TA CAQ - 18001-33-33-001-2019-00340-01-(27-07-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, julio veintisiete (27) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: José Alfredo Lozano Forero

Demandado: Ministerio de Educación Nacional - FNPSM1

Radicación: 18001-33-33-001-2019-00340-01

Tema: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías.

Acta número 057.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2020 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.2

1.1.1. Pretensiones.

José Alfredo Lozano Forero, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 2 Archivo 1.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. Se declare la nulidad del acto ficto configurado frente a la petición presentada el 27 de septiembre de 2018, el cual negó el pago de la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

1. Se condene a la demandada al reconocimiento y pag o de la sanción moratoria equivalente a 1 día de salario por cada día de retardo, contados desde los 65 días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago.

1. Se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA.

1. Se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Como ha laborado como docente oficial, el 25 de abril de 2018, solicitó al Ministerio de Educación Nacional – Fomag el pago de las cesantías a que tenía derecho, las cuales fueron reconocidas mediante la Resolución 001073 del 25 de junio de 2018.

1. Como solicitó las cesantías el 25 de abril de 2018, el plazo para pagarlas vencía el 10 de agosto de 2018, sin embargo, dicho pago se efectuó el 7 de septiembre de 2018, de manera que transcurrieron 28 días de mora.

1. El 27 de septiembre de 2018, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción

de 2018, de manera que transcurrieron 28 días de mora.

1. El 27 de septiembre de 2018, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, sin embargo, la petición fue negada «en forma ficta».

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Alegó la causal de nulidad de infracción de las normas en que debía fundarse, bajo el argumento de que la s Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 fijaron los parámetros para el pago de las cesantías y, por tanto, si la entidad incurrió en mora de pagarlas, debe cancelar la sanción prevista en dichas leyes.

1.2. Contestación de la demanda. La entidad demandada no contestó la demanda.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2020, el Juzgado Primero Administrativo de Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR la existencia del acto ficto negativo por falta de respuesta del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a la petición presentada por el señor JOSE ALFREDO LOZANO FORERO, el 27 de septiembre de 2018 y, en consecuencia, DECLARAR su nulidad de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

petición presentada por el señor JOSE ALFREDO LOZANO FORERO, el 27 de septiembre de 2018 y, en consecuencia, DECLARAR su nulidad de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, SE ORDENA a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO que, a título de restablecimiento del derecho, reconozca y pague al señor JOSE ALFREDO LOZANO FORERO, por concepto de sanción moratoria de que trata el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, la suma resultante de la liquidación que le corresponde efectuar, y conforme a lo consignado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR en cost as a la parte demandada. Como agencias en derecho establézcase el 4% del valor de la cuantía señalada en la demanda. Por secretaría dese el trámite previsto en el artículo 366 del C.G.P.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

Sostuvo que el 27 de septiembre de 2018, el actor presentó la petición de reconocimiento de la sanción moratoria y, como la entidad demandada no se pronunció, se configuró el acto administrativo ficto producto del silencio administrativo sustancial.

Dijo que si bien el actor indicó que el pago fue realizado el 7 de septiembre de 2017, de conformidad con la certificación del Banco BBVA, el 23 de agosto de 2018 se giró al beneficiario la suma de $7.094.024, es decir que solo hasta esa fecha la entidad

conformidad con la certificación del Banco BBVA, el 23 de agosto de 2018 se giró al beneficiario la suma de $7.094.024, es decir que solo hasta esa fecha la entidad demandada realizó el giro por concepto de las cesantías parciales reconocidas.

Seguidamente, expuso que en el interregno entre la solicitud y pago, es decir, entre el 25 de abril de 2018 y el 23 de agosto de 2018, se superó el término de los 70 días hábiles, pues vencieron el 10 de agosto de 2018, luego a partir del día siguiente se debe calcular la sanción moratoria. Señaló que, entre el 11 de agosto de 2018 y el 22 de agosto de 2018 (día siguiente al vencimiento de los 70 días hábiles y el día anterior a la fecha en que se efectuó el pago), transcurrieron 12 días de mora.

