y Protección Social se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que los actos administrativos se encuentran ajustados a los Decretos 1032 de 1991, 663 de 1993, 4107 de 2011 y 019 de 2012 , así como a la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383 de 2010.

Dijo que los $14.282.649 obedecieron a que el Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA se vio obligado a cancelar esos dineros por reclamaciones de servicios de atención médica y hospitalaria producidos en el accidente de tránsito donde estuvo involucrado el vehículo de placas VBI 25 y cuya propietaria es la demandante. Además, es cierto que la motocicleta fue objeto del contrato de compraventa, pero la actora omitió mencionar que se incumplió el deber legal de inscripción de la transferencia de la propiedad.

Frente al cargo de nulidad de infracción de las normas en que debería fundarse, argumentó que i) no se atribuye una responsabilidad objetiva, por el contrario, la obligación recae sobre

el deber legal de inscripción de la transferencia de la propiedad.

Frente al cargo de nulidad de infracción de las normas en que debería fundarse, argumentó que i) no se atribuye una responsabilidad objetiva, por el contrario, la obligación recae sobre quien figura ante el Estado como propietario; y ii) sí existió un trámite de cobro pre jurídico al cual no compareció la demandante, a pesar de los múltiples intentos de la Administración por informar de la existencia del procedimiento administrativo.

2 C1, archivo 01, pág. 172.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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En cuanto al desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, sostuvo que i) la solicitud probatoria incluida en el recurso de reposición se realizó por fuera de la oportunidad procesal correspondiente; y ii) la parte demandante pretende realizar el con teo desde la fecha del accidente de tránsito, cuando lo cierto es que debe realizarse desde el momento en que el FOSYGA realizó el desembolso del dinero a la entidad que prestó los servicios al accidentado.

En lo que toca con la falsa motivación, manifestó que i) si bien el contrato de compraventa pudo haberse realizado hace más de 25 años, lo cierto es que para la época, la enajenación del vehículo debía someterse a los artículos 749 y 759 del Código Civil, así como el artículo 922 del Código de Comercio; ii) la omisión legal en la que incurrió la demandante hace que

del vehículo debía someterse a los artículos 749 y 759 del Código Civil, así como el artículo 922 del Código de Comercio; ii) la omisión legal en la que incurrió la demandante hace que el negocio jurídico sea inoponible a terceros, en los cuales se ven incluidas las autoridades; iii) la no posesión del vehículo resulta irrelevante porque ante la ley, la actora era aún propietaria y estaba sujeta a las obligaciones y responsabilidades que ello implica; iv) de conformidad con el Decreto 019 de 2012, existió un fundamento normativo sufici ente para que la entidad realizara el cobro coactivo de crédito derivado de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, como consecuencia del incumplimiento de la obligación de contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT.

Y sobre la falta de competencia, aseveró que la parte demandante omitió mencionar las normas por las cuales cada funcionario expidió los actos y cuáles son las Resoluciones 005309 de 2013, 0010905 de 2014 y 5022 de 2013 que demuestran que los funcionarios que suscribieron los actos tenían competencia para hacerlo.

1.3. Sucesión procesal.

La ADRES solicitó que se le tuviera como sucesor procesal del Ministerio de Salud y Protección social, con fundamento en la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 1429 de 2016.3 Así se dispuso en la audiencia inicial realizada el 17 de octubre de 2017.4

1.4. Sentencia de primera instancia.5

En la sentencia proferida el 31 de junio de 2020 , el Juzgado Primero Administrativo de

Florencia resolvió:

1.4. Sentencia de primera instancia.5

En la sentencia proferida el 31 de junio de 2020 , el Juzgado Primero Administrativo de

Florencia resolvió:

3 C1, archivo 01, pág. 233. 4 C1, archivo 01, pág. 273. 5 C1, archivo 09.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de las resoluciones No. 005309 del 8 de marzo de 2013 y 0010905 del 18 de diciembre de 2014, suscritas por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante las cuales se ordenó a la señora Rosa Myriam Pinzón Marroquín, pagar el valor de $14.252.649 más intereses, por el reconocimiento y pago de indemnizaciones, en virtud del accidente de tránsito ocurrido el 3 de septiembre de 2011.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRESlevantar las medidas cautelares que se hayan impuesto a la seora Rosa Myriam Pinzón Marroquín.

