TA CAQ - 18001-33-33-002-2018-00666-01-(09-12-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

-Sala Primera de DecisiónMagistrado Ponente: Pedro Javier Bolaños Andrade

Florencia, nueve (09) de diciembre de dos mil veintidós (2.022)

SENTENCIA Nº205

Expediente No. 18001-33-33-002-2018-00666-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Duberney Reina González Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Asunto: Retiro servicio activo por disminución de la capacidad física - soldado profesional

Decide la Sala Primera el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 30 de junio de 2.021 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia , mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda; teniendo en cuenta para ello la modificación introducida al artículo 247 , numeral 4° del CPACA por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2.0211.

I. ASUNTO PREVIO.

Si bien el despacho del magistrado p onente tiene en la actualidad bajo su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo con anterioridad al presente asunto –lo que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al despacho-, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 se permite decidir con antelación los procesos en relación con los cuales su decisión

decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al despacho-, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 se permite decidir con antelación los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”, esto es, sin supeditarse al turno.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2.

El señor DUBERNEY REINA GONZÁLEZ , actuando en nombre propio, a través de apoderado judicial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, pretendiendo la nulidad del acto administrativo contenido en la orden administrativa

1 Artículo 67. Modifíquese el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así: “Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…)

5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.

(…)”. 2Anexo 01Cuaderno principal 1Expediente Electrónico.Expediente No. 18001-33-33-002-2018-00666-01

(…)”. 2Anexo 01Cuaderno principal 1Expediente Electrónico.Expediente No. 18001-33-33-002-2018-00666-01

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de personal No. 1459 de fecha 9 de mayo de 2.018, por medio de la cual se dispuso su retiro del servicio por disminución de la capacidad psicofísica ; y a título de restablecimiento del derecho se ordene su reintegro al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior jerarquía y/o remuneración. Así mismo, que se declare que no se ha presentado solución de continuidad en la prestación del servicio y se cancelen todos los salarios, prestaciones sociales y gastos de seguridad social dejados de percibir desde que se produjo el retiro y hasta cuando se ha ga efectivo el reintegro.

Como fundamentos fácticos , se exp uso que el actor ostentó la condición de miembro activo del Ejército Nacional como soldado profesional hasta el 22 de mayo de 2.018, cuando le fue notificada la OAP No. 1459 del 9 de mayo de 2.01 8, por medio de la cual fue retirado del servicio por disminución de la capacidad psicofísica.

Que según acta de Junta Médico Laboral No. 98715 del 22 de noviembre de 2.017, fue declarado no apto para la actividad militar, con un porcentaje de disminución de la capacidad psicofísica del 18%.

Se afirmó q ue mediante f allo de tutela de fecha 13 de septiembre de 2.018 el

fue declarado no apto para la actividad militar, con un porcentaje de disminución de la capacidad psicofísica del 18%.

Se afirmó q ue mediante f allo de tutela de fecha 13 de septiembre de 2.018 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia amparó los derechos fundamentales del actor y ordenó a la entidad demandada su reintegró a un cargo acorde a sus destrezas y nivel de escolaridad , junto con el pago de todos los emolumentos salariales dejados de percibir desde el momento de su retiro y hasta cuando fuera reintegrado.

2.2. Normas violadas y concepto de violación.

 De la Constitución Política de Colombia: artículos 1, 2, 5, 16, 25, 29, 47, 53, 54, 93, 95 y 333.  Ley 1104 del de 2.006: artículo 24 numeral 5, por medio del cual se modifican artículos del Decreto 1076 de 2000.  Ley 361 de 1997: artículo 26 y ss.  Ley 776 de 2.002.  Ley 1145 de 2.007.

Como sustento del concepto de violación, se planteó como cargos de nulidad los de infracción a las normas en que debería fundarse , desviación de poder y falsa motivación.

Se afirm ó que el acto administrativo acusado desconoc ió los preceptos constitucionales y superiores, al no haberse dado protección y trato igualitario al demandante, quien se encontraba en un estado de indefinición por discapacidad.