3 Archivo 13.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Indicó que en el plenario no obra prueba de la cual se pueda extraer la asignación básica de la accionante para el año de la causación de mora (2018), por tanto, impuso la carga a la entidad demandada de efectuar la liquidación correspondiente.

Arguyó que no procede la declaratoria de prescripción, toda vez que la solicitud fue presentada el 27 de septiembre de 2018 , luego la prescripción operaba hasta el 27 de septiembre de 2016; esto, sumado a que la demanda fue presentada el 15 de mayo de 2019.

presentada el 27 de septiembre de 2018 , luego la prescripción operaba hasta el 27 de septiembre de 2016; esto, sumado a que la demanda fue presentada el 15 de mayo de 2019.

1.4. Recurso de apelación4.

La parte demandante presentó el recurso de apelación. Alegó que el a quo no tuvo en cuenta la fecha de radicado de las cesantías parciales, pues es del 13 de abril de 2018 , según se observa en el último folio de la Resolución 1073 del 25 de junio de 2018. Luego dijo:

El demandante solicitó el reconocimiento de su cesantía (cesantía parcial ) el día 13 de abril de 2018, las cuales fueron reconocidas mediante la Resolución No. 1073 de 25 de junio de 2018, y canceladas el día 22 de agosto de 2018, los 70 días que tenía la entidad para el pago oportuno vencían el 30 de julio de 2018 , por lo tanto transcurrieron 23 días de mora, la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio omitió el cumplimiento de los términos dispuestos por la Ley 1071 de 2006 para el reconocimiento y pago de la prestación, materializándose la sanción moratoria d ispuesta en el parágrafo del artículo 5 de la mencionada disposición. Así se aceptó en la providencia impugnada.

Por lo tanto, los Tres (3) años para solicitar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria corrían a partir del 01 de agosto de 2018 fecha en la cual se evidencia que se genera el primer día de mora, le fueron canceladas sus cesantías el día 22

Por lo tanto, los Tres (3) años para solicitar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria corrían a partir del 01 de agosto de 2018 fecha en la cual se evidencia que se genera el primer día de mora, le fueron canceladas sus cesantías el día 22 de agosto de 2018 , es decir, que los términos de presentación para reclamación administrativa se encuentran acordes toda vez que esta se elevó el día , no habiendo transcurrido el término trienal.

1.5. Trámite de segunda instancia.

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.5

Mediante auto proferido el 22 de octubre de 2021 , se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

4 Archivo 24. 5 Carpeta 2 instancia, archivo 4.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.5.2. Traslado para alegar de conclusión.

El 15 de diciembre de 2021, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente. La partes se pronunciaron6 y el Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo previsto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo previsto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si el demandante tiene derecho a que se le reconozca la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, toda vez que la petición de pago de esta prestación fue radicada el 13 de abril de 2018, según se observa en la Resolución 1073 del 25 de junio de 2018.

Para efectos de desarrollar este problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) sobre la obligatoriedad de las sentencias de unificación; ii) sobre la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Sobre la obligatoriedad de las sentencias de unificación.

La Ley 1437 de 2011, tiene como una de sus finalidades fortalecer las garantías de las personas en los procedimientos administrativos y evitar procesos judiciales innecesarios que congestionen la jurisdicción contenciosa.

Así entonces y en desarrollo del artículo 103 de la Constitución Política, se consolidó la función de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado a fin de garantizar la

6 Carpeta 2 instancia, archivos 11 y 12.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: José Alfredo Lozano Forero

función de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado a fin de garantizar la

6 Carpeta 2 instancia, archivos 11 y 12.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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seguridad jurídica, la coherencia e igualdad en los asuntos administrativos. El artículo 270 del CPACA preceptúa:

Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad d e unificar o sentar jurisprudencia ; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.

