TA CAQ - 18001-33-33-002-2019-00841-01-(17-05-2023)

Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Segunda de Decisión Magistrada Ponente: Angélica María Hernández Gutiérrez Florencia, mayo diecisiete (17) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Ana Jael Galeano Rivera Demandado: Municipio de Cartagena del Chairá Radicación: 18001-33-33-002-2019-00841-01 de paso y prestar sus servicios con estricta sujeción a lo que le era ordenado, sin que le fuese retribuido el dinero acordado por dicha labor. ii. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la entidad demandada pagar las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios materiales:  Daño emergente. La suma de $1.500.000 que «tuvo que conseguir prestados para poder dar cumplimiento inmediato a la prestación del servicio de hogar de paso en su vivienda, tal y como se había acordado con la Comisaría de Familia de Cartagena del Chairá, Caquetá».  Lucro cesante. La suma de $14.820.000 «correspondientes a las cuentas de cobro que se causaron por haber prestado los servicios de hogar de paso (hospedaje, alimentación, atención y cuidado para niños, niñas y adolescentes en condición de amenaza o vulneración de derechos) desde el 14 de agosto de 2017 hasta el 04 de noviembre de 2017». iii. Se ordene la actualización de las sumas adeudadas conforme al IPC; el pago de los intereses moratorios; y el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.

I.1.2. Hechos La actora fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. El Municipio de Cartagena del Chairá expidió la convocatoria pública de mayo de 2017 en la página web de la alcaldía, con el fin de que las familias o

I.1.2. Hechos La actora fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. El Municipio de Cartagena del Chairá expidió la convocatoria pública de mayo de 2017 en la página web de la alcaldía, con el fin de que las familias o personas interesadas se constituyeran en hogares de paso, en la modalidad familia. ii. A dicha convocatoria se allegaron 14 hojas de vida. Postuló su hoja de vida para que fuese elegida y constituida como hogar de paso. iii. Radicados los documentos en la Comisaría de Familia, de conformidad con lo estipulado en la convocatoria, fueron sometidas a revisión las hojas de vida y Página 2 de 24Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Ana Jael Galeano Rivera Demandado: Municipio de Cartagena del Chairá Radicación: 18001-33-33-002-2019-00841-01 certificados anexos requeridos. Fue llamada a dicha dependencia y se le otorgó unos viáticos para que acudiera a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del Municipio de Puerto Rico y también para hacer una segunda revisión técnica según los lineamientos establecidos para los hogares de paso. iv. Aprobados los filtros, el comisario de familia encargado, Arley Manzana, la citó el 14 de agosto de 2017; allí levantaron una constancia que acudiría en calidad de tenedora de NNA a fin de prestar su servicio de cuidados personales

necesarios en calidad de hogar de paso. También se establecieron los valores de cada servicio así: i) alimentación: desayuno, almuerzo y cena a $6.500.000 cada uno; ii) kit de aseo personal: $15.500; iii) habitación: valor diario de $15.000. «En dicho acto, la señora ANA JAEL pregunta sobre el contrato a celebrar, a lo cual le manifiesta que no se preocupe por ello, que después se suscribe, lo importante era empezar a prestar el servicio».

1. Prestó los servicios a los menores Edith Cano Díaz y sus hijos, Kevin, Brayan, Stiven y Nicolás Parra Cano; ingresaron el 14 de agosto y salieron el 11 de septiembre de 2017, tiempo en el cual prestó cabalmente sus servicios al entregar la alimentación, el kit de aseo, refrigerio y la habitación a cada uno. vi. El 19 de agosto de 2017, el comisario de familia la citó para recibir en calidad de madre sustituta en la modalidad de hogar de paso a Yuliana Garzón Collazos; allí permaneció hasta el 28 de agosto de 2017. vii. El 11 de septiembre de 2017 le fue entregada la menor Leidy Michel Bedoya Martínez, quien ingresó en esa fecha y permaneció hasta el 4 de octubre de 2017. viii. El 13 de septiembre de 2017 le fue entregada la menor Alejandra Ulcue Varú hasta el 4 de octubre de 2017. ix. La labor realizada correspondía a los estándares de calidad impuestos por la Comisaría de Familiar de Cartagena del Chairá, «de modo que no solo se cuidaron menores de edad, sino personas de la tercera edad, como es el caso

