TA CAQ - 18001-33-33-001-2017-00565-01-(05-05-2023)

º Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente: Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, mayo cinco (5) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Consuelo Molano Quiceno y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.

Radicación: 18001-33-33-001-2017-00565-01

Tema: Privación Injusta de la libertad Acta número 34.

ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Rama Judicial contra la sentencia del 23 de abril de 2021 proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.1

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda2.

1.1.1. Pretensiones.

Los señores Juan Carlos Orozco Arias y Consuelo Molano Quiceno, actuando en nombre propio y en representación de su menor hija Viviana Andrea Orozco Molano; así como los señores Erith Duban, Juan Carlos y Jefferson Orozco Molano; Guillermo Molano Molano, Adela Quiceno Castaño, Jhon Edwar, Jhon Edwin, Marleny, Margoth, Roc ío, Hugo, Elkin José, Jhon Jairo, María Nefer y Numar Molano Quiceno, actuando a través de apoderado y en ejerc icio del medio de control consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

y en ejerc icio del medio de control consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare responsables a la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial por los perjuicios que les fueron causados con ocasión de la privación injusta de la

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libertad de la que fue objeto la señora Consuelo Molano Quiceno, entre el 8 de noviembre de 2010 y el 11 de mayo de 2011, dentro del proceso penal que se adelantó en su contra por el delito de rebelión, y que culminó con sentencia absolutoria en su favor el 7 de septiembre de 2015.

1. Se paguen los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados.

1.1.2. Hechos

Fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. Conforme a investigaciones realizadas por la Fiscalía 18 Seccional de Puerto Rico Caquetá, se conoció de actos presuntamente beligerantes realizados por la señora Consuelo Molano Quiceno, quien prestaba colaboración al Bloque Sur de las Farc, ejecutando actividades de inteligencia y observación de las tropas, entre otras.

1. En atención a ello, se profirió orden de captura en su contra y fue puesta disposición del Juzgado Único Promiscuo Municipal de Iquira – Huila el 8 de noviembre de 2010, en donde se adelantaron las audiencias concentradas

1. En atención a ello, se profirió orden de captura en su contra y fue puesta disposición del Juzgado Único Promiscuo Municipal de Iquira – Huila el 8 de noviembre de 2010, en donde se adelantaron las audiencias concentradas preliminares, y dentro de las cuales se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

1. El 10 de mayo de 2011, ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Florencia, se adelantó audiencia preliminar en la que se ordenó su libertad inmediata por vencimiento de términos, pues habían transcurrido más de 90 días de sde la acusación sin que se hubiese instalado la audiencia de juicio oral.

1. Seguidamente, el 22 de enero de 2014, se realizó la audiencia de acusación y el 6 de marzo de 2015, la audiencia preparatoria ante el Juez Promiscuo del

Circuito de Puerto Rico.

1. No obstante, el 7 de septiembre de 2015 se instaló audiencia de juicio oral, dentro de la cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico emitió sentido del fallo de carácter absolutorio en su favor. La audiencia de lectura de la sentencia se instaló el 26 de febrero de 2016; en esta se resolvió absolver de todos los cargos imputados a la señora Consuelo Molano Quiceno. La decisión quedó ejecutoriada ese mismo día.

1. La señora Consuelo Molano Quicenofue injustamente privada de la libertad por espacio de 6 meses y 3 días.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2017-00565-01

1. La señora Consuelo Molano Quicenofue injustamente privada de la libertad por espacio de 6 meses y 3 días.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2017-00565-01

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1.1.3. Fundamentos jurídicos

Sostuvieron que la privación de la libertad de la que fue objeto la señora Consuelo Molano Quiceno constituye daño antijurídico por rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, pues su captura y detención preventiva devinieron injustas y arbitrarias luego de que se le absolviera de los cargos imputados. Adujo que la responsabilidad de las aquí demandadas es de índole objetivo, bajo el régimen de daño especial, sustentada en que la actora no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación de su derecho a la libertad.

