TA CAQ - 18001-33-33-002-2019-00741-01-(07-06-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, junio siete (7) de dos mil veintidós (2023)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Luz Dary Serna de Lemos Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones ParafiscalesUGPP Radicación: 18001-33-33-002-2019-00741-01

Tema: Reconocimiento pensión gracia. Vinculación antes de 1980.

Acta número 48.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado , decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, por la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Luz Dary Serna de Lemos, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

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1. Se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 017314 del 26 de abril de 2017 y RDP 030120 del 27 de j ulio de 2017, por medio de las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia y resolvió un recurso de apelación, respectivamente.

1. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada pagar «el valor de las mesadas pensionales a partir del día en que se le retiró de la nómina de pensión gracia -marzo de 2013 -, en cuantía del (75%) del promedio de lo devengado por concepto de salarios y demás factores salariales en el último año de servicio inmediatamente anterior al cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios, incluyendo todos los factores salariales junto con los reajustes legales correspondientes».

1. Se ordene actualizar las sumas adeudadas; dar cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA; y condenar en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Nació el 7 de noviembre de 1950 y cumplió los 50 años de edad el 20 de noviembre de 2000.

1. Laboró como docente desde el 31 de marzo de 1967 hasta el 17 de enero de

1. Nació el 7 de noviembre de 1950 y cumplió los 50 años de edad el 20 de noviembre de 2000.

1. Laboró como docente desde el 31 de marzo de 1967 hasta el 17 de enero de 1994 en el Colegio La Consolata del Municipio de Puerto Rico. Fue nombrada mediante la Resolución 03 del 20 de enero de 1967 expedida por el subinspector de educación del territorio escolar del Caquetá.

1. Mediante la Resolución 0250 del 11 de marzo de 1997, fue nombrada como docente del Departamento del Caquetá. Allí permaneció hasta el 13 de enero de 2015 (retiro definitivo).

1. Comoquiera que la entidad demandada negó el reconocimient o de la pensión gracia, acudió a la acción de tutela. En este proceso, se ordenó reconocerle la prestación.

1. En cumplimiento de lo anterior, mediante la Resolución 44819 del 22 de noviembre de 2005 se le reconoció con efectos a partir del 7 de noviembre d e 2000, en cuantía de $954.260,65.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Luz Dary Serna de Lemos Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP Radicación: 18001-33-33-002-2019-00741-01

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1. Desde marzo de 2013 la entidad demandada la suspendió de la n ómina «de pensión gracia», por considerar que había operado el fenómeno del decaimiento jurídico del acto administrativo.

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1. Desde marzo de 2013 la entidad demandada la suspendió de la n ómina «de pensión gracia», por considerar que había operado el fenómeno del decaimiento jurídico del acto administrativo.

1. El 23 de diciembre de 2016, solici tó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, pero fue negada mediante la Resolución 017314 del 26 de abril de 2017, por considerar que no cumplía con los 20 años de servicios como docente nacionalizada o territorial.

1. Inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación, empero fue resuelto desfavorablemente a través de la Resolución 030120 del 27 de julio de 2017.

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Como normas violadas refirió los artículos 2, 4, 5, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 58, 83, 128, 209 y 230 de la Constitución Política; 1, 2 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 1 de la Ley 33 de 1985; 15 de la Ley 91 de 1989; 19 de la Ley 4 de 1994; 6 de la Ley 60 de 1993; 11 y 279 de la Ley 100 de 1993.

Argumentó que i) sí tenía la calidad de docente nacionalizado porque inició labores antes del 31 de diciembre de 1980 y, además, porque fue nombrada antes de 1976 por la entidad territorial; ii) los actos administrativos de nombramiento fueron expedidos por el subdirector

Argumentó que i) sí tenía la calidad de docente nacionalizado porque inició labores antes del 31 de diciembre de 1980 y, además, porque fue nombrada antes de 1976 por la entidad territorial; ii) los actos administrativos de nombramiento fueron expedidos por el subdirector de educación del territorio escolar del Caquetá y la Gobernación del Caquetá - Secretaría de Educación; y iii) no es posible que el subinspector de educación hubiere actuado como delegado del Ministerio de Educación, toda vez que la figura de delegación nació con la Ley 29 de 1989.

