TA CAQ - 18001-33-33-002-2015-00093-01-(10-11-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, noviembre diez (10) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Eduardo Ramírez Villareal y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-002-2015-00093-01

Tema: Lesiones en operativo militar antiextorsión. Víctima condenada por el delito de extorsión. Culpa exclusiva de la víctima.

Acta número 81.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado , decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 31 de agosto de 2020 por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Eduardo Ramírez Villareal, María Eugenia Villarreal Fonque, Angélica, Katherine y Liliana Ramírez Villareal, el menor James Ramírez Villareal y su madre, María Eugenia Villarreal Fonque, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1 Expediente digitalizado, archivo 8, pág. 5.Sentencia de segunda instancia

reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1 Expediente digitalizado, archivo 8, pág. 5.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por los perjuicios causados con ocasión de las lesiones personales sufr idas por Eduardo Ramírez Villarreal en los hechos ocurridos el 5 de noviembre de 2012 en la Vereda Las Nieves de la Vía que comunica los Municipios de Valparaíso y Solita, las cuales fueron causadas por el Grupo Gaula del Ejército Nacional, quienes lo sindicaron de ser integrante de las FARC.

1. Como consecuencia de lo anterior, se ordene el pago de las siguientes sumas:

a. Perjuicios morales.

Demandante Calidad SMLMV Eduardo Ramírez Villarreal Víctima directa 100 María Eugenia Villarreal Fonque Madre 100 Angélica Ramírez Villarreal Hermana 60 Katherine Ramírez Villarreal Hermana 60 Liliana Ramírez Villarreal Hermana 60 James Ramírez Villarreal Hermano 60

b. Alteración grave a las condiciones de existencia o daños a la vida en relación. Los mismos montos de los perjuicios morales.

c. Materiales – lucro cesante. A favor de Eduardo Ramírez Villarreal, conforme

b. Alteración grave a las condiciones de existencia o daños a la vida en relación. Los mismos montos de los perjuicios morales.

c. Materiales – lucro cesante. A favor de Eduardo Ramírez Villarreal, conforme al salario mínimo aumentado en un 25% por prestaciones sociales, la edad que tenía para la época de los hechos, su vida probable , la pérdida de la capacidad laboral.

1. Se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos del CPACA y se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos.

Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. Los demandantes, para finales de noviembre de 2012, viajaron hacia el Municipio de Valparaíso a visitar a Liliana Ramírez Villarreal, quien residía en una finca junto con su familia.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1. El 5 de noviembre de 2012, Eduardo Ramírez Villarreal salió con su padre, Ángel María Ramírez Bravo y el esposo de Liliana Ramírez, hacia el Municipio de

Solita.

1. Aproximadamente a las 5:00 p.m., Eduardo Ramírez Villarreal , su padre y su cuñado, estaba en una finca ubicada en el sector conocido como la «Y» en la vía que del Municipio de Valparaíso conduce a Solita. Cuando llegaron al lugar, miembros del Grupo Gaula del Ejército Nacional se encontraban realizando un

cuñado, estaba en una finca ubicada en el sector conocido como la «Y» en la vía que del Municipio de Valparaíso conduce a Solita. Cuando llegaron al lugar, miembros del Grupo Gaula del Ejército Nacional se encontraban realizando un operativo antiextorsión en el sector.

1. Los uniformados, sin identificarse ni lanzar voces de alto, procedieron a disparar indiscriminadamente con sus armas de dotación oficial, razón por la cual Eduardo Ramírez Villarreal y su padre, salieron corriendo para salvaguardar su vida.

1. Como consecuencia de los disparos realizados, Eduardo Ramírez Villarreal resultó lesionado y su padre falleció.

1. Para esa fecha, el Ejército Nacional desarrollaba la misión táctica «Neptuno» en contra de los integrantes del frente 49 de las FARC, cuyo obj eto era «lograr su desmovilización, captura y en caso de resistencia armada se utilizará proporcionalmente la fuerza en legítima defensa contra estructura al margen de la ley».

