TA CAQ - 18001-33-33-002-2014-00383-01-(08-03-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión Magistrada Ponente Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, marzo ocho (8) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Diana Marcela Tovar Rubiano y otros

Demandado: Municipio de Florencia Radicación: 18001-33-33-002-2014-00383-01

Tema: Supresión de empleos de la planta de personal.

Acta número 16.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda y su subsanación.1

1.1.1. Pretensiones.

Diana Marcela Tovar Rubiano, Liliana del Carmen Rubiano Tovar, Aristides Tovar Cuellar, Magda Shirley y Milher Fabián Tovar Rubiano, Sandra Milena Peña González y la menor María Paula Ospina Tovar, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1 C1, archivo 01, págs. 106 y 211.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Diana Marcela Tovar Rubiano y otros

Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1 C1, archivo 01, págs. 106 y 211.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Diana Marcela Tovar Rubiano y otros

Demandado: Municipio de Florencia Radicación: 18001-33-33-002-2014-00383-01

Página 2 de 24

1. Se declare la nulidad del Decreto 573 de 2013 por el cual se estableció la planta de personal de la Alcaldía del Municipio de Florencia y del Oficio S.T.T.M-2134 del 13 de noviembre de 2013 , por medio del cual se le requirió la entrega del puesto de trabajo a la señora Diana Marcela Tovar Rubiano y se informó la supresión del empleo.

1. A título de restablecimiento del derecho, se condene al Municipio de Florencia a reintegrar a la señora Diana Marcela Tovar Rubiano a un cargo de igual o superior jerarquía, así como al pago de todos los emolumentos salariales y prestacionales causados desde el año «2009 hasta el 2013» que se dejaron de pagar en virtud de la supresión del cargo.

1. Se condene a la entidad demandada a l pago de los perjuicios materiales e inmateriales causados.

1. Las sumas adeudadas se actualicen conforme al IPC; se ordene el pago de los intereses moratorios; y se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos.

Fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. Diana Marcela Tovar fue nombrada como técnico administrativo grado 007 con

demandada.

1.1.2. Hechos.

Fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. Diana Marcela Tovar fue nombrada como técnico administrativo grado 007 con funciones de inspectora de policía, mediante el Decreto 212 del 17 de septiembre de 2009. Luego, con el Decreto 0215 del 31 de agosto de 2010, fue nombrada como inspectora de tránsi to en nivel técnico grado 007 , cargo que estaba reportado en la Comisión Nacional de Servicio Civil y se encontraba en vacancia definitiva.

1. El 23 de abril de 2012, a través del Oficio ORH -457 suscrito por el jefe de la Oficina de Recursos Humanos, se le informó que debía ser trasladada a la Secretaría de Gobierno Municipal con sus funciones, «es decir (...), tenía que cumplir con dos funciones o dos cargos a la vez». El 9 de mayo de 2012 hizo la entrega material del cargo de inspectora de tránsito.

1. Desde el mes de marzo de 2012 hizo parte del grupo sindical de la Alcaldía de Florencia, cuya constitución está reconocida según la certificación 3321000 delSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Diana Marcela Tovar Rubiano y otros

Demandado: Municipio de Florencia Radicación: 18001-33-33-002-2014-00383-01

Página 3 de 24

1 de febrero de 2013, luego goza ba de las prebendas de las convenciones colectivas.

1. El alcalde e ncargado del Municipio de Florencia, a pesar de estar facultado únicamente para asistir a audiencias de conciliación judicial y prejudicial,

colectivas.

1. El alcalde e ncargado del Municipio de Florencia, a pesar de estar facultado únicamente para asistir a audiencias de conciliación judicial y prejudicial, suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 2013-0081 con la Corporación Soluciones Socialmente Competentes para la elaboración e implementación del estudio técnico del proceso de modernización de la planta de personal. Este fue entregado el 31 de mayo de 2013 y no contempló despidos o reincorporaciones a la planta global.

