TA CAQ - 18001-33-33-001-2018-00225-01-(09-12-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

SALA CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: DRA. YANNETH REYES VILLAMIZAR

Página 1 de 24 FlorenciaCaquetá, nueve (09) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Sentencia No. 175

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 18001-33-33-001-2018-00225-01

Demandante: Eddie Alberto Soto Iquira Demandado: nación – Mindefensa – Ejército Nacional Sistema e instancia: Oral – segunda instancia Tipo de expediente: Electrónico Acta No.: 74 de la fecha

Tema: Soldado profesional retirado del servicio por disminución de la capacidad laboral inferior al 50%. No es procedente el reconocimiento de la indemnización que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

ASUNTO

Procede la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, a pronunciarse sobre los recursos de apelación presentados por los extremos procesales, en contra de la sentencia de fecha 15 de marzo de 2021, mediante la cual el Juzgado Primero Administrativo de Florencia accedió a las pretensiones de la demanda. Lo anterior, conforme a la facultad de proferir decisiones atendiendo a la naturaleza de los asuntos, otorgada en el artículo 1151 de la Ley 1395 de 2010.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA.

Pretende el apoderado de la parte demandante que se declare la nulidad de la Orden

de la Ley 1395 de 2010.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA.

Pretende el apoderado de la parte demandante que se declare la nulidad de la Orden Administrativa de Personal No. 2480 de fecha 24 de noviembre de 2017, mediante el cual se retiró del servicio acti vo por disminución de la capacidad psicofísic a al Soldado Profesional EDDIE ALBERTO SOTO IQUIRA ; y a título de restablecimiento del derecho se ordene el reintegro sin solución de continuidad al grado y cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría; a pagar el total de los emolumentos salariales, prestacionales y de seguridad social dejados de percibir desde el momento de su retiro hasta que se haga efectivo

1 “ARTÍCULO 115. Facúltese a los jueces, tribunales, altas cortes del Estado, Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura para que cuando existan precedentes jurisprudenciales, conforme al artículo 230 de la Constitución Política, el artículo 10 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 4o de la Ley 169 de 1896, puedan fallar o decidi r casos similares que estén al Despacho para fallo sin tener que respetar el turno de entrada o de ingreso de los citados procesos, conforme a lo señalado en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998”.Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-001-2018-00225-01 Eddie Alberto Soto Iquira contra Nación – MinDefensa – Ejército Nacional

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Página 26 de 26 el reintegro, con los respectivos intereses corrientes y moratorios; y a pagar la indemnización consagrada en el artículo 26 de la ley 361 de 1997.

Los hechos que sustentan las pretensiones se resumen así:

1. Eddie Alberto Soto Iquira se vinculó al Ejército Nacional como Soldado Profesional el 01 de mayo de 2014 y estuvo adscrito al Batallón de Combate Terrestre No. 50 Batalla de Palonegro hasta el 30 de noviembre de 2017.

2. Cuando Eddie Alberto Soto ingresó al área de patrullaje en el departamento del Caquetá se le asignó una parrilla plástica para cargar el equipo, sin embargo, en el área de operaciones esta se fue destruyendo poco a poco, lo que implicó un desgaste mayor en su cuerpo al cargar las provisiones, municiones, gasolina y demás víveres.

3. Posteriormente, Eddie Alberto Soto Iquira fue diagnosticado con escoliosis dorsolumbar idiopática, lordosis lumbar, y varicocele bilateral, por tanto, mediante Acta de Tribunal Médico Laboral No. M17-1-565 MDNSG – 411 de fecha 11 de octubre de 2017, se le diagnosticó una disminución de la capacidad laboral del 9%, se declaró que no era apto para la actividad militar y no se recomendó reubicación laboral.

4. A pesar de su estado de salud, Eddie Alberto Soto siguió prestando sus servicios en óptimas condiciones en diferentes actividades, tales como guardia en el depósito de

que no era apto para la actividad militar y no se recomendó reubicación laboral.

4. A pesar de su estado de salud, Eddie Alberto Soto siguió prestando sus servicios en óptimas condiciones en diferentes actividades, tales como guardia en el depósito de armamento, turnos de centinela de carpas, tirador de mortero, peluquero y turnos en el servicio COB.