1. Eduardo Ramírez Villarreal fue trasladado hacia el Municipio de Florencia e ingresó por urgencias a la Clínica Medilaser aproximadamente a las 7:00 p.m.; allí permaneció hospitalizado hasta el 8 de noviembre de 2012.

1.1.3. Imputación al Estado.

Sostuvieron que se configuró la falla en el servicio, toda vez que las lesiones fueron propinadas con un arma de dotación oficial «disparada en forma negligente, imprudente e irresponsable por parte de uno de los miembros del Grupo Gaula del Ejército Nacional, quien tenía la obligación constitucional consagrada en el artículo 11 de la Carta, de proteger

irresponsable por parte de uno de los miembros del Grupo Gaula del Ejército Nacional, quien tenía la obligación constitucional consagrada en el artículo 11 de la Carta, de proteger la vida ante cualquier circunstancia, sin que la eventual comisión de un hecho delictual lo autorizara para lesionar al joven».Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a las pretensiones . Sostuvo que el día de los hechos se desarrolló una misión táctica antiextorsión y, en el área, los uniformados sostuvieron una confrontación con 4 personas integrantes del frente 49 de las FARC, en la cual uno resultó herido, otro fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente y el otro muerto. Luego dijo que, «sobre la desproporción tal como está en los informes quienes reaccionaron a la agresión fue 01 equipo de combate (el cual lo conforman 05 militares) frente a 02 personas a las cuales se les incautó un material de guerra y sostuvieron una corta confrontación con el equipo de combate . La reacción es proporcional entendiendo que se presenta un ataque en una zona de confluencia guerrillera».

Argumentó que se configuró la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, bajo el argumento de que no se demostró qué hacía el demandante en ese lugar con su cuñado y su padre.

1.3. Sentencia de primera instancia.3

Argumentó que se configuró la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, bajo el argumento de que no se demostró qué hacía el demandante en ese lugar con su cuñado y su padre.

1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 31 de agosto de 2020, el Juzgado Segundo Administrativo de

Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA propuesta por la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, conforme a las razones antes referidas.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas.

(...)

Luego de referirse al marco normativo y jurisprudencial de la responsabilidad del Estado, procedió a examinar cada uno de sus elementos. Encontró acreditado el daño, concretado en las lesiones físicas sufridas por Eduardo Ramírez Villarreal el 5 de noviembre de 2012.

En el segundo -juicio de imputación-, relacionó minuciosamente las pruebas que reposan en el plenario y sostuvo que, para la época de los hechos, en los Municipios de Solita y Valparaíso hacían presencia miembros de las FARC, quienes se desp lazaban en

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motocicletas y realizaban cobros de extorsiones a los habitantes de dichos municipios. Por esto, se presentaron distintas denuncias, especialmente, la del señor Gerardo Tafur Sedano, quien en las declaraciones rendidas el 6 de noviembre de 2012 y el 26 de enero de 2013, manifestó que a inicios de noviembre de 2012 recibió una llamada extorsiva de alias «Gustavo», en la cual le solicitó una suma de dinero que debía ser entregada el 5 de noviembre de 2012, en el kilómetro 18 del Municipio de Solita; en virtud de la denuncia, el Ejército Nacional adelantó la misión táctica antiextorsión «Neptuno» que consistía en realizar maniobras de infiltración y métodos de engaño, con el fin de lograr la desmovilización, captura o neutralización de los integrantes del frente 49 de las FARC; esta estaba integrada por 11 soldados profesionales, 1 oficial y 1 suboficial.

Indicó que el 5 de noviembre de 2012, se inició la misión táctica con una llamada de la víctima, quien informó que alias «Gustavo» lo citó para l a entrega de $14.000.000 en la Vereda Las Nieves, ubicada en el kilómetro 18 vía Valparaíso – Solita; por ello, alrededor

víctima, quien informó que alias «Gustavo» lo citó para l a entrega de $14.000.000 en la Vereda Las Nieves, ubicada en el kilómetro 18 vía Valparaíso – Solita; por ello, alrededor de las 4:00 p.m. y vestidos de civil, iniciaron el movimiento motorizado y en camioneta. Añadió que los militares arribaron a la intersección o «Y» y observaron un corral, en el cual estaba una persona joven, vestida de pantalón negro y camiseta blanca, el cual se determinó que era Eduardo Ramírez Villarreal, quien les indicó por donde debían ingresar y, al seguir dichas instrucciones, s e encontraron con Ángel María Ramírez y Weisser Escobar Noreña, padre y cuñado del demandante, «repartiéndose en flagrancia un dinero, al parecer producto de la extorsión realizada minutos antes al señor Gerardo Tafur».

