TA CAQ - 18001-33-33-001-2018-00053-01-(26-04-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión Magistrada Ponente Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, abril veintiséis (26) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Oliver Peña Cabrera Demandado: Contraloría Departamental del Caquetá Radicación: 18001-33-33-001-2018-00053-01

Tema: Nulidad del fallo que declaró la responsabilidad fiscal.

Acta número 30.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado, decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 17 de agosto de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Oliver Peña Cabrera, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1. Se declare la nulidad del fallo fiscal 007 del 17 de mayo de 2017 expedido por la Contraloría Departamental del Caquetá, mediante el cual se declaró su responsabilidad, así como del acto administrativo 012 del 5 de julio de 2017, a

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Demandante: Oliver Peña Cabrera

responsabilidad, así como del acto administrativo 012 del 5 de julio de 2017, a

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través de la cual se des ató desfavorablemente el recurso de reposición, «junto con la ejecutoria expedida el 7 de julio la cual se hizo sin resolver el recurso de nulidad interpuesto, ni notificar en debida forma el recurso de reposición».

1. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Contraloría Departamental del Caquetá reintegrar el valor pagado como consecuencia del fallo, indexado a valor presente junto con los intereses causados.

1. Se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA.

1.1.2. Hechos

La parte actora fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Integró como socio la Unión Temporal F&O y fue designado como representante legal. Esta estaba conformada también por el señor Francisco Eduardo Valderrama Granados, con participación del 50%.

1. La unión temporal fue adjudicataria de un contrato de interventoría del Municipio de El Paujil, cuyo objeto social era la «interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato de obra para la construcción del Hospital Local El Paujil del Municipio del Paujil en el Departamento del Caquetá». Se trató del Contrato 018 del 10 de julio de 2007.

financiera del contrato de obra para la construcción del Hospital Local El Paujil del Municipio del Paujil en el Departamento del Caquetá». Se trató del Contrato 018 del 10 de julio de 2007.

1. En la cláusula sexta se determinó una duración de 6 meses y, en la octava, un anticipo del 40% equivalente a $21.600.000 una vez legalizado el contrato; igualmente, el 60% restante en actas parciales de acuerdo con el avance de las obras de común acuerdo con la dirección del IMOC y/o recibo final del contrato y su liquidación.

1. La Contraloría Departamental del Caquetá decidió iniciar la investigación por un presunto daño al patrimonio público, dado que los pagos se pactaron sobre el 100% de la terminación de las obras y no sobre los 6 meses de duración y plazo convenido.

1. Mediante el auto 024 del 26 de julio de 2012 se dio apertura al proceso de responsabilidad fiscal 814 en contra de Nelly Velásquez López y el señor Oliver Peña como representante de la unión temporal.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. El 13 de mayo de 2017 se expidió el fallo de responsabilidad fiscal. El 7 de junio siguiente presentó una solicitud de nulidad, comoquiera que aquel no estaba ejecutoriado, sin embargo, esta fue negada.

1. El 16 de junio de 2017 presentó el recurso de reposición y en subsidio el de

siguiente presentó una solicitud de nulidad, comoquiera que aquel no estaba ejecutoriado, sin embargo, esta fue negada.

1. El 16 de junio de 2017 presentó el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, el cual fue resuelto mediante el auto 012 del 5 de julio de 2016 ; sin embargo, en este decidió «vincular de manera directa al Señor OLIVER PEÑA CABRERA como responsable fiscal, ya no como Representante Legal, sino como socio de la unión temporal».

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Consideró transgredidos los artículos 2, 6, 15, 21, 25, 29, 83 y 209 de la Constitución Política; 1, 3, 22, 36 a 38, 41, 45, 48, 52 y 53 de la Ley 610 de 2000; 84, 97, 98, 99, 102, 104 y 112 de la Ley 1474 de 2011; 8, 13, 14, 15, 23 y 28 de la Ley 80 d e 1993; y 1618 a 1624 del Código Civil.