Que el acto de retiro del servicio por incapacidad es reglada y no producto de un mero capricho de la administración, por lo que las consideraciones que le sirvieron

demandante, quien se encontraba en un estado de indefinición por discapacidad.

Que el acto de retiro del servicio por incapacidad es reglada y no producto de un mero capricho de la administración, por lo que las consideraciones que le sirvieron de fundamento a la entidad demandada son inexistentes e inexactas, por cuanto la Ley 361 de 1 .997 establece que en ningún momento puede retirase al trabajador por causa de discapacidad laboral.

2.3. Contestación de la demanda

Afirmó la entidad demandada que, de conformidad con el artículo 10 del decreto 1793 de 2000, el soldado profesional que no reúna las condiciones de capacidad yExpediente No. 18001-33-33-002-2018-00666-01

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aptitud psicofísica determinadas por las disposiciones legales vigentes podrá ser retirado del servicio, máxime si se tiene cuenta que la actividad militar es distinta a todas las demás actividades laborales, material e intelectualmente, habida consideración que en ella se necesita de manera continua todas las destrezas y habilidades propias del servicio, como quiera que de ello depende la seguridad nacional, personal y de una división del Ejército.

Que la decisión administrativa fue expedida conforme a las conclusiones de la Junta Médico Laboral de Revisión Militar, en las que se establecieron que el señor REINA GONZÁLEZ tenía una disminución de la capacidad laboral, n o recomendándose su reubicación, por lo que al consagrarse como causal de retiro la disminución de la

GONZÁLEZ tenía una disminución de la capacidad laboral, n o recomendándose su reubicación, por lo que al consagrarse como causal de retiro la disminución de la capacidad psicofísica, el acto administrativo se encontraba ajustado a la legalidad.

Concluyó indicando que como el acto administrativo goza ba de la presunción de legalidad, lo que no pudo ser desvirtuado por el actor, las pretensiones de la demanda debían ser denegadas.

2.4. Audiencia inicial, etapa probatoria y alegatos de conclusión.

De conformidad con lo señalado en el artículo 13 del Decreto 806 de 2.020, al no existir excepciones por resolver, se incorporaron y decretaron las pruebas aportadas y solicitadas por las partes, y se fijó fecha y hora para realización de la audiencia de pruebas (anexo 19 expediente digital); la cual se llevó a cabo el 1 de diciembre de 2.020, donde se practicó la prueba testimonial decretada, se cerró el periodo probatorio, se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, y se ordenó a las partes la presentación por escrito de sus alegatos de conclusión , oportunidad dentro de la cual se pronunciaron para exponer básicamente los mismos argumentos de la demanda y su contestación, respectivamente.

2.5. Sentencia de primera instancia.

El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia mediante sentencia de fecha 30 de junio de 2.021 (anexo 30 expediente digital) accedió a las súplicas de la demanda, disponiendo:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del Acto Administrativo contenido en la

junio de 2.021 (anexo 30 expediente digital) accedió a las súplicas de la demanda, disponiendo:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del Acto Administrativo contenido en la Orden Administrativa de Personal No. 1459 del 09 de mayo de 2018, que ordenó el retiro del servicio del soldado profesional DUBERNY REINA GONZÁLEZ, suscrita por el Comandante de Personal y el Director de Personal del Ejército Nacional.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL reintegrar al señor DUBERNY REINA GONZÁLEZ a un cargo de igual o superior jerarquía del que venía desempeñando al momento de su retiro, teniendo en cuenta de manera especial su condición de d iscapacidad y suministrando las capacitaciones que sean necesarias para el cargo que vaya a desempeñar.

TERCERO: ORDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL pagar al señor DUBERNY REINA GONZÁLEZ todos los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir en el cargo de soldado profesional desde el momento de su retiro (09 de mayo de 2018) y hasta cuando se haga efectivo el reintegro sin solución de continuidad.Expediente No. 18001-33-33-002-2018-00666-01

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CUARTO: Las sumas que se reconozcan a favor del demandante serán ajustadas en la forma como se indica en la parte motiva de esta providencia, aplicando para ello la

siguiente fórmula:

R= Rh índice final Índice Inicial

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEXTO: CONDENAR en costas a la parte demandada. Por secretaría realizar la liquidación de conformidad a los parámetros establecidos en la parte considerativa de este proveído, esto es, en el equivalente al 4% del valor de las pretensiones concedidas en el sub lite.”.

