TA CAQ - 18001-33-33-001-2018-00072-01-(01-06-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión Magistrada Ponente Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, junio primero (01) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Hernando Zambrano Cuellar y otros Demandado: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP Radicación: 18001-33-33-001-2018-00072-01

Tema: Reliquidación pensión. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Acta número 46.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado , decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 11 de mayo de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda y su reforma.1

1.1.1. Pretensiones.

Elsa Cuellar Núñez; Astrid M ilena, Hernando y María Camila Zambrano Cuellar, como sucesores procesales del señor Hernando Zambrano Bermeo,2 por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1 C1, archivo 01, pág. 116 y 239.

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1 C1, archivo 01, pág. 116 y 239. 2 De acuerdo con el auto proferido el 13 de abril de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia. C1, archivo 15.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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a. Resolución 19480 del 12 de mayo de 2008, expedida por Cajanal EICE, por la cual se reconoció la pensión de jubilación.

b. Resolución PAP 007450 del 30 de julio de 2010, expedida por Cajanal EICE, por la cual se negó la reliquidación de la pensión.

c. Auto PAP 010768 del 4 de febrero de 2011, por la cual se negó el trámite de impugnación por considerarlo extemporáneo.

d. Resolución RDP 043624 del 21 de noviembre de 2017 expedida por la UGPP, mediante la cual se modificó la Resolución 19480 del 12 de mayo de 2008, por no ajustarse la reliquidación efectuada por la entidad demandada a los presupuestos jurídicos aplicables al caso concreto.

e. Resolución RDP 047441 del 20 de diciembre de 2017.

f. El acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo frente al

a los presupuestos jurídicos aplicables al caso concreto.

e. Resolución RDP 047441 del 20 de diciembre de 2017.

f. El acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo frente al recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 047441 de 2017.

1. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la UGPP pagar y reajustar la pensión del señor Hernando Zambrano Bermeo , conforme al último año de servicios, es decir, desde 1988 a 1989, más la totalidad de los factores salariales contenidos en el Decreto 1045 de 1978.

1. Se ordene a la Industria Militar – INDUMIL, al Fondo de Pensiones Pública – FOPEP y a la entidad demandada pagar la pensión reliquidada con la totalidad de los factores salariales contenidos en el Decreto 1045 de 1978.

1. Se ordene la actualización de las sumas adeudadas y se condene en costas a la parte demandada.

1.1.2. Hechos

Fundamentaron las pretensiones en los siguientes:Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. Hernando Zambrano Bermeo nació el 28 de diciembre de 1946 y a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con 47 años de edad.

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1. Hernando Zambrano Bermeo nació el 28 de diciembre de 1946 y a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con 47 años de edad.

1. Mediante la Resolución 19480 del 12 de mayo de 2008, Cajanal le reconoció el derecho a la pensión y ordenó su pa go a partir del 28 de diciembre de 2001.

Además, se efectuó la liquidación sobre el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios (1988-1989), de conformidad con los artículos 1 del Decreto 2143 de 1995 y 36 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, no se incluyeron todos los factores salariales que devengó.

1. Hernando Zambrano Bermeo fue retirado del servicio oficial mediante la Resolución 0422 del 8 de febrero de 1989, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El último cargo que desempeñó fue el de profesional universitario 3020 -06 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –

DIAN.

1. Trabajó hasta el 21 de febrero de 1989, pero adquirió el estatus jurídico para acceder a la pensión de jubilación el 28 de diciembre de 2001.

1. El 26 de marzo de 2010 solicitó la reliquidación de su pensión con base en el 75% de lo devengado en el último año de servicios y la inclusión de todos los factores salariales; sin embargo, la petición fue negada a través de la Resolución 007450 del 30 de julio de 2010.

75% de lo devengado en el último año de servicios y la inclusión de todos los factores salariales; sin embargo, la petición fue negada a través de la Resolución 007450 del 30 de julio de 2010.

1. El 23 de agosto de 2010, presentó el recurso de reposición contra la decisión anterior, el cual fue rechazado por extemporáneo, a través del Auto PAP 010768.

