TA CAQ - 18001-33-33-001-2015-00526-01-(01-02-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, primero (01) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Rosa Elena Elizalde de Capiz y otros Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC Radicación: 18001-33-33-001-2015-00526-01

Tema: Muerte de recluso por ataque guerrillero cuando se desplazaba escoltado por miembros del INPEC.

Acta número 06.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado, decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -en adelante INPEC-, contra la sentencia proferida el 29 de enero de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Nubia Sanceno Yosa, Rosa elena Elizalde de Capiz y Mery Capiz Elizalde, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1 Archivo 01, pág. 75.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Rosa Elena Elizalde de Capiz y otros

Administrativo, solicitaron que:

1 Archivo 01, pág. 75.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1. Se declare extracontractualmente responsable al INPEC de los perjuicios causados por la muerte del señor Ramiro Capiz Elizalde ocurrida el 4 de junio de 2013 en el Corregimiento La Esmeralda del Municipio de Puerto Rico, por el ataque de subversivos de las FARC.

1. Condenar al INPEC a pagar las siguientes sumas:

a. Perjuicios morales.

Demandante Parentesco SMLMV Nubia Sanceno Yosa Compañera permanente 100 Rosa Elena Elizalde de Capiz Madre 100 Mery Capiz Elizalde Hermana 50

b. Materiales en la modalidad de lucro cesante. A favor de Nubia Sanceno Yosa, «cuya liquidación deberá hacerse con aplicación de las fórmulas matemáticas aceptadas por el Consejo de Estado».

c. Daño a la vida en relación. A favor de Nubia Sanceno Yosa y Elena Elizalde de Capiz, 100 SMLMV a cada una.

1. Se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192, 194 y 195 del CPACA.

1.1.2. Hechos.

Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. Se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192, 194 y 195 del CPACA.

1.1.2. Hechos.

Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. El 19 de diciembre de 2011, el señor Ramiro Capiz Elizalde y José Rubén Gutiérrez Capiz fueron capturados y dejados a disposición de la Fiscalía 16 del Municipio de

San Vicente del Caguán.

1. El 21 de diciembre de 2011 se realizó la audiencia preliminar, en la cual se legalizó la captura ; se les imputó el delito de extorsión; y se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, para lo cual, se libró la boleta de encarcelación 004 dirigida al director de la Cárcel El Cunduy del Municipio de Florencia.

1. Después de varios intentos, el 20 de noviembre de 2012, el Juzgado Promiscuo Municipal de Descongestión en función de conocimiento de San Vicente delSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Caguán, realizó la audiencia de acusación y se fijó el 12 de diciembre siguiente para realizar la audiencia preparatoria. En esta se decretaron unas pruebas.

1. El 4 de febrero de 2013 se inició el juicio oral, audiencia que se extendió hasta el

para realizar la audiencia preparatoria. En esta se decretaron unas pruebas.

1. El 4 de febrero de 2013 se inició el juicio oral, audiencia que se extendió hasta el 22 de mayo de 2013 cuando el juez anunció que el fallo sería absolutorio y ordenó la libertad inmediata. Se fijó el 4 de junio de 2013 para llevar a cabo la audiencia de lectura del fallo.

1. Ese día, el 4 de junio de 2013, cuando eran trasladados por miembros del INPEC al Municipio de San Vicente del Caguán para asistir a la audiencia, fueron atacados con armas de fuego de largo alcance por miembros de las FARC. En este suceso falleció el señor Ramiro Capiz Elizalde.

1. No obstante que la libertad del señor Capiz Elizalde había sido ordenada por el juzgado mediante la boleta 005 del 22 de mayo de 2013 al director de la Cárcel El Cunduy de Florencia, «sin explicación alguna para [ese día] aún permanecían privados de la libertad».

1.1.3. Imputación.

Consideraron que se debe aplicar el título de imputación de daño especial, «toda vez que los hechos en los cuales resultara muerto el señor RAMIRO CAPIZ ELIZALDE acaecieron mientras estaba privado de su libertad, régimen que no exige consideración ni valor ación de la conducta del ente demandado».