1. El mismo día, el alcalde municipal expidió los Decretos 0292, 0293, 0294 y 0295, por los cuales se estableció la nueva estructura de la alcaldía, se fusionaron establecimientos públicos, se suprimió la planta de personal del IMOC 2 de IMDEPORTES, entre otros.

1. Luego, se expidieron los Decretos 0495 y 0496 del 11 de septiembre de 2013 , mediante los cuales se reestructuró la planta global del municipio y se reincorporó nuevamente a los funcionarios públicos. Mediante el Oficio ORH 1281 se le comunicó a la señora Diana Tovar que había sido reincorporada.

1. Mediante el Oficio ORH 1508 del 7 de octubre de 2013, se le comunicó que había sido reubicada en el cargo de inspectora de tránsito.

1. La alcaldesa del municipio expidió el Decret o 0573 del 26 de octubre de 2013, por el cual se estableció la planta de personal. Se suprimieron 236 empleos y se crearon 273, «los cuales son incongruentes con el estudio técnico allegado por la empresa».

por el cual se estableció la planta de personal. Se suprimieron 236 empleos y se crearon 273, «los cuales son incongruentes con el estudio técnico allegado por la empresa».

1. Mediante el Oficio STTM-2134 del 13 de noviembre de 2013, se le comunicó la supresión del cargo de inspector de tránsito y se le requirió la entrega inmediata.

1. El 26 de noviembre de 2013, presentó una queja ante la Procuraduría Regional del Caquetá porque, a su juicio, el Municipio de Florencia incurrió en desviación de poder. El 12 de diciembre de 2013 hizo entrega del cargo.

2 Instituto Municipal de Obras Civiles.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Diana Marcela Tovar Rubiano y otros

Demandado: Municipio de Florencia Radicación: 18001-33-33-002-2014-00383-01

Página 4 de 24

1. Pese a que el cargo había sido suprimido, la dependencia seguía atendiéndose con otro inspector de tránsito, pues el secretario le asignó las funciones al

profesional Rafael Ricardo Junior.

1. Durante la entrega, desde el 26 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2013, estuvo expuesta a altas tensiones y persecución personal y laboral, la cual afectó su salud física y mental, así como la de su núcleo familiar.

1. Según el oficio expedido el 16 de enero de 2014, su desvinculación ocurrió el 31 de octubre de 2013, sin embargo, para esa fecha entró al periodo de vacaciones, lo que significa que en el mes de noviembre de 2013 no contó con seguridad

de octubre de 2013, sin embargo, para esa fecha entró al periodo de vacaciones, lo que significa que en el mes de noviembre de 2013 no contó con seguridad social a pesar de estar vinculada a la administración municipal.

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Citaron como normas violadas los artículos 6, 25, 29, 39, 53 y 125 de la Constitución Política; 3, 28 y siguientes del CPACA; 406 del Código Sustantivo del Trabajo; 228 del Decreto 019 de 2012; 95 a 97 del Decreto 1227 de 2005; 46 de la Ley 909 de 2004 ; y 38 de la Ley 995 de 2008. Además, propuso los siguientes cargos de nulidad:

1. Infracción de las normas constitucionales en que debían fundarse los actos acusados. -) No se cumplieron las normas que establecen los parámetros de los estudios técnicos que soportan las reestructuraciones administrativas; -) el Decreto 573 de 2013 fue expedido con vulneración del debido proceso y desconocimiento de su condición de empleada provisional y aforada, pues hacía parte del sindicato de trabajadores «SINTRAEMAFLO»; -) el sustento jurídico del decreto fue el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, la cual no era aplicable porque fue modificado por el artículo 228 del Decreto 019 de 2012; -) el estudio técnico no contiene , entre otros, el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos, la identificación del mapa de procesos o cadena de valor, los estatutos internos, las técnicas para la medición de los tiempos de los trabajos, el análisis

2012; -) el estudio técnico no contiene , entre otros, el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos, la identificación del mapa de procesos o cadena de valor, los estatutos internos, las técnicas para la medición de los tiempos de los trabajos, el análisis de los procesos técnicos, misionales y de apoyo, la evaluación de la prestación de servicios, de las funciones, perfiles y cargas de trabajo.