1.2. Contestación de la demanda.2

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que la demandante no cumple con los requisitos legales y, por tanto, no es beneficiaria de la pensión gracia.

Propuso las siguientes excepciones:

1. Inexistencia de la obligación demandada. Toda vez que al resolver la solicitud se encontró que la actora no cumple con los requisitos de ley.

2 C1, archivo 01, pág. 104.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Luz Dary Serna de Lemos Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP Radicación: 18001-33-33-002-2019-00741-01

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1. Ausencia de vicios en el acto administrativo demandado. Porque no se demostró ninguna causal de nulidad, en consecuencia, se debe mantener la presunción de legalidad de la resolución atacada.

1. Prescripción. Porque se debe aplicar el Decreto 1848 de 1969.

ninguna causal de nulidad, en consecuencia, se debe mantener la presunción de legalidad de la resolución atacada.

1. Prescripción. Porque se debe aplicar el Decreto 1848 de 1969.

1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia denegó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

Luego de pronunciarse sobre el marco normativo y jurisprudencia, resolvió el caso concreto. Para tal efecto, enunció las pruebas aportadas al plenario y argumentó que la demandante laboró como docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, es decir, desde el 31 de marzo de 1967; sin embargo, la vinculación fue de orden nacional, toda vez que el nombramiento fue efectuado por el Ministerio de Educación Nacional y el certificado expedido por la Secretaría de Educación Municipal de Florencia también da cuenta de ello. Por esta razón, coligió que no cumple con la totalidad de requisitos legales para la obtención de la pensión gracia solicitada.

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión l a parte demandante manifestó que el a quo no hizo mención del precedente jurisprudencial ni del fundamento legal referenciado en la demanda, como ejercicio necesario para la resolución del problema jurídico.

Indicó que la jurisprudencia señala que la calidad de docente nacional no se basa en el simple hecho de que así se identifique a un docente, ni en el presunto hecho de que fue nombrado por el Ministerio de Educación ; además, aclara «que si el nombramiento de un

simple hecho de que así se identifique a un docente, ni en el presunto hecho de que fue nombrado por el Ministerio de Educación ; además, aclara «que si el nombramiento de un docente como NACIONAL, fue firmado por una autoridad Territorial, departamental o municipal, no es jurídicamente acertado que se tenga como nacional dado que la simple mención no es suficiente para definir el tipo de vinculación que corresponde».

Afirmó que siempre prestó sus servicios para el Departamento del Caquetá y luego perteneció a la Secretaría de Educación del Municipio de Florencia, razones de hecho que

3 C1, archivo 19. 4 C1, archivo 21.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Luz Dary Serna de Lemos Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP Radicación: 18001-33-33-002-2019-00741-01

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dan cuenta de que cumple con los requisitos independientemente de la clasificación como territorial, nacional o nacionalizado, máxime si trabajó hasta el 13 de enero de 2015 en planteles departamentales y municipales.

Manifestó que las certificaciones expedidas por las entidades territoriales en algunas ocasiones, de manera caprichosa y sin ningún fundamento, certifican a todos los docentes como nacionales, luego hacen incurrir en error al juez, toda vez que la información no se ajusta a la realidad.

Recabó en que se desempeñó como docente territorial, toda vez que no fue nombrada por el Ministerio de Educación Nacional, sino por una autoridad del orden territorial como era el subinspector de educación del territorio escolar del Caquetá y el secretario de educación

Recabó en que se desempeñó como docente territorial, toda vez que no fue nombrada por el Ministerio de Educación Nacional, sino por una autoridad del orden territorial como era el subinspector de educación del territorio escolar del Caquetá y el secretario de educación departamental. Sin embargo, más adelante, sostuvo que era docente nacionalizada porque si vinculó antes de 1980.