1.2. Contestación de la demanda.2

Se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que i) no se configuró el nexo de causalidad porque no originó el hecho generador; ii) no actuó de manera inoportuna

1.2. Contestación de la demanda.2

Se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que i) no se configuró el nexo de causalidad porque no originó el hecho generador; ii) no actuó de manera inoportuna e irresponsable ni mucho menos desconoció el sentido de proteger el derecho fundamental a la vida; y iii) en cumplimiento de sus funciones, se desplazaba hacia el Municipio de San Vicente del Caguán cuando fue atacado de manera sorpresiva por las FAR C, entonces, comoquiera que los encargados de vigilar las carreteras son la Policía y el Ejército Nacional, estas son las responsables del daño causado , máxime si en 2 oportunidades solicitó a la primera la protección, acompañamiento y seguridad en el desplazamiento de las remisiones para que se le garantizara la vida e integridad de las personas privadas de la libertad.

2 Archivo 01, pág. 173.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva; «falta de responsabilidad por parte del INPEC»; «inexistencia de prueba de daño a la vida de relación o alteración grave a las condiciones de existencia».

1.3. Sentencia de primera instancia3.

En la sentencia proferida el 29 de enero de 2021 , el Juzgado Primero Administrativo de

Florencia resolvió:

PRIMERO. - DECLARAR NO probadas las excepciones de Falta de Legitimación

En la sentencia proferida el 29 de enero de 2021 , el Juzgado Primero Administrativo de

Florencia resolvió:

PRIMERO. - DECLARAR NO probadas las excepciones de Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva y Falta de Responsabilidad alegada por el INPEC, por las razones que fueron expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - DECLARAR responsable al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, por los perjuicios causados a los demandantes NUBIA SANCENO YOSA, ROSA ELENA CAPIZ DE ELIZALDE, MERY CAPIZ ELIZALDE, como consecuencia de la muerte del señor RAMIRO CAPIZ ELIZALDE el día 04 de junio de 2013 en el Municipio de Puerto Rico – Caquetá.

TERCERO. - Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC a cancelar a favor de los demandantes, las siguientes sumas de dinero por concepto de:

Perjuicios morales:

a) Para la señora NUBIA SANCENO YOSA, en su condición de compañera permanente de la víctima directa, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

b) Para la señora ROSA ELENA ELIZALDE DE CAPIZ, en su condición de madre de la víctima directa, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

c) Para la señora MERY CAPIZ ELIZALDE, en su condición de hermana de la víctima

mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

c) Para la señora MERY CAPIZ ELIZALDE, en su condición de hermana de la víctima directa, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia, para cada uno de ellos.

Perjuicios Materiales: Lucro cesante consolidado y futuro.

a) Para la señora NUBIA SANCENO YOSA, en su condición de compañera permanente de la víctima directa, la suma equivalen te a Ciento Cincuenta y Dos Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Un Pesos con Setenta y Tres Centavos m/cte. ($152.552.271,73).

CUARTO. - NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO. - CONDENAR en costas a la parte demandada. Como agencias en derecho establézcase el 4% del valor determinado en el acápite de la cuantía de la demanda. Por secretaría dese el trámite previsto en el artículo 366 del C.G.P.

(...).

3 Archivo 6, págs. 2 y ss.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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En primer lugar, se pronunció sobre el marco normativo y jurisprudencial para señalar que el caso debe examinarse bajo la óptica de la falla en el servicio. En segundo lugar, procedió

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En primer lugar, se pronunció sobre el marco normativo y jurisprudencial para señalar que el caso debe examinarse bajo la óptica de la falla en el servicio. En segundo lugar, procedió a examinar los elementos de la responsabilidad del Estado. Encontró acre ditado el daño con la muerte del señor Ramiro Capiz Elizalde.

En el juicio de imputación, hizo una relación de las pruebas aportadas y narró que i) el 4 de junio de 2013, un grupo de funcionarios del INPEC trasladaron al señor Ramiro Capiz Elizalde al Municipio de San Vicente del Caguán; ii) el director del INPEC solicitó apoyo a la Policía Nacional para garantizar la seguridad en el desplazamiento; iii) el INPEC no adelantó las gestiones tendientes a solicitar el acompañamiento del Ejército Nacional; y iv) el vehículo en el que se movilizaba la comisión iba solo, sin un esquema de seguridad que garantizara el normal avance.