1. Desviación de poder. -) la verdadera razón de la reestructuración se cimienta en que todos los cargos suprimidos o desmejorados , entre ellos el de la demandante, estaban ocupados por funcionarios en provisionalidad nombrados por la anterior administración, luego se trató de una rivalidad política entre partidos; -) para la fecha de desvinculación, seSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Diana Marcela Tovar Rubiano y otros

Demandado: Municipio de Florencia Radicación: 18001-33-33-002-2014-00383-01

Página 5 de 24

había convocado la realización de los comicios para elegir un re presentante a la cámara, de modo que la alcaldesa no podía autorizar u ordenar la reestructuración de la planta de personal.

1. Falsa motivación. El Decreto 573 de 2013 ni siquiera citó el estudio técnico contratado para la reestructuración, además, este re flejaba la necesidad de incorporar nuevos cargos, pero no la supresión ni el desmejoramiento salarial de los funcionarios públicos.

1. Desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa. No se estudiaron las condiciones particulares de cada empleado, por ejemplo, para el caso de Diana Marcela

públicos.

1. Desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa. No se estudiaron las condiciones particulares de cada empleado, por ejemplo, para el caso de Diana Marcela Tovar no se tuvo en cuenta su condición y vinculación laboral; tampoco se dio aplicación a la medición de cargas laborales ni se determinó un estudio técnico serio y objetivo que estableciera la necesidad de suprimir el empleo o desmejorarlo.

1.2. Contestación de la demanda.3

El Municipio de Florencia se opuso a las pretensiones de la demanda . Se limitó a argumentar que los actos demandados fueron expedidos en pleno ejercicio de las competencias legales atribuidas al representante del municipio y que la modernización se llevó a cabo en cumplimiento de los mandatos legales y preceptos técnicos que deben tenerse en cuenta para esos procesos.

1.3. Sentencia de primera instancia.4

En la sentencia proferida el 30 de junio de 2021 , el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia denegó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.

Luego de abordar el marco normativo y jurisprudencial, procedió a resolver el caso concreto. Para tal efecto, enumeró las pruebas aportadas y sostuvo que:

1. En octubre de 2013 la demandante fue vinculada en el cargo de inspector de tránsito código 7 grado 312 del nivel técnico, el cual fue suprimido mediante el Decreto 573 de 2013 que estuvo soportado en el estudio técnico elaborado por

3 C1, archivo 06, pág. 21. 4 C1, archivo 30.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Decreto 573 de 2013 que estuvo soportado en el estudio técnico elaborado por

3 C1, archivo 06, pág. 21. 4 C1, archivo 30.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Diana Marcela Tovar Rubiano y otros

Demandado: Municipio de Florencia Radicación: 18001-33-33-002-2014-00383-01

Página 6 de 24

la Corporación Soluciones Sociales. A pesar de que se crearon 273 cargos, no fue incluido el que desempeñaba la señora Diana Tovar.

1. Para el año 2013, la alcaldía municipal fue objeto de 2 procesos de modernización, uno basado en el Estudio Técnico Modernización Institucional Alcaldía de Florencia de fecha 31 de mayo de 2013 en virtud del cual se fusionaron y suprimieron entidades descentralizadas, se crearon dependencias, secretarías y otros; y dos, el Estudio Técnico de la Planta de Personal de la Alcaldía de Florencia de octubre de 2013, cuya finalidad era el ajuste de la planta de personal del nivel centr al del Municipio de Florencia, suprimiendo cargos y creando otros.

1. El Decreto 573 de 2013 fue expedido conforme a las facultades otorgadas por el numeral 7 del artículo 315 de la Constitución Política y también por el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 228 del Decreto 19 de 2012 que señala que las reformas deben ser motivadas, de acuerdo con l as necesidades del servicio y con fundamento en estudios técnicos que así lo demuestren.

46 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 228 del Decreto 19 de 2012 que señala que las reformas deben ser motivadas, de acuerdo con l as necesidades del servicio y con fundamento en estudios técnicos que así lo demuestren.