Encontró probado que los uniformados lanzaron la proclama y se identificaron como Gaula Militar, momento en el cual Ángel María Ramírez desenfundó una arma de fuego tipo pistola, lo que generó un cruce de disparos , en el que el soldado profesional Wildered Aragón Murillo impactó al señor Ramírez, mientras que el señor Escobar Noreña se rindió y se identificó como miembro del frente 49 de las FARC, aduciendo que se encontraba cumpliendo órdenes de otro comandante, por esto, fue capturado.

Señaló que, por su parte, Eduardo Ramírez emprendió la huida disparando un arma de fuego y el soldado profesional Nolberto García Herrera lo persiguió, activó su arma de

Señaló que, por su parte, Eduardo Ramírez emprendió la huida disparando un arma de fuego y el soldado profesional Nolberto García Herrera lo persiguió, activó su arma de dotación oficial y lo impactó en su hombro izquierdo, «haciendo que el hoy demandante le pidiera al militar que no lo dejara morir, confesándole igualmente que era miembro del Frente 49 de dicho grupo al margen de la ley, por lo que posteriormente se le prestaron los primeros auxilios, e igualmente es capturado».Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Después, relacionó minuciosamente las declaraciones rendidas en l os proceso penales adelantados en contra de Eduardo Ramírez Villarreal y Weisser Escobar Noreña, así como en el proceso disciplinario, para señalar que se configuró una ruptura causal entre el hecho imputable y el daño alegado, toda vez que fue la víctima quien, con su actuar delictivo, al hacer resistencia de entregarse y emprender la huida, ayudó al desenlace que conllevó a la lesión causada. Añadió que, en ese sentido, la actuación de la víctima fue determinante y por tanto, las pretensiones no tenían vocación de prosperidad.

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión, la parte demandante argumentó que sí existen pruebas que demuestran que los hechos ocurrieron de una manera diferente, pues «es muy fácil concluir

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión, la parte demandante argumentó que sí existen pruebas que demuestran que los hechos ocurrieron de una manera diferente, pues «es muy fácil concluir la no responsabilidad de la entidad demandada, cuando es ella quien ha producido y creado informes oficiales basados en mentiras y hechos irreales». Afirmó que el a quo no tuvo en cuenta las pruebas aportadas con la demanda, pero sí las allegadas por la entidad castrense que, en su sentir, son «falacias».

Procedió a transcribir i) las declaraciones rendidas por María Eugenia Villarreal Fonque, Eduardo Ramírez Villarreal , Wisser Escobar Noreño y de los soldados profesionales Wildried Aragón Murillo y Andrés Alirio Jojoa Dejoy; ii) la providencia del 5 de junio de 2011 proferida por el Juzgado 70 de Instrucción Penal Militar; iii) la descripción de la herida según la historia clínica; iv) el informe de patrullaje presentado por el Comandante William Ricardo Ramírez Rojas; y v) el informe 18-31048 del 7 de marzo de 2013, para afirmar que:

1. La trayectoria de la bala no corresponde a la de un enfrentamiento armado sino a un impacto a una persona que estaba en estado de indefensión, es decir, de espalda, lo que quiere decir que la intención del militar no era desarmarlo, reducirlo o someterlo sin causarle daño , máxime cuando se trata de un profesional con 19 años de servicio, pues si esa hubiese sido su intención, habría accionado su arma dirigida a otra zona del cuerpo no mortal. Si se hubi eran tenido en cuenta las

o someterlo sin causarle daño , máxime cuando se trata de un profesional con 19 años de servicio, pues si esa hubiese sido su intención, habría accionado su arma dirigida a otra zona del cuerpo no mortal. Si se hubi eran tenido en cuenta las trayectoria de los disparos, el sentido del fallo habría sido opuesto.