1. El 9 de septiembre de 2017, presentó ante la UGPP una sol icitud de reliquidación pensional. Mediante la Resolución RDP 043624 del 21 de noviembre de ese año, la demandada resolvió modificar la Resolución 19480 del 12 de mayo de 2008, «en cuanto puntos meramente formales, pero nada dice con respecto a la petición como tal, existiendo una clara falta de motivación y de respuesta».Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Se consideraron trasgredidos los artículos 2, 13 y 53 de la Constitución Política; 16 y 150 de la Ley 100 de 1993; 8 de la Ley 153 de 1887; 21 del Código Sustantivo del Trabajo; y la Ley 33 de 1985.

Se argumentó que i) los actos administrativos fueron expedidos con infracción en las normas en que deberían fundarse, toda vez que la liquidación de la pensión debió realizarse

Ley 33 de 1985.

Se argumentó que i) los actos administrativos fueron expedidos con infracción en las normas en que deberían fundarse, toda vez que la liquidación de la pensión debió realizarse con la inclusión de todos los factores salariales y con base en el último salario devengado por el señor Hernando Zambrano, es decir, el percibido entre los años 1988 y 1989; ii) al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía 47 años de edad, luego se debe aplicar el régimen anterior , este es, el contenido en la Ley 33 de 1985 ; y iii) para efectos de incluir los factores salariales, se debe atender el Decreto 1045 de 1978.

1.2. Contestación de la demanda.3

La UGPP se opuso a todas las pretensiones de la demanda. Manifestó que el demandante no tenía derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación, toda vez que «su prestación fue liquidada de conformidad con la normativa que regula dicho régimen prestacional».

1.3. Sentencia de primera instancia.4

En la sentencia proferida el 11 de mayo de 2021 , el Juzgado Primero Administrativo de

Florencia resolvió:

PRIMERO. - DECLARAR probadas las excepciones de inexistencia de la obligación demandada y ausencia de vicios en el acto administrativo demandado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. - CONDENAR en costas a la parte demandante. Como agencias en

SEGUNDO. - NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. - CONDENAR en costas a la parte demandante. Como agencias en derecho establézcase el 4% del valor determinado en el acápite de la cuantía de la demanda. Por secretaría dese el trámite previsto en el artículo 366 del C.G.P.

Luego de pronunciarse sobre la normatividad aplicable (régimen de transición de la Ley 100 de 1993), procedió a examinar el caso concreto.

3 C1, archivo 01, pág. 210. 4 C1, archivo 18.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Narró los hechos probados, entre ellos, que entre los años 1988 y 1989 devengó el sueldo, la bonificación por servicios, prima vacacional, pensión, y las primas de servicios y de navidad. Seguidamente arguyó que , con fundamento en la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, no es procedente incluir todos los factores percibidos en el último año de servicios, comoquiera que para establecer el monto de la pensión se deben tener en cuenta las reglas previstas en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; además, que los factores a incluir son los enlistados en las Leyes 33 y 62 de 1985 y tampoco se demostró que frente a ellos se hubiesen realizado aportes

36 de la Ley 100 de 1993; además, que los factores a incluir son los enlistados en las Leyes 33 y 62 de 1985 y tampoco se demostró que frente a ellos se hubiesen realizado aportes al sistema general de pensiones por parte del señor Zambrano Bermeo.

Por lo anterior, concluyó que la UGPP acreditó los elementos para declarar probadas las excepciones de «inexistencia de la obligación demandada» y «ausencia de vicios en el acto administrativo demandado».

1.4. Recurso de apelación.5

Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Argumentó que:

1. Se aplicó la sentencia proferida el 28 de agosto de 2018 sin analizar las particularidades del caso y sin tener en cuenta el momento exacto hasta el que trabajó el señor Hernando Zambrano Bermeo, pues antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 cumplió con el requisito de semanas cotizadas.

Quedó demostrado que el señor Hernand o Zambrano Bermeo nació el 28 de diciembre de 1946 y para cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, tenía 47 años de edad lo que lo hace beneficiario del régimen de transición , «con las correspondientes interpretaciones que sobre dicho artículo han efectuado las Altas Cortes, (...). sino (sic) fuera porque (...) tal como quedó acreditado cumplió el requisito de tiempo trabajado antes del 21 de febrero de 1989». Por esta razón, los factores a tener en cuenta son los consagrados en el Decreto 1045 de 1978 y no los previstos en el Decreto 1158 de 1994, pues ostentaba un derecho adquirido.

los factores a tener en cuenta son los consagrados en el Decreto 1045 de 1978 y no los previstos en el Decreto 1158 de 1994, pues ostentaba un derecho adquirido.