Argumentó que

1. Fue vinculado como representante legal de la Unión Temporal F&O aun cuando la jurisprudencia ha señalado la imposibilidad de comparecer en nombre de la agrupación por la carencia de personería jurídica;

1. La notificación del fallo fiscal 007 del 17 de mayo de 2017 quebrantó lo previsto por el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 porque no fue notificada personalmente a su apoderado de confianza;

1. La entidad demandada no podía interpretar de manera directa el contrato,

por el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 porque no fue notificada personalmente a su apoderado de confianza;

1. La entidad demandada no podía interpretar de manera directa el contrato, máxime cuando la cláusula octava generaba dudas y «sin olvidar lo preceptuado en el Código Civil en sus Artículos del 1618 al 1624, en [su] concepto el operador sancionatorio debió valorar el contrato como prueba a partir de una versión sobre la intención real de las partes al incluir dicha cláusula en el contrato, pues para ellos y de lo dicho en las versiones libres, el plazo era de seis meses y el pago del 60% restante era parcial teniendo en cuenta los avances que se dieran a partir de la legalización del contrato y siempre operando como lo dice literalmente la cláusula el común acuerdo».Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. «Al solicitar la nulidad del proceso de responsabilidad fiscal en cuestión, la misma no fue negada por el auto No. 012 de 2017, que resolvió la Reposición al fallo acudido, aun cuando en el mismo hizo r eferencia al escrito de nulidad, quizás para la Contraloría en esa elucubración estaba la resolución de la nulidad, lo que no fue para la defensa, pues frente a la decisión que se tomara se interpondría contra él los recursos de Ley, en tiempo y a través d e apoderado,

quizás para la Contraloría en esa elucubración estaba la resolución de la nulidad, lo que no fue para la defensa, pues frente a la decisión que se tomara se interpondría contra él los recursos de Ley, en tiempo y a través d e apoderado, el recurso de reposición y en subsidio apelación, frente a la decisión de la solicitud de nulidad, es decir nunca se resolvió».

1. Se configuró la causal de nulidad de falsa motivación, toda vez que fue vinculado como representante de la unión temporal, sin tener en cuenta que esta ya había fenecido y que, aun si persistiera, no gozaba de personería jurídica. Además, la calidad de su vinculación (como socio y no como representante) fue modificada después de que fuera proferido el fallo.

1. Se vulneró el derecho al debido proceso, comoquiera que no se inició el proceso contra cada uno de los socios de la unión temporal, tal como lo había señalado la Corte Constitucional en la sentencia T-512 de 2007, es decir, no se vinculó al señor Francisco Eduardo Valderrama Granados, a quien le correspondía el 50% de la unión temporal.

1.2. Contestación de la demanda.2

La Contraloría Departamental del Caquetá, se opuso a todas las pretensiones de la demanda.

Manifestó que la decisión de iniciar la investigación se fundó en la modificación de la cláusula octava del contrato a través del Otrosí 001 de 2007 , pues para la forma de pago se indicó que el 60% restante se pagaría de acuerdo con las actas parciales equivalente al avance de las obras y, sin embargo, se determinó que al momento de presentarse el último

se indicó que el 60% restante se pagaría de acuerdo con las actas parciales equivalente al avance de las obras y, sin embargo, se determinó que al momento de presentarse el último informe de la interventoría únicamente se había avanzado en 52.73%, de manera que no se podía pagar el 100% del contrato de interventoría.

Dijo que si bien el 13 de junio de 2017 se recibió un oficio con radicado interno 1450 suscrito por el apoderado del demandante, en este se pidieron las copias del auto por el cual se resolvió la nulidad, lo que quiere decir que el recurso de reposición y en subsid io de

2 C1, archivo 01, pág. 223.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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apelación fue radicado hasta el 16 de junio de 2017, lo que conllevó a que el 20 de junio de 2017 se enviara al contralor departamental para que resolviera la apelación. Por demás, la solicitud de nulidad fue negada por haber sido presentada de manera extemporánea.

Arguyó que al proceso de responsabilidad fiscal no fue vinculada la unión temporal sino al señor Oliver Peña Cabrera, quien fungió en calidad de representante legal durante el término de ejecución del contrato y, en todo caso, en el recurso de reposición se aclaró que debía responder por el porcentaje de participación (50%).

Sobre el cargo relacionado con la indebida notificación, sostuvo que sí se efectuó en debida

término de ejecución del contrato y, en todo caso, en el recurso de reposición se aclaró que debía responder por el porcentaje de participación (50%).

Sobre el cargo relacionado con la indebida notificación, sostuvo que sí se efectuó en debida forma a través de medios electrónicos y que de todas maneras, el demandante presentó un poder pasados 7 días de la notificación; además, que el artículo 104 de la Ley 1474 de 2011 no era aplicable por cuanto únicamente se aplica a los procesos de responsabilidad fiscal verbales.

