TA CAQ - 18001-33-33-001-2016-00672-01-(19-04-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión Magistrada Ponente Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, abril diecinueve (19) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Jhon Jairo Camacho Tique Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-001-2016-00672-01

Tema: Retiro del servicio por pérdida de capacidad psicofísica. Argumentos del recurso de apelación y deberes de los abogados.

Acta número 27.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Jhon Jairo Camacho Tique, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1 Archivo 1, pág. 58.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Jhon Jairo Camacho Tique

Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

1 Archivo 1, pág. 58.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Jhon Jairo Camacho Tique Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-001-2016-00672-01

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1. Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Orden Administrativa de Personal 1408 del 20 de abril de 2016 , por medio de la cual fue retirado del servicio por disminución de la capacidad psicofísica.

1. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la entidad demandada reintegrarlo al cargo que estaba desempeñando o a uno de igual o mayo r jerarquía y, consecuentemente, se condene al pago de los emolumentos salariales, prestacionales, de seguridad social e indemnizatorios desde el momento de su retiro.

1. Se ordene el pago de la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de

1997.

1. Que las sumas reconocidas se indexen conforme al IPC y se ordene el pago de los intereses moratorios.

1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Se vinculó al Ejército Nacional como soldado profesional desde el año 2003 hasta el 30 de abril de 2016 y estaba adscrito a la Brigada Móvil 9.

1. Mediante Acta de Tribunal Médico Laboral 68446 del 9 de mayo de 2014, se determinó que su capacidad física laboral era del 28%, no apto para la actividad militar y con incapacidad permanente parcial; la junta médica fue modificada

1. Mediante Acta de Tribunal Médico Laboral 68446 del 9 de mayo de 2014, se determinó que su capacidad física laboral era del 28%, no apto para la actividad militar y con incapacidad permanente parcial; la junta médica fue modificada mediante acta aclaratoria parcial 2364 del 23 de julio de 2015, por medio de la cual se recomendó la reubicación laboral en actividades de tipo administrativo.

1. Sin tener en cuenta la aclaración, el 30 de abril de 2016 fue notificado de la Orden Administrativa de Personal 1408 del 20 de abril de 2016, por la cual fue retirado del servicio, dada la disminución de la capacidad psicofísica.

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Como normas violadas, citó los artículos 1, 2, 5, 13, 16, 25, 29, 47, 53, 54, 93, 95 y 333 de la Constitución Política; 137 y 138 del CPACA, 24 de la Ley 1104 de 2006, 26 de la Ley 361 de 1997, así como las Leyes 776 de 2002 y 1145 de 2007.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Sostuvo que, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 776 de 2002, el Ejército Nacional estaba obligado a reubicarlo en un cargo que estuviera acorde con sus capacidades y

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Sostuvo que, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 776 de 2002, el Ejército Nacional estaba obligado a reubicarlo en un cargo que estuviera acorde con sus capacidades y limitaciones, máxime si después de las lesiones continuó laborando, lo cual le permitía deducir que tenía conocimiento de que podía realizar funciones acordes con sus cualidades.

Añadió que, para el retiro, se debía hacer un verdadero estudio si era apto o no, sin embargo, no se tuvo en cuenta el desempeño de sus labores, razón por la cual se configura la causal de nulidad de desviación de poder.

Manifestó que el acto administrativo fue expedido con falsa motivación, comoquiera que la entidad no tuvo en cuenta su grado de escolaridad, las habilidades y destrezas y, mucho menos, las actividades realizadas antes y después de ser valorado por la Junta Médico Laboral, para que pudiera ser reubicado en actividades administrativas. Esto, sumado a que no se observó ni aplicó la recomendación de reubicarlo en actividades de tipo administrativo, máxime si era bachiller técnico en especialidad comercial – sistemas.

1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en qu e «los actos administrativos como tales gozan de por sí de una presunción de legalidad, al ser emitidos por autoridades administrativas competentes y en cumplimiento de una normatividad que regula todo lo relativo a la evaluación de la capacidad psicofísica y la disminución de la capacidad laboral, lo cual implica que en ningún caso se ha incurrido en desviación de poder alguna, ni menos se ha vulnerado sus derechos

cumplimiento de una normatividad que regula todo lo relativo a la evaluación de la capacidad psicofísica y la disminución de la capacidad laboral, lo cual implica que en ningún caso se ha incurrido en desviación de poder alguna, ni menos se ha vulnerado sus derechos (sic), lo único claro aquí es que no existe responsabilidad (...) por los hechos generadores de la presente demanda». También mencionó que el acto acusado fue expedido con observancia de los principios y preceptos constitucionales, así como con los procedimientos y términos legales para su expedición.