TERCERO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO.- CONDENAR en costas a la parte demandada. Como agencias en derecho establézcase el 4% de las pretensiones reconocidas. Por secretaría dar el

TERCERO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO.- CONDENAR en costas a la parte demandada. Como agencias en derecho establézcase el 4% de las pretensiones reconocidas. Por secretaría dar el trámite previsto en el artículo 366 del C.G.P.

En primer lugar, se detuvo en el marco normativo y jurisprudencial sobre el derecho al debido proceso y, en segundo lugar, procedió a resolver el caso concreto. Para tal efecto, mencionó los hechos probados y consideró que:

1. En la vía administrativa no basta con notificar la decisión y permitir la interposición de los recursos sino que es necesario que el afectado tenga la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las que obran dentro del expediente, es decir, debe adelantarse un procedimiento previo en el que se respete el derecho de defensa y contradicción. En efecto, el Estatuto Tributario prevé que en el proceso de cobro coactivo se libra un mandamiento de pago contra el cual se pueden presentar excepciones y, posteriormente, se expide la orden de ejecución.

1. La parte demandada afirmó que se adelantó un procedimiento de cobro pre jurídico al cual intentó vincular a la demandante, sin embargo, no allegó prueba alguna que demostrara la existencia de este trámite; por el contrario, del expediente aportado se extrae que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió directamente la orden de ejecución sin agotar una etapa en la que la afectada pudiese ejercer su derecho de defensa y contradicción, tal como lo prevé el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011.

1. La señora Rosa Pinzón fue vinculada al procedimiento de cobro coactivo

derecho de defensa y contradicción, tal como lo prevé el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011.

1. La señora Rosa Pinzón fue vinculada al procedimiento de cobro coactivo únicamente hasta que se expidió la orden de ejecución, por tanto, al interponer los recursos allegó el contrato de compraventa del vehículo objeto de la sanción y solicitó la práctica de pruebas documentales y testimoniales, empero, la entidadSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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accionada resolvió el recurso sin pronunciarse sobre el requerimiento probatorio de la afectada.

1. Los actos administrativos acusados se expidieron con violación de las normas en que debía fundarse y vulneraron el debido proceso.

Luego, frente al reconocimiento de los perjuicios, indicó que el daño a bienes o derechos constitucional o convencionalmente afectados debe ser reconocido cuando exista una afectación relevante y su reparación es, generalmente, a través de medidas no pecuniarias; en consecuencia, no procede su reconocimiento.

1.5. Recurso de apelación.6

Inconforme con la decisión, la ADRES presentó el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. Argumentó que:

1. Las actuaciones administrativas y operativas adelantadas en procura de recuperar los recursos del Sistema General de Segu ridad Social en Salud se encuentran

sentencia de primera instancia. Argumentó que:

1. Las actuaciones administrativas y operativas adelantadas en procura de recuperar los recursos del Sistema General de Segu ridad Social en Salud se encuentran ajustadas a derecho, comoquiera que en el concepto 2296 del 2 de noviembre de 2017, el Consejo de Estado ha sostenido que el proceso de cobro que se habilitó al Ministerio y ahora a la ADRES, si bien no es sancionatorio porque no persigue al dueño del vehículo sin SOAT, sí se equipara a una acción de repetición porque el Estado tuvo que afectar un pago por una prestación médica ocasionada por un vehículo no asegurado.

1. A la demandante se le adelantó una citación personal en la cual se le contextualizaba de manera general la existencia de un título que fue constituido por la entonces Dirección de Administración de Fondos, momento a partir del cual debió iniciar con la recopilación probatoria que correspondía.