1. Eduardo Ramírez Villarreal nunca sostuvo un enfrentamiento armado con el Ejército, al punto que uno de sus acompañantes, su padre, trató de esconderse y los militares lo siguieron para darle muerte violenta, con el único propósito de no dejar evidencia de la manera desproporcionada como se adelantó el operativo ; además, no

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procedieron a dar captura sino que usaron sus armas de dotación oficial de manera indiscriminada contra su humanidad cuando intentaba huir a esconderse.

1. El a quo no tuvo en cuenta el informe 18-31048 que da cuenta sobre la sevicia con la que actuaron los miembros de la institución castrense ante la evidente indefensión en que se encontraban Eduardo Ramírez Villarreal y su padre.

1. Nunca se comprobó que Eduardo Ramírez Villarreal hubiese disparado un arma y, en todo caso, el ataque era desproporcionado, pues los militares portaban armas como fusil galil calibre 5.56 mm y la persona que presuntamente disparó, «supuestamente portaba revólver».

en todo caso, el ataque era desproporcionado, pues los militares portaban armas como fusil galil calibre 5.56 mm y la persona que presuntamente disparó, «supuestamente portaba revólver».

1.5. Trámite de segunda instancia.

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.5

En auto del 18 de febrero de 2021 , se resolvió admitir el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 31 de agosto de 2020 por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia.

1.5.2. Traslado para alegar de conclusión.

Mediante el auto proferido el 4 de marzo de 2021 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presen taran sus alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.6

1.5.2.1. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.7

Sostuvo que i) se realizó un informe de inteligencia, dadas las distintas denuncias presentadas por ciudadanos de la zona; ii) se realizaron todos los pasos que establece el proceso militar para la toma de decisiones, al punto de que se utilizaron las tropas más calificadas como el Grupo Gaula; iii) el operativo se desarrolló en cumplimiento de un deber legal con ocasión de informes de inteligencia que indicaban que se estaban haciendo extorsiones a los ganaderos y comerciantes de la región; iv) cuando los soldados dieron la voz de alto, uno de los subversivos se entregó y tiró su arma mientras que Ángel María y Eduardo Ramírez desenfundaron las armas para atacar a los militares, por esto, uno de los

5 Expediente digital, archivo 25.

voz de alto, uno de los subversivos se entregó y tiró su arma mientras que Ángel María y Eduardo Ramírez desenfundaron las armas para atacar a los militares, por esto, uno de los

5 Expediente digital, archivo 25. 6 Expediente digital, archivo 29. 7 Expediente digital, archivo 31.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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soldados debió disparar; además, al demandante se le halló un bolso color verde y la suma de $5.000.000; v) no se realizó la prueba de disparo porque primaba la prestac ión de los servicios médicos; vi) los miembros de la institución actuaron en legítima defensa, por tanto, no se puede afirmar que se haya tratado de una operación arbitraria o desproporcionada; vii) Weisser Escobar, uno de los extorsionadores, era primo he rmano de Alexander, alias Mojoso, un delincuente encargado de asesinar y extorsionar a la población civil que pertenece al frente 49 de las FARC.

Refirió que una vez obtenido el resultado operacional por la muerte de Ángel María Ramírez y la captura de Eduardo Ramírez, se dio aviso a la Policía Judicial, quienes realizaron los actos urgentes; además, de los informes se desprende que los delincuentes se estaban repartiendo una suma de dinero que fue entregada al ciudadano, tenían armas de fuego y que los números telefónicos desde los cuales hicieron la extorsión eran los teléfonos que

repartiendo una suma de dinero que fue entregada al ciudadano, tenían armas de fuego y que los números telefónicos desde los cuales hicieron la extorsión eran los teléfonos que portaban las personas que estaban ejecutando el delito.

