TA CAQ - 18001-33-33-001-2019-00922-01-(02-11-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, noviembre dos (2) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos

Demandante: Evelio Camacho Romero

Demandado: Municipio de Florencia Radicación: 18001-33-33-001-2019-00922-01

Tema: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Quebrada La Yuca – Urbanización La Gloria / Falta de disponibilidad presupuestal no es excusa para mantener la vulneración de los derechos colectivos / Pandemia del Covid-19 como circunstancia de fuerza mayor y caso fortuito.

Acta número 79.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por el Municipio de Florencia contra la sentencia proferida el 18 de febrero de 2022 por el Juzgado Primero Administrativo del Caquetá que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Evelio Camacho Romero, en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como en los artículos 2 y 12 de la Ley 472 de 1998, solicitó que:

1 C1, archivo 10, pág. 1.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos

en los artículos 2 y 12 de la Ley 472 de 1998, solicitó que:

1 C1, archivo 10, pág. 1.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos

Demandante: Evelio Camacho Romero

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1. Se declare que el Municipio de Florencia es responsable del desequilibrio y daño ambiental actual de la Quebrada La Yuca, con ocasión de la contaminación del vertimiento directo derivado del mal funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales (en adelante PTAR).

1. Se amparen y protejan los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad pública y el acceso a una infraestructura que garantice la salubridad pública.

1. Se ordene al Municipio de Florencia construir una nueva planta de tratamiento, con el fin de proteger la fuente hídrica Quebrada La Yuca, sobre la cual recaen aguas negras que no están siendo tratadas y, en consecuencia, se condene a reparar el grave daño ambiental ocasionado.

1. Se condene a la demandada al pago de las costas y gastos del proceso.

1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. La planta de tratamiento de aguas residuales está ubicada frente al asentamiento «Parcelación La Yuca».

1. La Quebrada La Yuca recibe directamente todas las aguas negras que provienen de los edificios que se construyeron para las personas desplazadas

en la Urbanización La Gloria.

asentamiento «Parcelación La Yuca».

1. La Quebrada La Yuca recibe directamente todas las aguas negras que provienen de los edificios que se construyeron para las personas desplazadas

en la Urbanización La Gloria.

1. La problemática se genera a partir de que la planta no realiza ningún tipo de tratamiento al agua residual, «por lo que estas aguas son arrojadas por la misma planta, a la quebrada la “Yuca”» , lo cual genera una contaminación total y un daño irremediable a la salud de las personas que viven cerca del sector, puesto que deben someterse a olores nauseabundos.

1. El 21 de febrero de 2019, se presentó una denuncia ante Corpoamazonía, la Secretaría de Ambiente, la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Gestión del Riesgo para que realizaran un examen al agua que sale de la planta de tratamiento y para que investigara de fondo al contratista o entidad que la construyó.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos

Demandante: Evelio Camacho Romero

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1. El 14 de enero de 2019, el Grupo de Investigación de Materiales, Ambiente y Desarrollo de la Universidad de La Amazonía, como respuesta al estudio, conceptuó que el agua analizada presentaba características típicas de aguas residuales domésticas de carga m edio – baja que no había sido sometida a oxidación biológica; además, indicó que la concentración elevada de nitrógeno amoniacal indicaba que el agua estaba contaminada.

residuales domésticas de carga m edio – baja que no había sido sometida a oxidación biológica; además, indicó que la concentración elevada de nitrógeno amoniacal indicaba que el agua estaba contaminada.

1. La petición se reiteró el 3 de octubre de 2019 ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural del Municipio de Florencia, Corpoamazonía y la Defensoría del Pueblo, a fin de que realizaran las modificaciones necesarias a la planta de tratamiento. La Secretaría de Obras Públicas informó que se estaba ejecutando el Contrato de Obra 20180024 del 31 de diciembre de 2018, sin embargo, no se ha ejecutado. No se obtuvo respuesta de las demás entidades.

1.2. Contestación de la demanda.2

Manifestó que no se han vulnerado los derechos colectivos, toda vez que mediante el Contrato 20180024 del 31 de diciembre de 2018, ejecutado en la vigencia de 2019, se adecuó y se puso en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales, con el fin de mitigar los impactos ambientales que se hubiesen generado en el sector.

1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 18 de febrero de 2022, el Juzgado Primero Administrativo de

Florencia resolvió:

PRIMERO: AMPARAR los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad, a la salubridad pública y el acceso a la infraestructura de servicios que garantice la salubridad publica, que están siendo vulnerados por el Municipio de Florencia, por el deficiente estado en el que se encuentra la Planta de tratamiento de Aguas Residuales de la Gloria.

garantice la salubridad publica, que están siendo vulnerados por el Municipio de Florencia, por el deficiente estado en el que se encuentra la Planta de tratamiento de Aguas Residuales de la Gloria.