Adicionalmente, dijo que no es posible que el subinspector de educación hubiere actuado como delegado del Ministerio de Educación, toda vez que la figura de la delegación nació con la Ley 29 de 1989.

1.5. Trámite de segunda instancia.

Mediante el auto proferido el 13 de diciembre de 2021, se resolvió admitir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021. 5 Ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

5 C2, archivo 05.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Luz Dary Serna de Lemos Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP

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2.2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si la señora Luz Dary Serna de Lemos tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, por haberse vinculado como docente territorial o nacionalizada antes de 1980 y cumplir 20 años de servicio bajo la misma naturaleza de los cargos.

Para efectos de desarrollar est e problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial de la pensión gracia y la descentralización de la educación consagrada en la Ley 60 de 1993; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Recuento normativo de la pensión gracia.

La pensión gracia es un reconocimiento efectuado por el Estado inicialmente a los maestros de escuelas primarias oficiales. Fue creada con la Ley 114 de 1913 6, conforme a la cual los docentes tenían derecho a una pensión vitalicia de jubilación equivalente al 50% de lo devengado en el último año de servicios, siempre y cuando contaran con veinte (20) años de servicio y no estuvieran recibiendo otra pensión o recompensa de carácter nacional, conforme lo dispuesto en el artículo 4.° de la mencionada Ley.

devengado en el último año de servicios, siempre y cuando contaran con veinte (20) años de servicio y no estuvieran recibiendo otra pensión o recompensa de carácter nacional, conforme lo dispuesto en el artículo 4.° de la mencionada Ley.

Este mandato normativo fue ratificado por parte de los órganos de cierre de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa7 y Constitucional8, quienes indicaron que la restricción relativa al no reconocimiento de la pensión gracia en favor de un docente nacional es un requisito de viabilidad que atiende principalmente a evitar la doble remuneración.

Seguidamente, la Ley 116 de 19289 amplió el beneficio de la pensión gracia a los empleados docentes y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública. En el artículo 6.º autorizó a completar el tiempo requerido para acceder a la pensión sumando los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,

6 “Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela.” “ARTÍCULO 2º.- La cuantía de la pensión será la mitad del sueldo que hubieren devengado en los dos últimos años de servicio. Si en dicho tiempo hubieren devengado sueldos distintos, para la fijación de la pensión se tomará el promedio de los diversos sueldos. (Modificado por el artículo 1 de la Ley 24 de 1947, que sustituyó el artículo 29 de la Ley 6 de 1945 en el sentido de que el precepto transcrito dispone que "cuando se trate de servidores del ramo docente las pensiones de jubilación se liquidarán con el promedio de los sueldos durante el último año)..”

se trate de servidores del ramo docente las pensiones de jubilación se liquidarán con el promedio de los sueldos durante el último año)..” 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 29 de a gosto de 1997. M.P Nicolás Pájaro Peñaranda. Expediente No. S-699, Actor: Wilberto Therán Mogollón. 8 Sentencia C-479 de 1998 M.P Carlos Gaviria Díaz 9 “Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927.”Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Luz Dary Serna de Lemos Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP Radicación: 18001-33-33-002-2019-00741-01

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al asimilar para tales efectos, la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria. A su vez, la Ley 37 de 193310 hizo extensiva la prestación social a los maestros de escuela que completaran el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Con la entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975 11 se nacionalizó la educación primaria y secundaria oficial, cuya carga presupuestal asume la Nación a partir del 1º de enero de 1976 mediante aportes que hiciere al ente territorial hasta llegar a asumir el gasto en su totalidad a 31 de diciembre de 1980, 12 los cuales serían administrados por los Fondos Educativos Regionales13 que daban cuenta de la diferenciación de los docent es territoriales, los nacionales y los nacionalizados.

