TA CAQ - 18001-33-33-002-2015-00027-01-(23-03-2023)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ

-SALA CUARTAMagistrada Ponente: YANNETH REYES VILLAMIZAR

Florencia, veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2.023)

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicado: 18001-33-33-002-2015-00027-01

Demandante: ESMERALDA HOYOS BARREIRO

Demandado: DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ Tipo de expediente: FÍSICO

Tema: Reintegro empleada provisional. Cargo provisto con empleado de carrera.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, a pronunciarse sobre el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte actora en contra de la sentencia del 19 de diciembre de 2018, mediante la cual, el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. LA DEMANDA.

Pretende la parte actora que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Decreto No. 000679 del 15 de julio de 2014, por medio del cual, la Gobernadora encargada del departamento de Caquetá, dio por terminado el nombramiento en provisionalidad a la señora Esmeralda Hoyos Barreiro, en el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 13.

A título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a la entidad accionada a que:

señora Esmeralda Hoyos Barreiro, en el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 13.

A título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a la entidad accionada a que:

1. Reintegre a la demandante al mismo cargo u otro de igual o superior jerarquía y/o remuneración.

2. Se ordene el pago de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social que dejó de percibir la demandante, desde su retiro hasta que se haga efectivo el reintegro mismo al mismo cargo que desempeñaba la demandante.

3. Se ordene que pague a título de indemnización por despido en estado de discapacidad, el valor de 180 días de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por no haber mediado autorización para despedir de la autoridad competente y sin haber realizado el trámite para ubicarla en otro puesto de trabajo.Sentencia de Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011

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Página 2 de 17 Como hechos relevantes de la demanda señaló los siguientes:

1. Indicó que la señora Esmeralda Hoyos Barreiro, fue nombrada en provisionalidad en la Secretaria de Educación Departamental , el 19 de abril de 2004, en el cargo de Auxiliar Administrativo , para laborar en la Institución Educativa Rural el Portal La

Mono.

2. Manifestó que, para cumplir con sus labores asignadas, debía desplazarse desde la cabecera municipal del Belén de los Andaquíes, aproximadamente una (1) hora y

Mono.

2. Manifestó que, para cumplir con sus labores asignadas, debía desplazarse desde la cabecera municipal del Belén de los Andaquíes, aproximadamente una (1) hora y treinta (30) minutos, por carretera destapada en motocicleta hasta la vereda.

3. Refirió que par a el año 2011, la señora Esmeralda Hoyos Barreiro , comenzó a presentar síntomas de dolor y a tener limitación en el desempeño de sus funciones, por lo anterior se le diagnosticó “EPICONDILITIS LATERAL DE CODOS”, de la anterior situación, la demandada Secre taría de Educación – Departamento del Caquetá, tuvo conocimiento desde el diagnóstico hasta el día 18 de julio de 2013, que la EPS SALUDCOOP, le solicitó a la entidad documentos para estud iar el origen de su enfermedad. Por lo anterior , la señora Esmeralda Hoyos Barreiro , solicitó al Secretario de Educación Departamental, que gestionara y au torizara su reubicación laboral.

4. Expuso que la demandante, presentó petición ante la Jefe de Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación Departamental el 11 de octubre de 2013, realizando la misma solicitud de reubicación laboral, obteniendo respuesta el mismo día por parte de la entidad, aduciendo que no era posible atender su solicitud por cuanto esta no contaba con vacante administrativas y que existían 14 solicitudes similares al caso de la señora Esmeralda Hoyos Barreiro esperando traslado.

5. Indicó que el 25 octubre de 2013, la ARP Positiva realizó análisis al puesto de trabajo de la demandante, para determinar el origen de su enfermedad, donde se reconoció

5. Indicó que el 25 octubre de 2013, la ARP Positiva realizó análisis al puesto de trabajo de la demandante, para determinar el origen de su enfermedad, donde se reconoció que las actividades desarrolladas por la demandante requerían en su mayoría de movimiento repetitivos.