1. La labor realizada correspondía a los estándares de calidad impuestos por la Comisaría de Familiar de Cartagena del Chairá, «de modo que no solo se cuidaron menores de edad, sino personas de la tercera edad, como es el caso del señor TOMAS –sin más apellidos-, que ingresó al hogar de paso el día 23 de septiembre de 2017 hasta el 14 de octubre de 2017 y a quien se le brindó Página 3 de 24Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Ana Jael Galeano Rivera Demandado: Municipio de Cartagena del Chairá Radicación: 18001-33-33-002-2019-00841-01 todos los servicios ordenados por el Municipio de Florencia, en coordinación con la Comisaría de Familia». La última persona beneficiaria fue el menor Dudier de 17 años de edad, quien ingresó el 26 de octubre y egresó el 7 de noviembre de 20170

1. Por ninguno de estos servicios que dispensó como madre sustituta le fue reconocido honorario alguno a pesar de existir la convocatoria que requería de dichas instalaciones, los procedimientos, el acta suscrita por el comisario de familia. Esto conllevó a que se viera obligada a solicitar un crédito por la suma de $1.500.000 para comprar los insumos de los servicios que debía prestar. xi. El 19 de noviembre de 2018 solicitó al municipio demandado el pago de las sumas por los servicios prestados; sin embargo, mediante el Oficio DA-CP014-2018 del 19 de noviembre de 2018, el municipio le informó que «una vez

revisados los archivos que reposan en esta dependencia, se hace constar que durante la vigencia 2017, No se contrató hogar de paso con la señora ANA JAEL GALEANO RIVERA (...)». xii. El 29 de noviembre de 2018, el secretario general y de gobierno le requirió que informara por escrito quién la había contratado. Ese día, respondió a la administración que «no se suscribió contrato, pues en su momento, se informó que “Por estarse a culminar el año no se suscribiría contrato” y cobijado por la buena fe, se prestó el servicio, inclusive, porque la primera familia recibida sufría de desnutrición y era urgentes (sic) las medidas de atención requeridas para el caso». xiii. El 24 de diciembre de 2018, la entidad consideró que ella se había comprometido con personas que no estaban en la capacidad de obligar al municipio, sin embargo, desconoció que fue la propia administración la que publicó la convocatoria para que las personas pudieran constituir hogares de paso, así como también estipuló que los documentos serían recibidos en la Comisaría de Familia y de igual manera estaría a cargo de la revisión. I.2. Contestación de la demanda.2 2 C1, archivo 04. Página 4 de 24Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Ana Jael Galeano Rivera

Demandado: Municipio de Cartagena del Chairá

Radicación: 18001-33-33-002-2019-00841-01

El Municipio de Cartagena del Chairá se opuso a las pretensiones de la demanda. Arguyó que i) si bien existen actas de ubicación de las personas con la firma del encargado municipal, no se acreditó la fecha de salida de las personas ni el radicado efectivo de la cuenta de cobro por los servicios prestados; ii) no existe un contrato que acredite el vínculo, solo hasta 1 año después solicitó el pago «generando la duda de la veracidad de las prestaciones indirectas, pues las pruebas aportadas evidencian que supuestamente se inició en agosto del 2017 y fue cobrado mediante oficio del 19 de noviembre del 2018, presumiéndose que el único fin era aumentar su capital a costas del presupuesto de la comunidad de Cartagena del Chairá» ; iii) no se debe aplicar la figura del enriquecimiento sin causa, comoquiera que esta se da cuenta una de las partes ve disminuido su patrimonio, mientras el de la otra se aumenta y ello no fue lo que ocurrió en el sub lite; iv) existe mala fe de la demandante porque debió haber solicitado el pago oportunamente y no después de 15 meses; v) «las cuentas de cobro allegadas al despacho, sin radicado en la administración municipal, de haber existido relación contractual, es incoherente con el acuerdo supuesto firmado con el inspector del municipio, siendo preciso recalcar que el valor que se encuentra plasmado en dicha acta es de: ($60.000) (...) por persona que

