TA CAQ - 18001-33-33-001-2018-00188-01-(17-05-2023)

Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Segunda de Decisión Magistrada Ponente: Angélica María Hernández Gutiérrez Florencia, mayo diecisiete (17) de dos mil veintitrés (2023) Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Alberto Gaviria Dávila Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Radicación: 18001-33-33-001-2018-00188-01

Tema: Relación laboral subyacente. Instructor del SENA.

Acta número 41. ASUNTO Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de julio de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda.1 I.1.1. Pretensiones. Alberto Gaviria Dávila, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que: 1 C1, archivo 02, pág. 18.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Alberto Gaviria Dávila Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Radicación: 18001-33-33-001-2018-00188-01

1. Se declare la nulidad del Oficio 00181010 del 5 de diciembre de 2017 expedido

Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Radicación: 18001-33-33-001-2018-00188-01

1. Se declare la nulidad del Oficio 00181010 del 5 de diciembre de 2017 expedido por el director regional del Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante SENA) que negó una petición. ii. A título de restablecimiento del derecho, se condene al SENA a:

a. Reconocer que la relación existente mediante órdenes de trabajo y contratos de prestación de servicios como docente en el área de archivo y gestión documental y área de comercio y servicios, en realidad, se trataba de una verdadera relación laboral. b. Se reconozcan «todas las consecuencias jurídicas y económicas que [de los contratos] se derivan y efectuando la nivelación al código y grado que en forma equivalente existe en la planta de personal de acuerdo con la asignación básica y mensual y funciones ejercidas». c. Pagar el auxilio de transporte, subsidio de alimentación, prima de localización, prima de navegación, horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, bonificaciones por servicios prestados, prima semestral, prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación especial de recreación, auxilio de cesantías, subsidio para funerales de familiares de empleados públicos, viáticos, gastos de transporte, incapacidades. Asimismo, se haga la devolución de los saldos por concepto de la seguridad social en salud y pensiones que fueron

funerales de familiares de empleados públicos, viáticos, gastos de transporte, incapacidades. Asimismo, se haga la devolución de los saldos por concepto de la seguridad social en salud y pensiones que fueron canceladas y que le correspondían al empleador, así como de las retenciones efectuadas a su salario. iii. Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada. I.1.2. Hechos. Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Fue vinculado al SENA a través de contratos de prestación de servicios y órdenes de trabajo desde el 27 de febrero de 2007 hasta el 16 de mayo de

2015. Página 2 de 32Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Alberto Gaviria Dávila Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Radicación: 18001-33-33-001-2018-00188-01 ii. Prestó sus servicios de forma personal de acuerdo con las necesidades que exigía el servicio como instructor en las áreas de archivo, administración documental y comercio y servicios. iii. A pesar de que la vinculación fue a través de contratos, existió una verdadera relación laboral al cumplirse los tres elementos esenciales para su configuración, esto es, la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación de aquel, pues

estaba obligado a cumplir con el horario de trabajo (6:00 a.m. a 2:00 p.m. o de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.), a participar en los comités de evaluación, orientar los procesos de aprendizaje, diseñar la estructura curricular, hacer la planeación pedagógica de la formación, responder por el aula o ambiente de formación con los equipos de cómputo y por ellos. iv. Siempre estuvo subordinado a su jefe inmediato, el coordinador misional -jefe y supervisor-, a quien debía presentarle informes para cuentas y los registros del software Sofía Plus. No contaba con autonomía en el desarrollo de sus funciones, más que las fijadas por la entidad y con estricto cumplimiento sin poder ausentarse y debía pedir permisos.

1. El 21 de noviembre de 2017 presentó ante el SENA la reclamación administrativa, sin embargo, mediante el Oficio 181010 del 5 de diciembre de 2017, fue negada.