6. Arguyó que la señora Esmeralda Hoyos Barreiro, reiteró su petición de reubicación ante la Jefe Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación Departamental, de la cual no obtuvo respuesta alguna. Así mismo se dirigió mediante escrito ante el Rector de la I.E. Rural El Portal La Mono, por ser su jefe inmediato, pues señala que tenía conocimiento de que la entidad iba a nombrar en su cargo a la persona que ganó el concurso de méritos y debido a la patología que venía presentando en su salud, por ello quiso gestionar nuevamente su solicitud de traslado.

7. Puntualizó que mediante Decreto No. 000679 del 15 julio de 2014, la Secretaria de Educación – Departamento del Caquetá terminó el vínculo laboral con la señora Esmeralda Hoyos Barreiro y nombró a quien había ganado el concurso de méritos.

8. Señaló que mediante Dictamen No. 26630378 del 21/05/2014, el Comité Interdisciplinario de Salucoop, estableció que la enfermedad de la actora es de origen común. La decisión fue recurrida y remitida a la Junta de Regional de Calificación de Invalidez del Huila.Sentencia de Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011

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9. Aseveró que la demandante, el día 24 de septiembre de 2014 interpuso acción de tutela en contra de la entidad demandada , por considerar que sus derech os fundamentales al trabajo, debido proceso, mínimo vital, dignidad humana, salud, estabilidad laboral reforzada por debilidad manifiesta, fueron vulnerados por parte de la Secretaria de Educación Departamental del Caquetá. El Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes de Florencia, Caquetá, mediante auto del 10 de octubre de 2014 negó el amparo de los derechos invocados por la demandante.

Como normas violadas señaló: Constitución Política: Preámbulo, artículos 1, 2, 5, 13, 16, 25, 29, 47, 53, 54, 93, 95 y 333; artículo 26 de la Ley 361 de 1997; Ley 776 de 2002.

En el concepto de violación indicó los siguientes cargos de nulidad:

 Falta de motivación del acto demandado – Violación al debido proceso para despedir a persona con problemas de salud – estabilidad en materia laboral.

Indica que a pesar de que el acto administrativo demandado tiene una motivación que sustenta el retiro de la señora Esmeralda Hoyos Barreiro, este no era suficiente por si solo para desvincular a la demandante de su cargo, es decir que, aunque se manifestara que se iba a proveer el cargo con la persona que había ganado el concurso este no bastaba dadas las circunstancias de especial protección en que se encontraba la demandante al momento

para desvincular a la demandante de su cargo, es decir que, aunque se manifestara que se iba a proveer el cargo con la persona que había ganado el concurso este no bastaba dadas las circunstancias de especial protección en que se encontraba la demandante al momento de ser retirada. La entidad debió realizar un análisis de los puestos que tenía en la planta de personal y verificar la posibilidad de remover, trasladar o incluso cambiar de empleo a la señora Esmeralda, para garantizar su estabilidad laboral, y además de ello, debió solicitar el respectivo permiso para despedirla. Por lo anterior, expone que el acto administrativo carece de motivación.

 Infracción de las normas en que se debería fundar el acto (art. 26 Ley 361 de 1997, arts. 4 y 8 de la Ley 776 de 2002, en relación con los artículos 13, 47 y 53 Constitucional).

Trae a colación el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para señalar que existe una cláusula que prohíbe la desvinculación laboral de las personas que se encuentren afectadas en su salud, determinando que para su retiro es necesario que exista autorización por parte autoridad competente, para el caso de entidades públicas , se requiere que la motivación contenga una razón suficiente y que no vulnere los derechos del empleado enfermo.