Manifestó que el acto administrativo se expidió conforme a la norma que permite el retiro del servicio por pérdida de capacidad psicofísica que fue determinada por el Tribunal Médico Laboral y conforme al concepto de haber sido declarado no apto para la actividad militar; añadió que ello «no lo incapacita para el amplio mercado laboral oferente a nivel Nacional y/o internacional. Y no lo inhabilita para vivir en comunidad, para valerse por sí mismo, para relacionarse en sociedad, etc.»

2 C1, archivo 01, pág. 152.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 , el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Orden Administrativa de Personal

En la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 , el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Orden Administrativa de Personal No. 1408 del 20 de abril de 2016, por medio de la cual el Comandante del Comando de Personal del EJÉRCITO NACIONAL resolvió retirar del servicio activo al señor JHON JAIRO CAMACHO TIQUE por disminución de su capacidad psicofísica.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL reintegrar al señor JHON JAIRO CAMACHO TIQUE identificado con la C.C. No. 93.477.668, a un cargo de igual o superior jerarquía del que venía desempeñando al momento del retiro, teniendo en cuenta su condición de discapacidad.

TERCERO: ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, que reubique al señor JHON JAIRO CAMACHO TIQUE, en un cargo cuyas funciones sean de orden administrativo, conforme su perfil profesional y la recomendación efectuada por la Dirección de Sanidad del E jército Nacional en el Acta Aclaratoria Parcial No. 2364 del 23 de julio 2015, por la cual se aclara parcialmente la JML No. 68446 del 09/05/2014.

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, para que a título indemnizatorio reconozca y pague al señor JHON

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, para que a título indemnizatorio reconozca y pague al señor JHON JAIRO CAMACHO TIQUE, el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto suce sivo, utilizando la formula consignada en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL el pago a favor del señor JHON JAIRO CAMACHO TIQUE de la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

SEXTO: Sin condena en costas.

Después de pronunciarse sobre el marco normativo y jurisprudencial y citar las pruebas que reposan en el expediente, abordó el caso concreto.

Sostuvo que la entidad demandada, para proceder a la desvinculación del actor, se amparó en la facultad legal contenida en los artículos 7 y 8 del Decreto 1793 de 2000, según el cual, se permite la separación del soldado profesional ante la disminución de su capacidad psicofísica, al igual que en el Acta Junta Médico Laboral 68446 del 9 de mayo de 2014, en la que, en principio, no se sugirió la reubicación del actor. Sin embargo, pasó por alto que

psicofísica, al igual que en el Acta Junta Médico Laboral 68446 del 9 de mayo de 2014, en la que, en principio, no se sugirió la reubicación del actor. Sin embargo, pasó por alto que se trataba de un sujeto de especial protección constitucional y que en la aclaración d e la

3 C1, archivo 37.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Dirección de Sanidad Militar se recomendó la reubicación laboral en actividades de tipo administrativo.

Por lo anterior, coligió que se vulneraron los postulados contenidos en los artículos 13, 25 y 29 de la Constitución Política, lo que implica a s u vez, que la entidad haya incurrido en falsa motivación, toda vez que no desplegó ninguna actividad tendiente a proteger al demandante en su trabajo y asimismo porque se desconoció que siguió laborando en la institución de manera eficiente desde que fue calificado en 2014 hasta el año 2016, cuando fue retirado del servicio.

Consideró que no eran acertados los argumentos de la contestación de la demanda, toda vez que las funciones de un soldado profesional no son solamente militares, pues según el artículo 1º del Decreto 1793 de 2000, si bien la ejecución de operaciones es su finalidad principal, no es la única.

Concluyó que la orden administrativa de personal está viciada de nulidad por desconocer las normas constitucionales sobre las que debería fundar se, al ignorar los postulados

principal, no es la única.

Concluyó que la orden administrativa de personal está viciada de nulidad por desconocer las normas constitucionales sobre las que debería fundar se, al ignorar los postulados nacionales e internacionales sobre la estabilidad laboral reforzada de las personas en situación de discapacidad.

También precisó que, de acuerdo con el Decreto 1796 de 2000, en relación con el procedimiento para determinar la disminución de la capacidad psicofísica, los exámenes que la establecen tienen una validez de 3 meses. En el caso concreto, se realizó la Junta Médico Laboral el 9 de mayo de 2014 , en la cual se asignó un porcentaje de disminución del 28% y se declaró que no era apto para desempeñar funciones propias de la vida militar, empero, este último fue aclarado el 23 de julio de 2015 cuando se sugirió la reubicación laboral en actividades de tipo administrativo; a pesar de ello, en la orden administrativa de personal, expedida 9 meses después de su calificación, no se tuvo en cuenta la mentada aclaración. En consecuencia, la administración no podía fundamentar el retiro con base en un dictamen que no tenía validez, en tanto ya había perdido vigencia por el transcurrir del tiempo.