31 de diciembre de 1980, 12 los cuales serían administrados por los Fondos Educativos Regionales13 que daban cuenta de la diferenciación de los docent es territoriales, los nacionales y los nacionalizados.

Por su parte, la Ley 91 de 1989 aclaró los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado» de la siguiente manera:

ARTÍCULO  1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

La norma también eliminó la pensión gracia para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990 , a quienes solo se les reconocería una pensión de jubilación equivalent e al 75% del salario mensual promedio del último año, pero mantuvo el derecho a la pensión gracia para los docentes del orden territorial, municipal y distrital que se vincularon hasta el 31 de diciembre de 1980, y que cumplieran con los requisitos estable cidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933.

diciembre de 1980, y que cumplieran con los requisitos estable cidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933.

10 “Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados.” 11 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.» 12 Artículo 3.º 13 Artículo 6.º.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Luz Dary Serna de Lemos Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP Radicación: 18001-33-33-002-2019-00741-01

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De esta manera lo entendió el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 22 de enero de 2015,14 al sostener que «(…) el Legislador se permitió que luego de la nacionalización de la educación, establecida por la Ley 43 de 1975, los docentes departamentales o municipales, vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, comprendidos en dicho proceso, tuvieran la oportunidad de acceder a la pensión gracia de conformidad con las citadas Leyes 114 de 1913 y 37 de 1933, permitiendo la compatibilidad de la misma con la pensión ordinaria de jubilación, “aun en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación”, siempre y cuando cumplieran con la totalidad de los requisitos».

y 37 de 1933, permitiendo la compatibilidad de la misma con la pensión ordinaria de jubilación, “aun en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación”, siempre y cuando cumplieran con la totalidad de los requisitos».

En relación con el tiempo de servicio y la exclusividad de la prestación en instituciones territoriales o nacionalizadas para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, en providencia del 1 de marzo de 2018, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado15 manifestó que «(…) el tiempo de servicio corresponde a 20 años que deben ser prestados exclusivamente en instituciones educativas territoriales o nacionalizadas (…) Se concluye, que los beneficiarios de la pensión gracia serán aquellos docentes cuya vinculación sea territorial y/o nacionalizada , descartando de esta forma aquellas del orden nacional, porque provengan directamente del Gobierno Nacional. (…)».

En lo que respecta a la prueba como docente territorial, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 señaló que para dichos efectos «Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo , en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».16

La providencia mencionada también fue enfática en señalar que el origen de los recursos con los cuales el nominador sufraga las acreencias laborales de los docentes no es lo que

carácter territorial».16

La providencia mencionada también fue enfática en señalar que el origen de los recursos con los cuales el nominador sufraga las acreencias laborales de los docentes no es lo que determina si la vinculación es de carácter nacional o no , pues «Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada».17

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. C.P Alfonso Vargas Rincón, 22 de enero de

2015. Rad: 25000-23-42-000-2012-02017-01(0775-14) Actor: Solangel Castro Pérez Demandado: UGPP 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicación 25000-23-42-000-2013-06449-01(3989). 16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Radicación número: 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-14) CESUJ2-011-18, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, sentencia del 21 de junio de 2018. 17 Ibidem.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Luz Dary Serna de Lemos Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP Radicación: 18001-33-33-002-2019-00741-01

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Más recientemente, en la sentencia de unificación proferida el 11 de agosto de 2022 dentro

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Más recientemente, en la sentencia de unificación proferida el 11 de agosto de 2022 dentro del expediente número 3018 -2017, el Consejo de Estado se pronunció sobre la consolidación del derecho a la pensión gracia en los términos del numeral a) del numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, de la siguiente manera:

60. La referida redacción contiene un imperativo para las autoridades administrativas y judiciales en el sentido de declarar el derecho a l a pensión gracia del docente que haya tenido una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre acreditar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o después del 29 de diciembre de 1989.

(...)