Expuso que según la declaración de Gerardo Tafur Cedano, quien cumplió la cita en el lugar de los hechos, pagó a los extorsionistas la suma de $14.500.000, de manera que la operación estaba respaldada por una víctima que se ha ratificado de los hechos en todos los procesos que se adelantan por los hechos y ha manifestado que pudo recuperar el dinero de la extorsión.

Argumentó que en la investigación penal reposan las cadenas de custodia de las dos armas de fuego incautadas a los presuntos extorsionistas y demás ma terial de guerra como munición para pistolas; igualmente, dijo que ninguna autoridad judicial ha desestimado la legitimidad de la mentada incautación . Señaló que Eduardo Ramírez Villarreal fue condenado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Belén de los A ndaquíes dentro del proceso con radicado 180943184001-2015-00053.

Dijo que está demostrado que hubo una reacción de la tropa por el accionar del arma que inicialmente efectuó el señor Ángel María Ramírez, lo cual está demostrado con las pruebas de balística en las que se dio fe que disparó el arma, «y que el demandante también dispara aun cuando el arma no aparece hay testimonios que certifican que el mismo disparó». Por lo anterior, insistió en que se debe declarar la culpa exclusiva de la víctima.

1.5.2.2. Parte demandante.8 Volvió sobre los argumentos de la apelación.

lo anterior, insistió en que se debe declarar la culpa exclusiva de la víctima.

1.5.2.2. Parte demandante.8 Volvió sobre los argumentos de la apelación.

8 Expediente digital, archivo 33.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1.5.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es extracontractual y patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a los demandantes por las lesiones sufridas por Eduardo Ramírez Villarreal en el sector conocido como la «Y» en la vía que comunica los Municipios de Solita y Valparaíso, el 5 de noviembre de 2012.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los ele mentos de la

de 2012.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los ele mentos de la responsabilidad del Estado; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala - caso concreto.

2.3. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado. Marco normativo y jurisprudencial.

La responsabilidad patrimonial de la administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual estableció dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) el daño antijurídico y, ii) la imput ación de este a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del dañoSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.9

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado10.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el m ismo puede, o no calificarse como o antijurídico , puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»11.

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades. Sobre este elemento, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 en el expediente 37497 y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa,

C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 en el expediente 37497 y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba ana lizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño . En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontr actual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídico s es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de impu tación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura

Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de impu tación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte

9 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes. 10 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 11 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión. (Resaltado fuera de texto)

2.3. Hechos probados.

La Sala encuentra los siguientes:

1. El 5 de noviembre de 2012, Eduardo Ramírez Villarreal ingresó por urgencias a

fundamento de la pretensión. (Resaltado fuera de texto)

2.3. Hechos probados.

La Sala encuentra los siguientes:

1. El 5 de noviembre de 2012, Eduardo Ramírez Villarreal ingresó por urgencias a la Clínica Medilaser del Municipio de Florencia, llevado por el Ejército Nacional.

En el reporte de epicrisis se consignó que se trataba de una «herida por arma de fuego en hombro izquierdo» y «lesión en tejidos blandos».12

 Proceso adelantado por el Juzgado 70 de Instrucción Penal Militar. Investigación penal 420, en el cual los sindicados eran los soldados profesionales Nolberto García Herrera y Wildried Arangón Murillo.13

1. El grupo del Gaula rindió el informe de patrullaje de la misión táctica Neptuno. 14

1. En la misión táctica antiextorsión Neptuno G12 -094 a la orden de operaciones República BR12 del 5 de noviembre de 2012, se consignó:15

El GAULA Militar Caquetá, con la unidad de inteligencia al mando del señor (...) organizado a 01 -01-11 (02) GROIC Partir del Día 05 de noviembre 10:00 horas realizarán un movimiento táctico motorizado empleando una maniobras de combate irregular “infiltrac ión, estratagemas y métodos de engaño” con el fin de lograr su desmovilización, captura o neutralización en caso de resistencia armada, contra integrantes de la quinta comisión de finanzas al de resistencia armad