Así mismo, relaciona los artículos 4 –reincorporación al trab ajoy 8 –reubicación del trabajadorde la Ley 776 de 2002, los cuales indican que los empleadores tienen la obligación de reubicar a sus empleados cuando a ello hubiere lugar por situaciones médicas, dicha normatividad dispone que para dar cumplimiento a dicho traslado es procedente que el empleador realice los movimientos de personal.

de reubicar a sus empleados cuando a ello hubiere lugar por situaciones médicas, dicha normatividad dispone que para dar cumplimiento a dicho traslado es procedente que el empleador realice los movimientos de personal.

Por lo anterior y teniendo en cuenta el caso en particular, la entidad demandada no tuvo en cuenta la condición de salud de la señora Esmeralda Hoyos Barreiro y decidió desvincularla, sin tener en cuenta la normatividad que regula este tipo de situación, es así que el acto administrativo demandado es nulo por infracción de las normas.Sentencia de Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011 Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2015-00027-01 Esmeralda Hoyos Barreiro

Página 4 de 17 Por otro lado, señala que la entidad demandada debió reubicar a la señora Esmeralda Hoyos Barreiro mas no terminar su vinculación laboral, por ello se desprende que el retiro que realizó la Secretaria de Educación Departamental del Caquetá de la demandante fue de manera ilegal e inconstitucional por la infracción de los artículos 13, 47 y 53, debido a que las personas con algún grado de problema de salud poseen una protección más extensa por su debilidad. Refiere que, frente a dicha situación en casos similares, la Corte Constitucional ha desarrollado jurisprudencia frente a la cual ha reiterado la procedencia de la provisión de cargos de la lista de elegibles previo concurso de mérito y protección especial a las personas en situación de discapacidad.

I.2. POSICIÓN DE LA ENTIDAD ACCIONADA.

Frente a los hechos de la demanda, adujo que la Secretaría de Educación tuvo conocimiento

en situación de discapacidad.

I.2. POSICIÓN DE LA ENTIDAD ACCIONADA.

Frente a los hechos de la demanda, adujo que la Secretaría de Educación tuvo conocimiento de la condición médica de la señora Esmeralda Hoyos Barreiro solo hasta 18 de julio de 2013, en virtud de la petición presentada por Salucoop, y las recomendaciones dadas fueron preventivas, sin que existirá dictamen médico que determinará el origen de la enfermedad.

Afirmó que no es cierto que el pasado 16 de septiembre de 2013 , se hubiese solicitado la reubicación laboral por enfermedad, puesto que no figura registro alguno en el SAC –Sistema de Atención al Ciudadano-.

Aseveró que la Secretaría de Educación Departamental, adelantó las gestiones administrativas para la reubicación de la señora Esmeralda Hoyos Barreiro , pero la insuficiente planta de personal impidi ó realizar un traslado adecuado; y en cuanto a la vulneración o inobservancia del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, menciona que dicha norma protege a las personas con limitaciones –deberán aparecer certificadas en el carné de salud- , y que la actora no ostenta dicha condición, por lo tanto no era necesario pedir autorización.

En cuanto a las pretensiones de la demanda, se op uso a cada una de ellas y solicit ó sean denegadas por cuanto el acto administrativo demandado fue expedido en cumplimiento de la normatividad vigente.

Con relación a la falta de motivación, por cuanto la desvinculación de la señora Esmeralda Hoyos Barreiro, obedeció a un concurso de méritos el cual se le dio apertura en el año 2005

normatividad vigente.

Con relación a la falta de motivación, por cuanto la desvinculación de la señora Esmeralda Hoyos Barreiro, obedeció a un concurso de méritos el cual se le dio apertura en el año 2005 y como resultado de este fue elegida la s eñora Carmen Ortiz Ortiz. Señal ó que el acto enjuiciado se dio, atendiendo a lo estipulado en la Resolución No. 2527 del 10 de diciembre de 2013 y el oficio No. 2013EE44252 del 16 de diciembre de 2013, actos mediante los cuales se establecen la lista de elegibles para proveer empleos de carrera.