A partir de lo anterior, consideró que se configuró una falla en el servicio a cargo del INPEC, toda vez que no tomó las medidas preventivas necesarias que garantizaran la vida de los reclusos e «incluso debió evitarse el exponerlos a cualquier riesgo fuera de lo normal; y en caso de no ser posible obtener apoyo de seguridad al que estaba obligado el INPEC, con tiempo pudo coordinar lo pertinente con la autoridad judicial que requería a los detenidos, para el aplazamiento de las audiencias».

Precisó que si bien frente a los reclusos se había ordenado la libertad inmediata en la audiencia de juicio oral celebrada el 22 de mayo de 2013 y no se había realizado el trámite

para el aplazamiento de las audiencias».

Precisó que si bien frente a los reclusos se había ordenado la libertad inmediata en la audiencia de juicio oral celebrada el 22 de mayo de 2013 y no se había realizado el trámite administrativo pertinente, lo cierto es que esto no exime de responsabilidad a la demandada porque los reclusos se encontraban bajo su custodia y cuidado , «de allí que se genere la relación especial de sujeción, cuyo alcance desborda el marco de vigilancia y control en cabeza de la entidad demandada, sino que implica el deber de preservar la integridad personal y la vida de los presos».

En tercer lugar, procedió a examinar el reconocimiento de los perjuicios deprecados, así:

1. Morales. Comoquiera que se demostró el parentesco, debe reconocerse la indemnización por este concepto , de conformidad con la sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2014.

1. Alteración grave a las condiciones de existencia o daño a la vida de relación.

No procede el pago porque no se demostró que las condiciones de vida de los demandantes hayan cambiado de manera ostensible.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1. Lucro cesante consolidado y futuro . Se debe recono cer a favor de la señor a Nubia Sanceno Yosa; a partir de la fórmula utilizada por el Consejo de Estado y la presunción del salario mínimo legal mensual vigente para la época de los

1. Lucro cesante consolidado y futuro . Se debe recono cer a favor de la señor a Nubia Sanceno Yosa; a partir de la fórmula utilizada por el Consejo de Estado y la presunción del salario mínimo legal mensual vigente para la época de los hechos con el aumento del 25% por concepto de prestaciones sociales.

Adicionalmente, redujo el 50% de los gastos personales.

1.4. Recurso de apelación.4

El INPEC se alzó en apelación, con fundamento en los siguientes argumentos:

1. Tomó las medidas necesarias para prevenir la vulneración de derechos y, en concreto, la muerte del señor Ramiro Capiz Elizalde.

1. Se logró establecer que el 22 de mayo de 2013, el Juzgado Promiscuo Municipal de Descongestión de San Vicente del Caguán ordenó la libertad del señor Capiz al no encontrarlo responsable del delito de extorsión y se expidió la boleta de libertad ; no obstante, no se demostró que esta haya sido recibida por la Cárcel El Cunduy y tampoco se cumplió con el requisito previsto en el Manual de Libertades, este es, que la boleta se haya aportado de manera física y en original.

1. En todo caso, en el Oficio 2182 del 27 de mayo de 2013, el juzgado penal, además de fijar la fecha de la audiencia de lectura del fallo, «solicitó disponer su traslado [el del recluso]» el 4 de junio de 2013 a las 3:00 de la tarde.

1. El INPEC no es una fuerza militar y, por tanto, se limita a vigilar y custodiar al personal

recluso]» el 4 de junio de 2013 a las 3:00 de la tarde.

1. El INPEC no es una fuerza militar y, por tanto, se limita a vigilar y custodiar al personal privado de la libertado por orden judicial; en consecuencia, comoquiera que está demostrado que realizó los oficios de rigor y se requirió al Departamento de Policía Caquetá para que presta ra apoyo y seguridad en el desplazamiento y esta nunca informó las competencias estratégicas determinadas por las autoridades competentes, debe concluirse que no hay responsabilidad.

1. En ningún momento se conocieron por parte de las autoridades de intelig encia del Estado alguna información o movimiento de grupos al margen de la ley en la vía por la cual se iba a hacer el desplazamiento.