SEGUNDO: ORDENAR al municipio de Florencia, para que en el término improrrogable de doce (12) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, adelante las acciones técnicas, ambientales, administrativas, presupuestales y contractuales, requeridas para garant izar la prestación eficiente, con criterios de calidad, continuidad y eficiencia, a través de la adecuación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Gloria o la construcción de una nueva Planta de Tratamiento sobre la quebrada la Yuca de ser n ecesario y en caso de estarlo ejecutando, informar al Despacho acreditando las actuaciones realizadas.

Estos informes deberán reportarse con una periodicidad de seis meses, el primero de los cuales se reportará dentro de los tres meses de ejecutoriada de e sta sentencia.

2 C1, archivo 12. 3 C1, archivo 48.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos

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TERCERO: PREVENIR al Municipio de Florencia, para que se abstenga de volver a incurrir en las omisiones que dieron lugar a la vulneración de los derechos colectivos aquí protegidos.

CUARTO: EXHORTAR a Corpoamazonia para que ejerza las f unciones que le

incurrir en las omisiones que dieron lugar a la vulneración de los derechos colectivos aquí protegidos.

CUARTO: EXHORTAR a Corpoamazonia para que ejerza las f unciones que le corresponden por Ley para que las autoridades Municipales y descentralizadas del Municipio cumplan con su objetivo y para que realice de manera activa y efectiva control sobre la contaminación de los recursos hídricos, especialmente sobre l a quebrada la Yuca del Municipio de Florencia.

QUINTO: CONFÓRMESE un Comité de verificación del cumplimiento de esta sentencia, el cual, estará integrado por las partes, la Procuraduría Agraria y Ambiental, un Delegado de Corpoamazonia, la Personería Mun icipal de Florencia, el Defensor del Pueblo o la persona que delegue y la titular de este Despacho.

SEXTO: No hay condena en costas.

SEPTIMO: Por Secretaría remítase copia de la presente sentencia al Defensor del Pueblo, a la Procuraduría Agraria y Ambi ental y a Corpoamazonia para lo de su competencia.

OCTAVO: ORDENAR la publicación de la parte resolutiva de esta sentencia en un diario de amplia circulación nacional a costa del Municipio de Florencia Caquetá, en un término máximo de ocho (8) días hábiles contados a partir de su ejecutoria, y cumplido lo anterior, deberá acreditarlo en ese mismo término ante este Despacho.

(...)

En primer lugar, se pronunció sobre la normatividad aplicable y los derechos al saneamiento ambiental, a un ambiente sano, y la seguridad y salubridad públicas.

En segundo lugar, refirió que i) el actor presentó varias peticiones en las que se puede

En primer lugar, se pronunció sobre la normatividad aplicable y los derechos al saneamiento ambiental, a un ambiente sano, y la seguridad y salubridad públicas.

En segundo lugar, refirió que i) el actor presentó varias peticiones en las que se puede constatar las reiteradas ocasiones en las que solicitó iniciar acciones con la finalidad de mitigar el impacto ambiental sobre la Quebrada La Yuca; ii) la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Florencia informó que estaba en ejecución el Contrato de Obra Pública 20180024 del 31 de diciembre de 2019, cuyo objeto era poner en funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en la Urbanización La Gloria, empero, no se aportó la copia del contrato; iii) del documento técnico aportado por el demandante se puede colegir la existencia de la contaminación porque el grupo de investigación MADE de la Universidad de La Amazonía dio a conocer los resultados de estudio de caracterización del agua residual, en el sentido de que sí existe la contaminación sin proceso de oxidación del afluente hídrico; y iv) si bien el municipio aportó el acta de supervisión 18, de este no se puede detallar cuáles fueron los alcances del negocio jurídico ni las evidencias fotográficas que permitan establecer que la ejecución cumplió con los supuestos técnicos para mitigar el impacto ambiental.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos

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En tercer lugar, se detuvo en la responsabilidad del municipio demandado. Consideró que

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En tercer lugar, se detuvo en la responsabilidad del municipio demandado. Consideró que no se pudo probar que no se estuvieran vulnerando los derechos colectivos, por el contrario, del estudio de caracterización se puede extraer la existencia de un hecho g enerador de contaminación que afecta el afluente hídrico «y cuyos malos olores podrían ser dañosos para la salud de la población que habita en el sector, este foco de contaminación, es una amenaza que puede seguir desencadenando afecciones terribles a los derechos colectivos de la población Florenciana que habita en el sector aledaño a la quebrada la Yuca».

Luego, citó el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 para indicar que a la entidad territorial le corresponde ejecutar las obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos.

En cuarto lugar, instó a la entidad demandada para que realizara la intervención inmediata sobre la planta de tratamiento de aguas residuales que realiza el retorno sobre la Quebrada La Yuca, por cuanto es una problemática que se ha presentado desde hace más de 3 años. También, consideró que se deberán realizar todas las actuaciones técnicas, ambientales, administrativas, presupuestales y contractuales requeridas para garantizar el adecuado funcionamiento.