Con fundamento en lo anterior, anunció que se declararía la nulidad del acto enjuiciado y, frente al restablecimiento del derec ho, manifestó que se debían tener e cuenta los topes de indemnización establecidos en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Jhon Jairo Camacho Tique

Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

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1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión, el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Insistió en que «no hubo desviación de poder» , pues el acto administrativo no fue expedido en forma irregul ar o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, pues «vale la pena destacar que cuando se trata de retiro discrecional el mismo ordenamiento jurídico establece la forma como se debe realizar, es decir que se requiere que el funcionario tenga m erma de la capacidad psicofí sica para poderlo retirar del servicio, como efectivamente aparece probado dentro del proceso, pues no se puede pensar que en el caso concreto el acto administrativo fue expedido en forma irregular ya que como se acaba de precis ar se necesita no solo de la Junta Médica Laboral sino también en caso de convocatoria del Tribunal Médico Laboral para determinar el no ser apto para la activ idad militar, lo cual se constituye que el acto administrativo fue legal y respetando siempre el debido proceso». A continuación, trajo en cita la sentencia C-381 de 2005 expedida por la Corte Constitucional.

Luego, sostuvo que no «es de recibo la aplicación dentro de un régimen especial la ley 361 de 1997 en su artículo 26 cuando mediaron elementos suficientes para determinar su disminución de la capacidad que conllevaron a retirarlo conforme a la norma que regula el

Luego, sostuvo que no «es de recibo la aplicación dentro de un régimen especial la ley 361 de 1997 en su artículo 26 cuando mediaron elementos suficientes para determinar su disminución de la capacidad que conllevaron a retirarlo conforme a la norma que regula el retiro de los soldados profesionales, sin que ello pueda ser justificado o arbitrario, pues su disminución no le permitía ser apto para la actividad militar, más no para el desempeño en la vida civil, no lo inhabilitaba para la vida laboral, lo cual desvirtúa una posible discriminación y se v uelve por lo tanto ineficaz y conlleva que no pueda ser aplicada al caso».

1.5. Trámite de segunda instancia.

En auto proferido el 21 de enero de 2022 y en los términos de la Ley 2080 de 2021, se resolvió admitir el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia.5 Hasta el término de ejecutoria, ningún sujeto procesal se pronunció.

4 C1, archivo 38. 5 C2, archivo 05.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia);

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación).

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si el recurso de apelación cumple los requisitos para que el caso sea estudiado de fondo y, en caso afirmativo, si el señor Jhon Jairo Camacho Tique tiene derecho a ser reincorporado al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por acreditar la idoneidad laboral para desempeñar activid ades distintas a las militares, estas son, administrativas, de docencia o instrucción, dada la disminución de capacidad laboral determinada por la Junta Médico – Laboral de la institución castrense.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, la Sala examinará el contenido del recurso de apelación y, si es del caso, procederá a estudiar el fondo del asunto.

2.3. Sobre el recurso de apelación presentado por la entidad demandada. Sobre los fines y la congruencia.

El a quo en la sentencia desató una controversia inicial delimitada por las pretensiones y cargos de la demanda, la contestación a la misma y la situación concreta, al cual sirven las pruebas recaudadas en el trámite procesal. Dicha controversia concluye con una sentencia que tiene la virtud de poner término a la diferencia y que se fundamenta en razones de hecho y derecho derivadas de lo probado en el plenario y a la aplicación concreta del ordenamiento jurídico al caso debatido.6

que tiene la virtud de poner término a la diferencia y que se fundamenta en razones de hecho y derecho derivadas de lo probado en el plenario y a la aplicación concreta del ordenamiento jurídico al caso debatido.6

6 Corte constitucional Sentencia T -158 de 26 de abril de 1993 MP . Vladimiro Naranjo Mesa: “…El juicio es propiamente el acto del juez en cuanto juez; por eso se le llama así, pues juez significa "el que decide conforme al ius". Y el derecho es objeto de la justicia, por tanto el juicio, de acuerdo con la definición del término, corresponde siempre a lo justo y así el juicio, que se refiere a la determinación recta de lo que es justo, pertenece propiamente a la justicia. Por eso dice Aristóteles en la Etica, Libro V, Capítulo 4o. "Los hombres acuden al juez como a la justicia viviente".