1. Sí se adelantó un procedimiento que tiene como sustento un proceso independiente al de cobro y es aquel que se adelanta en el marco de las reclamaciones de persona natural. El Decreto 3099 de 2007 compilado en el Decreto 780 de 2016, prevé que las personas que sufran daños corporales causados en un accidente de tránsit o tienen derecho a la prestación del servicio de salud ya sea con cargo a la entidad

6 C1, archivo 16.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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aseguradora que expidió el SOAT o a la subcuenta ECAT del FOSYGA , ahora ADRES.

1. El reconocimiento y pago de las reclamaciones derivadas de accidentes de tránsito, se compone de la presentación de una solicitud acompañada de los documentos que se detallan en el formulario y, luego, se estudia su procedencia, cuantía y oportunidad. A su vez, el Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo 167 de la Ley 100 de 1993, estableció parámetros para el reconocimiento y pago de los servicios de salud y demás prestaciones derivadas del accidente.

1. El artículo 9 de la Resolución 1645 de 2016 establece las distintas etapas del procedimiento de reclamación, el cual está compuesto por la pre radicación, radicación, auditoría general, comunicación del resultado y respuesta y/o pago.

1. El trámite de audit oría es previo e independiente y consta de una serie de documentos que presentan y reportan reserva legal; el giro que efectuaba la ADRES justifica iniciar la constitución de un título que sí se hizo; en consecuencia, no se vulneraron los principios del de bido proceso y de defensa de la demandante, máxime si se adelantaron las actuaciones administrativas y operativas encaminadas a que la actora conociera sobre la existencia del procedimiento administrativo que se estaba adelantando.

1. Previamente a la expedición de la Resolución 005309 del 8 de marzo de 2013, el

a que la actora conociera sobre la existencia del procedimiento administrativo que se estaba adelantando.

1. Previamente a la expedición de la Resolución 005309 del 8 de marzo de 2013, el Consorcio SAYP, a través de la comunicación S521200812165119S000010766200 del 12 de agosto de 2012, se informó a la señora Myriam Pinzón que el vehículo de placas VB125 de su pr opiedad estaba involucrado en un accidente de tránsito ocurrido el 3 de septiembre de 2011 y que ocasionó daños a terceros que debieron ser asumidos por el entonces FOSYGA, en razón a que carecía del seguro obligatorio SOAT . Posteriormente, el Ministerio d e Salud expidió la Resolución 005309 del 8 de marzo de 2013, mediante la cual ordenó el cobro por vía coactiva de las reclamaciones reconocidas por el FOSYGA , contra la cual la demandante pudo presentar el recurso de apelación.

1. Con el propósito de garantizar el debido proceso de notificación, en el artículo 5º de la resolución se ordenó remitir despacho comisorio a la Personería Municipal de Campoalegre – Huila para que adelantara el proceso; ante la imposibilidad de notificarla, se notificó por aviso el 25 de noviembre de 2014, frente al cual, en ejercicio de sus derecho, interpuso el recurso de reposición.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. Existe un procedimiento previo del cual se reporta la totalidad ed soportes, en esa medida -) la demandante solicitó como prueba el comprobante de compraventa que, al no tener registro, no es oponible a terceros; además, era inconducente, toda vez que los únicos documentos que eximen de responsabilidad son: el certificado de tradición del vehículo y la certificación expedida por la Compañía de Seguro s; -) la historia clínica ya estaba en la reclamación, pero como ese trámite es distinto, no reposa en el expediente administrativo; -) las pruebas de la Policía Nacional ya obraban en el trámite de reclamación. Estas pruebas contrarían la ley, en la medida de que no son suficientes para demostrar una venta de un vehículo automotor.

1. No se vulneró el derecho al debido proceso, toda vez que a través de las actuaciones administrativas y operativas adelantadas en el marco de su competencia, en procura de recuperar los recursos del sistema de seguridad social en salud y concretamente en la Resolución 10905 del 18 de septiembre de 2014, se le informó a la demandante sobre el marco legal de las competencias del ministerio, los fundamentos de hecho y de derecho co n base en los cuales se adelantó el proceso de cobro de las reclamaciones reconocidas, y las normas que establecen la obligación de los propietarios de contar con el seguro SOAT.