5. No obstante, mediante Resolución No. 2480 del 24 de noviembre de 2017, Eddie Alberto Soto fue desvinculado del Ejército Nacional por disminución de la capacidad psicofísica.

6. El 26 de f ebrero de 2018 interpuso acción de tutela por considerar que el Ejército Nacional había vulnerado sus derechos fundamentales, la cual se resolvió de forma favorable y se ordenó su reintegro, no obstante, la entidad demandada ha hecho caso omiso a lo ordenado en la sentencia de tutela.

Como normas violadas señaló los siguientes artículos 1, 2, 5, 16, 25, 29, 47, 53, 54, 93 y 95 de la Constitución Política Nacional; artículos 137 y 138 del C.P.A.C.A., artículo 26 de la ley 361 de 1997, ley 776 del 17 de noviembre de 2002, ley 1145 de 2007, artículo 8 del Decreto 1791 de 2000 y artículo 8 del Decreto 1793 de 2000. Así mismo señaló las n ormas internacionales tales como l a Declaración Universal de Derechos Humanos 1948, Declaración de los derechos de las personas con retardo mental 1971, Declaración de los derechos de los impedidos 1975, Conferencia de Viena sobre legislación para minusválidos,

internacionales tales como l a Declaración Universal de Derechos Humanos 1948, Declaración de los derechos de las personas con retardo mental 1971, Declaración de los derechos de los impedidos 1975, Conferencia de Viena sobre legislación para minusválidos, Convenio 159 -OIT “Readaptaci ón profesional y el empleo de las personas inválidas” y Convención Interamericana para la eliminación de la discriminación contra personas con discapacidad.

En el concepto de violación planteó lo siguiente:Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-001-2018-00225-01 Eddie Alberto Soto Iquira contra Nación – MinDefensa – Ejército Nacional

Página 26 de 26 - Infracción de las normas en que debería fundarse: El Estado colombiano ha avanzado en la protección de los derechos de los minusválidos, los discapacitados y las personas que han tenido alguna disminución en su capacidad laboral, dentro de las garantías para estas personas se encuentra la prohibición de desvinculación de su puesto de trabajo con el fundamento de que padece una discapacidad.

El Ejército Nacional estaba en la obligación de reubicar al demandante en un cargo que estuviera acorde a sus capacidades y limitaciones, máxime cuando Eddie Alberto Soto había demostrado que se podía desempeñar en funciones no militares.

El retiro del servicio por disminución de la capacidad psicofísica solo procede cuando el concepto de la Junta Médico Laboral sobre reubicación no sea favorable y las capacidades del policial no puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción, por lo que en el caso concreto se debía verificar si el actor

el concepto de la Junta Médico Laboral sobre reubicación no sea favorable y las capacidades del policial no puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción, por lo que en el caso concreto se debía verificar si el actor tenía capacidades administrativas y de no ser así debía haberlo capacitado a fin de no incurrir en un hecho discriminatorio.

Por último, indicó que existen pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional sobre el fuero de estabilidad reforzado que poseen las personas que ven disminuida su capacidad laboral, y el cual consiste en la prohibición del retiro discrecional de estas personas, y aclara que solo es procedente la desvinculación cuando el funcionario no puede desempeñar ningún cargo de la entidad.

• Desviación de poder: Adujo que existe desviación de poder cuando se utilizan las atribuciones otorgadas por la ley con el propósito de buscar una finalidad contraria entre otros, a los intereses públicos o sociales, que para el caso concreto se refiere al interés que ha mostrado tanto la Constitución como la Ley, de brindar las mayores y más fuertes garantías a las personas con discapacidades para que éstas no sean objeto de discriminación de ningún tipo.

Indicó que el Ejército Nacional profirió el acto administrativo demandado haciendo uso de su facultad de desvincular al personal por su disminución de capacidad psicofísica, cuando en realidad lo que pretende esa norma es buscar el correcto funcionamiento de órganos tan sensibles como el del Ejército Nacional, encargados de la custodia y salvaguardia de la seguridad del Estado.

• Falsa motivación: Sostuvo que el Ejército Nacional no tuvo en cuenta el grado de

de órganos tan sensibles como el del Ejército Nacional, encargados de la custodia y salvaguardia de la seguridad del Estado.