Como sustento de la decisión, indicó la a quo que el acto administrativo acusado se encontraba viciado de nulidad al haber desconocido las normas constitucionales sobre las que debía fundarse, al igual que el precedente judicial en lo relacionado con la protección de personas con discapacidad; a la vez que se incurrió en falsa motivación, al afirmarse que el demandante no se enc ontraba capacitado para desarrollar actividad alguna en el Ejército Nacional, en tanto no se realizó juicio valorativo de sus aptitudes laborales acorde con su condición de salud.

Señaló que si bien es cierto que los soldados profesionales pueden ser retirados del servicio activo cuando por alguna razón presenten disminución de su capacidad laboral, también lo es que la Corte Constitucional ha establecido que, en determinados casos, como el sub examine, se puede inaplicar por inconstitucional

servicio activo cuando por alguna razón presenten disminución de su capacidad laboral, también lo es que la Corte Constitucional ha establecido que, en determinados casos, como el sub examine, se puede inaplicar por inconstitucional las normas que atribuy en dicha competencia, para, en su lugar, proteger a la población discapacitada.

Que atendiendo a que el demandante fue despedido injustificadamente como consecuencia de la disminución de su capacidad psicofísica, sin previa autorización de la autoridad c ompetente, se hac ía acreedor a la indemnización de que trata el artículo 26 de la ley 361 de 1997, postura que ha sido reiterada por la Corte Constitucional en el caso específico de militares, mediante sentencia T141 de 2016.

2.6. Apelación.

La NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL (anexo 34 expediente digital) señala que el acto administrativo acusado goza de la presunción de legalidad al haberse emitido por autoridad competente y en cumplimento de la normatividad que los regula.

Que al estar frente a un régimen especial, con normas aplicables únicamente a los miembros de las fuerzas militares y de policía, quienes en materia laboral, prestacional y de pensiones se rigen por normas propias, la figura de la estabilidad laboral reforzada no es aplicable, como quiera que se trata de personas entrenadas específicamente para desarrollar operaciones militares y combatir al enemigo, por lo que se presume legal la orden administrativa de personal que se ataca. Por lo anterior, solicita se revoque la sentencia de instancia y, en su lugar, se nieguen

específicamente para desarrollar operaciones militares y combatir al enemigo, por lo que se presume legal la orden administrativa de personal que se ataca. Por lo anterior, solicita se revoque la sentencia de instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.Expediente No. 18001-33-33-002-2018-00666-01

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2.7. Antecedentes procesales en segunda instancia.

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada fue admitido por esta corporación mediante proveído del 8 de julio de 2.02 2 (anexo 0 6 c. segunda instancia expediente digital).

Atendiendo la modificación introducida al artículo 247, numeral 4°, del CPACA por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2.021 , al no requerirse el decreto de pruebas en segunda instancia, una vez ejecutoriado el auto que admitió el recurso de apelación, el expediente fue ingresado al despacho para emitir sentencia.

III. CONSIDERACIONES.

3.1. Competencia

Por así disponerlo el artículo 153 del CPACA, esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

3.2. Límites del recurso de apelación

De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la Sala limitará el estudio de la alzada a los argumentos expuestos y desarrollados en el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada.

3.3. Planteamiento del problema jurídico

De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la Sala limitará el estudio de la alzada a los argumentos expuestos y desarrollados en el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada.

3.3. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala definir si el demandante tiene derecho a que la entidad demandada lo reintegre al cargo y grado que venía desempeñando al momento de su retiro del servicio activo por disminución de la capacidad psicofísica y , en consecuencia, se le paguen los salarios y prestacione s dejados de percibir con ocasión de su desvinculación; o si, por el contrario, el acto administrativo acusadoorden administrativa de personal No. 1459 del 9 de mayo de 2.018 - se encuentra ajustado a derecho.