Por lo anterior, la pensión debió liquidarse conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985 y el Decreto 1045 de 1978 y la «línea jurisprudencial sostenida por el (...) Consejo

5 C1, archivo 21.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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de Estado al momento de la consolidación del derecho pensional, e incluso, la vigente al momento de la presentación de la demanda, pues no hacerlo, legitima el despotismo de los Fondos Administradores de Pensiones para que liquiden pensiones en los términ os que les plazca sin tener en cuenta la línea jurisprudencial existente, esperando casos como el presente y beneficiarse de tales situaciones».

1. Se condenó en costas a la parte actora en cuantía del 4% sin atender que al momento de presentación de la demanda era objeto de debate el IBL, lo que quiere decir que la jurisprudencia respaldaba las pretensiones.

1.5. Trámite en segunda instancia.

Mediante el auto proferido el 14 de diciembre de 2021 se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 11 de mayo de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de

presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 11 de mayo de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021.6 Hasta el término de ejecutoria, ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación).

2.2. Problema jurídico.

Se circunscribe a determinar si el señor Hernando Zambrano Bermeo tenía derecho a la reliquidación de su pensión sobre el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, es decir, conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985 y el Decreto 1045 de 1978, toda vez que cumplió el tiempo de servicios antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

6 C2, archivo 05.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Para efectos de desarrollar dicho problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial ; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. c aso concreto.

Para efectos de desarrollar dicho problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial ; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. c aso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre las sentencias de unificación jurisprudencial.

La Ley 1437 de 2011, tiene como una de sus finalidades fortalecer las garantías de las personas en los procedimientos administrativos y evitar procesos judiciales innecesarios que congestionen la jurisdicción contenciosa.

Así entonces y en desarrollo del artículo 103 de la Constitución Política, se consolidó la función de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado a fin de garantizar la seguridad jurídica, la coherencia e igualdad en los asuntos administrativos. El artículo 270 del CPACA preceptúa:

Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudenc ia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.

A su vez, el artículo 10 de esta misma codificación previó:

Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que

Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas”7

La Corte Constitucional en sentencia C-634 de 24 de agosto de 2011, al examinar la exequibilidad del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, dijo sobre el carácter vinculante de la jurisprudencia:

7 Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-634 de 2011, en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. Esto sin perj uicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal de derecho, opción adoptada por el legislador en la norma demandada, se funda en una postura teórica

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El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal de derecho, opción adoptada por el legislador en la norma demandada, se funda en una postura teórica del Derecho que parte de considerar que los textos normativos, bien sea constitucionales, legales o reglamentarios, carecen de un único sentido, obvio o evidente, sino que solo dan lugar a reglas o disposiciones normativas, estas sí dotadas de significado concreto, previo un proceso de interpretación del precepto. Esta interpretación, cuando es realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales de unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de justicia, adquiere carácter vinculante.

Postura sostenida de tiempo atrás cuando la Corte Constitucional en sentencia C-713 de 15 de julio de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, dijo sobre la función de unificación del Consejo de Estado:

A juicio de la Corte, la facultad de revisión eventual por parte del Consejo de Estado es compatible con la condición de ese órgano como Tribunal Supremo de la jurisdicción contencioso adminis trativa, reconocida en el artículo 237 -1 de la Carta Política. En efecto, su condición de Tribunal Supremo se proyecta, en esencia, desde una perspectiva de orden sistémico para integrar y unificar la jurisprudencia en lo que concierne a dicha jurisdicción , en el marco de la Constitución y la ley y con la precisión que más adelante se hace en cuanto a la procedencia de la tutela contra sus decisiones.

Criterio que fue reiterado en la Sentencia C-539 de 2011:

Constitución y la ley y con la precisión que más adelante se hace en cuanto a la procedencia de la tutela contra sus decisiones.

Criterio que fue reiterado en la Sentencia C-539 de 2011:

5.2.3. La jurisprudencia de esta Corte ha precisado que el respeto del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas hace parte del respeto del debido proceso y del principio de legalidad en materia administrativa –art. 29, 121 y 122 Superiores-, en cuanto (i) las autoridades están sometidas al imperio de la Constitución y de la ley, y por tanto se encuentran obligadas a aplicar en todas sus actuaciones y decisiones administrativas la Constitución y la ley; (ii) el contenido y alcance de la Constitución y la ley es fijado por las altas Cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (iii) las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (iv) el desconocimiento del principio de legalidad implica la responsabilidad de los servidores públicos (art. 6 y 90 C.P. -; (v) las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley –art. 13 C.P.