• Falsa motivación: Sostuvo que el Ejército Nacional no tuvo en cuenta el grado de escolaridad del accionante, las habilidades y destrezas ni las actividades realizadas por el demandante antes y después de ser valorados por la Jun ta Médico Laboral, para reubicarlo en actividades de tipo administrativo, técnico u otra que permita aprovechar sus aptitudes y fuerza de trabajo.

La entidad demandada en la Orden Administrativa de Personal No. 2480 del 24 de noviembre de 2017 dio razones engañosas, simuladas y contrarias a la realidad, pues el retiro se sustentó en la disminución de la capacidad psicofísica del demandante, sin considerar en reubicarlo y en no privarlo de su mínimo vital.Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-001-2018-00225-01 Eddie Alberto Soto Iquira contra Nación – MinDefensa – Ejército Nacional

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I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.2

El Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda . Para ello, indicó que la Orden Administrativa de Personal N° 2480 del 24 de noviembre de 2017 cumplió con las exigencias legales previstas en el Decreto 1793 de 2000, pues dicha normatividad faculta al Ejército Nacional para retirar del servicio activo a un soldado profesional por la causal de disminución de la capacidad psicofísica de acuerdo con las recomendacio nes de la Junta Médica Laboral, sin que eso constituya una arbitrariedad o viola ción a los derechos del soldado profesional.

disminución de la capacidad psicofísica de acuerdo con las recomendacio nes de la Junta Médica Laboral, sin que eso constituya una arbitrariedad o viola ción a los derechos del soldado profesional.

Finalmente, indicó que la entidad analizó la posible capacidad laboral del demandante en otras áreas no militares, sin embargo, Eddie Alberto Soto no aportó condiciones residuales que permitieran inferir que conformidad con sus condiciones pudiera desarrollarse en otra área laboral distinta a la actividad militar para la cual se había profesionalizado.

I.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.3

Mediante sentencia del 15 de marzo de 2021, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia, resolvió conceder las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la Orden Administrativa de Personal No. 2480 del 24 de noviembre de 2.017, por medio de la cual, el Ejército Nacional resolvió retirar del servicio activo al SLP EDDIE ALBERTO SOTO IQUIRA por disminu ción de su capacidad psicofísica, de conformidad con las razones expuestas.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL a reintegrar al señor EDDIE ALBERTO SOTO IQUIRA, a un cargo de igual o superior jerarquía del que venía desempeñando al momento del retiro, teniendo en cuenta de manera especial su condición de disminución de capacidad laboral. Así mismo, se CONDENA al pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir en el cargo de soldado

desempeñando al momento del retiro, teniendo en cuenta de manera especial su condición de disminución de capacidad laboral. Así mismo, se CONDENA al pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir en el cargo de soldado profesional, desde la fecha en que fue retirado del servicio hasta cuando se efectúe su reintegro, si no se hubiere hecho.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.”

Como fundamento de la decisión, se tuvo en cuenta que la entidad demandada desconoció los antecedes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los cuales han considerado que se debe proteger al soldado profesional que sufre una discapacidad

2 Folio 241 al 247 del 01CuadernoPrincipal1.pdf 3 20.Sentencia.pdfSentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-001-2018-00225-01 Eddie Alberto Soto Iquira contra Nación – MinDefensa – Ejército Nacional

Página 26 de 26 encontrándose en la prestación del servicio y que las personas en esta situación tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada.

Indicó que Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía no tuvo en cuenta que el demandante contaba con un curso en “Barberia & Estilistas, tendencias en cortes y peinados” adelantado en octubre del 2017, actividad en la que se desempeñó desde el 15 de septiembre

demandante contaba con un curso en “Barberia & Estilistas, tendencias en cortes y peinados” adelantado en octubre del 2017, actividad en la que se desempeñó desde el 15 de septiembre del 2017; aunado a lo anterior, de conformidad con las declaraciones de ANDERSON LOAIZA GAVIRIA, LUIS EDUARDO TAMARA HERRER A y DIEGO IVÁN VÁSQUEZ ÁLVAREZ , posterior al diagnóstico de las enfermedades del señor SOTO IQUIRA, este siguió ejerciendo las mismas funciones (patrullaje, guardia, entre otras) e incluso prestó sus servicios como peluquero en Larandia, Caquetá y estuvo en el COB (reportes de radio).