«El proceso es un juicio y es lícito en cuanto implica un acto de justicia. Y como es evidente por la naturaleza procesal, se requieren tres condiciones para que un proceso sea debido: Primera, que proceda de una inclinación por la justicia; Segunda, que proceda de la autoridad competente; Tercera, que se profiera de acuerdo con la recta razón de la prudencia, en este caso, que se coteje integralmente toda pretensión, de tal manera que siempre esté presente el derecho de defensa, y que el juez en ningún momento se arrogue prerrogativas que no están regladas por la ley, ni exija, asimismo, requisitos extralegales. Siempre que faltaren estas condiciones, o alguna de ellas, el juicio será vicioso e ilícito: en primer lugar, porque es contrario

juez en ningún momento se arrogue prerrogativas que no están regladas por la ley, ni exija, asimismo, requisitos extralegales. Siempre que faltaren estas condiciones, o alguna de ellas, el juicio será vicioso e ilícito: en primer lugar, porque es contrario a la rectitud de justicia el impedir el derecho natural a la defensa; en segundo lugar, porque si el juez impone requisitos q ue no están autorizados por la ley, estaría extralimitándose en sus funciones; en tercer lugar, porque falta la rectitud de la razón jurídica.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Ahora, cuando la parte inconform e con la decisión judicial apela al superior lo hace para que éste revoque la sentencia de primer grado y provea una decisión diversa o complementaria a la impartida en primera instancia, 7 acto procesal que implica que en la sustentación de dichas inconfor midades se argumenten las razones por las cuales, la sentencia dictada en primera instancia no debe preservarse o mejor debe revocarse,8 ya por razones de derecho en cuanto a la indebida aplicación o interpretación del ordenamiento o por falta de esta, o por otro lado, por motivos de hecho, como puede ser la apreciación errónea de las pruebas o falta de apreciación por parte del a quo, es decir, que al apelar surge un nueva controversia o problema jurídico si se quiere y esta vez tiene por extremos a la sen tencia del juez y a los argumentos del impugnante evidentemente referidos a la decisión que debió adoptarse en la providencia judicial

al apelar surge un nueva controversia o problema jurídico si se quiere y esta vez tiene por extremos a la sen tencia del juez y a los argumentos del impugnante evidentemente referidos a la decisión que debió adoptarse en la providencia judicial como solución del caso controvertido.

La Sala Plena del Consejo de Estado, desde la sentencia proferida el 9 de febrero de 2012,9 unificó su jurisprudencia en relación con la competencia del juez ad quem, con ocasión del recurso de apelación, dijo:

Tal como en diversas oportunidades lo ha puntualizado la Jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conviene precisar que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial –en este caso la que contiene una sentencia –, por lo cual

Lo que el juez hace o exige debe estar conforme a la ley y a la determinación del derecho. Según esto, hay que pronunciarse judicialmente de conformidad con lo que en el proceso se propone y se prueba, todo bajo el imperio de la ley, que es la que faculta taxativamente a la autoridad judicial para actuar dentro del proceso. Luego el juez debe proceder según estos criterios y no según su propio arbitrio»

7Corte constitucional Sentencia T -158 de 26 de abril de 1993 MP. Vladimiro Nar anjo Mesa: «La apelación es un derecho y como tal implica la potencialidad en cabeza de las partes dentro del proceso, mediante el cual se faculta a éstas para disentir del parecer del juez ante quien se ha debatido la litis, dentro de un espíritu constitucional que reconoce la falibilidad del hombre en la expresión de su raciocinio. El fundamento, pues, del recurso de apelación, es el reconocimiento que el ius gentium hizo

del parecer del juez ante quien se ha debatido la litis, dentro de un espíritu constitucional que reconoce la falibilidad del hombre en la expresión de su raciocinio. El fundamento, pues, del recurso de apelación, es el reconocimiento que el ius gentium hizo sobre la naturaleza falible del raciocinio humano y por ello consideró oportuno esta blecer un mecanismo en el cual pudiera haber una apreciación más objetiva de los hechos. En cuanto al fin que persigue la figura de la apelación, aparte de un indudable derecho de defensa implícito, consiste en llegar a la certeza jurídica, esto es, evit ar lo que en lógica se llama el juicio problemático -simples opiniones judiciales - para establecer en lo jurídico únicamente los juicios asertóricos y apodícticos, según el caso, los cuales descansan siempre sobre la certeza jurídica, de tal manera que brindan la estabilidad necesaria que exige el orden social justo. Con la certeza jurídica se puede establecer lo que los clásicos manifestaron: Res iudicata pro veritate habetur (la cosa juzgada la tenemos por verdadera) (...)»