Respecto del segundo cargo “nulidad del acto administrativo demandado por infracción de las normas en que se debería fundar el acto”, expuso que la señora Esmeralda Hoyos Barreiro no se encuentra en situación de discapacidad o limitación que infiera un grado de protección laboral mayor al de otras personas que se encuentra en provisionalidad.

Como argumento de defensa, refi rió la presunción de legalidad del acto administrativo atacado, por cuanto se expidió dando cumplimiento a principios, normas legales y constitucionales para la expedición de estos mismos.Sentencia de Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011 Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2015-00027-01 Esmeralda Hoyos Barreiro

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I.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, mediante sentencia de fecha 19 de diciembre de 2018, resolvió negar las pretensiones de la demanda.

Indicó la juez de primera instancia, frente al primer cargo de nulidad invocado por la

El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, mediante sentencia de fecha 19 de diciembre de 2018, resolvió negar las pretensiones de la demanda.

Indicó la juez de primera instancia, frente al primer cargo de nulidad invocado por la demandante, -“falta de motivación del acto demandado – violación al debido proceso para despedir a personas con problemas de salud – estabilidad en materia laboral” -, que el acto administrativo objeto de la presente Litis, sí fue debidamente motivado por lo tanto no existe mérito para aludir una falta de motivación del acto que retiró del servicio a la señora Esmeralda Hoyos Barreiro, por cuanto este se dio atendiendo a la necesidad de nombrar a quien había superado el concurso de méritos y se encontraba en la lista de elegibles.

En cuanto al argumento dado por la demandante, respecto de que la Secretaria de Educación Departamental, debía analizar los puestos que tenía en la planta de personal, y verificar la posibilidad de remover, trasladar o cambiar de puesto a la señora Esmeralda Hoyos Barreiro con la finalidad de que no se vulnerara su derecho a la estabilidad laboral por su estado de salud, para el a quo , la enfermedad denominada “EPINDILITIS LATERAL BILATERAL”, la cual fue diagnosticada a la demandante, no se a creditó durante el proceso que ésta generara alguna disminución en su capacidad laboral.

Expuso, que tampoco se demostró en el plenario, que la planta de personal de la Secretaria de Educación Departamental del Caquetá, tuviera otras vacantes para que fuese suplida por la demandante. Por ello, indicó el Despacho que el retiro de la señora Esmeralda Hoyos Barreiro no fue por un motivo caprichoso de la administración si no por una razón objetiva.

la demandante. Por ello, indicó el Despacho que el retiro de la señora Esmeralda Hoyos Barreiro no fue por un motivo caprichoso de la administración si no por una razón objetiva.

Hizo énfasis en lo que re fiere a la estabilidad laboral del servidor público nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera, señalando que estos nombramientos, se hacen con la intención de responder a las necesidades de personal de la administración en los momentos en que se p resenten vacancias definitivas o temporales, mientras dichos cargos son provistos y se cumplen con los requisitos de ley mientras cesa la situación que originó la vacancia.

Así mismo, indicó que el fundamento para declarar la nulidad del acto administrativo que retira a un funcionario que ejerció un cargo de carrera en provisionalidad, procedería solo si demuestra el desconocimiento del deber de motivar el acto, y por lo tanto estaríamos frente a una violación del debido proceso del servidor público afect ado por la decisión , pues atendiendo a la naturaleza del cargo este le reconoce la estabilidad relativa que en los eventos de desvinculación se materializa el derecho a conocer las razones por las cuales se adoptó tal determinación.