Por tanto, si existe una interpretación institucional vinculante, las autoridades administrativas deben aplicar al caso en concreto dicha interpretación.

(…)

5.2.5 De otra parte, ha señalado esta Corte que las autoridades administrativas se encuentran siempre obligadas a respetar y aplicar el precedente judicial para los casos análogos o similares, ya que para estas autoridades no es válido el

(…)

5.2.5 De otra parte, ha señalado esta Corte que las autoridades administrativas se encuentran siempre obligadas a respetar y aplicar el precedente judicial para los casos análogos o similares, ya que para estas autoridades no es válido el principio de autonomía o independencia, válido para los jueces, quienes pueden eventualmente apartarse del precedente judicial de manera excepcional y justificada. En este sentido ha dicho la Corte:

“Lo señalado acerca de los jueces se aplica con más severidad cuando se trata de la administración, pues ella no cuenta con la autonomía funcional de aquéllos. Por lo tanto, el Instituto de los Seguros Sociales debió haber inaplicado laSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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norma mencionada o haber justificado adecuadamente por qué no se ajustaba la jurisprudencia de la Corte en este punto.” [9] (Resalta la Sala)

(…)

En cuanto al margen de libertad interpretativa de las autoridades administrativas, al momento de aplicar una norma a un caso en particular, ha señalado esta Corte que éstas se enfrentan a un a gama de posibles interpretaciones, frente a las cuales deben aplicar la interpretación que se ajuste a la Constitución y a la ley, y que tal interpretación autorizada, última y unificada viene dada en materia legal por el máximo tribunal de casación en l a jurisdicción ordinaria o Corte Suprema de Justicia, en el derecho administrativo por el Consejo de Estado y en materia

interpretación autorizada, última y unificada viene dada en materia legal por el máximo tribunal de casación en l a jurisdicción ordinaria o Corte Suprema de Justicia, en el derecho administrativo por el Consejo de Estado y en materia constitucional por la Corte Constitucional. De esta manera, una vez establecida la interpretación de la ley y de la Constitución por los máximos Tribunales con competencias constitucionales y legales para ello, el operador administrativo se encuentra en la obligación de seguir y aplicar el precedente judicial (…).

De lo anterior se concluye que la función unificadora del Consejo de Estado que nace de la Constitución de 1991 se concreta con la Ley 1437 de 2011, de manera que el margen de interpretación normativa de las autoridades administrativas está sujeto a la i nterpretación que sobre las normas aplicables al caso se haya hecho por los altos Tribunales.

2.3.2. Sobre la sentencia de unificación en materia de régimen de transición de pensiones – Ley 100 de 1993.

En sentencia de unificación proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, en el expediente con Radicación No. Expediente: 52001-23-33-000-201200143-01, C.P. Doctor Cesar Palomino Cortés, Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro, luego de las reflexiones legales y jurisprudenciales sobre el régimen de transición en materia pensional, establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fijó la siguiente regla jurisprudencial:

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plen a de lo Contencioso Administrativo

sienta la siguiente regla jurisprudencial:

siguiente regla jurisprudencial:

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plen a de lo Contencioso Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija

las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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a. Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

b. Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el

superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

b. Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (1 0) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

95. La Sala Plena considera importante precisar que la regla establecida en esta providencia, así como la primera subregla, no cobija a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues fueron exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su regimen pensional está previsto en la Ley 91 de 19898.

Por esta razón, estos servidores no están cobijados por el régimen de transición.

(…) Así las cosas, para los docentes vinculados con posterioridad al 26 de junio de 2003, su derecho pensional se adquiere conforme al Sistema General de Pensiones, una vez cumplidos los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres (artículo 81 de la Ley 812 de 2003).

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política que consagra el principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales del

Estado Social de Derecho.

98. El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social como “un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley”. El legislador (artículo 2 de la Ley 100 de 1993) explica este principio como “[…] la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil”.

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régime n general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

8 Ley 100 de 1993. “Artículo 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica […] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de

se aplica […] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pe nsionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida […]”.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los facto