8 Sentencia de 24 de junio de 2004 expediente: 68001-23-15-000-1994-0301-01(14950)DM Consejero ponente Ricardo Hoyos Duque: «La ley ha exigido la sustentación del recurso de apelación, con el fin de limitar su abuso y consecuentemente, la congestión de los despachos judiciales, que e n última instancia afecta el derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229 Constitución Política). En los códigos de procedimiento civil anteriores al del año 1970 y en éste, inclusive, par a

congestión de los despachos judiciales, que e n última instancia afecta el derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229 Constitución Política). En los códigos de procedimiento civil anteriores al del año 1970 y en éste, inclusive, par a interponer el recurso de apelación no se exigía su sustentación. No obstante, en la ley 2 de 1984 se estableció ese requisito, el cual debía ser cumplido dentro del término que tenía el a quo para decir sobre su procedibilidad. Posteriormente, en el decreto ley 2282 de 1989 se suprimió, pero fue introduci do nuevamente en la reforma al artículo 352 del Código de Procedimiento Civil por el artículo 36 de la ley 794 de 2003. Por su parte, en el artículo 212 del decreto ley 1 de 1984 se exigió la sustentación del recurso de apelación para su admisibilidad en s egunda instancia, exigencia que no fue modificada en la reforma introducida a dicho artículo por el 51 del decreto ley 2304 de 1989 y que hoy está vigente. (…) La exigibilidad de la sustentación del recurso de apelación no desconoce el derecho al debido p roceso. Corresponde al legislador, dentro del ámbito de su competencia, decidir si considera que dicha exigencia es o no conveniente. En síntesis, las razones aducidas por el recurrente en la sustentación de la apelación delimitan la competencia funcional del juez. Por lo tanto, con la salvedad de los derechos irrenunciables de los trabajadores, en los asuntos en los cuales la ley exige la sustentación del recurso de apelación, la omisión de tal requisito impide al juez pronunciarse sobre aspectos diferentes a los señalados en el recurso.» 9 Número interno 21060Sentencia de segunda instancia

apelación, la omisión de tal requisito impide al juez pronunciarse sobre aspectos diferentes a los señalados en el recurso.» 9 Número interno 21060Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Jhon Jairo Camacho Tique Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-001-2016-00672-01

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corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del C. de P. C.

(…).

Así pues, por regla general, a la luz de las disposiciones legales vigentes y según la interpretación que a las mismas les ha atribuido la Jurisprudencia nacional, se tiene entonces que el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también debe justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez.

(…).

De esta manera resulta claro que el límite material para la competencia del juez superior lo constituye el alcance de la apelación y los propósitos específicos que con la misma se persiguen , lo cua l se complementa de manera diáfana y directa con la garantía de la no reformatio in pejus, a la cual, simultáneamente, le

superior lo constituye el alcance de la apelación y los propósitos específicos que con la misma se persiguen , lo cua l se complementa de manera diáfana y directa con la garantía de la no reformatio in pejus, a la cual, simultáneamente, le sirve de fundamento y explicación.

Criterio que desde antes se encuentra en la jurisprudencia de esa Corporación. Así la Sección Segunda10 precisó que «[e]l recurso de apelación es la forma como se proyecta en la práctica el derecho de impugnación a la decisión judicial que contiene una sentencia. Por ello exige que el recurrente confronte los argumentos que el juez de instancia consideró para tomar su decisión, con sus propios argumentos y solicite del juez de superior jerarquía funcional, que decida la nueva controversia que plantea en segunda instancia. En este orden de ideas, el juez de segunda instancia tiene como marco de competencia las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen contra la decisión que se adoptó en primera instancia, y cualquier asunto distinto al planteado por el recurrente se excluye del debate en la instancia superior».

Más concretamente, fr ente a la transcripción y el recurso de apelación, en la sentencia proferida el 17 de junio de 2017 el Consejo de Estado discurrió:11

Encuentra la Sala que de la lectura del recurso de apelación incoado por la parte acora, se observa que no se formula ningún motivo de inconformidad respecto de los fundamentos del proveído impugnado ; por el contrario, lo que se aprecia es una transcripción literal de lo expuesto en la demanda, sin que determine en modo alguno una razón jurídica que controvierta la sentencia proferida el 21

de los fundamentos del proveído impugnado ; por el contrario, lo que se aprecia es una transcripción literal de lo expuesto en la demanda, sin que determine en modo alguno una razón jurídica que controvierta