A su vez, el artículo 10 de esta misma codificación previó:

Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de man era uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se inte rpreten y apliquen dichas normas”7

La Corte Constitucional en sentencia C-634 de 24 de agosto de 2011, al examinar la

unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se inte rpreten y apliquen dichas normas”7

La Corte Constitucional en sentencia C-634 de 24 de agosto de 2011, al examinar la exequibilidad del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, dijo sobre el carácter vinculante de la jurisprudencia:

El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal de derecho, opción adoptada por el legislador en la norma demandada, se funda en una postura teórica del Derecho que parte de considerar que los textos normativos, bien sea constitucionales, legales o reglamentarios, carecen de un único sentido, obvio o evidente, sino que solo dan lugar a reglas o disposiciones normativas, estas sí dotadas de significado concreto, previo un proceso de interpretación del precepto. Esta interpretación, cuando es realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales de unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de justicia, adquiere carácter vinculante.

Postura sostenida de tiempo atrás cuando la Corte Constitucional en sentencia C-713 de 15 de julio de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, dijo sobre la función de unificación del Consejo de Estado:

A juicio de la Corte, la facultad de revisión eventual por parte del Consejo de Estado es compatible con la condición de ese órgano como Tribunal Supremo de la jurisdicción contencioso administrativa, r econocida en el artículo 237 -1 de la Carta Política. En efecto, su condición de Tribunal Supremo se proyecta, en esencia, desde una perspectiva de orden sistémico para integrar y unificar la

jurisdicción contencioso administrativa, r econocida en el artículo 237 -1 de la Carta Política. En efecto, su condición de Tribunal Supremo se proyecta, en esencia, desde una perspectiva de orden sistémico para integrar y unificar la jurisprudencia en lo que concierne a dicha jurisdicción, en el ma rco de la

7 Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-634 de 2011, en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Constitución y la ley y con la precisión que más adelante se hace en cuanto a la procedencia de la tutela contra sus decisiones.

Reiterada en la Sentencia C-539 de 2011:

5.2.3. La jurisprudencia de esta Corte ha precisado que el respeto del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas hace parte del respeto del debido proceso y del principio de legalidad en materia administrativa –art. 29, 121 y 122 Superiores-, en cuanto (i) las autoridades están sometidas al imperio de

judicial por parte de las autoridades administrativas hace parte del respeto del debido proceso y del principio de legalidad en materia administrativa –art. 29, 121 y 122 Superiores-, en cuanto (i) las autoridades están sometidas al imperio de la Constitución y de la ley, y por tanto se encuentran obligadas a aplicar en todas sus actuaciones y decisiones administrativas la Constitución y la ley; (ii) el contenido y alcance de la Constitución y la ley es fijado por las altas Cortes, cuyas decision es hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (iii) las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (iv) el desconocimiento del principio de legalidad implica la responsabilidad de los servidores públicos (art. 6 y 90 C.P. -; (v) las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley –art. 13 C.P.

Por tanto, si existe una interpretación institucional vincu lante, las autoridades administrativas deben aplicar al caso en concreto dicha interpretación.

(…)

5.2.5 De otra parte, ha señalado esta Corte que las autoridades administrativas se encuentran siempre obligadas a respetar y aplicar el precedente judicial para los casos análogos o similares, ya que para estas autoridades no es válido el principio de autonomía o independencia, válido para los jueces, quienes pueden eventualmente apartarse del precedente judicial de manera excepcional y justificada. En este sentido ha dicho la Corte:

“Lo señalado acerca de los jueces se aplica con más severidad cuando se trata de la administración, pues ella no cuenta con la autonomía funcional de

eventualmente apartarse del precedente judicial de manera excepcional y justificada. En este sentido ha dicho la Corte:

“Lo señalado acerca de los jueces se aplica con más severidad cuando se trata de la administración, pues ella no cuenta con la autonomía funcional de aquéllos. Por lo tanto, el Instituto de los Seguros Sociales debió haber inaplicado la norma mencionada o haber justificado adecuadamente por qué no se ajustaba la jurisprudencia de la Corte en este punto.” [9] (Resalta la Sala)

(…)

En cuanto al margen de libertad interpretativa de las autoridades administrativas, al momento de aplicar una norma a un caso en particular, ha señalado esta Corte que éstas se enfrentan a una gama de posibles interpretaciones, frente a las cuales deben aplicar la interpretación que se ajuste a la Constitución y a la ley, y que tal interpretación autorizada, última y unificada viene dada en materia legal por el máximo tribunal de casación en la jurisdicción ordinaria o Corte Suprema de Justicia, en el derecho adm inistrativo por el Consejo de Estado y en materia constitucional por la Corte Constitucional. De esta manera, una vez establecida la interpretación de la ley y de la Constitución por los máximos Tribunales con competencias constitucionales y legales para ello, el operador administrativo se encuentra en la obligación de seguir y aplicar el precedente judicial (…).