De ello dependerá que se confirme, modifique o revoque la sentencia de primera instancia.

3.4. Acervo probatorio.

Al plenario se allegaron las siguientes pruebas:

• Ingreso al Ejército Nacional: El demandante prestó sus servicios al Ejército Nacional como soldado profesional hasta el 25 de abril de 2.018 (fl. 34, anexo 01 cuaderno principal 1, expediente digital).

• Calificación de las lesiones: El 22 de noviembre de 2.017, la Junta Médico Laboral No. 98715 de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional determinó que el actor padecía una INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL NO APTO PARA LA ACTIVIDAD MILITARNO SE RECOMIENDA REUBICACIÓN LABORAL y una disminución de su capacidad sicofísica equivalente 18%, (fl. 37 al 40,

PARA LA ACTIVIDAD MILITARNO SE RECOMIENDA REUBICACIÓN LABORAL y una disminución de su capacidad sicofísica equivalente 18%, (fl. 37 al 40, Anexo 01-Cuaderno Principal1Expediente Digital):Expediente No. 18001-33-33-002-2018-00666-01

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“(…)

VI. CONCLUSIONES

A-DIAGNOSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES:

1). DURANTE EL SERVICIO POR CAUSA Y RAZÓN DEL MISMO SUFRE CAIDA DE SU PROPIA ALTURA CON TRAUMA EN RODILLA DERECHA CON RUPTURA DE

LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE MENISCOS VALORADO Y TRATADO

QUIRURGICAMENTE. ORTOPEDIA QUE DEJA COMO SECUELA A) GONALGIA

DERECHA.

B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad psicofísica para el servicio.

IPP NO APTO – PARA ACTIVIDAD MILITAR

C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.

LE PRODUCE UNA DISCAPACIDAD LABORAL DE UN DIECIOCHO POR CIENTO

DE (18%)

D. Imputabilidad del Servicio LESION-1 OCURRIO EN EL SERVICIO POR CAUSA Y RAZON DEL MISMO (AT) SEGÚN INFORMATIVO No. 059709 DEL 19

DE OCTUBRE DE 2013, LITERAL (B) (AT)-

(…)

MOTIVACIÓN:

CAUSA Y RAZON DEL MISMO (AT) SEGÚN INFORMATIVO No. 059709 DEL 19

DE OCTUBRE DE 2013, LITERAL (B) (AT)-

(…)

MOTIVACIÓN: EN CUANTO A LA SUGERENCIA DE REUBICACIÓN LAB ORAL SE DECLARA EN FORMA NEGATIVA NO APTO DADO QUE PRESENTA PATOLOGÍA QUE LE LIMITA

LA ACTIVIDAD FISICA, LIMITACIÓN PARA MANTENER DISTINTAS

POSICIONES, POR LO TANTO LE IMPIDE REALIZAR ACTIVIDADES MILITARES

DE INSTRUCCIÓN. AREAS OPERACIONALES, ADEMAS SU PATOLOGÍA PODRÍA

PROGRESAR Y DEBIDO AL ROLL MILITAR AFECTARÍA LA RESPUESTA

OPORTUNA AL TRATAMIENTO MEDICO. (…)”

• Retiro del servicio activo: El 9 de mayo de 2.018, el Director de Personal del Ejército Nacional, mediante OAP Nº 1459, dispuso el retiro, entre otros, del SLP REINA GONZÁLEZ, en ejercicio de la facultad prevista en los artículos 10 a 14 del Decreto 1793 de 2000, esto es, por disminución de la capacidad psicofísica (fs. 28 al 30, anexo 01 cuaderno principal 1 expediente digital).

3.5. Las normas que regulan el retiro de los soldados profesionales del Ejército Nacional por disminución de la capacidad sicofísica.

