TA CAQ - 18001-33-33-001-2019-00079-01-(12-07-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión Magistrada Ponente Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, julio doce (12) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Orlando José Rossi Díaz Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-33-33-001-2019-00079-01

Tema: Retiro del servicio por pérdida de capacidad psicofísica . Patrullero de la Policía Nacional. Causales para el retiro del servicio.

Acta número 53.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado, decide la Sala los recursos de apelación presentados por ambas partes contra la sentencia proferida el 28 de mayo de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Orlando José Rossi Díaz , por conducto de apoderad o judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1 C1, archivo 01, pág. 3.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. Se declare la nulidad de la Resolución 04564 del 10 de septiembre de 2018, por medio de la cual fue retirado del servicio por disminución de la capacidad psicofísica cuando se desempeñaba como patrullero; asimismo, del acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía TML18 -1-655MDNSGTML-41.1 del 17 de agosto de 2018.

1. A título de restablecimiento del derecho, se ordene su reintegro al cargo que desempeñaba o a uno de igual o superior jerarquía, sin solución de continuidad y, en consecuencia, se ordene el pago de salarios, prestaciones sociales y demás haberes laborales dejados de percibir desde el retiro.

1. Se ordene el pago de 180 días de salario en cumplimiento de la Ley 361 de 1997 por haberlo discriminado y retirado sin las formalidades legales.

1. Se actualicen las sumas adeudadas conforme al IPC.

1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Laboró como auxiliar de policía desde el 7 de junio de 2004 hasta el 12 de diciembre de 2005; posteriormente, fue alumno del nivel ejecutivo y ascendió a patrullero desde el 12 de diciembre de 2007 hasta el 24 de septiembre de 2018.

1. Fue trasladado al Departamento del Caquetá, donde se desenvolvió como

patrullero desde el 12 de diciembre de 2007 hasta el 24 de septiembre de 2018.

1. Fue trasladado al Departamento del Caquetá, donde se desenvolvió como docente instructor de profesionales y bachilleres, así como dictó en áreas teóricas y prácticas. Este cargo lo desempeñó desde el 9 de febrero de 2012 hasta el 31 de julio de 2016, a pesar de que en s u hoja de vida, le reportaron labores como conductor, escolta, centinela, entre otras.

1. El 31 de julio de 2016, se encontraba patrullando el perímetro urbano y la central de radio solicitó apoyo al cuadrante 13 por una riña en el Barrio Piedrahita con arma cortopunzante. Él y el equipo de policiales llegaron a las 20:00 horas a la casa donde se refugiaba el agresor; «decidieron bordear la zona con el personal que acudió para impedir escape del agresor, el terreno era oscuro, con vegetación y se encontraba liso, en esas, sacó su linterna, sin embargo, resbaló por un peñasco de forma brusca y cayó sentado sobre una placa de cemento en

el patio trasero de una casa de la otra calle, donde quedó inmovilizado por elSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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fuerte dolor en la espalda, y dificultad para respirar». De allí fue trasladado a la Clínica Medilaser, donde diagnosticaron «traumatismo no especificado del

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fuerte dolor en la espalda, y dificultad para respirar». De allí fue trasladado a la Clínica Medilaser, donde diagnosticaron «traumatismo no especificado del abdomen, la región lumbosacra y la pelvis» y se otorgó una incapacidad por 3 días. Esto fue calificado como accidente de trabajo.

1. Posterior a estos hechos, fue reubicado en la dependencia de Talento Humano, en la sección de historias laborales, donde se desempeñó en el área de archivo.

Tiempo después, fue trasladado al Centro Automático de Despacho o 123, en el que orientaba a las patrullas de vigilancia, realizaba reportes permanentes de radio, realizaba el esquema de procedimiento, entre otras.

1. El día 12 de septiembre de 2017 se realizó la Junta Médico Laboral de Policía 8599, en la cual se sugirió la reubicación en labores administrativas, docencia o instrucción.

1. La Policía Nacional solicitó la convocatoria del Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, el cual modificó la decisión inicial en el sentido de no recomendar la reubicación.

1. Mediante la Resolución 04564 del 10 de septiembre de 2018, notificada el 24 de septiembre siguiente, fue desvinculado de la Policía Naci onal con fundamento en la causal «disminución de la capacidad psicofísica».

1. Con ocasión de dicha decisión, presentó una acción de tutela que fue conocida por el Juzgado Primero de Familia, el cual resolvió tutelar los derechos del demandante y, en consecuencia, ordenar el reintegro. Esta decisión fue

1. Con ocasión de dicha decisión, presentó una acción de tutela que fue conocida por el Juzgado Primero de Familia, el cual resolvió tutelar los derechos del demandante y, en consecuencia, ordenar el reintegro. Esta decisión fue cumplida mediante la Resolución 6692 del 26 de diciembre de 2018.