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisió n, el Municipio de Florencia presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Argumentó que:

funcionamiento.

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisió n, el Municipio de Florencia presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Argumentó que:

1. Es imposible que en el término de 12 meses se adelanten las acciones técnicas, ambientales, administrativas, presupuestales y contractuales requeridas para garantizar la prestación eficiente, con criterios de calidad, continuidad y eficiencia, a través de la adecuación de la planta de tratamiento de aguas residuales de La Gloria.

1. La actual administración ha sido respetuosa de l os derechos colectivos, toda vez que desde la vigencia 2020, ha hecho presencia a través de la prestación de los servicios públicos básicos en diferentes sectores de la ciudad, conforme con las previsiones realizadas en el proceso de empalme.

4 C1, archivo 50.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos

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1. Se han retr asado los planes y proyectos debido a situaciones de fuerza mayor y caso fortuito como los problemas de salubridad que se concretaron en la declaratoria de la emergencia sanitaria a causa del coronavirus Covid-19.

1. Los «pocos recursos» con los que contaba la entidad fueron destinados para la atención de la emergencia sanitaria para la salvaguarda de otros derechos constitucionales de primer nivel como la vida, integridad física y seguridad alimentaria de los habitantes; en consecuencia, «la no oportuna diligencia» para la puesta en funcionamiento de la PTAR

atención de la emergencia sanitaria para la salvaguarda de otros derechos constitucionales de primer nivel como la vida, integridad física y seguridad alimentaria de los habitantes; en consecuencia, «la no oportuna diligencia» para la puesta en funcionamiento de la PTAR obedece a situaciones forzosas de la esfera del actuar administrativo, «sin que ello implique la intención de causarle daño a la comunidad de estos barrios».

1. La Secretaría de Obras está en la disposición de adecuar, realizar el mantenimiento y poner en funcionamiento la PTAR, para lo cual se requiere de diferentes acciones de ejecución y evaluación que permitan su adecuado funcionamiento, «que en el momento y durante los tres meses siguientes (...) se compromete a realizar limpieza superficial, fumigación para el control de maleza, actividades de mantenimiento en pintura del encerramiento y lavado y desinfección de las cámaras de compartimiento de las PTAR ubicadas en el barrio la Gloria.».

1. La entidad está imposibilitada para la celebración de convenios interadministrativos o contratación directa, de conformidad con la Ley 006 de 2005, la cual prohíbe a las entidades celebrar contratos en la modalidad de contratación directa durante los 4 meses anteriores a la elección presidencial de la República.

1.5. Trámite de segunda instancia.

En el auto proferido el 7 de octubre de 2022 se resolvió admitir el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 18 de febrero de 2022 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021.5 Ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021.5 Ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente para decidir en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto, conforme a lo dispuesto en los artículos en los artículos 153 (competencia de

5 C2, archivo 05.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos

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los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación), así como en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la falta de recursos es razón suficiente para no cumplir con los deberes de mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización La Gloria y si la pandemia del Covid -19 puede ser considerada como un circunstancia de fuerza mayor y caso fortuito.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) sobre el marco jurisprudencial del presente medio de control y los derechos colectivos que se alegan vulnerados; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.

El artículo 88 de la Constitución Política estableció que «la Ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.»

En cumplimiento de este artículo superior, se expidió la Ley 472 de 1998 que reguló las acciones populares, las cuales están orientadas a garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos (artículo 1º). En el artículo 4º se dispuso que son derechos e intereses colectivos, los relacionados con:

1. El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; ii. La moralidad administrativa; iii. La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales,Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos

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la protecci ón de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad

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la protecci ón de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; iv. El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;

1. La defensa del patrimonio público; vi. La defensa del patrimonio cultural de la Nación; vii. La seguridad y salubridad públicas; viii. El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; ix. La libre competencia económica;
2. El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; xi. La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos; xii. El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; xiii. La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; xiv. Los derechos de los consumidores y usuarios.

Esta norma también prevé que son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia.

2.3.2. Seguridad y salubridad pública.

Sobre este Derecho, el Consejo de Estado6 se ha pronunciado en los siguientes términos:

Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y

Sobre este Derecho, el Consejo de Estado6 se ha pronunciado en los siguientes términos:

Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y

6 Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación número: 54001-2331-000-2003-00266-01(AP).Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos

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organizaciones que velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo.