Conforme al artículo 216 de la Constitución Política, la fuerza pública está integrada por las fuerzas militares -dentro de las que se encuentran el ejército, la armada y la fuerza aéreay la Policía Nacional; a la vez que , según lo dispuesto en el artículo

por las fuerzas militares -dentro de las que se encuentran el ejército, la armada y la fuerza aéreay la Policía Nacional; a la vez que , según lo dispuesto en el artículo 217 ibídem , los miembros de las fuerzas militares están sujetos a un régimen especial en materia prestacional, disciplinaria y de carrera, el cual se encuentra contenido en el decreto 1793 de 14 de septiembre de 2000, al igual que en materia de determinación y evaluación de la capacidad psicofísica a las normas previstas en el decreto 1796 del 14 de septiembre de 20003.

3"Por el cual se regula la evaluación de la capacidad psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993"Expediente No. 18001-33-33-002-2018-00666-01

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Así, el decreto 1793 de 2 .000 define en el artículo 1° a los soldados profesionales como los “varones entrenados y capacitados con la finalidad princ ipal de actuar en las unidades de combate y apoyo de combate de las Fuerzas Militares, en la ejecución de operaciones militares, para la conservación, restablecimiento del orden

como los “varones entrenados y capacitados con la finalidad princ ipal de actuar en las unidades de combate y apoyo de combate de las Fuerzas Militares, en la ejecución de operaciones militares, para la conservación, restablecimiento del orden público y demás misiones que le sean asignadas”.

De la misma manera, los artículos 7 y 8 ibídem establecen:

“ARTÍCULO 7.- RETIRO. Es el acto mediante el cual el Comandante de la Fuerza respectiva, dispone la cesación del servicio de los soldados profesionales.

ARTICULO 8. CLASIFICACIÓN . El retiro del servicio activo de los soldados profesionales, según su forma y causales, se clasifica así:

a. Retiro temporal con pase a la reserva

1. Por solicitud propia.

2. Por disminución de la capacidad psicofísica.

3. Por existir en su contra detención preventiva que exceda de sesenta ( 60) días calendario.

b. Retiro absoluto

1. Por inasistencia al servicio por más de diez (10) días consecutivos sin causa justificada.

2. Por decisión del Comandante de la Fuerza.

3. Por incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez.

4. Por condena judicial.

5. Por tener derecho a pensión.

6. Por llegar a la edad de 45 años.

7. Por presentar documentos falsos, o faltar a la verdad en los datos suministrados al momento de su ingreso.

8. Por acumulación de sanciones”.

En el acto demandado se invoc ó como fundamento normativo de la decisión adoptada, entre otros, el artículo 10 del referido decreto 1793 de 20004, que reza:

8. Por acumulación de sanciones”.

En el acto demandado se invoc ó como fundamento normativo de la decisión adoptada, entre otros, el artículo 10 del referido decreto 1793 de 20004, que reza:

“ARTÍCULO 10. - RETIRO POR DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD PSICOFÍSICA. El soldado profesional que no reúna las condiciones de capacidad y aptitud psicofísica determinadas por las disposiciones legales vigentes, podrá ser retirado del servicio.

Ahora bien, el decreto 1796 de 2000 al referirse a la evaluación de la capacidad laboral5 de los miembros de la fuerza pública, la define en el artículo 2° como:

4Artículo que fue declarado exequible condicionadamente por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-063 del 13 de junio de 2018. 5“ARTICULO 4o. EXAMENES DE CAPACIDAD SICOFISICA. Los exámenes médicos y paraclínicos de capacidad sicofísica se realizarán en los siguientes eventos:

1. Selección alumnos de escuelas de formación y su equivalente en la Policía Nacional.

2. Escalafonamiento

3. Ingreso personal civil y no uniformado

4. Reclutamiento

5. Incorporación

6. Comprobación

7. Ascenso personal uniformado

8. Aptitud sicofísica especial

9. Comisión al exterior

10. Retiro

11. Licenciamiento

12. Reintegro

13. Definición de la situación médico-laboral

14. Por orden de las autoridades médico-laborales”.Expediente No. 18001-33-33-002-2018-00666-01

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14. Por orden de las autoridades médico-laborales”.Expediente No. 18001-33-33-002-2018-00666-01

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“El conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico y psicológico que deben reunir las personas a quienes se les aplique el presente decreto, para ingresar y permanecer en el servicio, en consideración a su cargo, empleo o funciones”.