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Como normas violadas, refirió los artículos 1, 2, 5, 13, 16, 25, 29, 47, 53, 54, 93 y 95 de la Constitución Política; 137 y 138 del CPACA; 26 y siguientes de la Ley 361 de 1997; las Leyes 776 de 2002 y 1145 de 2007, así como los Decretos 1791 y 1793 de 2000.

Argumentó que i) ingresó a la institución en excelente condición física y mental; ii) a pesar del accidente, no estaba incapacitado para ejercer funciones administrativas o de instrucción, comoquiera que sus capacidades y conocimientos fueron aprovechados por la Policía Nacional por mucho tiempo después del accidente; y iii) la entidad no cumplió conSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues fue retirado aduciéndose la disminución de su cap acidad laboral, lo cual permite presumir que la decisión estuvo fundada en un acto de discriminación y en pleno desconocimiento del fuero de estabilidad

disminución de su cap acidad laboral, lo cual permite presumir que la decisión estuvo fundada en un acto de discriminación y en pleno desconocimiento del fuero de estabilidad que se configuraba.

1.2. Contestación de la demanda2

El Ministerio de Defensa – Policía Nacional, se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en que el acto administrativo de retiro se basó en el acta suscrita por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y Policía , por la cual se determinó que no era apto para la actividad militar y que no se demostró la idoneidad profesional suficiente que le permitiera aprovechar su capacidad laboral.

Propuso la excepción de falta de legitimación pasiva, bajo el argumento de que el acto administrativo por el cual se retiró del servicio al demandante constituye un acto de ejecución, pues el acto definitivo es el acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía. A pesar de esto, más adelante indicó que es improcedente controvertir los pronunciamientos realizados por dicho órgano colegiado. Luego dijo:

Por medio de la acción de tutela el accionante consigo que el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía realizar nuevamente una valoración médica especificando las habilidades del actor y se determine qué tipo de labores administrativas, docentes o de instrucción, podría desempeñar y si en consecuencia, es aconsejable su reubicación. Se advierte que esta conclusión deberá estar soportada exclusivamente en sus con diciones de salud físicas y mentales, análisis que concluyo nuevamente en la negativa por parte del Tribunal para desempeñar cualquier actividad en la institución, Lo anterior indica claramente

deberá estar soportada exclusivamente en sus con diciones de salud físicas y mentales, análisis que concluyo nuevamente en la negativa por parte del Tribunal para desempeñar cualquier actividad en la institución, Lo anterior indica claramente que el patrullero ORLANDO JOSE ROSSI DIAZ no es compatible par a el servicio de policía ya que cualquier tipo de actividad a la que sea destinado el uniformado repercutirá en su estado de salud. (pág. 13)

También cuestionó que «cómo se espera se reintegre a un funcionario a la institución cuando este presenta daños f ísicos que no le permiten realizar actividades tan básicas como estar de pie, caminar, correr, hacer fuerza o incluso permanecer sentado» lo que, a su juicio, permite inferir que no puede hacer ninguna actividad para beneficiar la labor institucional.

2 C1, carpeta 04, archivo 04.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 28 de mayo de 2021 , el Juzgado Primero Administrativo de

Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 04564 del 10 de septiembre de 2.018, por medio de la cual, la Policía Nacional resolvió retirar del servicio activo al Patrullero Orlando José Rossi Díaz por disminución de su capacidad psicofísica, de conformidad con las razones expuestas.

Nacional resolvió retirar del servicio activo al Patrullero Orlando José Rossi Díaz por disminución de su capacidad psicofísica, de conformidad con las razones expuestas.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL a reintegrar al señor ORLANDO JOSÉ ROSSI DÍAZ, a un cargo de igual o superior jerarquía del que venía desempeñando al momento del retiro, teniendo en cuenta de manera especial su condición de disminución de capacidad laboral. Así mismo, se CONDENA al pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir en el cargo de patrullero, desde la fecha en que fue retirado del servicio hasta cuando se efectuó su reintegro en cumplimiento de fallo de tutela.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula c onsignada en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin condena en costas.