I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación. Citó como normas violadas los artículos 32 de la Ley 80 de 1993 y 2 del Decreto 2400 de 1968. Argumentó que i) el acto administrativo está viciado de falsa motivación, comoquiera que sí sostuvo una vinculación laboral desde el año 2007 hasta 2015; ii) la relación siempre fue subordinada porque cumplió las órdenes impartidas por el jefe y supervisor; iii) para prestar el servicio, la entidad suministraba los implementos necesarios como era el computador y el carné que lo acreditaba como funcionario de la entidad; iv) cumplía con la

prestar el servicio, la entidad suministraba los implementos necesarios como era el computador y el carné que lo acreditaba como funcionario de la entidad; iv) cumplía con la jornada máxima legal; y v) se desempeñó como instructor, cargo que pertenece al giro ordinario de las actividades propias de la entidad demandada. Página 3 de 32Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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I.2. Contestación de la demanda.2 El SENA se opuso a las pretensiones de la demanda. Replicó que i) nunca se presentó una continuada dependencia porque hubo interrupción en la ejecución de los contratos; ii) la vigencia fue temporal y su duración siempre fue la indispensable para ejecutar el objeto contractual; iii) se pagó mensualmente el valor de las horas de formación efectivamente ejecutadas o impartidas en cada periodo o después del cumplimiento de cada objeto contractual, siempre que existiera el informe del supervisor; iv) la prestación de los servicios versó sobre la administración documental, archivo y comercio y servicios, así como temas afines a su experiencia y capacitación; v) el contratista tenía autonomía e independencia desde el punto de vista técnico, pues la entidad únicamente suministró las herramientas pedagógicas básicas como los módulos

de aprendizaje que debían desarrollarse de acuerdo con la programación de los Cursos de formación titulada o complementaria; vi) no existió un jefe sino un supervisor, quien podía pactar o trazar las directrices o instrucciones básicas sobre la manera y oportunidad para cumplir con las obligaciones; vii) nunca se autorizó el poder disciplinario y tampoco impartió órdenes o instrucciones ajenas al objeto contractual: viii) en relación con el horario «es apenas lógico que si va a dictar unas clases (...) se deba de forma coordinada cumplir con unos horarios establecidos no por mera liberalidad sino que obedecen a una estructura de programación que se establece coordinando los distintos temas y cantidad de horas (pensum) y las actividades de los demás instructores» ; y ix) el demandante fijaba sus propios horarios y días de encuentro virtual con la población. I.3. Sentencia de primera instancia.3 En la sentencia proferida el 30 de julio de 2021, el Juzgado Primero Administrativo de Florencia denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. En primer lugar, se detuvo en el marco legal del contrato de prestación de servicios, la coordinación, la subordinación, el empleo público, y el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. Posteriormente, procedió a examinar el caso concreto, en el cual reseñó las pruebas aportadas y sostuvo que: 2 C1, archivo 02, pág. 208.3 C1, archivo 13. Página 4 de 32Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Alberto Gaviria Dávila

Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

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1. Se probó la prestación personal del servicio, toda vez que el señor Alberto Gaviria era quien debía realizar a cabalidad el objeto de los contratos, a pesar de que tenían objetos diferentes. ii. La entidad, conforme a la necesidad del servicio, contrataba a la persona que requería, por tanto, en algunas ocasiones convocó al demandante para desempeñarse en la formación del área de gestión documental, en comercio y servicios y, en otras, para impartir instrucción en formación titulada y complementaria y para apoyar el desarrollo de actividades de aprendizaje. iii. Durante los contratos 281 de 2013, 209 de 2011, 023 de 2011 y 130 de 2009, el acto celebró otros contratos que coincidían con la ejecución de aquellos negocios suscritos con el SENA, «lo que se traduce en que a diferencia de los instructores de planta del SENA que tienen permanencia y continuidad de tiempo completo, los instructores contratistas solo tienen asignada una cantidad determinada de horas de formación y sus servicios son de duración y funciones limitadas al objeto mismo del contrato, permitiéndole así celebrar otros contratos de prestación de servicios de manera simultánea con la misma u otra entidad». iv. Entre varios de los contratos suscritos existieron interrupciones de más de un mes, de

permitiéndole así celebrar otros contratos de prestación de servicios de manera simultánea con la misma u otra entidad». iv. Entre varios de los contratos suscritos existieron interrupciones de más de un mes, de manera que si bien se desempeñó como instructor, no se puede determinar una prestación continua y subordinada que demuestre la permanencia en el servicio.