1. En el plenario no reposa el estudio técnico que soportó el Decreto 573 de 2013, lo cual imposibilita realizar un pronunciamiento de fondo sobre la procedencia de los cargos de nulidad que se arguyen en la demanda , es decir, falsa motivación; desconocimiento del derecho de audiencia y defensa ; e infracción de las normas en que debería fundarse.

1. Frente al desconocimiento del derecho de asociación sindical, el hecho de que la demandante tuviera la condición de sindicalizada, no le otorgaba la garantía de fuero, pues para merecer dicha atribución o beneficio se requería que perteneciera a las directivas de los sindicatos, a sus miembros adherentes o fundadores, calidades que no fueron demostradas.

1. Sobre la autorización del proceso de reestructuración en periodo preelectoral, el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 prohíbe modificar la planta de personal dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones de cargos de elección popular; en el caso concreto, el acto administrativo por el cual la alcaldesa de Fl orencia autorizó el proceso de reestructuración data del 26 de octubre de 2013, es decir, más de los 4 meses de las citadas elecciones, pues ocurrieron el 9 de marzo de 2014.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Diana Marcela Tovar Rubiano y otros

Demandado: Municipio de Florencia

2014.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Diana Marcela Tovar Rubiano y otros

Demandado: Municipio de Florencia Radicación: 18001-33-33-002-2014-00383-01

Página 7 de 24

Por lo anterior, concluyó que no existen pruebas de las que se pueda inferir la existencia de las causales de nulidad expuestas en la demanda, lo que hace presumir que el ente demandado expidió el acto administrativo conforme a derecho.

1.4. Recurso de apelación.5

Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Reiteró los argumentos, las pretensiones y los hechos de la demanda únicamente con la adición de la expresión «no se desvirtuó por parte del Municipio de Florencia que (...)». Adicionalmente manifestó que:

1. Sí se aportó el estudio técnico de modernización que sustentó el acto administrativo demandado, pues obra a partir del folio 67 y siguientes del expediente virtual; además, fue decretado como prueba en la audiencia inicial realizada el 31 de mayo de 2017 y por ello fue aportado mediante un CD que reposa en el folio 1298. Esto comprueba que el Decreto 573 de 2013 se elaboró sin el lleno de los requisitos legales.

1. Frente al cargo relacionado con la violación de la Ley de Garantías, el a quo no computó los términos desde que tuvo fuerza vinculante y que causó los efectos el Decreto 573 de 2013; si bien fue expedido el 26 de octubre de 2013, solo

computó los términos desde que tuvo fuerza vinculante y que causó los efectos el Decreto 573 de 2013; si bien fue expedido el 26 de octubre de 2013, solo operó o trajo consecu encias jurídicas a partir de su notificación, esto es, el 26 de noviembre de 2013, fecha que se encuentra dentro de los 4 meses que prevé la norma.

1.5. Trámite de segunda instancia.

Mediante el auto proferido el 14 de diciembre de 2021, se resolvió admitir el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021. 6 Hasta el término de ejecutoria, ningún sujeto procesal se pronunció.

5 C1, archivo 32. 6 C2, archivo 04.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Diana Marcela Tovar Rubiano y otros

Demandado: Municipio de Florencia Radicación: 18001-33-33-002-2014-00383-01

Página 8 de 24

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recur so de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recur so de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la señora Diana Marcela Tovar Rubiano tiene derecho a ser reincorporada en el cargo que ocupaba en la planta de personal de la Alcaldía del Municipio de Florencia y que fue suprimido, toda vez que el estudio técnico no cumplía los presupuestos previstos en la ley y el Decreto 573 de 2013 fue expedido en vigencia de la prohibición contemplada en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005.

Para tal efecto, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial sobre los procesos de modernización de las entidades territoriales y la supresión de los cargos ; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala, c aso concreto. En este último, se analizará cada uno de los cargos de apelación en el orden que propuso la parte actora.