En primer lugar, se pronunció sobre los actos administrativos demandados. Sostuvo que i) las calificaciones de las autoridades médico -laborales son decisiones preparatorias o de trámite que pueden culminar con la decisión de retiro del servicio por disminuc ión de la capacidad psicofísica; ii) estas únicamente son susceptibles de control judicial cuando se determina un porcentaje de pérdida de capacidad laboral inferior al requerido por la ley para el reconocimiento de pensión y iii) en consecuencia, el acto administrativo definitivo es la Resolución 04564 del 10 de septiembre de 2018.

determina un porcentaje de pérdida de capacidad laboral inferior al requerido por la ley para el reconocimiento de pensión y iii) en consecuencia, el acto administrativo definitivo es la Resolución 04564 del 10 de septiembre de 2018.

En segundo, abordó los siguientes temas: i) naturaleza del cargo de patrullero de la Policía Nacional y causales de retiro; ii) alcance de la facultad discrecional en sede de constitucionalidad; y iii) estabilidad laboral reforzada de los policías en situación de discapacidad y marco normativo sobre el retiro por disminución de la capacidad psicofísica.

En tercer o, procedió a resolver el caso concreto. Para tal efecto, reseñó los hechos probados y arguyó que:

3 C1, archivo 19.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. Si bien es posible retirar del servicio a un miembro de la Policía Nacional como consecuencia de la disminución de su capacidad psicofísica, la jurisprudenc ia ha considerado necesario que antes de dar aplicación de la causal de retiro, se haga una valoración sobre si es posible disponer o no la reubicación de la persona en otro cargo al interior de la institución; de ese modo, la decisión no puede ser tomada por las autoridades médicas.

1. Es menester aplicar la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, según la cual, la administración debe ejercer la facultad de retiro en armonía con el

autoridades médicas.

1. Es menester aplicar la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, según la cual, la administración debe ejercer la facultad de retiro en armonía con el derecho a la estabilidad laboral reforzada.

1. Orlando José Rossi Díaz cuenta con diversos estudios, entre los cuales se destacan seminarios en tácticas para actuaciones policiales; sistema básico para el servicio de policía; atención al ciudadano; diplomados como instructor en seguridad de operaciones y protección de instalaciones, entre otros, luego sí puede ejercer funciones diferentes a las operaciones policiales.

1. En consecuencia, el actor cuenta con la experiencia, cursos y diplomados que le permiten realizar actividades diferentes a la ejecución de operaciones policiales, tales como las asignadas al cargo de operador en el centro automático de despacho, el cual ocupó tras el accidente, de conformidad con las declaraciones de Elvis Absalón Tavera

Ariza y Fredy Antonio Díaz Bustacara.

1. El actor fue reintegrado a la entidad desde el 26 de diciembre de 2018, sin que se haya allegado prueba de que durante el periodo laborado haya sufrido nuevas incapacidades o afectaciones que generaran un detrimento en su salud y capacidad laboral, por tanto, se cons idera que está en condiciones para ejercer labores administrativas, educativas y sociales.

1. El acto administrativo demandado está viciado de nulidad por desconocimiento de las normas en las que debería fundarse, al desconocer el precedente judicial en lo relacionado con la protección de personas con discapacidad.

1. No es procedente el pago de la indemnización que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, comoquiera que aplica solo a quienes fueron despedidos por razón de su

relacionado con la protección de personas con discapacidad.

1. No es procedente el pago de la indemnización que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, comoquiera que aplica solo a quienes fueron despedidos por razón de su discapacidad y sin la autoriza ción de la Oficina de Trabajo, «situación que, permite inferir que, solo aplica para los empleados vinculados a través de un contrato de trabajoSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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y no procede para quienes ostentan una relación legal y reglamentaria, como es el caso de los miembros de la Policía Nacional».

1.4. Recursos de apelación.

1.4.1. Ministerio de Defensa – Policía Nacional.4

Argumentó que:

1. El retiro del demandante se fundó en los exámenes médico y conceptos aportados por especialistas en salud, lo que se traduce en que la decisión sí cumpliera con los criterios técnicos y objetivos que permiten determinar que el funcionario no puede ser reubicado laboralmente.

1. No procede la reubicación laboral porque la patología es incompatible con el ambiente institucional, pues la permanencia del demandante en la institución causaría un mayor peligro a su condición médica. Además, «como se espera se reintegre a un funcionario (...) cuando este presenta daños físicos que no le permiten realizar actividades tan básicas como estar de pie, caminar, correr, hacer fuerza o incluso permanecer sentado».

reintegre a un funcionario (...) cuando este presenta daños físicos que no le permiten realizar actividades tan básicas como estar de pie, caminar, correr, hacer fuerza o incluso permanecer sentado».

1. En la nueva valoración médica realizada por el Tribunal Méd ico Laboral de Revisión Militar y de Policía se concluyó que no era posible que el actor desempeñara cualquier actividad en la institución porque repercutirá en su estado de salud.

Por demás, se limitó a reiterar lo expuesto en la contestación de la demanda.