Finalmente, frente a la solicitud d e nulidad, aseguró que hasta el 7 de junio de 2017, el apoderado del demandante presentó de manera extemporánea dicha petición y le fue negada a través del auto 008 del 8 de junio de 2017. Asimismo, que contra esta decisión se presentaron los recursos de r eposición y apelación, pero únicamente se concedió el segundo, de conformidad con el artículo 109 de la Ley 1474 de 2011.

Propuso las excepciones de «indebido agotamiento de la vía gubernativa o del procedimiento administrativo»; e «inexistencia de las vulneraciones reclamadas y cobro de lo no debido».

1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 17 de agosto de 2021 , el Juzgado Primero Administrativo de Florencia denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

En primer lugar, se pronunció sobre el marco normativo y jurisprudencial del proceso de responsabilidad fiscal; el debido proceso en el marco de dichos procesos; la presunción de inocencia; y los sujetos objeto de control fiscal.

En primer lugar, se pronunció sobre el marco normativo y jurisprudencial del proceso de responsabilidad fiscal; el debido proceso en el marco de dichos procesos; la presunción de inocencia; y los sujetos objeto de control fiscal.

3 C1, archivo 25.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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En segundo, procedió a resolver el caso concreto. Para tal efecto, reseñó los documentos aportados al expediente y frente a cada uno de los cargos sostuvo:

1. El 18 de abril de 2008, a pesar de no haber sido culminadas las labores y actividades encomendadas y contravía de lo previsto en las cláusulas sexta y octava sobre el plazo de la ejecución del contrato, la señora Nelly Velásquez López canceló el 60% del Contrato 018 de 2007 a la Unión Temporal F&O representada por el señor Oliver Peña Cabrera. Esto quiere decir que la entidad fundamentó la investigación conforme a lo expuesto de manera literal en el contrato de interventoría y su adición.

1. De acuerdo con el artículo 109 de la Ley 1474 de 2011 y el fallo fiscal proferido en única instancia, se tiene que solo hasta el 5 de julio de 2017 el apoderado de confianza del demandante interpuso el recurso de reposición; el 7 de junio siguiente presentó la solicitud de nulidad que fue resuelta mediante el auto 998 del 8 de junio

confianza del demandante interpuso el recurso de reposición; el 7 de junio siguiente presentó la solicitud de nulidad que fue resuelta mediante el auto 998 del 8 de junio de 2017 y, contrario a lo afirmado por la parte actora, la Contraloría Departamental del Caquetá garantizó el derecho de defensa y debido proceso cuando otorgó el recurso de apelación frente al auto que negó la solicitud de nulidad.

1. En lo que toca con la notificación, está probado que el poder otorgado por el demandante fue allegado junto con el recurso de reposición contra el fallo de única instancia el 5 de julio de 2017, «siendo imposible que la Contraloría Departamental del Caquetá notificara a alguien, que para la fecha en que se profirió el fallo, no se encontraba como apoderado de los sujetos procesales objeto de la Litis».

1. Sobre la vinculación de la unión temporal al proceso de responsabilidad fiscal, se tiene que en el auto 0 12 del 5 de julio de 2017 se modificó el valor sobre el cual debía responder el demandante, en razón a su porcentaje de participación en la unión temporal.

En la sentencia de unificación proferida el 25 de septiembre de 2013 por el Consejo de Estado se de terminó que si bien las uniones temporales no detentan personalidad jurídica, sí se encuentran dotados de capacidad jurídica para actuar como sujetos de derechos y obligaciones en los procesos judiciales por conducto de su representante, quien es designado para todos los efectos y no únicamente para celebrar contratos con el Estado; de ese modo, sin perjuicio de que los socios puedan ser llamados al proceso de responsabilidad fiscal, las entidades pueden ser

de su representante, quien es designado para todos los efectos y no únicamente para celebrar contratos con el Estado; de ese modo, sin perjuicio de que los socios puedan ser llamados al proceso de responsabilidad fiscal, las entidades pueden ser vinculadas al proceso, así como también sus socios, lo que a su vez significa queSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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el actor fue sancionado en calidad de socio por el valor proporcional de su participación.

Por lo anterior, concluyó que no se desvirtuó la legalidad de los actos administrativos contenidos en el fallo fiscal 007 de 2017 y la Resolución 012 del 5 de julio de 2017.