4 Archivo 12.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1.5. Trámite de segunda instancia5.

En auto del 22 de octubre de 2021 se resolvió admitir el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 29 de enero de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021. 6 Hasta el término de ejecutoria de la sentencia, ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme

sentencia, ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si el INPEC es extracontractualmente responsable del daño causado a los demandantes por la muerte de Ramiro Capiz Elizalde ocurrida el 4 de junio de 2013 cuando era desplazado por dragoneantes de la institución al Municipio de San Vicente del Caguán con el fin de asistir a una audiencia de lectura de fallo.

Para efectos de desarrollar este problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los elementos de la responsabilidad del Estado; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado. Marco normativo y jurisprudencial.

La responsabilidad patrimonial de la administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cu al estableció dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) el daño antijurídico y, ii) la imputación de este a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

5 Archivo 6.

responsabilidad, los cuales son: i) el daño antijurídico y, ii) la imputación de este a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

5 Archivo 6. 6 Carpeta segunda instancia, archivo 04.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.7

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado8.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia

ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado8.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede, o no calificarse como o antijurídico , puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado, y, p or tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»9(Resaltado fuera de texto)

El s egundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades públicas o nexo causal. Sobre este elemento, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 dentro del proceso con radicación 68001-23-31-000-200300450-01 (37497) y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño . En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.

7 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes. 8 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 9 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la

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Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de imputación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la caus a petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión. (Resaltado fuera de texto)

2.4. Hechos probados.

En el plenario están acreditados los siguientes:

1. De acuerdo con la boleta de encarcelación número 004 del 21 de diciembre de 2011, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Vicente del Caguán, ordenó la detención preventiva en establecimiento carcelario de los señores Ramiro Capiz Elizaldez y José Rubén Gutiérrez Capiz por la investigación que se desarrollaba por el delito de extorsión.10

1. En el acta de la audiencia realizada el 22 de mayo de 2013, se consignó11:

José Rubén Gutiérrez Capiz por la investigación que se desarrollaba por el delito de extorsión.10

1. En el acta de la audiencia realizada el 22 de mayo de 2013, se consignó11:

(…) es así como el despacho emitirá el respectivo fallo con carácter absolutorio y donde la fiscalía no demostró efectivamente el constreñimiento. De esta manera se emite este fallo y este ordena que se oficie al director de la cárcel el Cunduy para la libertad inmediata de los aquí imputados. Y dando se fija para lectura el día 4 de Junio a las 3 de la tarde.

1. El 22 de mayo de 2013 se expidió la Boleta de Libertad 005 dirigida al director de la Cárcel El Cunduy de Florencia, en la cual se informó:12

En forma comedida me permito comunicarle que este Despacho Judicial dentro de la audiencia de juicio Oral celebrada en la fecha 22 de Mayo de 2013, ordenó la LIBERTAD INMEDIATA de los señores RAMIRO CAPIZ ELIZADE Y JOSE RUBEN

GUTIÉRREZ CAPIZ (…).

En tal virtud, lo anterior para lo de su respectivo conocimiento y competencia.

10 Carpeta de primera instancia, archivo 01, pág. 23. 11 Carpeta de primera instancia, archivo 01, pág. 45 12 Carpeta de primera instancia, archivo 01, pág. 53.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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El recibido de esta boleta de libertad tiene 2 firmas con fechas diferentes i) del 30 de mayo de 2013 por Leidy G.; y ii) el 23 de mayo de 2013 por Alexander Torres13.

1. El 27 de mayo de 2013, el Juzgado Promiscuo Municipal en Descongestión de San Vicente del Caguán informó al director de la Cárcel El Cunduy que en la audiencia de juicio oral realizada el 22 de mayo de 2013, se fijó el 4 de junio de 2013 para realizar la audiencia de lectura de fallo absolutorio y solicitó el traslado de los internos.14

1. El 31 de mayo de 2013, el director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Florencia solicitó al comandante del Departamento de Policía Caquetá que se prestara la seguridad para trasladar a los reclusos al Municipio de San Vicente del Caguán el 4 de junio de 2013.15 La petición fue reiterada el 1 de junio de 2013.16

1. En el Plan de Marcha 0181 del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Florencia, se consignó:17

A. OBJETIVO: Dar cumplimiento a las órdenes emanadas de las directivas del Instituto y a las órdenes judiciales de los diferentes despachos para la realización de las respectivas diligencias y resolución de traslado con el personal de internos.