Frente a la segunda c ausal de nulidad invocada -“nulidad del acto administrativo demandado por infracción de las normas en que se debería fundar el acto, específicamente el art. 26 de la Ley 361 de 1997 (…)” -, indicó que no estaba llamado a prosperar, por cuanto no se acreditó la condición de sujeto de especial protección, por considerar que el solo diagnóstico de su enfermedad no acredita dicha condición de discapacidad, como tampoco demostró la disponibilidad de otras vacantes en la planta de

prosperar, por cuanto no se acreditó la condición de sujeto de especial protección, por considerar que el solo diagnóstico de su enfermedad no acredita dicha condición de discapacidad, como tampoco demostró la disponibilidad de otras vacantes en la planta de personal de la entidad demandada.Sentencia de Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011 Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2015-00027-01 Esmeralda Hoyos Barreiro

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I.4. EL RECURSO DE APELACIÓN.

La parte actora sustentó su recurso de apelación así:

1. Falta de motivación y ausencia de permiso para despido: Reiteró que el argumento expuesto para el retiro de la señora Esmeralda Hoyos Barreiro en el acto administrativo demandado, no era suficiente para desvincular a la demandante de su cargo, es decir, que, aunque se hiciera alusión a que se iba a proveer el cargo a la persona que había superado las etapas del concurso de méritos, este no bastaba dadas las circunstancias de salud en que se encontraba la actora, toda vez que era necesario que la entidad hiciera un análisis de la planta de personal, y verificara la posibilidad de trasladar o cambiar de empleo a la actora, para no vulnerar su derecho a la estabilidad laboral reforzada, máxime que la entidad ya tenía conocimiento de las condiciones de salud antes de producirse el nombramiento en propiedad, y en reiteradas ocasiones se había solicitado su reubicación laboral. Por lo anterior afirmó, que la entidad debi ó tramitar el permiso para despido o haber fundamentado

condiciones de salud antes de producirse el nombramiento en propiedad, y en reiteradas ocasiones se había solicitado su reubicación laboral. Por lo anterior afirmó, que la entidad debi ó tramitar el permiso para despido o haber fundamentado suficientemente el acto, máxime cuando se logró acreditar con el Dictamen No. 7053 del 03/10/2016 emitido por la Junta de Calificaci ón del Huila, que las afecciones son de origen laboral.

Indicó que el argumento expuesto anteriormente, tiene sustento en la sentencia SU 917-10 de la Corte Constitucional , por cuanto esta exige que para que el retiro proceda, debe sustentarse el acto administrativo con una razón suficiente, sin embargo.

2. Sujeto de Especial Protección – Estabilidad laboral reforzada: Refirió que el a quo desconoció jurisprudencia de la Corte Constitucional cuando indicó que al no existir calificación de la perdida de la capacidad laboral no era posible asegurar que la señora Esmeralda Hoyos Barreiro era sujeto de especial protección de la Ley, sin embargo el máximo órgano constitucional ha establecido que la protección laboral reforzada se desprende de cualquier afectación de salud, es decir que no establece que deba existir la calificación porcentual de la perdida de la capacidad.

3. Deber de reubicación: Afirmó que era obligación de la Secretaria de Educación – Departamento del Caquetá, reubicar a la demandante tal como ella lo solicitó en varias oportunidades debido a su estado de salud, sin embarg o, siempre obtenía una respuesta negativa por parte de la entidad. Expuso que a partir del momento en que la Secretaria de Educación Departamental del Caquetá tenía conocimiento de las

oportunidades debido a su estado de salud, sin embarg o, siempre obtenía una respuesta negativa por parte de la entidad. Expuso que a partir del momento en que la Secretaria de Educación Departamental del Caquetá tenía conocimiento de las condiciones de salud de la señora Esmeralda Hoyos Barreiro, esta tenía prohibido efectuar el despido, por ello este se considera que fue de manera ilegal.

I.5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN LA INSTANCIA.

La parte actora reiteró los argumentos expue stos en el recurso de apelación ; el Departamento del Caquetá, según constancia secretarial del 24 de abril de 2019, la entidad accionada se abstuvo de alegar de conclusión. El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto.Sentencia de Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011 Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2015-00027-01 Esmeralda Hoyos Barreiro

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II. CONSIDERACIONES

II.1. COMPETENCIA.