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

Manifestó que el motivo de inconformidad radicaba en la violación del debido proceso con relación a la forma de vinculación al proceso de responsabilidad, pues el a quo no tuvo en cuenta que su calidad de socio se tuvo en cuenta únicamente al final del proceso fiscal, esto es, cuando se expidió el auto 012 de 2017 , «el mismo día en que se presenta la solicitud insistente de la nulidad, se resuelve el recurso de reposición en donde de manera sorpresiva y anti técnica decide la Contraloría no nulitar lo actuado, sino decide vincular de manera directa al señor OLIVER PEÑA CABRERA como responsable fiscal, ya no como

sorpresiva y anti técnica decide la Contraloría no nulitar lo actuado, sino decide vincular de manera directa al señor OLIVER PEÑA CABRERA como responsable fiscal, ya no como Representante Legal, sino como socio de la unión temporal , para lo cual la Contraloría se equivoca garrafalmente ya que este no era el momento procesal para hacerlo, sino que debió nulitar todo lo actuado hasta el auto de apertura y notificar al nuevo presunto responsable, teniendo este la oportunidad de defenderse a lo largo del proceso, igualmente debió vincular al otro socio que integraba la unión temporal para que asumiera su presunta responsabilidad sobre el 50% de su participación». Más adelante dijo:

Así mismo, guardo (sic) silencio frente a la presunta responsabilidad de quien fuere Supervisor del Contrato de Interventoría, ya que esa persona fue con su firma, quien avaló los pagos al consorcio de interventoría, en el mismo a mi prohijado le correspondió pagar el 50% del daño, y a la Directora del Hospital el otro 50%, más 8.100.000 que se le cobraron a la Póliza pero no se descontaron, es decir que la falta de vincular a los demás sujetos responsables fiscalmente como el señor EDUARDO VALDERRAMA GRANADO y el Supervisor del Contrato de interventoría, perjudicó notablemente al señor OLIVER PEÑA CABRERA, por una parte violándolo el debido proceso (sic) y el derecho de defensa durante todo el proceso, tampoco se vincularon de manera inexplicable a todos los gestores fiscales.

Citó el artículo 42 de la Ley 610 de 2000 para insistir en que, al momento de la apertura de la investigación, no fue vinculado como socio sino como representante legal de la unión

vincularon de manera inexplicable a todos los gestores fiscales.

Citó el artículo 42 de la Ley 610 de 2000 para insistir en que, al momento de la apertura de la investigación, no fue vinculado como socio sino como representante legal de la unión temporal, lo que quiere decir que nunca pudo defenderse en debida forma.

4 C1, archivo 28.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.5. Trámite de segunda instancia.

Mediante el auto proferido el 14 de diciembre de 2021, se resolvió admitir el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 17 de agosto de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021.5 Hasta el término de ejecutoria, ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

En esta instancia, corresponde a la Sala determinar si constituye una violación al debido proceso del señor Oliver Peña Cabrera el hecho de que, al momento de la apertura de la

2.2. Problema jurídico.

En esta instancia, corresponde a la Sala determinar si constituye una violación al debido proceso del señor Oliver Peña Cabrera el hecho de que, al momento de la apertura de la investigación, haya sido vinculado como representante legal de la Unión Temporal F&O y después de finalizado el proceso, se haya tenido como socio de aquella.

Para efectos de desarrollar y resolver el problema jurídico, la Sala seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial sobre la responsabilidad fiscal; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial. Sobre la responsabilidad fiscal.

El artículo 267 de la Constitución Política prevé que el control fiscal es una función pública a cargo de la Contraloría General de la República, órgano encargado de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, cuyo control se ejerce de forma posterior y selectiva frente a procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley.

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Así, la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio del control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y, en los casos excepcionales, puede ejercerse control posterior sobre cuentas de cualquier entidad.

gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y, en los casos excepcionales, puede ejercerse control posterior sobre cuentas de cualquier entidad.

La Ley 610 de 200 definió el proceso de responsabilidad fiscal como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado; además, estableció que, en el ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal, se garantizaría el debido proceso y su trámite se adelantaría con sujeción a los principios establecidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política y a los contenidos en el Código Contencioso Administrativo hoy, Ley 1437 de 2011.

Así las cosas, co nforme a la ley citada, la responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan la gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la entidad estatal.

Para que la responsabilidad fiscal se configure, es imprescindible la concurrencia de una conducta culpable atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, un daño patrimonial al Estado y el nexo causal entre los dos elementos anteriores6.

Esta responsabilidad es de carácter subjetiva y resarcitoria más no sancionatoria, en tanto busca la reparación del daño causado por la conducta culpable del servidor público que ejerce la función fiscal.