1.4.2. Parte demandante.5

Su argumento de disenso se contrajo a la decisión de no reconocer la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Manifestó que:

1. No es constitucionalmente aceptable que las garantías y prestaciones de estabilidad laboral reforzada se contraigan a un grupo reducido de personas,

4 C1, archivo 22. 5 C1, archivo 24.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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cuando la Corte Constitucional, en la sentencia C -824 de 2011, sostuvo que el universo de sus beneficiarios era amplio, lo que quiere decir que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 busca evitar que «las personas sean tratadas solo como objetos y por esa vía son acreedores de estabilidad reforzada con respecto a sus condiciones contractuales, en la medida en que su rendimiento se ve disminuido por una enfermedad o limitación producto de un accidente».

objetos y por esa vía son acreedores de estabilidad reforzada con respecto a sus condiciones contractuales, en la medida en que su rendimiento se ve disminuido por una enfermedad o limitación producto de un accidente».

1. El derecho fundamental a la estabilidad reforzada es una garantía de la cual son titulares las personas que tengan una afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, con independencia de si tienen una calificación moderada, severa o profunda.

1. De acuerdo con las pruebas recaudadas, se infiere que el demandante adelantó 12 cursos, luego puede ejercer funciones diferentes a las operaciones policiales e, inclusive, después de la calificación de incapacidad permanente parcial continuó laborando al interior de la entidad de acuerdo con sus capacidades. En consecuencia, la Policía Naci onal debió tener en cuenta sus habilidades y destrezas para que así pudieran implementarse las medidas necesarias para garantizar su integración profesional.

1.5. Trámite de segunda instancia.

Mediante el auto proferido el 14 de diciembre de 2021, se resolv ió admitir el recurso de apelación presentado por las partes contra la sentencia proferida el 28 de mayo de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021.6 Hasta el término de ejecutoria, ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia);

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación).

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Resulta pertinente aclarar que, pese a que la Sala segunda de decisión se encuentra conformada por los magistrados titulares de los Despachos Tercero (ponente), Primero y Cuarto, ante la ausencia transitoria de titular del despacho primero por vacancia temporal y dada la falta de quorum entre las magistradas que componen la sala (despachos tercero y cuarto)7 en el sub judice debió ser conformada la Sala, además, con el titular del Despacho Segundo.

2.2. Problema jurídico.

Se circunscribe a determinar si el señor Orlando José Rossi Díaz tiene derecho i) a ser reintegrado al Policía Nacional por acreditar la idoneidad laboral para desempeñar actividades distintas a las militares, estas son, administrativas, de docencia o instrucción, dada la disminución de capacidad laboral determinada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía; y ii) al pago de la indemnización consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

dada la disminución de capacidad laboral determinada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía; y ii) al pago de la indemnización consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Para resolver los problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial sobre la pérdida de capacidad psicofísica y el retiro del servicio; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto. En este último, se analizarán cada uno de los argumentos de apelación presentados por ambas partes.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pérdida de capacidad psicofísica y el retiro del servicio.

2.3.1. De conformidad con el artículo 217 de la Constitución Política, las Fuerzas Militares están sujetas a un régimen especial en materia disciplinaria, prestacional y de carrera; concretamente, han sido los Decretos 1791, 1793 y 1796 de 2000 y 4433 de 2004, así como la Ley 923 de 2004 que los han desarrollado.

El Decreto 1796 de 2000 define que la capacidad psicofísica es el «conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico y psicológico que deben reunir las personas a quienes se les aplique el presente decreto, para ingresar y permanecer en el servicio, en consideración a su cargo, empleo o funciones». Así mismo, previó que esta -la capacidad psicofísica-, se califica por los médicos autorizados por la dirección de sanidad de la respectiva fuerza, bajo los conceptos de apto, aplazado o no apto.

capacidad psicofísica-, se califica por los médicos autorizados por la dirección de sanidad de la respectiva fuerza, bajo los conceptos de apto, aplazado o no apto.

7 Acuerdo 209 de 1997: Artículo 12. QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO DE LAS SALAS. Constituye quórum para deliberar y decidir la mitad más uno de los miembros de cada una de las salas…Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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A más de lo anterior, la norma en cita dispuso que la competencia para evaluar la capacidad psicofísica de un miembro de la fuerza pública está a cargo de las Juntas Médico-Laborales Militares y de Policía, a quienes corresponde, en primera instancia, realizar la valoración de las secuelas, clasificar el tipo de incapacidad que se presente y calificar la aptitud para el servicio pudiendo recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite8.