Por su parte, el artículo 3° ibídem contempla las diferentes categorías de capacidad psicofísica para ingreso y permanencia en el servicio militar, así:

“ARTÍCULO 3. CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD PSICOFÍSICA. La capacidad sicofísica para ingreso y permanencia en el servicio del personal de que trata el presente decreto, se califica con los conceptos de apto, aplazado y no apto.

Es apto quien presente condiciones sicofísicas que permitan desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial y civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones.

Es aplazado quien presente alguna lesión o enfermedad y que mediante tratamiento, pueda recuperar su capacidad sicofísica para el desempeño de su actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones.

Es no apto quien presente alguna alteración sicofísica que no le permita desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones.

PARÁGRAFO. Esta calificación será emitida por los médicos que la Dirección de Sanidad de la respectiva Fuerza o de la Policía Nacional autoricen para tal efecto.”

cargo, empleo o funciones.

PARÁGRAFO. Esta calificación será emitida por los médicos que la Dirección de Sanidad de la respectiva Fuerza o de la Policía Nacional autoricen para tal efecto.” (Subraya la Sala).

Se tiene, entonces, que las referidas disposiciones legales deben ser aplicadas por la institución militar, en principio, al entrar a decidir sobre el retiro de un integrante de las fuerzas militares que ha perdido la capacidad psicofísica para seguir desempeñándose en las tareas habituales y normales para las cuales fue entrenado y capacitado. No obstante, es de observar que dicha potestad no puede ejercerse en forma absoluta y sin cortapisa alguna, en tanto habrá eventos en que dependiendo de las condiciones físicas del militar y del dictamen rendido por la junta médica laboral o el tribunal médico laboral, se hará necesario entrar a definir si la decisión adoptada de desvinculación del servicio era la única legalmente posible, o si podía optarse por otra solución.

3.6. La protección especial a las personas con discapacidad.

La Corte Constitucional ya se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre la especial protección que debe darse a las personas que pa decen algún grado de discapacidad, precisando que es un mandato contenido tanto en la Constitucional Política como en el derecho internacional, al igual que en determinados desarrollos legislativos; resaltando que en lo que concierne a los miembros de la fuerza pública que han sido víctimas de accidentes en los cuales se vea disminuida su capacidad psicofísica, constituyen un grupo poblacional beneficiario de especial protección, al encontrarse en una situación de debilidad manifiesta.

que han sido víctimas de accidentes en los cuales se vea disminuida su capacidad psicofísica, constituyen un grupo poblacional beneficiario de especial protección, al encontrarse en una situación de debilidad manifiesta.

Así, en sentencia C-640 de 16 de septiembre de 2009 precisó:Expediente No. 18001-33-33-002-2018-00666-01

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“La especial protección a las personas que padecen algún tipo de discapacidad es un mandato contemplado en el derecho internacional, en la Constitución Política colombiana y en algunos desarrollos legislativos6, que a partir de aquellos, propugnan por el tratamiento, la adaptación y la readaptación de las personas discapacitadas.

3.1. En este sentido, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con di scapacidad, aprobada mediante Ley 762 de 2002, tiene la finalidad de prevenir y eliminar todas las expresiones de discriminación contra las personas con discapacidad, así como la de propiciar su plena integración a la sociedad. De acuerdo con este instrume nto, (Art. 1°): “el término ‘discapacidad’ significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agra vada por el entorno económico y social”.

La citada Convención dispone así mismo que constituye discriminación contra las personas discapacitadas “toda distinción, exclusión o restricción basada en una

económico y social”.

La citada Convención dispone así mismo que constituye discriminación contra las personas discapacitadas “toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales” (Art. 2°. a).

También contempla e l señalado instrumento que no constituye discriminación “la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia” (Art.2°.b).

(…)

3.3. Por su parte, el Constituyente de 1991 reconoció a las personas con limitaciones físicas, síquicas o sensoriales la condición de sujetos de especial protección (Art. 13 C.P.), exaltó su dignid