Es competente esta Corporación para conocer en segunda instancia del presente medio de control, de conformidad con el artículo 153 del CPACA.

II.2. ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO.

Decreto No. 000679 del 15 de ju lio de 201 4, por la cual se termina el nombramiento provisional de la señora Esmeralda Hoyos Barreiro y se nombra en periodo de prueba a Carmen Ortiz Ortiz en la IER el Portal La Mono, zona rural del municipio de Belén de los Andaquíes.

II.3. PROBLEMA JURÍDICO.

De conformidad con el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte actora,

Andaquíes.

II.3. PROBLEMA JURÍDICO.

De conformidad con el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte actora, la Sala deberá resolver:

a. ¿A la actora le fue vulnerado su derecho a la estabilidad laboral reforzada teniendo en cuenta su estado de salud, en virtud de la expedición del acto administrativo que termina su nombramiento en provisionalidad?

b. En virtud a la respuesta que se dé a la anterior pregunta ¿es nulo el acto demandado?

II.4. SOLUCIÓN DE PROBLEMA JURÍDICO.

Pretende la parte actora que se declare la nulidad del Decreto No. 000679 del 15 de julio de 1994, por medio del cual se dio por terminado un nombramiento provisional a la señora Esmeralda Hoyos Barreiro, en el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 13 por encontrarse viciado de falta de motivación y violación de las normas en que debería fundarse; y a título de restablecimiento se ordene el reintegro de la actora al mismo cargo u otro de igual jerarquía, se cancelen los salarios, prestaciones sociales y seguridad social dejados de percibir, y a título de indemnización se cancele 180 días de trabajo (art. 26 Ley 361 de 1997), al considerar que para su retiro debió mediar autorización, atendiendo las condiciones de salud que presentaba para la época, o que se debió sustentar mayormente el acto acusado, en el sentido de indicar que tampoco era procedente la reubicación laboral.

Por su parte, el Departamento de Caquetá, consider ó que el acto acusado se encuentra revestido de legalidad, ya que el retiro de la señora Esmeralda Hoyos Barreiro obedeció al

Por su parte, el Departamento de Caquetá, consider ó que el acto acusado se encuentra revestido de legalidad, ya que el retiro de la señora Esmeralda Hoyos Barreiro obedeció al nombramiento en periodo de prueba de quien había superado las etapas del concurso de méritos, y que además de ello, la condición de salud de la actora, no configura una limitación o discapacidad, y por lo tanto no era necesario solicitar la autorización para su retiro. Agregó, además, que la insuficiente planta de personal, impidió realizar un traslado adecuado, de conformidad con las sugerencias realizadas.

Consideró el a quo que la enfermedad padecida por la actora –epindilitis lateral bilateralno genera una disminución de la capacida d laboral, y por lo tanto no se puede considerar que Esmeralda Hoyos Barreiro gozara de especial protección constitucional. Además de ello,Sentencia de Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011 Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2015-00027-01 Esmeralda Hoyos Barreiro

Página 8 de 17 tampoco acreditó que en el Departamento del Caquetá existían vacantes que pudieran ser suplidas por la accionante.

Inconforme con la decisión adoptada, el apoder ado de la parte actora, present ó apelación, indicando que se desconoció la calidad de sujeto de especial protección de la señora Esmeralda Hoyos Barreiro , que se debió pedir autorización para el retiro, y que debió intentarse la reubicación antes que el retiro del servicio.

De conformidad con las precisiones anotadas en precedencia, procede la Sala a desatar los

Esmeralda Hoyos Barreiro , que se debió pedir autorización para el retiro, y que debió intentarse la reubicación antes que el retiro del servicio.

De conformidad con las precisiones anotadas en precedencia, procede la Sala a desatar los puntos relevantes del recurso de apelación, a efectos de verificar si le asiste razón a la parte actora, y en su lugar se deba acceder a las pretensiones de la demanda.

- DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LAS PERSONAS EN

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.

En sentencia de unificación SU-040 del 2018 l a Corte Constitucional, consolidó su criterio frente a la protección de la estabilidad laboral reforzada de aquellas personas que se encuentran en condición de discapacidad, en su oportunidad manifestó lo siguiente:

“3. La protección constitucional a personas en condición de discapacidad. Reiteración de jurisprudencia

3.1. De conformidad con el artículo 13 de la Constitución le corresponde al Estado propiciar las condiciones para lograr que el mandato de igualdad sea real y efectivo, especialmente para que las personas que de acuerdo a su condición económica, física o mental se encuentren en estado de debilidad manifiesta, tengan una especial protección. Así mismo, el artículo 53 de la Carta Política establece una protección general de la estabilidad laboral de los trabajadores, reforzada cuando el trabajador es una persona que, por sus condiciones particulares, puede llegar a sufrir un grave detrimento a raíz de una desvinculación abusiva. En ese sentido, la Corte desarrolló el concepto de igualdad en las relaciones laborales de la siguiente manera:

“(…) el llamado expreso de la norma superior a que las relaciones entre las

detrimento a raíz de una desvinculación abusiva. En ese sentido, la Corte desarrolló el concepto de igualdad en las relaciones laborales de la siguiente manera:

“(…) el llamado expreso de la norma superior a que las relaciones entre las personas se desarrollen bajo el principio de la solidaridad, debe extenderse a aquellas de carácter lab oral. En ese sentido, las relaciones laborales deben respetar principios constitucionales que, como el de solidaridad, permiten a las partes reconocerse entre sí, como sujetos de derechos constitucionales fundamentales, que quieren desarrollar su plan de v ida en condiciones mínimas de dignidad, y que para hacerlo, requieren apoyo del Estado y de los demás particulares, especialmente, en aquellas situaciones en las que las desigualdad material, la debilidad física o mental, o la falta de oportunidades, les i mponen obstáculos mayores en la consecución de sus metas.”

3.2. La figura de “ estabilidad laboral reforzada ” tiene por titulares a: (i) mujeres embarazadas;(ii) personas con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud ; (iii) aforados sindicales; y (iv) madres cabeza de familia. En el caso de las personas con discapacidad, “es el derecho que garantiza la permanencia en el empleo, luego de haber adq uirido la respectiva limitaciónSentencia de Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011 Nulidad y Restablecimiento del Derecho 18001-33-33-002-2015-00027-01 Esmeralda Hoyos Barreiro

Página 9 de 17 física, sensorial o sicológica, como medi da de protección especial y de conformidad con su capacidad laboral.” Adicionalmente, la protección especial

Esmeralda Hoyos Barreiro

Página 9 de 17 física, sensorial o sicológica, como medi da de protección especial y de conformidad con su capacidad laboral.” Adicionalmente, la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite una discapacidad. En este contexto, la estabilidad laboral reforzada hace ineficaz el despido o desvinculación cuando la razón del mismo es la condición especial que caracteriza al trabajador.

El sustento normativo de esta protección especial se encuentra en los principios de Estado Social de Derecho, la igualdad material y la solidaridad social, consagrados en la Constitución Política. Estos mandatos de optimización resaltan la obligación constitucional del Estado de adoptar medidas de protección y garantía en favor de grupos vulnerables y personas en condición de d ebilidad manifiesta. Por su parte, la Ley 361 de 1997, expedida con fundamento en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución, persigue proteger los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales de las “personas con limitación” y procurar su completa realización personal y total integración a la sociedad.

(…)

7.1.1. Como se indicó en líneas precedentes, la estabilidad laboral reforzada es una garantía que está dirigida a proteger a aquellas personas en situación de discapacidad, cuya relación laboral fin