Conjuntamente, estableció en el artículo 21 que el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía conocerá en última instancia de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las Juntas Médico-Laborales y, en consecuencia, podrá ratificar las, modificarlas o revocarlas.

2.3.2. De otro lado, el Decreto 1791 de 2000 definió las normas de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes del Policía Nacional. En lo que refiere al retiro

2.3.2. De otro lado, el Decreto 1791 de 2000 definió las normas de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes del Policía Nacional. En lo que refiere al retiro del servicio, dispuso las causales de i) solicitud propia; ii) llamamiento a calificar servicios: iii) disminución de la capacidad sicofísica ; iv) incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez; v) destitución; entre otras (artículo 55).

En sede de constitucionalidad, en la sentencia C-381 de 2005, al estudiar la causal de retiro por disminución de la capacidad psicofísica, la Corte Constitucional consideró que aunque es necesario propender porque el Policía Nacional cuente en sus filas con personal idóneo para lograr su cometido constitucional, los miembros con disminución psicofísica pueden ser aptos para efectos del desempeño de otras labores propias de esa institución y distintas a las meramente policiales. Al respecto, explicó:

Una afectación menor de los derechos de las personas discapacitadas es precisamente que se les permita seguir laborando en la institución siempre que posean capacidades para desempeñar aquellas funciones para las cuales no se encuentren limita das. En ese sentido podrían, por ejemplo, cumplir labores de instrucción, docencia o de índole administrativo. Lo anterior implica que si no se demuestra que el policial puede realizar ese tipo de funciones, resulta razonable que se le retire de la institución toda vez que no existen derechos absolutos aun tratándose de personas con discapacidad y que puede ocurrir que restricciones legislativas para el acceso o ejercicio de derechos por parte de personas discapacitadas resulten razonables.

tratándose de personas con discapacidad y que puede ocurrir que restricciones legislativas para el acceso o ejercicio de derechos por parte de personas discapacitadas resulten razonables.

8 ARTICULO 15. JUNTA MEDICO-LABORAL MILITAR O DE POLICIA. Sus funciones son en primera instancia: 1 Valorar y registrar las secuelas definitivas de las lesiones o afecciones diagnosticadas. 2 Clasificar el tipo de incapacidad sicofísica y aptitud para el servicio, pudiendo recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite. 3 Determinar la disminución de la capacidad psicofísica. 4 Calificar la enfermedad según sea profesional o común. 5 Registrar la imputabilidad al servicio de acuerdo con el Informe Administrativo por Lesiones. 6 Fijar los correspondientes índices de lesión si hubiere lugar a ello. 7 Las demás que le sean asignadas por Ley o reglamento.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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En efecto, tamp oco podría mantenerse en la Policía todo el grupo de personas que sufran alguna discapacidad, so pretexto de dar aplicación absoluta al principio de estabilidad laboral reforzada, porque se desnaturalizaría su función y se pondrían en riesgo sus importante s funciones constitucionales y legales y con ello los derechos de los ciudadanos.

Con fundamento en lo expuesto, una persona discapacitada o con disminución de su capacidad sicofísica no podrá ser retirada de la institución por ese sólo motivo si se demue stra que se encuentra en condiciones de realizar alguna

de los ciudadanos.

Con fundamento en lo expuesto, una persona discapacitada o con disminución de su capacidad sicofísica no podrá ser retirada de la institución por ese sólo motivo si se demue stra que se encuentra en condiciones de realizar alguna labor administrativa, de docencia o de instrucción.

Por ello es imprescindible que exista una dependencia o autoridad médica especializada que realice una valoración al individuo que tenga alguna disminución en su capacidad sicofísica para que, con criterios técnicos, objetivos y especializados, determine si dicha persona tiene capacidades que puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción propias de la institució n. Solamente después de realizada la valoración correspondiente y siempre que se concluya que la persona no tiene capacidad alguna aprovechable para tales tareas, podrá ser retirado del Policía Nacional. Esa autoridad, conforme al artículo 59 del Decreto 1791 de 2000, acusado, es la Junta Médico Laboral. No puede dejarse tal atribución a la mera liberalidad del superior o a cuestiones eminentemente subjetivas

Con fundamento en lo anterior, declaró la exequibilidad del numeral 3 del artículo 55 y de algunos apartes del artículo 59, «en el entendido de que el retiro del servicio por la disminución de la capacidad psicofísica solo procede cuando el concepto de la Junta Médico Laboral sobre reubicación no sea favorable y las capacidades del policial no puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción.»

Igualmente, en la sentencia T-928 de 2014, la misma Corporación consideró que la facultad para retirar del servicio a los policías cuando presenten una disminución en su capacidad

ser aprovechadas en actividades administra