Alegaron que en el marco del procedimiento penal que se le adelant ó, la Fiscalía es responsable por haber i) solicitado la captura de la señora Molano Quiceno; ii) imputar los cargos; iii) solicitar la imposición de medida de aseguramiento ; y iv) proferido escrito de acusación en su contra sin que existieran elementos materiales probatorios suficientes para demostrar su responsabilidad penal. Añadió que la responsabilidad de la Rama Judicial surge de la aceptación de los equívocos conceptos emitidos por la Fiscalía, conforme a los cuales la actora fue injustamente privada de la libertad.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. Fiscalía General de la Nación3.

Se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no existen

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. Fiscalía General de la Nación3.

Se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no existen fundamentos de hecho o de derecho que le sirvan de sustento, ni se estructuran los supuestos esenciales que permitan establecer su responsabilidad patrimonial.

Seguidamente, manifestó que aunque se produjo un daño antijuridico a la demandante, este no es atribuible a la Fiscalía General de la Nación, pues existe ausencia de nexo causal entre sus actuaciones y el mentado daño antijuridico reclamado, ya que s u actuar estuvo acorde con los postulados constitucionales, así como a las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos.

Por otra parte, refiri ó que bajo la teoría de la causalidad adecuada, no se presenta nexo causal entre el supuesto daño alegado y la actuación del ente investigador, ya que el origen de la privación de la libertad fue la imposición de la medida de aseguramiento, cuya competencia radica en el juez de control de garantías, conforme a las previsiones de la Ley 906 de 2004.

3 Páginas 182 a 188 Archivo 02CuadernoPrincipal2 - Expediente DigitalMedio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2017-00565-01

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Finalmente, propuso como excepciones las de falta de legitimación por pasiva, fundada en que fue la Rama Judicial la que, en el marco de sus competencias legal es, impuso la medida de aseguramiento en contra del actor, previa valoración de los elementos

Finalmente, propuso como excepciones las de falta de legitimación por pasiva, fundada en que fue la Rama Judicial la que, en el marco de sus competencias legal es, impuso la medida de aseguramiento en contra del actor, previa valoración de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida y al encontrar cumplidos los presupuestos de procedencia para su imposición, por lo que es la entidad que debe responder por una eventual condena.

1.2.2. La Rama Judicial4.

Dentro del término otorgado, también se opuso a sus pretensiones . A su juicio, no se configura responsabilidad del Estado ni de sus agentes conforme a la situación fáctica que se expone en la demanda.

Seguidamente, alegó que en el sub lite no existe nexo de causalidad entre las actuaciones desplegadas por los jueces que intervinieron en el proceso y el daño antijuridico irrogado por los demandantes.

Agregó que aunque la Fiscalía no fue la que decretó la medida de aseguramiento contra la señora Consuelo Molano Quiceno, s í formuló la imputación en su contra y una vez verificada las pruebas sustentó la petición de absolución, con lo cual reconoció las fallas de investigación cometidas, de modo tal que es la que debe asumir la responsabilidad por la privación injusta de la libertad aquí alegada.

Finalmente propuso como excepciones las de inexistencia de perjuicios, inexistencia de nexo de causalidad y hecho de un tercero, fundadas en que la Rama Judicial actuó en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, de manera que no existe obligación de reparar ni mucho menos derecho por parte de los demandantes para reclamar indemnización, por falta de causa para pedir.

cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, de manera que no existe obligación de reparar ni mucho menos derecho por parte de los demandantes para reclamar indemnización, por falta de causa para pedir.

Así mismo, respecto de la culpa exclusiva de la víctima y el hecho d e un tercero, señaló que se encuentra configurado este eximente de responsabilidad, toda vez que la privación de la libertad de la demandante tuvo fundamento en un informe del 23 de diciembre de 2009, presentado por efectivos de la Seccional de Investigación de la Policía Nacional, en donde se daban a conocer sobre actos beligerantes y de colaboración al Bloque Sur de las Farc por parte de personas que residían en la Vereda Los Pozos de San Vicente del Caguán, y dentro de las cuales se relacionó a la señora Consuelo Molano Quiceno, en consecuencia, adujo que la restricción de su libertad no provino de un acto caprichoso sino de la información rendida por un tercero.

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1.3. Sentencia de primera instancia5.

El Juzgado Primero Administrativo de Florencia, mediante sentencia proferida el 23 de abril de 2021, declaró: i) probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación; y ii) patrimonialmente responsable a la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto la señora Consuelo Molano Quinceno . En consecuencia, iii) condenó a la Rama Judicial a pagar en favor de los demandantes

injusta de la libertad de la que fue objeto la señora Consuelo Molano Quinceno . En consecuencia, iii) condenó a la Rama Judicial a pagar en favor de los demandantes indemnización por concepto de perjuicios morales y materiales; y iv) también la condenó en costas.

Para arribar a dicha decisión, el a quo señaló que el régimen aplicable al presente asunto deviene de lo contemplado en el artículo 90 de la Constitución Política, en concordancia con lo establecido en la Ley 270 de 1996, en donde se preceptúa el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad.

Seguidamente, respecto del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta de la libertad, expresó que la Corte Constitucional en sentencia de unificación 072 de 2018 señaló que, sin importar el título de imputación (objetivo –daño espacial - o subjetivo -falla del servicio-), el juez administrativo debe analizar si la decisión adoptada por el juez penal, respecto de la imposición de la medida de aseguramiento, fue legal, razonable y proporcional.

Así las cosas, atendiendo lo afirmado por la Corte Constitucional en sentencias C-037 de 1996 y SU -072 de 2018, dijo que la metodología adecuada para abordar el estudio de responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad debía hacerse de la siguiente manera: i) se identifica la existencia d el daño, esto es, debe estar probada la privación de la libertad del accionante; ii) se analiza la legalidad de la medida de privación de la libertad bajo una óptica subjetiva, esto es, se debe estudiar si esta se ajustó o no

privación de la libertad del accionante; ii) se analiza la legalidad de la medida de privación de la libertad bajo una óptica subjetiva, esto es, se debe estudiar si esta se ajustó o no (falla del servicio) a los par ámetros dados por el ordenamiento constitucional y legal para decretar la restricción de la libertad, tanto en sus motivos de derecho como de hecho; iii) solo en el caso de no probarse la existencia de una falla en el servicio, la responsabilidad se analiza bajo un régimen objetivo (daño esp ecial); iv) en caso de que se considere que hay lugar a declarar la responsabilidad estatal, ya fuere bajo un régimen de falla o uno objetivo, se procede a verificar a qué entidad debe imputarse el daño antijurídico; v) aparte de lo anterior, en todos los casos, debe realizarse el análisis de la culpa de la víctima como causal excluyente de responsabilidad; y vi) en caso de condena, se proceden a liquidar los perjuicios.

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Así pues, en el caso en concreto y conforme al material probatorio obrante en el expediente, el a quo consideró que se encontraba acreditado el daño alegado por los demandantes, como quiera que la señora Consuelo Molano Quiceno permaneció privada de la libertad entre el 8 de noviembre de 2010 y el 11 de mayo de 2011 en cumplimiento de una medida de detención preventiva, sin embargo, recalcó que conforme al marco jurídico que regula actualmente el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad, la sola

de detención preventiva, sin embargo, recalcó que conforme al marco jurídico que regula actualmente el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad, la sola restricción de la libertad con posterior absolución no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, pues para ello debe verificarse si la medida restrictiva de la libertad resultó ilegal, desproporcionada e irrazonable, y por tal, generadora de un daño antijuridico imputable a la administración.

En ese orden, conforme al material probatorio obrante en el expediente, procedió a analizar la legalidad de la medida restrictiva de la libertad que fue impuesta a la demandante, y concluyó que esta cumplió con todos los presupuestos que para tales efectos exigía el estatuto procesal vigente Ley 906 de 2004, de manera que no se adv ierte una falla al momento de la imposición de la medida de aseguramiento.

Sin embargo, señaló que bajo el análisis de responsabilidad objetiva por daño especial, debía declararse la responsabilidad administrativa en atención a que no se logró desvirtuar la presunción de inocencia de la señora Consuelo Molano Quiceno, ya que con los elementos probatorios de prueba practicados en el juicio oral no se logró dar certeza más allá de toda duda razonable, de su participación en los hechos por los que fue procesada por el delito de rebelión. Así las cosas, al haberse proferido sentencia absolutoria en su favor, el a quo concluyó que no debió soportar la privación de la libertad de la que fue objeto, atribuyendo la responsabilidad a la Rama Judicial, pues fue la que impuso -a través del juez de control de garantías -, la medida de aseguramiento consistente en det ención preventiva en establecimiento carcelario.

objeto, atribuyendo la responsabilidad a la Rama Judicial, pues fue la que impuso -a través del juez de control de garantías -, la medida de aseguramiento consistente en det ención preventiva en establecimiento carcelario.

Finalmente, respecto del eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima, expuso que con los elementos de prueba traídos el proceso, no se acreditó que la demandante hubiese incurrido en alguna conducta reprochable de la que se pueda deprecar la causal de exoneración de responsabilidad, por lo que procedió a tasar la indemnización por los perjuicios causados a los demandantes.

1.4. Recurso de apelación.

La Rama Judicial6, solicitó que se revoque el fallo. Alegó que las actuaciones desplegadas por los jueces dentro del proceso penal que dio origen al presente asunto estuvie ron

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ajustadas a la Constitución y a la Ley, y no pudieron haber generado un daño antijurídico como erróneamente lo determinó el a quo.

Arguyó que la detención de la señora Consuelo Molano Quiceno se ajustó a derecho, porque al momento de realizarse la au diencia de imposición de la medida de aseguramiento se encontraron , debidamente acreditados , los presupuestos fácticos y legales que exige el ordenamiento jurídico penal vigente para su detención preventiva. En efecto, fueron suficientes los elementos de prueba que llevaron a inferir que probablemente era la autora del hecho que se le atribuía, además de que se concretaron los presupuestos

legales que exige el ordenamiento jurídico penal vigente para su detención preventiva. En efecto, fueron suficientes los elementos de prueba que llevaron a inferir que probablemente era la autora del hecho que se le atribuía, además de que se concretaron los presupuestos que se exigían por el estatuto procesal para su imposición.

Señaló que, en ese orden, la privación de la libertad a la que se vio sometid a la señora Molano Quiceno debió soportarla bajo la teoría de las cargas públicas, motivo por el cual no existe responsabilidad estatal y, en consecuencia, debe ser absuelta de las pretensiones de la demanda. Agregó que en el remoto evento de que se imponga condena, debe recaer solo en contra de la Fiscalía, que es la que tiene el deber legal de investigar y acusar a los presuntos responsables de los hechos que revisten las características de un delito.

Finalmente expresó que el a quo omitió pronunciarse respecto del eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víct ima, así como tampoco comparte la cuantificación de los perjuicios morales y materiales reconocidos en la sentencia de primera instancia.

1.3. Trámite en segunda instancia.

1.3.1. Admisión del recurso de apelación.

El recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Rama Judicial se admitió en auto del 14 de diciembre de 20217, y como quiera que no se solicitaron pruebas de segunda instancia ni se advirtió la necesidad de practicar alguna de oficio, una vez ejecutoriada dicha providencia, el proceso ingresó al Despacho para proferir sentencia, conforme lo

instancia ni se advirtió la necesidad de practicar alguna de oficio, una vez ejecutoriada dicha providencia, el proceso ingresó al Despacho para proferir sentencia, conforme lo dispone el numeral 5 d el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 que modificó el artículo 247 del CPACA.

Surtido el trámite de rigor y al no observarse vicio alguno que invalide lo actuado la Sala procederá a decidir el recurso, previas las siguientes:

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Rama Judicial contra la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia, como quiera que la pretensión mayor ($ 147.543.400), no superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigente para el 2017 ($368.858.500).