2.3. Sobre los procesos de modernización adelantados por las entidades territoriales y la supresión de los cargos . Marco normativo y jurisprudencial.

De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado7, la supresión de empleos es entendida como la desaparición o reducción de puestos de trabajo en que los servidores públicos ejercen y desarrollan determinadas funciones.

Esta, a su vez, se presen ta por la fusión o liquidación de la entidad pública, por reestructuración, por modificación de la planta de personal, reclasificación de los empleos o por las políticas de modernización del Estado, con el fin de hacer más eficaz la prestación

Esta, a su vez, se presen ta por la fusión o liquidación de la entidad pública, por reestructuración, por modificación de la planta de personal, reclasificación de los empleos o por las políticas de modernización del Estado, con el fin de hacer más eficaz la prestación del servicio público para el control del gasto público.

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 7 de marzo de 2013, radicación 05001 -23-31-0002002-00079-01(1454-11), C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Diana Marcela Tovar Rubiano y otros

Demandado: Municipio de Florencia Radicación: 18001-33-33-002-2014-00383-01

Página 9 de 24

La Ley 909 de 2004 prevé que:

1. Al Departamento Administrativo de la Función Pública le corresponde fijar las políticas en materia de organización administrativa del Estado, orientadas hacia la funcionalidad y modernización de las estructuras administrativas y los estatutos orgánicos de las entidades públicas del orden nacional (artículo 14-c)

1. Una de las causales del servicio ocurre por supresión del empleo (artículo 41);

1. Las reformas de plantas de personal de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamen to

necesidades del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamen to Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP-.

El Departamento Administrativo de la Función Pública adoptará la metodología para la elaboración de los estudios o justificaciones técnicas, la cual deberá ceñirse a los aspectos estrictamente necesarios para soportar la reforma a las plantas de personal (artículo 46).

A su vez, el Decreto 1083 de 2015 «por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública» estableció:

Artículo 2.2.12.1 Reformas de las plantas de empleos . Las reformas de las plantas de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren.

Parágrafo. Toda modificación a las plantas de empleos, de las estructuras y de los estatutos de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva d el poder público del orden nacional deberán contar con el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Artículo 2.2.12.2 Motivación de la modificación de una planta de empleos . Se entiende que la modificación de una planta de empleos está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o

entiende que la modificación de una planta de empleos está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas, de:

1. Fusión, supresión o escisión de entidades.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Diana Marcela Tovar Rubiano y otros

Demandado: Municipio de Florencia Radicación: 18001-33-33-002-2014-00383-01

Página 10 de 24

2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la entidad.

3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro.

4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones.

5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o prestación de servicios.

6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.

7. Introducción de cambios tecnológicos.

8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad.

9. Racionalización del gasto público.

10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las entidades públicas.

Parágrafo 1°. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilid ad, proporcionalidad y prevalencia del interés general.

entidades públicas.

Parágrafo 1°. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilid ad, proporcionalidad y prevalencia del interés general.

Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad, no tendrá la calidad de nuevo nombramiento la incorporación que se efectúe en cargos iguales o equivalentes a los suprim idos a quienes los venían ejerciendo en calidad de provisionales.

En la sentencia de tutela de primera instancia proferida el 18 de junio de 2020 por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso radicado con número 11001-03-15-000-2020-00714-00(AC) y siendo ponente el consejero Doctor Rafael Francisco Suárez Vargas, al resolver sobre la acción constitucional contra una sentencia que negó las pretensiones de la demanda, discurrió:

Encuentra la Sala , conforme a lo expuesto, que no resulta ser cierto que la Comunicación Oficial No. 6348 del 23 de enero de 2013 enjuiciada no esté motivada, por cuanto, como lo sostiene el Tribunal, este acto administrativo se fundó en un proceso de restructuración administrativa que había dispuesto, entre otros, la supresión de empleos desempeñados en provisionalidad; en este orden de ideas no es relevante el yerro en la cita del número del código del cargo, en cuanto el alcance y el contenido de la decisión son claros y, sin lugar a dudas, esta se refiere al empleo ocupado por la impugnante, por lo que no tiene incidencia como para enervar la legalidad de dicho acto administrativo.

alcance y el contenido de la decisión son claros y, sin lugar a dudas, esta se refiere al empleo ocupado por la impugnante, por lo que no tiene incidencia como para enervar la legalidad de dicho acto administrativo.