1.6. Trámite de segunda instancia.

1.6.1. Admisión del recurso de apelación.

reclamaciones reconocidas, y las normas que establecen la obligación de los propietarios de contar con el seguro SOAT.

1.6. Trámite de segunda instancia.

1.6.1. Admisión del recurso de apelación.

Mediante el auto proferido el 22 de octubre de 2021 se resolvió admitir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 31 de junio de 2020 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia.7

1.6.2. Alegatos de conclusión.

En proveído del 15 de diciembre de 2021, se corrió traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.8

1.6.2.1. Parte demandante. Reiteró todo lo consignado la demanda.9

7 C2, archivo 04. 8 C2, archivo 08. 9 C2, archivo 10.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.6.2.2. ADRES. Guardó silencio.

1.6.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la señora Rosa Myriam Pinzón Marroquín tiene derecho a que se levanten las medidas cautelares impuestas en su contra por parte del FOSYGA, por haberse expedido los actos administrativos con inobservancia del artículo 29 de la Constitución Política.

Para desarrollar el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial sobre las generalidades del proceso de cobro coactivo ; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto. En este último se hará precisión del procedimiento que se adelanta contra el propietario del vehículo por el incumplimiento del deber de tener el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT y se resolverán los cargos de apelación.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial. Generalidades de las facultades coactivas de la Administración.

En la sentencia C-666 de 2000, la Corte Constitucional definió la potestad de cobro coactivo como «un privilegio exorbitante de la Administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés

como «un privilegio exorbitante de la Administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales».Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Por su parte, la Ley 1066 de 2006 «por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposic iones» estableció en el artículo 5º que «las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario».

Sobre esta disposición normativa, en la sentencia proferida el 20 de junio de 2011, la Sección Primera del Consejo de Estado indicó que la expresión «rentas o caudales públicos», tenía un sentido amplio e incluyente que cobijaba a la generalidad de entidades

Sección Primera del Consejo de Estado indicó que la expresión «rentas o caudales públicos», tenía un sentido amplio e incluyente que cobijaba a la generalidad de entidades y organismos del Estado a los que, con independencia de su naturaleza o denominación, se les asignan funciones administrativas y de recaudo de recursos públicos.

Adicionalmente, el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011 consagró que todos los organismos o entidades estatales, con independencia de su denominación , «deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo (...). Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes». Estos documentos, de conformidad con el artículo 99, entre otros, son todos los actos administrativos ejecutoriados que impongan a favor de las entidades públicas, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.

Aúnese a lo anterior que este cuerpo normativo y el Estatuto Tributario , en virtud de la remisión del artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, son aplicables cuando «no tengan reglas especiales», tal como lo prevé el numeral 2º del artículo 100 de la primera norma mencionada (CPACA).

2.4. Hechos probados.

En el plenario se encuentran los siguientes:

1. En la Resolución 005309 del 8 de marzo de 2013 expedida por el director deSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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administración de fondos de la protección social, se consideró y resolvió:10

Que las reclamaciones incluidas en la presente resolución surtieron el trámite de cobro pre-jurídico y son producto de la depuración de la información realizada por el Consorcio SAYP 2011, de conformidad con la certificación expedida por el administrador fiduciario del FOSYGA.

(...)

Que de acuerdo con la información suministrada por el Consorcio SAYP 2011, mediante oficio JRD 6457 -12 de fecha 04 de octubre de 2012, el señor (a) ROSA MIRYAM PINZON MARROQUIN, aparece como propietario del vehículo de placas VBI 25, comprometido en el accidente de tránsito ocurrido el 3/9/2011, cuyo automotor no contaba con la póliza de seguro obligatorio SOAT legal y vigente, lo que originó que el Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA, cancelara dineros correspondientes a reclamaciones de servicios de atención médica y hospitalaria del señor (a) RONAL TIVAN FIERRO SALAZAR, quien fue la víctima en el accidente de tránsito.

Que de conformidad con el artículo 2356 del Código Civil, en la ejecución de actividades peligrosas como la conducción de vehículos, existe responsabilidad solidar