Por lo anterior consideró que el Tribunal Médico debió estudiar el conjunto de destrezas y habilidades del actor para recomendar su reubicación laboral, ante la imposibilidad de desempeñar la totalidad de las funciones militares, atendiendo la pérdida de la capacidad laboral del 12.5%, máxime cuando las funci ones de un soldado profesional no son solo militares.

Frente al pago de la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1 997, indicó que no era procedente, pues sólo aplica para los empleados vinculados a través de un contrato de trabajo y no procede para quienes ostentan una relación legal y reglamentaria, como es el caso de los miembros de las Fuerzas Militares.

I.4. EL RECURSO DE APELACIÓN.

El apoderado judicial de la parte demandante 4 interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó se reconozca la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues

I.4. EL RECURSO DE APELACIÓN.

El apoderado judicial de la parte demandante 4 interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó se reconozca la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues a su juicio la norma establece una condición para la terminación del contrato de una persona en situación de discapacidad, y no califica la clase de co ntrato para reducirla únicamente al de carácter laboral, propio del trabajo subordinado ; y pensar que dicha indemnización es exclusiva de los vínculos laborales que se desarrollan bajo condiciones que implican vinculación a la planta de personal es clarame nte contraria a la Constitución , pues crea un incentivo perverso para que la contratación de personas con problemas de salud se desplacen del ámbito laboral al de prestación de servicios, con desconocimiento del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas y de las garantías propias de las relaciones de trabajo dependiente.

Indicó que no es constitucionalmente aceptable que las garantías y prestaciones de estabilidad reforzada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 se contraigan a un grupo reducido, cuando la Corte encontró en la sentencia C-824 de 2011 que el universo de sus beneficiarios era amplio y para definirlo no resulta preciso “entrar a determinar ni el tipo de limitación que se padezca, ni el grado o nivel de dicha limitación”.

La entidad demandada5, indicó que el demandante se rige por las disposiciones previstas en el Decreto 1793 de 2000, en la cual se encuentra la facultad discrecional de retirar del

4 25MemoralRecursoActora.pdf 5 23MemoralRecursoApelaciónEjercito.pdfSentencia de Segunda Instancia

en el Decreto 1793 de 2000, en la cual se encuentra la facultad discrecional de retirar del

4 25MemoralRecursoActora.pdf 5 23MemoralRecursoApelaciónEjercito.pdfSentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-001-2018-00225-01 Eddie Alberto Soto Iquira contra Nación – MinDefensa – Ejército Nacional

Página 26 de 26 servicio a un Soldado Profesional por la causal de disminución de la capacidad laboral y que al encontrarse en firme el Acta de la Junta Medica Laboral , la cual declaró no apto al demandante para la actividad militar, el Ejército Nacional estaba facultado para disponer del retiro por la causal establecida en el Decreto 1793 de 2000, sin que se constituya en una arbitrariedad.

Finalmente, se refirió a la capacidad residual del demandante, considerando que este no acreditó que hubiera tenido capacitación para desempeñarse en asuntos no militares y dicha insuficiencia probatoria generó que el Ejército Nacional en uso de sus facultades discrecionales procediera al retiro del servicio activo de Eddie Alberto Soto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. COMPETENCIA.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo regulado en los artículos 153 –competencia de los Tribunales en Segunda Instancia-, 243 –la sentencia es susceptible del recurso de alzada-, y 247 – trámite de la apelación-.

II.2. ACTOS ACUSADOS.

Orden Administrativa de Personal No. 2480 de fecha 24 de noviembre de 2017, expedido

243 –la sentencia es susceptible del recurso de alzada-, y 247 – trámite de la apelación-.

II.2. ACTOS ACUSADOS.

Orden Administrativa de Personal No. 2480 de fecha 24 de noviembre de 2017, expedido por el Comando de Personal del Ejército Nacional, por medio del cual se retiró del servicio activo del Ejército Nacional por disminución de la capacidad psicofísica al SLP Eddie Alberto Soto Iquira.