A. OBJETIVO: Dar cumplimiento a las órdenes emanadas de las directivas del Instituto y a las órdenes judiciales de los diferentes despachos para la realización de las respectivas diligencias y resolución de traslado con el personal de internos.

Desplazar personal de guardia de EPMSC Florencia con el fin de trasladar a los internos:

HERNANDEZ GUARÍN HERNEY: se traslada al interno hasta el Juzgado Promiscuo Municipal en Descongestión de San Vicente del Caguán, con el fin de llevar a cabo diligencia judicial de AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN a las 9:30 horas.

RAMIRO CAPIZ ELIZALDE: se t raslada al interno hasta el Juzgado Promiscuo Municipal en Descongestión de San Vicente del Caguán, con el fin de llevar a cabo diligencia judicial de AUDIENCIA LECTURA DE FALLO a las 15:00 horas.

GUTIÉRREZ CAPIZ JOSÉ RUBÉN se traslada el interno hasta el Juzgado Municipal en Descongestión de San Vicente del Caguán, con el fin de llevar a cabo diligencia judicial de AUDIENCIA DE LECTURA DE FALLO a las 15:00 horas.

B. SERVICIO SOLICITADO POR:

Juzgado Promiscuo Municipal en Descongestión de San Vicente del Caguán.

C. AUTORIZADO POR:

Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Florencia.

D. FECHA DEL DESPLAZAMIENTO:

13 Archivo 10, pág. 30. 14 Carpeta de primera instancia, archivo 01, pág. 157.

Florencia.

D. FECHA DEL DESPLAZAMIENTO:

13 Archivo 10, pág. 30. 14 Carpeta de primera instancia, archivo 01, pág. 157. 15 Carpeta de primera instancia, archivo 01, pág. 145. 16 Carpeta de primera instancia, archivo 01, pág. 148. 17Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Rosa Elena Elizalde de Capiz y otros Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC Radicación: 18001-33-33-001-2015-00526-01

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SALIDA: 06:00 horas.

FECHA: 04/06/2013

HORA DILIGENCIA: 09:30 y 15:00 Horas respectivamente

REGRESO: 04/06/2013 HORA:

RUTA: FLORENCIA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – FLORENCIA

COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS: Juzgado Promiscuo Municipal en Descongestión de San Vicente del Caguán y en coordinación con la Base de Departamento de Policía del Caquetá, apoyo en desplazamiento el cual fue solicitado mediante oficio N° 1624 de fecha 31/05/2013, por el presente establecimiento carcelario.

PERSONAL COMPROMETIDO:

Dragoneante: RUBIO HERRERA ESNEIDER

Dragoneante: CICERY PAREDES BILY

Dragoneante: MARTINEZ MEJIA DIDIER

Dragoneante: GARAVIZ RINCON JUAN

Dragoneante: RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO

VEHÍCULOS

Dragoneante: CICERY PAREDES BILY

Dragoneante: MARTINEZ MEJIA DIDIER

Dragoneante: GARAVIZ RINCON JUAN

Dragoneante: RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO

VEHÍCULOS El desplazamiento se ha rá vía terrestre en el vehículo oficial de placas OHK 370 Dragoneante RODRIGUEZ GONZALEZ DIEGO.

(…)

1. El 4 de junio de 2013, el comandante de vigilancia del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Florencia informó:18

Comedidamente me permito informar que siendo las 09:20 horas del día de hoy se recibe información en su móvil del Teniendo Duque de Puerto Rico quien informa que el personal de guardia del INPEC había sufrido un atentado terrorista y que al parecer no habían sobrevivientes de la guardia y que tres internos se encontraban heridos en el hospital de Puerto Rico. Esta es información de primer momento.

1. Este informe fue complementado el 7 de junio de 2013, así:19

(...) El cuerpo del interno Ramiro Capiz Elizalde, quien falleció en el hospital de Puerto Rico y posteriormente traído hasta la ciudad de Florencia, fue entregado por el Dgte. Paredes Galviz Oscar, policía judicial del estab