1. De las pruebas testimoniales se puede extraer que -) si bien existía el cumplimiento de horario para programas de formación titulada, los instructores podían ausentarse con tan solo informar a la coordinadora académica, a diferencia de los instructores de planta que debían solicitar permiso a la coordinadora: -) existían cursos cortos de formación complementaria que permitían acordar los horarios con los estudiantes y realizarlos de manera virtual, luego el actor no se veía comprometido a cumplir un horario; -) no obra prueba que dé cuenta que el actor debía cumplir el servicio de manera subordinada a través del cumplimiento de órdenes diarias y tampoco que se hicieran llamados de atención o exigencias en igualdad de condiciones de un instructor de planta. vi. No se puede predicar la existencia de un jefe inmediato, pues el supervisor únicamente lo citaba a reuniones que estaban establecidas como obligaciones del contratista y que se requerían para la programación del mes siguiente, pero no remitía órdenes diarias sobre cómo debía desarrollar el objeto del contrato, así como tampoco se le obligaba a participar de los eventos que realizaba la entidad con el personal de planta.

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órdenes diarias sobre cómo debía desarrollar el objeto del contrato, así como tampoco se le obligaba a participar de los eventos que realizaba la entidad con el personal de planta. Página 5 de 32Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Alberto Gaviria Dávila Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Radicación: 18001-33-33-001-2018-00188-01 vii.Las actividades relacionadas con los informes mensuales, la entrega de planillas o la planeación académica del mes no puede considerarse como elementos de subordinación laboral, toda vez que se trata de acciones coordinadas y tendientes al cumplimiento del objeto contractual.

Por lo anterior, concluyó que no se demostró el elemento de subordinación, el cual era indispensable para declarar la existencia de la relación laboral. I.4. Recurso de apelación.4 Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Manifestó que:

1. Cumplía funciones que correspondían al giro ordinario de las actividades del SENA, por tanto, cumplía un horario de trabajo sin que existiera discrecionalidad en el cumplimiento de sus actividades diarias. ii. En las órdenes de servicios y contratos allegados, se evidencia que prestó sus servicios como instructor -docenteen el Centro Tecnológico de la Amazonía y municipios cercanos en las áreas de archivística, formación complementaria en archivo, administración documental y comercio y servicios; igualmente, a través de horas de formación en las estructuras curriculares y formación continuada en los bloques

administración documental y comercio y servicios; igualmente, a través de horas de formación en las estructuras curriculares y formación continuada en los bloques modulares de áreas básicas y transversales en la Regional Caquetá. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la labor de un instructor del SENA equivale a la labor docente para desarrollar los programas de formación de educación no formal que ofrece la institución; en consecuencia, la subordinación debe presumirse. iii. La función desplegada no fue de carácter transitorio o esporádico sino que se trató de una relación prolongada en el tiempo, tanto así que se suscribieron distintos contratos entre el 27 de febrero de 2007 y el 16 de mayo de 2015, lo cual permite determinar que la contratación se produjo con el ánimo de emplearlo de modo permanente, en desconocimiento de sus derechos salariales y prestacionales de carácter irrenunciable. Esto, aunado a que debía cumplir el horario encomendado por el coordinador académico o el jefe de centro. 4 C1, archivo 16. Página 6 de 32Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Alberto Gaviria Dávila Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Radicación: 18001-33-33-001-2018-00188-01 iv. Del testimonio de Alberto Vargas se extrae que desarrolló idénticas funciones a las estipuladas para los docentes de planta, pues señaló que no existía diferencia porque cumplían los mismos deberes que comprendían no solo la presentación mensual de reportes sino pedir permiso para ausentarse de la labor.

estipuladas para los docentes de planta, pues señaló que no existía diferencia porque cumplían los mismos deberes que comprendían no solo la presentación mensual de reportes sino pedir permiso para ausentarse de la labor. v. «Ninguna de las actividades desarrolladas en los contratos que se citan en las certificaciones allegadas con la demanda, contemplaban el cumplimiento de un horario, si bien no obran como tal los contratos, con las certificaciones se puede determinar que la labor desempeñada por el acto eran claramente compatibles con las desarrolladas con el SENA, aunado a lo anterior fueron por periodos determinados y muy cortos, sin que constituya intemporalidad y para entrega de productos en cumplimiento de la Ley de Archivo». I.5. Trámite de segunda instancia. Mediante el auto proferido el 14 de diciembre de 2021, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de julio de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021.5 Hasta el término de ejecutoria, ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