(…)

En diferentes ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado s obre los conceptos de seguridad y salubridad públicas; los mismos han sido tratados como parte del concepto de orden público y se han concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. De esta manera, se puede concluir que la salubridad y seguridad públicas son derechos colectivos y, por tanto, se deben proteger a través de las acciones populares. Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en e l caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos

jurisprudencia citada, en e l caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquil idad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria . Es decir, que al momento de ponerse en funcionamiento determinados proyectos de los cuales se pueda derivar algún perjuicio para los ciudadanos, se deben realizar los estudios previos y tomar las medidas conducentes para evitar que se produzca un impacto negativo en las condiciones de salud y seguridad de los asociados” 98.

[…]

El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del “acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública”. Es un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es d isminuir la morbilidad, es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra “infraestructura” la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o servic ios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública. Por lo tanto, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica, en tre otros aspectos, la posibilidad que tienen las personas de beneficiarse de los programas de salud

la salubridad pública. Por lo tanto, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica, en tre otros aspectos, la posibilidad que tienen las personas de beneficiarse de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención, buscando disminuir el número de personas enfermas en un lugar específico y en un espacio de tiempo determinado.99

[…] de tal modo que solo se constatará la afectación a este derecho o interés colectivo, cuando se logre demostrar la imposibilidad de acceso a una infraestructura de servicios determinada; se insiste no es el acceso a los servicios, sino a la infraestructura de estos.

En esas condiciones, el Estado debe garantizar a todas las personas una infraestructura de servicios qu e proteja su derecho a la salud, además, este derecho también está relacionado con la vida en condiciones dignas, lo que tiene por consecuencia que debe realizar para su consecución acciones afirmativas que otorguen los medios necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas relacionadas con la salubridad pública.

2.3.3. El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos

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La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2002 con ponencia de la consejera Ligia López Díaz (radicación 25000 -23-24-000-200200490-01), sobre este derecho colectivo discurrió:

El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del

2002 con ponencia de la consejera Ligia López Díaz (radicación 25000 -23-24-000-200200490-01), sobre este derecho colectivo discurrió:

El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del "acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública ". El Diccionario jurídico mexicano dice que la Salubridad Pública es "la parte del derecho de protección de la salud que se otorga a través de prestaciones realizadas por el Estado en beneficio del individuo y de la sociedad en general, tendientes a proteger y restaurar la salud de la persona y de la colectividad a fin de alcanzar un estado físicamente sano de la población del país, de manera individual o concurrente

Es un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad e s disminuir la morbilidad, es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado.

Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra "infraestructura" la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública.

Por lo tanto, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implic a, entre otros aspectos, la posibilidad que tienen las personas de beneficiarse de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención, buscando disminuir el número de personas enfermas en un lugar específico y en un espacio de tiempo determinado.

Luego, en la sentencia proferida el 19 de abril de 2007 con ponencia del consejero Alier Eduardo Hernández Enríquez (radicación: 54001-23-31-000-2003-00266-01), la Sección

Luego, en la sentencia proferida el 19 de abril de 2007 con ponencia del consejero Alier Eduardo Hernández Enríquez (radicación: 54001-23-31-000-2003-00266-01), la Sección

Tercera explicó:

Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifesta ción del mismo. Se observa así, que este específico derecho o interés colectivo no puede confundirse con la salud de la comunidad, toda vez que se refiere más bien a la posibilidad de esta de acceder a infraestructuras que sirvan para protegerla. Se verifica entonces una relación comunidad – bienes y/o comunidad – organización; de tal modo que solo se constatará la afectación a este derecho o interés colectivo, cuando se logre demostrar la imposibilidad de acceso a una infraestructura de servicios determina da; se insiste no es el acceso a los servicios, sino a la infraestructura de estos. Si se hace referencia al acceso, se colige, que la garantía de este derecho i interés colectivo, se obtendrá a través de órdenes orientadas a acceder a infraestructuras de servicios.

Por manera que este derecho es un servicio público a cargo del Estado y hace alusión a la posibilidad que tiene la comunidad de gozar de instalaciones que garanticen su salud, ello significa que la administración debe otorgar los elementos o servicios para el funcionamiento de la comunidad y la buena gestión de la salubridad pública a través, por ejemplo, de programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención.Sentencia de segunda instancia

significa que la administración debe otorgar los elementos o servicios para el funcionamiento de la comunidad y la buena gestión de la salubridad pública a través, por ejemplo, de programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos

Demandante: Evelio Camacho Romero

Demandado: Municipio de Florencia Radicación: 18001-33-33-001-2019-00922-01

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2.4. Hechos probados.

En el plenario se encuentran los siguientes:

1. El 14 de enero de 2019, la Universidad de La Amazonía rindió un informe sobre la «caracterización Agua residual Doméstica Urbanización La Gloria». En este documento se consignó:7

El agua analizada presenta características típicas de agua residual doméstica de carga media-baja que no ha sido sometido a oxidación biológica. La concen tración elevada de nitrógeno amoniacal indica que el agua contiene contaminación reciente sin procesos de oxidaci