presuntamente se iba a cuidar, siendo este valor inexacto en la relación presentada por el demandante, al referir el valor por día de ($75.000), presentándose un aumento que presuntamente no estaba pactado»; y vi) debe cuestionarse si desde el 14 hasta el 24 de agosto fue posible la convivencia de 9 personas ajenas al hogar, toda vez que se refieren en las cuentas de cobro no presentadas. I.3. Sentencia de primera instancia.3 En la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia denegó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Luego de pronunciarse sobre la procedencia del medio de control de reparación directa, procedió a resolver el caso concreto. Para tal efecto, sostuvo que:

1. Si bien en la demanda no se precisó en qué hipótesis se encuadraba el caso, en las alegaciones finales indicó que se encauzaba en las dos primeras excepciones de procedencia, las cuales son: primera) cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso 3 C1, archivo 32.

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Demandante: Ana Jael Galeano Rivera Demandado: Municipio de Cartagena del Chairá Radicación: 18001-33-33-002-2019-00841-01 la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su

Demandado: Municipio de Cartagena del Chairá Radicación: 18001-33-33-002-2019-00841-01 la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal; y segunda) en los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud. ii. Frente a la primera, no se demostró que hubiesen existido situaciones de constreñimiento por parte de la administración o sus funcionarios sino de las funciones que efectivamente cumplía. Además, según la demanda, desde el 14 de agosto al 4 de noviembre de 2017 prestó sus servicios de hogar de paso, pero no se precisó que la administración la haya obligado, «encontrando con extrañeza que, en sus alegaciones finales, haga alusión a dicha excepción, sin que además expuesta prueba que así lo acredite». iii. En lo que toca a la segunda, la parte demandante aseguró que las condiciones en las que se encontraban los NNA hacía inminente y urgente el servicio; sin embargo, esto tampoco se encuentra demostrado en el proceso, «pues pese a que es evidente que las personas que son asignadas a hogares de paseo, lo son por situaciones de desprotección familiar (...), lo cierto es que no se encuentra acreditada la urgencia por la cual no se suscribió el contrato estatal». iv. No existía urgencia, incluso porque se adelantó el procedimiento precontractual de selección de contratistas, incluso, desde mayo de 2017

estatal». iv. No existía urgencia, incluso porque se adelantó el procedimiento precontractual de selección de contratistas, incluso, desde mayo de 2017 publicó una convocatoria dirigida a familias y personas naturales interesadas en constituirse en hogares de paso. En efecto, la convocatoria fue publicada en mayo de 2017 y el inicio de la prestación del servicio por parte de la demandante inició 4 meses después, lo cual también descarta la urgencia.

1. El reconocimiento y/o inobservancia de la ley por parte de la demandante no implicaba que no tuviera que acatar la norma, pues así lo dispuso el Consejo de Estado en la sentencia de unificación, luego «la demandante no puede pretender el reconocimiento de sus presuntos perjuicios materiales, so pretexto de su inobservancia en la norma, la cual exige la suscripción del contrato estatal de forma solemne, descartándose además el argumento de la buena fe, pues en este caso, se requiere la buena fe objetiva, la cual gobierna los estamentos contractuales, sin importar la convicción o creencia de las Página 6 de 24Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Ana Jael Galeano Rivera Demandado: Municipio de Cartagena del Chairá Radicación: 18001-33-33-002-2019-00841-01 partes de estar actuando conforme a derecho, pues esto es la buena fe subjetiva».

I.4. Recurso de apelación.4 Inconforme con la decisión, la parte demandante se alzó en apelación y argumentó que:

1. Está demostrado que la entidad pública, en virtud de su supremacía, autoridad

subjetiva». I.4. Recurso de apelación.4 Inconforme con la decisión, la parte demandante se alzó en apelación y argumentó que:

1. Está demostrado que la entidad pública, en virtud de su supremacía, autoridad o imperium constriñó o impuso al particular la ejecución de prestaciones o la prestación de servicios, pues los testigos fueron contestes en indicar la forma intempestiva en que la entidad le impuso la carga de prestar el servicio de hogar de paso a los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en situación de vulnerabilidad. ii. Si bien es cierto que «nadie la obligó o constriño» a prestar el servicio comunitario de hogar de paso, el actuar y los requerimientos de la entidad sí le impusieron esa función, «pues el hecho de que el inspector de Policía Municipal con funciones de Comisario de Familia, [la llamara] para que prestara de forma urgente los servicios de hogar de paso requeridos, es una clara y fehaciente muestra de la imposición que ejerció la administración municipal de Cartagena para lograr cumplir cabalmente con sus obligaciones». iii. La imposición también se acreditó con la constancia emitida el 14 de agosto de 2017 por el inspector de policía municipal, en la cual se indicó que ostentaba la calidad de tenedora de NNA a fin de prestar sus oficios para los cuidados

personales en calidad de hogares de paso a los servidores requeridos por la administración municipal, constancia en la que también se establecieron los elementos que debía brindar como alimentación, habitación, refrigerios y kits de aseo para cada NNA. iv. Los testimonios también demuestran que, en ocasiones, los funcionarios de la alcaldía llevaban a los NNA a su vivienda, lo cual deja en evidencia que no era potestativo de la demandante buscarlos y llevarlos, «sino que la misma administración era quien se lo imponía». «(...) No podía rechazar o rehusarse a recibir a estos NNA, pues en cada una de las actas de ubicación en hogar de paso, se advertía a ANA JAEL GALEANO que ello le podía acarrear 4 C1, archivo 34. Página 7 de 24Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Ana Jael Galeano Rivera Demandado: Municipio de Cartagena del Chairá Radicación: 18001-33-33-002-2019-00841-01 responsabilidad penal o civil, además de la pérdida de la calidad del hogar sustituto, oficio al que se dedicaba desde hace tiempo la demandante, lo que perjudicaría fuertemente su derecho al trabajo en futuras ocasiones».

1. También está demostrada la segunda excepción prevista en la sentencia de unificación, consistente en que sea urgente y necesario, pues según los testimonios y la declaración de parte, los NNA se encontraban en condiciones de desprotección familiar, abandono, desnutrición, abuso físico y sexual; esto la conminó a prestar el servicio sin que previamente se suscribiera el contrato. vi. «(...) no podemos llevar a extremos inaceptables el formalismo y cumplimiento

de desprotección familiar, abandono, desnutrición, abuso físico y sexual; esto la conminó a prestar el servicio sin que previamente se suscribiera el contrato. vi. «(...) no podemos llevar a extremos inaceptables el formalismo y cumplimiento de la normatividad, como justificación para no compensar la inequidad causada a la señora ANA JAEL GALEANO que es la persona empobrecida de la que el Estado se aprovechó, para que prestara sus servicios como hogar de paso y así el municipio se viera beneficiado en el ahorro presupuestal y financiero de la organización de hogares de paso que está a su cargo como lo dispone el Código de Infancia y Adolescencia». I.5. Trámite de segunda instancia. En auto del 2 de mayo de 2022 y en cumplimiento de la Ley 2080 de 2021 se resolvió admitir el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia.5 Hasta el término de ejecutoria ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011. 5 C2, archivo 04. Página 8 de 24Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Ana Jael Galeano Rivera

Demandado: Municipio de Cartagena del Chairá

apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011. 5 C2, archivo 04. Página 8 de 24Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Ana Jael Galeano Rivera Demandado: Municipio de Cartagena del Chairá Radicación: 18001-33-33-002-2019-00841-01 2.2. Problema jurídico.

En esta instancia, corresponde a la Sala determinar si la señora Ana Jael Galeano Rivera tiene derecho a que el Municipio de Cartagena del Chairá le pague los gastos en que incurrió al prestar el servicio de hogar de paso en el segundo semestre del año 2017 sin la suscripción de un contrato estatal. Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a la actio in rem verso ; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto. 2.3. Marco normativo y jurisprudencial. 2.3.1. Del enriquecimiento sin justa causa: La teoría del enriquecimiento sin causa parte de la concepción de justicia como fundamento de las relaciones reguladas por el derecho, bajo la cual no se concibe un traslado patrimonial entre dos o más personas sin que exista una causa eficiente y justa para ello. Por tanto, el equilibrio económico existente en una determinada relación jurídica debe afectarse (para que una persona se enriquezca y otra se empobrezca) mediante una causa que se considere ajustada a derecho 6. El Consejo de Estado, en sentencia de 26