II.1. Competencia. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en

segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011. II.2. Problema jurídico. Consiste en determinar si entre el señor Alberto Gaviria Dávila y el SENA existió una relación laboral subordinada entre los años 2007 y 2015, cuando se desempeñó como instructor del Centro Tecnológico de la Amazonía. Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial sobre los contratos de prestación de servicios y la 5 C2, archivo 05. Página 7 de 32Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Alberto Gaviria Dávila Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Radicación: 18001-33-33-001-2018-00188-01 relación laboral, así como de la carga de la prueba de la subordinación laboral; ii) hechos probados; iii) análisis de la Sala. Caso concreto; y iv) conclusión.

II.3. Marco normativo y jurisprudencial. II.3.1. Del contrato de prestación de servicios. El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 prevé el contrato de prestación de servicios como aquel negocio jurídico que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento en los eventos que no pueden realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

Este se caracteriza por i) contener obligaciones de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación; ii) el objeto lo conforma la realización temporal y excepcional de actividades inherentes al funcionamiento de la entidad; iii) la autonomía e independencia constituye el elemento esencial del contrato; iv) el contratista dispone de amplio margen de discrecionalidad para la ejecución del objeto contractual, delimitada por el plazo y la realización de la labor; v) la vigencia del contrato es temporal; y vi) la actividad puede ser desarrollada por una persona natural o jurídica 6: Obsérvese que, una nota distintiva del contrato de prestación de servicios es que constituye un elemento para atender funciones ocasionales que no forman parte de las labores asignadas a la entidad o que no puedan ser atendidas por lo empleados de planta. Es así como el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 7 prohíbe la celebración de esta clase de negocios para el desempeño de funciones permanentes y ordena la creación de cargos en esos eventos. Tanto así que la Corte Constitucional lo declaró exequible en la sentencia C-614 de 2009, en la cual señaló que esta restricción evita la desnaturalización de la contratación estatal, al preservar el empleo como la forma general y natural de ejercer funciones públicas. II.3.2. La subordinación laboral. 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de octubre de 2011, expediente 1043-08, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón. 7 Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones. Página 8 de 32Sentencia de segunda instancia

Rincón. 7 Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones. Página 8 de 32Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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En la sentencia de unificación CE-SUJ2-025-21 proferida el 9 de septiembre de 2021 con ponencia del consejero Rafael Francisco Suarez Vargas (expediente 1317-16) se explicó detalladamente cuál ha sido la regulación del derecho al trabajo en el ordenamiento jurídico nacional y convencional; la naturaleza jurídica y el objeto del contrato estatal de prestación de servicios; y cómo se debe entender el elemento de subordinación. Sobre este último punto, señaló que encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. Así mismo, estableció los siguientes criterios para determinar cuándo se configura este elemento de la relación laboral:

1. El lugar de trabajo. Expuso que se trata del espacio físico facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades; sin embargo, se debe matizar esta circunstancia, en tanto el juez debe valorar cada caso concreto, atendiendo las modalidades permitidas para los empleados de planta. ii. Horario de labores. Señaló que se configura cuando se impone una jornada

concreto, atendiendo las modalidades permitidas para los empleados de planta. ii. Horario de labores. Señaló que se configura cuando se impone una jornada de trabajo, sin embargo, esto no implica necesariamente que exista subordinación laboral y que la relación contractual sea simulada. Añadió que «ciertas actividades de la Administración ( servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc. ) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.» iii. Dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Sobre este criterio, discurrió que se puede determinar a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi. Agregó que se debe probar su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. «Así, cualquier medio probatorio que exponga una Página 9 de 32Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Demandante: Alberto Gaviria Dávila Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Radicación: 18001-33-33-001-2018-00188-01 actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.» iv. Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. Especialmente, sobre este

ítem, explicó:

107. El hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente , siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las que el representante

Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad. La Sala tomará las consideraciones expuestas en la sentencia de unificación para resolver el caso concreto, toda vez que, de conformidad con el artículo 103 y 270 del CPACA y las sentencias C-634 de 20118 y C-713 de 20089 proferidas por la Corte Constitucional, es de obligatorio cumplimiento. Súmese a lo expuesto que las decisiones del máximo órgano de cierre en materia Constitucional10 y de lo Contencioso Administrativo 11, han sido consistentes en destacar que la subordinación es uno de los elementos más importantes para desentrañar de un contrato estatal una relación de índole laboral. Ésta –la subordinaciónse refleja en la 8 «El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal de derecho, opción adoptada por el legislador en la norma

demandada, se funda en una postura teórica del Derecho que parte de considerar que los textos normativos, bien sea constitucionales, legales o reglamentarios, carecen de un único sentido, obvio o evidente, sino que solo dan lugar a reglas o disposiciones normativas, estas sí dotadas de significado concreto, previo un proceso de interpretación del precepto. Esta interpretación, cuando es realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales de unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de justicia, adquiere carácter vinculante.» 9 «A juicio de la Corte, la facultad de revisión eventual por parte del Consejo de Estado es compatible con la condición de ese órgano como Tribunal Supremo de la jurisdicción contencioso administrativa, reconocida en el artículo 237-1 de la Carta Política. En efecto, su condición de Tribunal Supremo se proyecta, en esencia, desde una perspectiva de orden sistémico para integrar y unificar la jurisprudencia en lo que concierne a dicha jurisdicción, en el marco de la Constitución y la ley y con la precisión que más adelante se hace en cuanto a la procedencia de la tutela contra sus decisiones.»10 Corte Constitucional. Sentencia C-154 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara.11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección “B” Expediente: 25000-23-25-000-2003-00839-011165-2010. Actor: Roberto Alfonso Chaves Vargas. Demandado: Municipio de Fusagasugá Página 10 de 32Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Demandante: Alberto Gaviria Dávila Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Radicación: 18001-33-33-001-2018-00188-01 potestad del empleador de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada, ejercer poderes disciplinarios o exigir la realización de ciertas actividades, más allá de la simple coordinación de actividades.

La coordinación de actividades requerida para desarrollar de forma adecuada el objeto del contrato de prestación de servicios, implica la sujeción del contratista a ciertas condiciones para su cumplimiento, pero no debe avanzar a una relación de poder y sujeción entre las partes, la cual está descartada en estos eventos. Esta figura es consecuencia de la obligación de las entidades públicas de vigilar de forma permanente la correcta ejecución de los contratos estatales, en tanto están involucrados recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, así como la efectividad de los derechos e intereses de los administrados12. En este ámbito, el contratista está facultado para supervisar, establecer parámetros, instrucciones o condiciones con el objeto de garantizar la adecuada prestación del servicio contratado. De ahí que la Ley 80 de 1993 establezca como deberes de los contratistas la colaboración con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla, así como el acatamiento de “…las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan…” 13. Insistirá la Sala que si la entidad contratante excede estos límites

con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla, así como el acatamiento de “…las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan…” 13. Insistirá la Sala que si la entidad contratante excede estos límites de tal forma, que el contratista quede sujeto a su mando, se desnaturaliza la coordinación de actividades. Por último, resulta relevante destacar que el reconocimiento de la relación laboral no confiere a quien demanda la condición de empleado público, en tanto ello requiere el cumplimiento de los requisitos previstos en las normas para el acceso a los cargos públicos. II.4. Hechos probados. En el plenario se encuentran los siguientes:

1. Alberto Gaviria Dávila suscribió con el SENA las Órdenes de Trabajo 0007 del 27 de febrero de 2007 y 0276 del 29 de noviembre de 2007, así como los Contratos 0105 del 9 de abril de 2008, 0130 del 16 de marzo de 2009, 0411 del 27 de 12 Artículo 3º de la Ley 80 de 199313 Artículo 5, numeral 2º Página 11 de 32Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Alberto Gaviria Dávila Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Radicación: 18001-33-33-001-2018-00188-01

octubre de 2009, 0175 del 28 de enero de 2010, 0337 del 23 de septiembre de 2010, 0023 del 22 de febrero de 2011, 0209 del 16 de julio de 201