63. Aunado a lo anterior, en sentencia de unificación del 22 de enero de 2015, esta corporación indicó que la expresión «vinculados hasta el 31 de diciem bre de 1980» no exige que la vinculación esté vigente para esa fecha, sino que lo relevante es haberse desempeñado como docente territorial o nacionalizado con antelación a ese momento.

(...)

64. Conforme al anterior lineamiento, el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 no exige que al 31 de diciembre de 1980 el docente debe encontrarse en servicio activo, pues lo que el texto preceptúa es que dicha fecha «es el límite máximo

de 1989 no exige que al 31 de diciembre de 1980 el docente debe encontrarse en servicio activo, pues lo que el texto preceptúa es que dicha fecha «es el límite máximo para que el educador se vincule, siendo viable que haya sido con antelación a la mencionada calenda», es decir, que no es válido imponer un requerimiento adicional que no previó el legislador para restringir el acceso a la prestación.

65. Igualmente, esta corporación ha explicado que para el reconocimiento de la pensión gracia a los «docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980», la aludida norma no estableció exigencia alguna frente a los siguientes aspectos: a. contar con dete rminado período de vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; b. que los servicios prestados como docente sean continuos o interrumpidos; c. que para la referida fecha el maestro deba tener un vínculo laboral vigente.

66. Así las cosas, la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales»

Por lo anterior, fijó la regla de unificación en el sentido de que los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinc ulación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1989 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

una vinc ulación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1989 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Luz Dary Serna de Lemos Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP Radicación: 18001-33-33-002-2019-00741-01

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2.3.2. La descentralización de la educación consagrada en la Ley 60 de 1993 y sus efectos sobre la pensión gracia.

El Congreso de la República expidió la Ley 60 de 1993,18 con la cual distribuyó los servicios y competencias en materia social a cargo de las entidades territoriales y la Nación. Hizo lo propio con los recursos regulados en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, situado fiscal hoy sistema general de participaciones, como un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación cedido a los departamentos para que en forma directa o a través de los municipios atendieran los servicios de educación y salud.19

La ley trajo consigo la descentralización de los servicios de educación y salud en favor de los departamentos y municipios. En lo que respecta al primero, dispuso que sería dirigido y administrado directa y conjuntamente con los municipios, de suerte que los establecimientos educativos y la planta de personal tendrían carácter departamental. Así lo estableció el numeral 5.º del artículo 3.º de la Ley 60 de 1993 que señaló lo que se trascribe:

Art. 3º. Competencia de los departa mentos. Corresponde a los departamentos, a través de las dependencias de su organización central o de las

Art. 3º. Competencia de los departa mentos. Corresponde a los departamentos, a través de las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas departamentales competentes, conforme a la Constitución Política, la ley, a las normas técnicas nacionales y a las respectivas ordenanzas:

1º. Administrar los recursos cedidos por la Nación, planificar los aspectos relacionados con sus competencias para los sectores de educación y salud y ejercer funciones de coordinación, subsidiariedad y concurrencia relacionadas con las co mpetencias municipales, conforme a la Constitución, a la Ley y a los reglamentos que sobre tales aspectos expidan los respectivos ministerios. […]

5º Las anteriores competencias generales serás asumidas por los departamentos así:

A. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y las disposiciones

legales sobre la materia:

Dirigir y administrar directa y conjuntamente con sus municipios la prestación de los servicios educativos estatales en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria media.

(…)

18 «[P]or la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones». 19 «Artículo 9º.- Naturaleza del situado fiscal. El situado fiscal establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta. para la atención de los servicios públicos de educación y salud de la población y de

porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta. para la atención de los servicios públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de la Constitución Política. El situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política.»Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Luz Dary Serna de Lemos Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP Radicación: 18001-33-33-002-2019-00741-01

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Incorporar a las estructuras y a las plantas departamentales las oficinas de escalafón, los fondos educativos regionales, centros experimentales piloto y