de mayo de 2010, explicó: La esencia del enriquecimiento injusto radica en el desplazamiento de riqueza dentro de la acepción más amplia del concepto a otro patrimonio sin que medie causa jurídica, de manera que se experimenta el acrecentamiento de un patrimonio a costa del menoscabo de otro, aun cuando en término monetarios no siempre se vea reflejado (...)7. Puede decirse que hay enriquecimiento sin justa causa cuando se presenta: i) un aumento patrimonial a favor de una persona, ii) una disminución patrimonial en contra de otra, la cual es inversamente proporcional al incremento patrimonial del primero y iii) la ausencia de una causa que justifique las dos primeras situaciones. 2.3.2. De la actio in rem verso – presupuestos. 6Consejo de Estado, Sentencia de 30 de marzo de 2006, Exp. No. 25000232600019990196801, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. 7Consejo de Estado, sentencia de 26 de mayo de 2010, Exp. No. 25000-23-26-000-2003-00616-01(29402), C.P. Dra. Gladys Agudelo Ordoñez Página 9 de 24Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Ana Jael Galeano Rivera Demandado: Municipio de Cartagena del Chairá Radicación: 18001-33-33-002-2019-00841-01

Teniendo en cuenta que se hace referencia al enriquecimiento sin causa y a la actio in rem verso y que, en ocasiones, se consideran la misma acepción, la doctrina diferencia tales conceptos de manera que, el primero es un principio general del derecho que

Teniendo en cuenta que se hace referencia al enriquecimiento sin causa y a la actio in rem verso y que, en ocasiones, se consideran la misma acepción, la doctrina diferencia tales conceptos de manera que, el primero es un principio general del derecho que prohíbe incrementar el patrimonio sin razón justificada, mientras que el segundo es la figura procesal por medio de la cual se intenta la pretensión que reclama los efectos de la vulneración de dicho principio general8. La actio in rem verso aparece entonces como un medio de naturaleza subsidiaria, es decir, sólo es procedente cuando el demandante no cuenta con ningún otro tipo de acción para pretender el restablecimiento patrimonial solicitado, luego tiene, además, un rasgo excepcional, dado que el traslado patrimonial injustificado (enriquecimiento alegado), no debe tener nacimiento u origen en ninguna de las fuentes de las obligaciones señaladas en el Código Civil; a más que se trata de un medio de carácter meramente compensatorio, esto es, que a través suyo no se puede pretender la indemnización o reparación de un perjuicio, sino que su contenido y alcance se circunscribe al monto en que se enriqueció sin causa el patrimonio del demandado, que debe corresponder correlativamente al aminoramiento que padeció el demandante9. El Consejo de Estado se ha ocupado de los requisitos necesarios para que proceda la figura en comento; fue así como en sentencia de 2 de mayo de 2007, la Sección Tercera, con ponencia de la Consejera Ruth Stella Correa Palacio, dentro del expediente No. 25000-23-26-000-1995-01123-01(16211), señaló:

(...) si bien la jurisprudencia de la Corporación ha aceptado en algunos eventos la acción in rem verso para reclamar la compensación de quien sufre una disminución

25000-23-26-000-1995-01123-01(16211), señaló:

(...) si bien la jurisprudencia de la Corporación ha aceptado en algunos eventos la acción in rem verso para reclamar la compensación de quien sufre una disminución patrimonial, originada en aquellas situaciones en que no mediando un contrato, el actor entregó un bien, ejecutó un servicio o una obra recibida a satisfacción por la entidad pública demandada sin que la misma la haya cancelado, lo cierto es que en dichos casos fue menester probar la concurrencia de los elementos que la configuran, esto es, un enriquecimiento patrimonial de la parte beneficiada, con un correlativo empobrecimiento de la parte afectada, sin una causa jurídica que justifique el desequilibro económico, y además la buena fe en la actuación y la subsidiaridad de la acción , esto último en el entendido de que no debe existir otra diferente que permita obtener el reintegro del valor de la disminución o el restablecimiento del equilibrio entre los dos patrimonios, requisitos todos estos que no se encuentran acreditados en el presente proceso. En posterior pronunciamiento el alto Tribunal analizó un requisito adicional a los tres anotados en precedencia, consistente en la ausencia de otro medio procesal para 8 GIL BOTERO, Enrique: “Responsabilidad Extracontractual del Estado”, quinta edición, Editorial Temis S.A., Bogotá, 2011.9 Consejo de Estado, Sentencia de 22 de julio de 2009, Exp. No. 85001-23-31-000-2003-00035-01(35026), C.P. Dr. Enrique Gil Botero. Página 10 de 24Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Ana Jael Galeano Rivera