Como es sabido la supresión del empleo h a sido prevista por el legislador como una causal de retiro aplicable a cualquier empleo público independientemente de su naturaleza o forma de vinculación —carrera administrativa, libre nombramiento y remoción o provisionalidad —, fundada enSentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Diana Marcela Tovar Rubiano y otros

Demandado: Municipio de Florencia Radicación: 18001-33-33-002-2014-00383-01

Página 11 de 24

necesidades del servicios o de modernización de la entidad; así lo ha sostenido la jurisprudencia8 de esta corporación, al señalar que:

La Sala en reiteradas ocasiones ha sostenido que la supresión de empleos debe entenderse como una causa legal de retiro del servicio de los empleados del sector público, que se encuentra justificada por la necesidad de adecuar las plantas de personal de las distintas entidades públicas a los requerimientos del servicio para hacer más ágil, eficaz y eficiente la función que deben cumplir.

De este modo, la estabilidad laboral relativa de que gozan los servidores vinculados en provisionalidad en cargos de carrera en provisionalidad no es óbice para separarlos del servicio, cumpliendo estrictamente el deber impuesto a la administración de motivar el acto de desvinculación —supresión del cargo —, requisito satisfecho en el caso bajo examen, con plena garantía de los principios de

separarlos del servicio, cumpliendo estrictamente el deber impuesto a la administración de motivar el acto de desvinculación —supresión del cargo —, requisito satisfecho en el caso bajo examen, con plena garantía de los principios de legalidad, publicidad y debido proceso.

Por lo expuesto la Sala concluye que la accionante fue desvinculada del cargo que ocupaba en provisionalidad por una justa causa que tiene como fundamento el proceso de reestructuración del Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago.

Entonces, c uando la supresión de cargos ocurre por reestructuración de la entidad administrativa, es necesario que exista un proceso previo a la decisión que permita determinar, con certeza, qué empleos serán eliminados de la planta de personal. Sin embargo, no puede adelantarse cualquier proceso, debe tratarse de un trámite detallado y riguroso que se plasma en un estudio técnico que, a su vez, da garantía de los derechos del personal que, ante la prevalencia del interés general, queda cesante.

Sin lugar a duda, la responsabilidad del referido estudio está a cargo del representante legal de la entidad, quien debe regirse por las políticas, lineamientos y orientaciones previstas en las normas y las que sean impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de las guías que expida para el efecto.

2.4. Hechos probados.

En el plenario se encuentran los siguientes:

1. Mediante el Decreto 212 del 17 de septiembre de 2009, la señora Diana Marcela Tovar Rubiano fue nombrada en provisionalidad en el cargo de técnico administrativo grado 7 código 367, nivel técnico.9

1. Mediante el Decreto 212 del 17 de septiembre de 2009, la señora Diana Marcela Tovar Rubiano fue nombrada en provisionalidad en el cargo de técnico administrativo grado 7 código 367, nivel técnico.9

8 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B i) 26 de julio de 2012, radicado núm. 25000-23-25-000-2001-06353-03; ii) 1 de octubre de 2009, radicado núm. 0610 de 2008, C. P. Gerardo Arenas Monsalve; iii) 3 de mayo de 2007, radicado núm. 6811-2005, C. P. Jesús María Lemos Bustamante, entre otras. 9 C1, archivo 01, pág. 35.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Diana Marcela Tovar Rubiano y otros

Demandado: Municipio de Florencia Radicación: 18001-33-33-002-2014-00383-01

Página 12 de 24

1. Posteriormente, con el Decreto 215 del 31 de agosto de 2010 fue nombrada en provisionalidad en el cargo de inspector de tránsito grado 7, código 312, nivel técnico