Esta responsabilidad es de carácter subjetiva y resarcitoria más no sancionatoria, en tanto busca la reparación del daño causado por la conducta culpable del servidor público que ejerce la función fiscal.

Por ello, el artículo 53 de la Ley 610 de 2001 di spuso que se «proferirá fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación c uando menos con culpa leve del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable».7

6 Artículo 5º Ibidem 7 El aparte subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-619 de 2002 con ponencia de los Magistrados Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, por considerar que desconoce el principio de igualdad respecto alSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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El aparte subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C619 de 2002 con ponencia de los Magistrados Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, por considerar que desconoce el principio de igualdad respecto al régimen de responsabilidad patrimonial regulada en la Ley 678 de 2001. En esta decisión se concluyó

619 de 2002 con ponencia de los Magistrados Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, por considerar que desconoce el principio de igualdad respecto al régimen de responsabilidad patrimonial regulada en la Ley 678 de 2001. En esta decisión se concluyó que no todo grado de culpa permite atribuir responsabilidad fiscal, sino la culpa grave8.

Para precisar el alcance de este elemento subjetivo se ha acudido a la definición traída en el artículo 63 del Código Civil9, el cual señala que se constata cuando los negocios ajenos no son manejados, siquiera, con aquella diligencia que una persona negligente o de poca prudencia suele emplear en los suyos, esto es, aquel descu ido o desidia inconcebible, que sin implicar intención alguna de inferir un daño, lo produce. De tal suerte que esa modalidad de conducta errática obedece a la ligereza e incuria del agente en el ejercicio de sus funciones, que termina por ocasionar un daño patrimonial.

Para declarar la responsabilidad fiscal es necesario adelantar un proceso, cuyas características han sido precisadas por la jurisprudencia constitucional10 en los siguientes términos:

1. Es de naturaleza administrativa cuyo conocimiento y trámite corresponde a la Contraloría General de la República y las Contralorías departamentales y municipales.

régimen de responsabilidad patrimonial regulada en la Ley 678 de 2001. En esta decisión se concluyó que no todo grado de culpa permite atribuir responsabilidad fiscal, sino la culpa grave. 8 En esa oportunidad la Corte Constitucional, dilucidó: “Así las cosas, el criterio de imputación a aplicar en el caso de la

culpa permite atribuir responsabilidad fiscal, sino la culpa grave. 8 En esa oportunidad la Corte Constitucional, dilucidó: “Así las cosas, el criterio de imputación a aplicar en el caso de la responsabilidad fiscal no puede ser mayor al que el constituyente fijó para la responsabilidad patrimonial del funcionario frente al Estado, pues se estaría aplicando un trato diferencial de imputación por el solo hecho de que a la declaración de responsabilidad se accede por distinta vía. En efecto, conforme a lo estatuido en las normas impugnadas, si el cauce jurídico escogido por el Estado para establecer la responsabilidad del funcionario es el proceso de responsabilidad fiscal, éste podría ser declarado responsable por la presencia de la culpa leve en su actuar. Pero si el Estado opta por constituirse en parte civil dentro del proceso penal, o por adelantar un proceso contencioso administrativo -a través del llamamiento en garantía dentro de la acción de reparación directa o en ejercicio directo de la misma acción -, o finalmente decide ejercer la acción de repetición, el funcionario sería exonerado de responsabilidad civil por haber actuado con culpa leve, dada la irrelevancia que en estas vías de reclamación tiene dicha grado de culpa. De aceptarse tal tratamiento diferencial, se estaría desconociendo abruptamente el fundamento unitario y la afinidad y concordancia existe entre los disti ntos tipos de responsabilidad que, se repite una vez más, confluyen sin distingo ninguno en la defensa del patrimonio público.” 9 Art. 63, Código Civil. “La ley distingue tres especies de culpa o descuido. “Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. “Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. “El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. “Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. “El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.” (Resalta la Sala) 10 Sentencia C-619 de 2002. M.P. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO y Dr. RODRIGO ESCOBAR GILSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. La responsabilidad que se declara es administrativa por el incumplimiento de los deberes que les incumben a los servidores públicos o una persona que ejerce funciones públicas o por estar incursos en conductas prohibidas o irr egulares que afectan el manejo de bienes o recursos públicos.

1. La responsabilidad es patrimonial en tanto el imputado debe resarcir el daño causado mediante el pago de una indemnización pecuniaria.

afectan el manejo de bienes o recursos públicos.

1. La responsabilidad es patrimonial en tanto el imputado debe resarcir el daño causado mediante el pago de una indemnización pecuniaria