Demandado: Municipio de Cartagena del Chairá

Gil Botero. Página 10 de 24Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Ana Jael Galeano Rivera Demandado: Municipio de Cartagena del Chairá Radicación: 18001-33-33-002-2019-00841-01 demandar la actuación de la administración y buscar la reparación del empobrecimiento sufrido, de modo que únicamente proceda la actio in rem verso. En dicha ocasión explicó: Se trata entonces de aquellos eventos en los cuales las partes, por alguna razón, no han dado cumplimiento a las normas que regulan la celebración y ejecución de contratos estatales y a pesar de ello, el particular ejecuta una prestación a favor de la Administración –da un bien, presta un servicio, realiza una obra, etc.- que se traduce en un aumento patrimonial para la entidad estatal e implica una correlativa disminución del patrimonio del ejecutor de la prestación, es decir le produce a éste un empobrecimiento, que por la ausencia del soporte contractual, resulta carente de justificación legal.

No obstante, debe recalcar la Sala en esta oportunidad cómo el solo traslado o desequilibrio patrimonial –enriquecimiento y correlativo empobrecimientomás la verificación de ausencia de sustento contractual, resulta insuficiente para efectos de concluir acerca de la existencia de un enriquecimiento sin justa causa que dé lugar al reconocimiento de una compensación, por cuanto en estos casos es necesario analizar también la conducta de las partes de la relación negocial, así como determinar las circunstancias en medio de las cuales se produjo la ejecución de prestaciones sin soporte contractual, debiéndose determinar la buena fe con la que han actuado, para descartar de esta manera que el

así como determinar las circunstancias en medio de las cuales se produjo la ejecución de prestaciones sin soporte contractual, debiéndose determinar la buena fe con la que han actuado, para descartar de esta manera que el empobrecimiento de quien reclama haya obedecido a circunstancias sólo imputables a su propia conducta, como cuando por su cuenta y riesgo decide adelantar la prestación sin contar con la instrucción o con el visto bueno de la Administración, pues en tal caso estará llamado a soportar la disminución patrimonial que sufra10.

Básicamente, a partir de la jurisprudencia de esta jurisdicción, se ha tornado una necesidad establecer por esta vía la procedencia, requisitos e, incluso, la acción procedente a través de la cual estos casos sean puestos en conocimiento de la administración de justicia, habida cuenta de que, si bien se habla de una acción autónoma, para efectos procedimentales quedaría un vacío frente al trámite que debe dársele, así como su caducidad, cuantía y demás presupuestos procesales. Ahora, en sentencia de unificación de 19 de noviembre de 2012 , la Sección Tercera del Consejo de Estado, determinó los casos en los que procede la reparación por vía de la actio in rem verso; en dicha ocasión la referida Corporación expuso:

12.2. Con otras palabras, la Sala admite hipótesis en las que resultaría procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato alguno pero, se insiste, estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de interpretación y aplicación restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, eventos que necesariamente quedan comprendidos dentro de la regla general que antes se mencionó. Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes: 10 Consejo de Estado, Sentencia de 11 de abril de 2012, Exp. No. 76001-23-25-000-1997-04462-01(21186), C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Página 11 de 24Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Ana Jael Galeano Rivera Demandado: Municipio de Cartagena del Chairá Radicación: 18001-33-33-002-2019-00841-01 a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso , que fue exclusivamente la entidad pública , sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía , de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio , por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar

por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación. c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro