TA CAQ - 18001-33-33-001-2017-00627-01-(05-05-2023)

º Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente: Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, mayo cinco (5) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Edison Andrés Sánchez Anturi y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.

Radicación: 18001-33-33-001-2017-00627-01

Tema: Privación Injusta de la libertad Acta número 34.

ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Rama Judicial contra la sentencia del 29 de enero de 2021 proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.1

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda2.

1.1.1. Pretensiones.

Los señores Edison Andrés Sánchez Anturi , actuando en nombre propio y en representación de su menor hija Karen Michel Sánchez Perdomo; Aleyci Huertas Rojas, actuando en nombre propio en representación de su menor hijo Neymar Andrés Sánchez Huertas; Jaime Alberto Sánchez Acevedo, Nancy Esneda Anturi Muñoz, Nadya Andrea y Leidy Vanessa Sánchez Anturi, actuando a través de apoderado y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare responsables a la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial por

de control consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare responsables a la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial por los perjuicios que les fueron causados con ocasión de la privación injusta de la

1 Archivo 02Sentencia – Expediente digital 2 Páginas 129 a 141 Archivo 01CuardenoPrincipal del Expediente DigitalMedio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2017-00627-01

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libertad de la que fue objeto el señor Edison Andrés Sánchez Anturi, entre el 4 de diciembre de 2015 y el 18 de febrero de 2017, dentro del proceso penal que se adelantó en su contra por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, y que culminó con sentencia absolutoria en su favor el 17 de febrero de 2017.

1. Se paguen los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados.

1.1.2. Hechos

Fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. El señor Edison Andrés Sánchez Anturi fue capturado el 4 de diciembre de 2015, cuando se encontraba trabajando de moto taxista en las inmediaciones del centro de la ciudad de Florencia.

1. Ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Cartagena del Chair á con funciones de control de garantías, el 5 de diciembre de 2015, se llevaron a cabo las audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento en su contra.

de control de garantías, el 5 de diciembre de 2015, se llevaron a cabo las audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento en su contra.

1. En desarrollo de las anteriores audiencias a l señor Sánchez Anturi le fue imputado el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, y se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en el Centro Carcelario El Cunduy de Florencia. Seguidamente el 15 de junio y el 24 de noviembre de 2016, se agotaron las audiencias de acusación y preparatoria ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia.

1. Entre los días 15 y 17 de febrero de 2017, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia, se llevó a cabo la audiencia de juicio oral dentro de la cual, luego del debate probatorio y de las respectivas alegaciones, el juzgado absolvió al señor Ed ison Andrés Sánchez Anturi del delito que le había sido formulado por la Fiscalía General de la Nación.

1. Frente a la decisión de absolución, la Fiscalía interpuso recurso de apelación el cual fue concedido ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial d e Florencia, pero luego mediante memorial del 24 de febrero de 2017, la Fiscalía desistió del recurso interpuesto.

1. Así las cosas, el señor Edison Andrés Sánchez Anturi fue injustamente privado de la libertad entre el 4 de diciembre de 2015 y el 18 de febrero de 2017, lo queMedio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2017-00627-01

de la libertad entre el 4 de diciembre de 2015 y el 18 de febrero de 2017, lo queMedio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2017-00627-01

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constituye un daño antijurídico que no se encontraba en el deber de soportar, como consecuencia del rompimiento del principio de igualdad de las cargas públicas, pues su detención se tornó injusta y arbitraria en el marco de la sentencia absolutoria proferida en su favor.

1.1.3. Fundamentos jurídicos

Sostuvieron que i) la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Edison Andrés Sánchez Anturi, constituye daño antijurídico por rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, pues su captura y detención preventiva devinieron injustas y arbitrarias, luego de que se le absolviera de los cargos imputados ; y ii) la responsabilidad de las aquí demandadas es de índole objetivo, bajo el régimen de daño especial, sustentada en que el actor no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a su derecho a la libertad.

Alegaron que en el marco del procedimiento penal que se le adelantó, la Fiscalía es responsable por haber solicitado la captura del señor Sánchez Anturi, así como por haberle imputado cargos, solicitado la imposición de medida de aseguramiento, y haber proferido escrito de acusación en su contra sin que existieran elementos materiales probatorios suficientes para demostrar su responsabilidad penal. A ñadió que la responsabilidad de la Rama Judicial surge de la aceptación de los equívocos conceptos emitidos por la Fiscalía,

escrito de acusación en su contra sin que existieran elementos materiales probatorios suficientes para demostrar su responsabilidad penal. A ñadió que la responsabilidad de la Rama Judicial surge de la aceptación de los equívocos conceptos emitidos por la Fiscalía, conforme a los cuales el actor fue injustamente privado de la libertad.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. La Rama Judicial3.

Dentro del término otorgado, contest ó la demanda y se opuso a sus pretensiones, con fundamento en que no se configura responsabilidad del Estado ni de sus agentes conforme a la situación fáctica que se expone en la demanda.

Seguidamente, alegó que en el sub lite no existe nexo de causalidad entre las actuaciones desplegadas por los jueces que intervinieron en el proceso y el daño antijuridico irrogado por los demandantes, pues sus actuaciones y decisiones se emitieron en cumplimiento de la Constitución y la l ey. Además, indicó que la medida de aseguramiento en contra del demandante se fundó en los elementos de prueba e información legalmente obtenida que fue exhibida por la Fiscalía , por lo que no existió el nexo de causalidad entre el daño antijuridico alegado y la actuación desplegada por la Rama Judicial, máxime cuando fue justamente el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia el que lo absolvió de los cargos imputados y en virtud de la cual recobró su libertad.

3 Páginas 170 a 180 Carpeta C1 Archivo 01CuadernoPrincipal – Expediente digital.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2017-00627-01

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Finalmente propuso como excepciones las de inexistencia de perjuicios, inexistencia de nexo de causalidad y hecho de un tercero, fundadas en que la Rama Judicial actuó en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, de manera que no existe obligación de reparar ni mucho menos derecho por parte de los demandantes para reclamar indemnización, por falta de causa para pedir.

Así mismo, respecto de la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero, señaló que se encuentra configurado este eximente de responsabilidad, pues la privación de la libertad del demandante tuvo fundamento en la denuncia que hiciera la defensora de familia quien puso en conocimiento de la Fiscalía unos hechos de presunto abuso sexual donde resultó victima el menor K.M. Ávila Perdomo y que fueron soportados por las declaraciones de sus familiares quienes lo acusaron del presunto abuso sexual. En consecuencia, alegó que la actuación de la administración de justicia no se realizó de oficio sino que se desplegó por la denuncia que efectuó un individuo ajeno, esto es, un tercero que resultó determinante para la adopción de la medida.

1.2.2. Fiscalía General de la Nación4.

Expresó que no existen fundamentos de hecho o de derecho que sirvan de sustento ni se estructuran lo s supuestos esenciales que permitan establecer su responsabilidad patrimonial.

Seguidamente, manifestó que el daño antijuridico alegado por los demandantes no es atribuible a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que existe ausencia de nexo causal

patrimonial.

Seguidamente, manifestó que el daño antijuridico alegado por los demandantes no es atribuible a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que existe ausencia de nexo causal entre sus actuaciones y el mentado daño antijuridico reclamado, ya que su actuar estuvo acorde con los postulados constitucionales así como a las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos.

Por otra parte, refirió que bajo la teoría de la causalidad adecuada, no se presenta nexo causal entre el supuesto daño alegado y la actuación del ente investigador, pues la causa eficiente de la privación de la libertad fue la imposición de la me dida de aseguramiento, cuya competencia radica en el juez de control de garantías, conforme a las previsiones de la Ley 906 de 2004.

Finalmente, propuso como excepciones las de falta de legitimación por pasiva, fundada en que fue la Rama Judicial la que, en el marco de sus competencias legales, impuso la medida de aseguramiento en contra del actor, previa valoración de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida y al encontrar

4 Páginas 195 a 202 Carpeta C1 Archivo 01CuadernoPrincipal - Expediente DigitalMedio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2017-00627-01

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cumplidos los presupuestos de proc edencia para su imposición, por lo que es la entidad que debe responder por una eventual condena.

1.3. Sentencia de primera instancia5.

El Juzgado Primero Administrativo de Florencia, mediante sentencia proferida el 2 9 de

que debe responder por una eventual condena.

1.3. Sentencia de primera instancia5.

El Juzgado Primero Administrativo de Florencia, mediante sentencia proferida el 2 9 de enero de 2021, declaró: i) la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación; y ii) administrativa y patrimonialmente responsable a la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Edison Andrés Sánchez Anturi. E n consecuencia, iii) condenó a la Rama Judicial a pagar en favor de los demandantes indemnización por concepto de perjuicios morales y materiales; y iv) también la condenó en costas.

Para arribar a dicha decisión, el a quo señaló que el régimen aplicable al presente asunto deviene de lo contemplado en el artículo 90 de la Constitución Política, en concordancia con lo establecido en la Ley 270 de 1996, en donde se preceptúa el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad.

Seguidamente, respecto del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta de la libertad, adujo que la Corte Constitucional en sentencia de unificación 072 de 2018 señaló que, sin importar el título de imputación (objetivo –daño espacialo subjetivo -falla del servicio-), el juez administrativo debe analizar si la decisión adoptada por el juez penal respecto de la imposición de la medida de aseguramiento fue legal, razonable y proporcional.

Así las cosas, atendiendo lo afirmado por la Corte Cons titucional en sentencias C-037 de 1996 y SU -072 de 2018, dijo que la metodología adecuada para abordar el estudio de

proporcional.

Así las cosas, atendiendo lo afirmado por la Corte Cons titucional en sentencias C-037 de 1996 y SU -072 de 2018, dijo que la metodología adecuada para abordar el estudio de responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad debía hac erse de la siguiente manera: i) se identifica la existencia del d año, esto es, debe estar probada la privación de la libertad del accionante; ii) se analiza la legalidad de la medida de privación de la libertad bajo una óptica subjetiva, esto es, se debe estudiar si esta se ajustó o no (falla del servicio) a los parámet ros dados por el ordenamiento constitucional y legal para decretar la restricción de la libertad, tanto en sus motivos de derecho como de hecho; iii) solo en el caso de no probarse la existencia de una falla en el servicio, la responsabilidad se analiza bajo un régimen objetivo (daño especial); iv) en el caso de que se considere que hay lugar a declarar la responsabilidad estatal, ya fuere bajo un régimen de falla o uno objetivo, se procede a verificar a qué entidad debe imputarse el daño antijurídico; v) a más de lo anterior, en todos los casos, debe realizarse el análisis de la culpa de la víctima como

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causal excluyente de responsabilidad; y vi) finalmente, en caso de condena, se procede a liquidar los perjuicios.

Así pues, en el caso en concreto y conforme al material probatorio obrante en el expediente,

causal excluyente de responsabilidad; y vi) finalmente, en caso de condena, se procede a liquidar los perjuicios.

Así pues, en el caso en concreto y conforme al material probatorio obrante en el expediente, el a quo consideró que se encontraba acreditado el daño alegado por los demandantes, comoquiera que el señor Edison Andrés Sánchez Anturi permaneció privado de la libertad entre el 5 de diciembre de 2015 y el 18 de febrero de 2017 en cumplimiento de una medida de detención preventiva, sin embargo, recalcó que, conforme al marco jurídico que regula actualmente el régimen de responsabilidad por privación injust a de la libertad, la sola restricción de la libertad con posterior absolución no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, pues para ello debe verificarse si la me dida restrictiva de la libertad resultó ilegal, desproporcionada e irrazonable, y por tal, generadora de un daño antijuridico imputable a la administración.

En ese orden, conforme al material probatorio obrante en el expediente, procedió a analizar la legalidad de la medida restrictiva de la libertad que fue imp uesta a l demandante, y concluyó que esta cumplió con todos los presupuestos que para tales efectos exigía el estatuto procesal vigente Ley 906 de 2004, por lo que no se advertía una falla al momento de la imposición de la medida de aseguramiento.

Sin embargo, señaló que bajo el análisis de responsabilidad objetiva por daño especial, debía declararse la responsabilidad administrativa, en atención a que no se logró desvirtuar la presunción de inocencia de l señor Edison Andrés Sánchez Anturi , pues con l os

Sin embargo, señaló que bajo el análisis de responsabilidad objetiva por daño especial, debía declararse la responsabilidad administrativa, en atención a que no se logró desvirtuar la presunción de inocencia de l señor Edison Andrés Sánchez Anturi , pues con l os elementos probatorios que fueron llevados al juicio oral no se logró demostrar con certezas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos por los cuales fue acusado, es decir, no se logró dar certeza más allá de toda duda razon able de la participación de aquel en los hechos por los que fue procesad o por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Así las cosas, al haberse proferido sentencia absolutoria en su favor, el a quo concluyó que aquel no debió soportar la p rivación de la libertad de la que fue objeto, atribuyendo la responsabilidad a la Rama Judicial pues fue la que impuso -a través del juez de control de garantías -, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.

Finalmente, respecto del eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima, recalcó que co n los elementos de prueba traídos el proceso no se acreditó que el demandante hubiese incurrido en alguna conducta reprochable de la que se pueda deprecar la causal de exoneración de responsabilidad, por lo que entonces procedió a tasar la indemnización por los perjuicios causados a los demandantes.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2017-00627-01

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1.4. Recurso de apelación.

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1.4. Recurso de apelación.

La Rama Judicial,6 solicitó que se revoque el fallo. Alegó que las actuaciones desplegadas por los jueces dentro del proceso penal que dio origen al presente asunto estuv ieron ajustadas a la Constitución y a la Ley, y no pudieron haber generado un daño antijurídico como erróneamente lo determinó el a quo.

Arguyó que la detención de l señor Edison Andrés Sánchez Anturi se ajustó a derecho, porque al momento de realizarse l a audiencia de imposición de la medida de aseguramiento se encontraron debidamente acreditados los presupuestos fácticos y legales que exige el ordenamiento jurídico penal vigente para su detención preventiva. En efecto, fueron suficientes los elementos de prueba que llevaron a inferir que probablemente era el autor del hecho que se le atribuía, además de que se concretaron los demás presupuestos que se exigían por el estatuto procesal para su imposición.

Señaló que, en ese orden, la privación de la libert ad a la que se vio sometid o el señor Sánchez Anturi debió soportarla bajo la teoría de las cargas públicas, motivo por el cual no existe responsabilidad estatal y, en consecuencia, debe ser absuelta de las pretensiones de la demanda. Agregó que en el remoto evento de que se imponga condena, debe recaer solo en contra de la Fiscalía, que es la que tiene el deber legal de investigar y acusar a los presuntos responsables de los hechos que revisten las características de un delito.

solo en contra de la Fiscalía, que es la que tiene el deber legal de investigar y acusar a los presuntos responsables de los hechos que revisten las características de un delito.

Finalmente manifestó que i) el a quo omitió pronunciarse respecto del eximente de responsabilidad del hecho de un tercero ; y ii) no estaba de acuerdo con la cuantificación de los perjuicios morales y materiales reconocidos en la sentencia de primera instancia.

1.3. Trámite en segunda instancia.

1.3.1. Admisión del recurso de apelación.

El recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Rama Judicial se admitió en auto del 14 de diciembre de 20217, y como quiera que no se solicitaron pruebas de segunda instancia, ni se advirtió la necesidad de practicar alguna de oficio, una vez eje cutoriada dicha providencia, el proceso ingresó al Despacho para proferir sentencia, conforme lo dispone el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 que modificó el artículo 247 del CPACA.

6 Carpeta C1 Archivo 05 expediente digital 7 Archivo 4 Carpeta 2 del expediente digitalMedio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2017-00627-01

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Surtido el trámite de rigor y al no observarse vicio algu no que invalide lo actuado la Sala procederá a decidir el recurso, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Rama Judicial contra la

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Rama Judicial contra la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia, como quiera que la pretensión mayor ($ 7.000.000), no superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigente para el 2017 ($368.858.500).

2.2. Problema jurídico.

En el marco de la apelación interpuesta por la Rama Judicial, el problema jurídico consiste en determinar si la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial deben responder administrativa y patrimonialmente por el daño sufrido por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Edison Andrés Sánchez Anturi.