II.3. PROBLEMAS JURÍDICOS.

a. ¿La OAP No. 2480 del 24 de noviembre de 2017, esta viciada de nulidad?

b. ¿El demandante tiene derecho a ser reintegrado al cargo que ocupaba o a uno de superior jerarquía?

c. ¿Es jurídicamente posible ordenar la indemnización de que trata la Ley 361 de 1997 cuando a título de restablecimiento del derecho se ha ordenado el reintegro del trabajador?

II.4. SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS.

A. DEL RETIRO DE LA FUERZA POR DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD

PSICOFISICA.

Decreto Ley 1793 de 2000 por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares.

El artículo 1 del Decreto Ley 1793 de 2000 indica que los soldados profesionales son “los varones entrenados y capacitados con la finalidad principal de actuar en las unidades deSentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-001-2018-00225-01 Eddie Alberto Soto Iquira contra Nación – MinDefensa – Ejército Nacional

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Página 26 de 26 combate y apoyo de combate de las Fuerzas Militares, en la ejecución de operaciones militares, para la conservación, restablecimiento del orden público y demás mi siones que le sean asignadas”.

En el artículo 7 Ibidem faculta a la entidad para retirar temporalmente del servicio a los soldados profesionales mediante acto administrativo, por las causales señaladas en el artículo 8 de la misma disposición, que en lo pertinente dice:

“[…] a. Retiro temporal con pase a la reserva

1. Por solicitud propia.

2. Por disminución de la capacidad psicofísica. 3. <Numeral INEXEQUIBLE>

b. Retiro absoluto

1. Por inasistencia al servicio por más de diez (10) días consecutivos sin causa justificada.

2. Por decisión del Comandante de la Fuerza.

3. Por incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez.

4. Por condena judicial.

5. Por tener derecho a pensión.

6. Por llegar a la edad de 45 años.

7. Por presentar documentos falsos, o fa ltar a la verdad en los datos suministrados al momento de su ingreso.

8. Por acumulación de sanciones”.

Por su parte, el artículo 10 de la misma disposición regula el retiro por disminución de la capacidad psicofísica, en los siguientes términos: “ El soldado profesional que no reúna las condiciones de capacidad y aptitud psicofísica determinadas por las disposiciones legales vigentes, podrá ser retirado del servicio”.

capacidad psicofísica, en los siguientes términos: “ El soldado profesional que no reúna las condiciones de capacidad y aptitud psicofísica determinadas por las disposiciones legales vigentes, podrá ser retirado del servicio”.

El Decreto 1796 del 2000 6 en su artículo 2 definió lo que debe entenderse por capacidad psicofísica así: “Es el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico y psicológico que deben reunir las personas a quienes se les aplique el presente decreto, para ingresar y permanecer en el servicio, en consideración a su cargo, empleo o funciones. La capacidad sicofísica del personal de que trata el presente decreto será valorada con criterios laborales y de salud ocupacional, por parte de las autoridades médico-laborales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”

Igualmente, el artículo 37 Ibidem describe que la capacidad psicofísica se califica como apto, aplazado, y no apto, la cual será emitida por los médicos que la Dirección de Sanidad de la respectiva Fuerza o de la Policía Nacional autoricen para tal efecto.

6 Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

7 “La capacidad sicofísica para ingreso y permanencia en el servicio del personal de que trata el presente decreto, se califica con los conceptos de apto, aplazado y no apto. Es apto quien presente condiciones sicofísicas que permitan desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial y civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones.Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-001-2018-00225-01 Eddie Alberto Soto Iquira contra Nación – MinDefensa – Ejército Nacional

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El artículo 14 del Decreto 1796 de 2000 precisa que las autoridades médico laborales militares y de Policía son los integrantes del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, y de las Juntas Médico-Laborales.

El numeral 2 del artículo 15 ibidem prescribe que entre las funciones de la Junta Médic a Laboral, se encuentra la de: “Clasificar el tipo de incapacidad sicofísica y aptitud para el servicio, pudiendo recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite”.

Del compendio normativo precitado se desprende que:

1. La norma especial que regula el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, fija la facultad en cabeza de la entidad nominadora de poder retirar del servicio activo, mediante acto administrativo, al soldado profesional que presente di sminución en su capacidad psicofísica, entendida esta, como el

Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, fija la facultad en cabeza de la entidad nominadora de poder retirar del servicio activo, mediante acto administrativo, al soldado profesional que presente di sminución en su capacidad psicofísica, entendida esta, como el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes de orden físico y psicológico que deben reunir las personas para ingresar y permanecer en el servicio, en consideración a su cargo, empleo o funciones, sin que medie ningún otro requisito adicional.