De lo anterior se concluye que la función unificadora del Consejo de Estado que nace de la Constitución de 1991 se concreta con la Ley 1437 de 2011, de manera que el margen de interpretación normativa de las autoridades administrativas está sujeto a la interpretación que sobre las normas aplicables al caso se haya hecho por los altos Tribunales.Sentencia de segunda instancia

interpretación normativa de las autoridades administrativas está sujeto a la interpretación que sobre las normas aplicables al caso se haya hecho por los altos Tribunales.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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2.4. La sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes.

En la sentencia de unificación CE -SUJ2-012-18 proferida el 18 de julio de 2018 con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez (radic ación 73001-23-33-000-201400580-01), se indicó que los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictiv o encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley; en virtud de ello, se unificó la jurisprudencia en el sentido de

encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley; en virtud de ello, se unificó la jurisprudencia en el sentido de que a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas.

Sobre la exigibilidad de la sanción moratoria, concretamente, en la hipótesis de falta de pronunciamiento o pronunciamiento tardío, consideró:

95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas - o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente , de manera que se contarán 15 días h ábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/20068), 10 del término de ejecutoria de la decisión

(Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 20119) [5 días si la petición se presentó en vigencia

8 «Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación. […] Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de l as

a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación. […] Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de l as cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.»

9 «ARTÍCULO 76. oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. […] ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notifica ción, comunicación o publicación según el caso.

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51 10], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución . Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata e l artículo 5 de la Ley 1071 de 200611.

En la hipótesis del acto escrito que reconoce la cesantía, dijo:

Es de considerar, que este acto al ser de naturaleza particular debe ser notificado personalmente12 en los términos del artículo 67 13 del CPACA, para lo cual el ente gubernativo tuvo que consultar el contenido de la petición sobre el particular, esto es, sí el peticionario habilitó la notificación por medio de electrónico, en cuyo caso, se surtirá a través de éste medio; o si por el con trario deberá acometerse conforme a la norma procesal.

98. En el primer evento, es decir, cuando se produce la notificación por medio electrónico, habrá de considerar el artículo 56 14 del CPACA, para concluir que el término de ejecutoria se computará a par tir del día siguiente en que la entidad certifique el acceso del peticionario al contenido íntegro del acto que reconoció la cesantía, vía e-mail informado para el efecto en la petición, que en todo caso deberá hacerse a más tardar 12 días después de expedido el acto.

certifique el acceso del peticionario al contenido íntegro del acto que reconoció la cesantía, vía e-mail informado para el efecto en la petición, que en todo caso deberá hacerse a más tardar 12 días después de expedido el acto.

99. En el segundo evento, el ente gubernativo debió remitir citación al interesado dentro de los 5 días siguientes a la expedición del acto de reconocimiento de la

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.

5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.»

10 «Artículo 51. Oportunidad y presentación. De los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ell a, o a la desfijación del edicto, o a la publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo. […] Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisión quedará en firme. […]» 11 «Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.» 12 Estimándose, que conforme a la ley constituye el acto de enteramiento de la decisión al interesado haciéndole entrega íntegra y formal de una copia del acto definitivo con la indicación de los recursos procedentes, su término y ante qué autoridad

12 Estimándose, que conforme a la ley constituye el acto de enteramiento de la decisión al interesado haciéndole entrega íntegra y formal de una copia del acto definitivo con la indicación de los recursos procedentes, su término y ante qué autoridad se deben interponer.

13 «ARTÍCULO 67. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse. En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades:

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera.

La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias públicas. En la reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes, y establecerá modalidades alternativas de notificación personal para quienes no cuenten con acceso al medio electrónico.

2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir

electrónico.

2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación se contarán los términos para la interposición de recursos.»

14 «ARTÍCULO 56. NOTIFICACIÓ