Para resolver el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) el marco normativo y jurisprudencial del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta, a efectos de determinar si debe declararse la responsabilidad de las entidades acusadas por haberse causado daño antijurídico indemnizable a los demandantes; ii) los hechos probados; iii) análisis de la Sala. Caso concreto; iv) las costas; y v) conclusión.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta de la libertad.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, sostenía que en los casos en que una persona era detenida preventivamente por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la

de la libertad.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, sostenía que en los casos en que una persona era detenida preventivamente por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no exi stió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo , se configuraba un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialment e responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial.8

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente No. 15463. Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, expediente No. 21563. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2006, expediente No. 13468. Reiterada en sentencia de unificación de 17 de octubre del 2013, expediente No. 23354. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2017-00627-01

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Sin embargo, la Corporación siguió aplicando el régimen de responsabilidad de falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por p rivación injusta de la libertad, en los eventos de detención ilegal o arbitraria o en casos de homonimia o cuando la autoridad judicial disponía la captura de una persona, con fines de indagatoria y tardaba

servicio para la declaración de responsabilidad estatal por p rivación injusta de la libertad, en los eventos de detención ilegal o arbitraria o en casos de homonimia o cuando la autoridad judicial disponía la captura de una persona, con fines de indagatoria y tardaba más del término legalmente establecido para resolver su situación jurídica, entre otros9.

Con posterioridad, la Corte Constitucional expidió la sentencia SU 072 de 201810 respecto del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad, en la que se estableció que ni en el artículo 90 de la Constitución Política ni en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 -que prevé la privación injusta de la libertad como un evento resarcible - ni en la sentencia C -037 de 1996 que declaró la exequibilidad condicionada de ese artículo, se estableció un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en tales hipótesis, 11 pero consideró que, independientemente del título de imputación que se elija, debe considerarse si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad” 12-13. Finalmente, agregó la sen tencia citada, que en todos los casos debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima14.

De conformidad con lo anterior, la Corte Constitucional señaló que en dos eventos de los considerados en la jurisprudencia del Consejo de Estado, resultaba facti ble aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, concretamente, en aquellos en los cuales la decisión penal culminaba con la declaración de que el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, porque, en su criterio, en ambas situaciones la privación de la

régimen objetivo de responsabilidad, concretamente, en aquellos en los cuales la decisión penal culminaba con la declaración de que el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, porque, en su criterio, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que « el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos».15

No obstante, para la Corte, a diferencia de los dos eventos anteriores, las absoluciones motivadas en que el procesado no cometió el delito, o en la aplicación del principio in dubio pro reo, o cuando concurre una causal de justificación o una de ausencia de culpabilidad,

9 Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404. 10 Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 11 Ibídem. Acápite 117 y 118. 12 Más adelante señala: ”112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de

12 Más adelante señala: ”112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento (…)”. 13Ibídem. Acápite 104. Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio j urisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares”. 14 Ibídem. Acápite 124. 15 Ibídem. Acápite 105.Medio de Control: Reparación Directa Radicado: 18001-33-33-001-2017-00627-01

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requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como su autor 16 y, por tanto, el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños derivados de la medida de

requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como su autor 16 y, por tanto, el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños derivados de la medida de aseguramiento que se les imponga, debe estar motivado en una valoración sobre la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida.

En este orden de ideas, la sentencia de unificación de la Corte Constitucional establece que en los eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo, pero cualquiera que sea el que se aplique, se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada, además de que siempre habrá de establecerse si el imputado o sindicado, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio lugar a la medida de privación de la libertad.

Este criterio, fijado por el máximo tribunal constitucional, se ha reafirmado por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias como la que se transcribe a continuación17:

La Corte Constitucional, mediante la sentencia C -037 de 2006, analizó la constitucionalidad de, entre otros, del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y señaló que en los casos de privación injusta de la libertad se debe examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues, en su criterio, no resulta viable la re paración automática de los perjuicios en dichos eventos. Sobre el particular, consideró:

‘Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento

fundamental, pues, en su criterio, no resulta viable la re paración automática de los perjuicios en dichos eventos. Sobre el particular, consideró:

‘Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constituciona