1. La norma especial que regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, fijó en cabeza de las autoridades médico laborales, esto es, los médicos de la Dirección de Sanidad de la respectiva Fuerza, la competencia para clasificar el tipo de incapacidad sicofísica (apto, no apto, aplazado) y aptitud para el servicio.

1. Entonces, para retirar del servicio activo de la fuerza a un soldado profesional, por causal: perdida de la capacidad psicofísica, solo basta que haya sido valorado por la Dirección de Sanidad, que presente una disminución de su capacidad psicofísica, y que sea declarado no apto para la actividad militar.

- PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS SOLDADOS PROFESIONALES AFECTADOS POR LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD DE TRABAJO EN SERVICIO

ACTIVO –ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-.

Considera la Sala que en principio, el procedimiento que adelantó el Ejército Nacional para retirar del servicio al demandante por causal de disminución de la capacidad psicofísica se

ACTIVO –ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-.

Considera la Sala que en principio, el procedimiento que adelantó el Ejército Nacional para retirar del servicio al demandante por causal de disminución de la capacidad psicofísica se encuentra ajustado a las disposiciones legales que regulan el retiro de los soldados profesionales, toda vez que las normas especiales (Decreto 1793 y 1796 de 2000) no contemplan mayor solemnidad que las señaladas en el numeral anterior; sin embargo, el análisis del presente asunto debe ser desde el punto de vista constitucional, a la luz de la desprotección en la que quedó el demandante al ser retirado del servicio por una disminución de la capacidad psicofísica inferior al 50%, cuando la entidad debió intentar la reubicación

Es aplazado quien presente alguna lesión o enfermedad y que mediante tratamiento, pueda recuperar su capacidad sicofísica para el desempeño de su actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones. Es no apto quien presente alguna alteración sicofísica que no le permita desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones. PARAGRAFO. Esta calificación será emitida por los médicos que la Dirección de Sanidad de la respectiva Fuerza o de la Policía Nacional autoricen para tal efecto”. (Negrilla por la Sala)Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-001-2018-00225-01 Eddie Alberto Soto Iquira contra Nación – MinDefensa – Ejército Nacional

Página 26 de 26 laboral antes que el retiro del servic io, en razón a la protección especial y estabilidad reforzada que gozan disminuidas en su capacidad laboral.

Página 26 de 26 laboral antes que el retiro del servic io, en razón a la protección especial y estabilidad reforzada que gozan disminuidas en su capacidad laboral.

En diversos pronunciamientos, el máximo Tribunal Constitucional ha manifestado que la aplicación del art. 10 del Decreto 1793 de 2000 desconoce la protección especial que gozan las personas que se encuentran disminuidas en su capacidad laboral, y por lo tanto, tienen derecho a una estabilidad laboral reforzada.

“La jurisprudencia constitucional ha garantizado el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de los soldados profesionales que son retirados del servicio activo en cumplimiento a lo prescrito en el artículo 10° del Decreto 1793 de 2000 cuando se determina la disminución de su capacidad psicofísica y cuando son declarados no aptos para desarrollar la actividad militar. (…). Así mismo, ha indicado que la aplicación del este artículo genera vulneración de los derechos fundamentales si se tienen en cuenta las obligaciones del Estado de asegurar la protección de las personas en condición de discapacidad, y la de procurar acciones legislativas y judiciales coherentes para su protección. Por ello, ha ordenado la reincorporación de los soldados profesionales que se encuentren en tal situación y su reubicación en actividades acordes con sus habilidades, destrezas y formación académica, así como la prestación de la atención médica” 8

Aclara la Corporación, que la protección de los soldados que se han visto disminuidos en su capacidad laboral, debido a la ejecución o cumplimiento de sus funciones militares, ha sido desarrollada por la jurisprudencia constitucional y adoptada por la jurisprudencia del máximo

capacidad laboral, debido a la ejecución o cumplimiento de sus funciones militares, ha sido desarrollada por la jurisprudencia constitucional y adoptada