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial son extracontractual y patrimonialmente responsables por el daño sufrido por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto la señora Consuelo Molano Quiceno.

Para resolver el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) el marco normativo y jurisprudencial del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta,

Quiceno.

Para resolver el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) el marco normativo y jurisprudencial del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta, a efectos de determinar si debe declararse la responsabilidad de las entidades ac usadas por haberse causado daño antijurídico indemnizable a los demandantes; ii) los hechos probados; iii) análisis de la Sala. Caso concreto; iv) las costas; y v) conclusión.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta de la libertad.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, sostenía que en los casos en que una persona era detenida preventivamente por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no exi stió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo , se configuraba un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialment e responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial.8

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente No. 15463. Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, expediente No. 21563. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2006, expediente No. 13468. Reiterada en sentencia de unificación de 17 de octubre del 2013, expediente No. 23354. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2017-00565-01

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Sin embargo, la Corporación siguió aplicando el régimen de responsabilidad de falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por p rivación injusta de la libertad, en los eventos de detención ilegal o arbitraria o en casos de homonimia o cuando la autoridad judicial disponía la captura de una persona, con fines de indagatoria y tardaba más del término legalmente establecido para resolver su situación jurídica, entre otros9.

Con posterioridad, la Corte Constitucional expidió la sentencia SU 072 de 201810 respecto del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad, en la que se estableció que ni en el artículo 90 de la Constitución Política ni en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 -que prevé la privación injusta de la libertad como un evento resarcible - ni en la sentencia C -037 de 1996 que declaró la exequibilidad condicionada de ese artículo, se estableció un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en tales hipótesis, 11 pero consideró que, independientemente del título de imputación que se elija, debe considerarse si las decisiones adoptadas por el funciona rio judicial se enmarcan en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad” 12-13. Finalmente, agregó la sentencia citada,

independientemente del título de imputación que se elija, debe considerarse si las decisiones adoptadas por el funciona rio judicial se enmarcan en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad” 12-13. Finalmente, agregó la sentencia citada, que en todos los casos debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima14.

De conformidad con lo anterior, la Cort e Constitucional señaló que en dos eventos de los considerados en la jurisprudencia del Consejo de Estado, resultaba factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, concretamente, en aquellos en los cuales la decisión penal culminaba con la declar ación de que el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, porque, en su criterio, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que « el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos».15

No obstante, para la Corte, a diferencia de los dos eventos anteriores, las absoluciones motivadas en que el procesado no cometió el delito, o en la aplicación del principio in dubio pro reo, o cuando concurre una causal de justificación o una de ause ncia de culpabilidad, requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al

9 Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las

siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404. 10 Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 11 Ibídem. Acápite 117 y 118. 12 Más adelante señala: ”112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento (…)”. 13Ibídem. Acápite 104. Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurispruden cial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación

artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares”. 14 Ibídem. Acápite 124. 15 Ibídem. Acápite 105.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2017-00565-01

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imputado con la conducta punible y presentarlo como su autor 16 y, por tanto, el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños deri vados de la medida de aseguramiento que se les imponga, debe estar motivado en una valoración sobre la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida.

En este orden de ideas, la sentencia de unificación de la Corte Constitucional establece que en los eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo, pero cualquiera que sea el que se aplique, se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada, además de que siempre habrá de establecerse si el imputado o sindicado, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio lugar a la medida de privación de la libertad.

Este criterio, fijado por el máximo tribunal constitucional, se ha reafi rmado por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias como la que se transcribe a continuación17:

Este criterio, fijado por el máximo tribunal constitucional, se ha reafi rmado por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias como la que se transcribe a continuación17:

La Corte Constitucional, mediante la sentencia C -037 de 2006, analizó la constitucionalidad de, entre otros, del artículo 6 8 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y señaló que en los casos de privación injusta de la libertad se debe examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues, en su criterio, no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos. Sobre el particular, consideró:

‘Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabi lidad estatal a propósito de la administración

patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabi lidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención’.

De conformidad con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, el carácter injusto de la privació