TA CAQ - 18001-33-33-002-2019-00911-01-(11-10-2023)

Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Tercera de Decisión

Magistrada Ponente: Edith Alarcón Bernal

Florencia, once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Asunto: Cobro de plusvalía Medio de Control: Protección de los derechos e intereses colectivos

Demandante: Antonio Fajardo Rico

Demandado: Municipio de Florencia Radicación: 18001-33-33-002-2019-00911-01

Acta de discusión: 64 de la fecha

ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 16 de diciembre de 2022 , proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, que denegó las pretensiones de la demanda.

En este fallo se tratarán los siguientes temas: el marco normativo y jurisprudencial del tanto del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, como el del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Pretensiones de la demanda

El señor Antonio Fajardo Rico, actuando en nombre propio interpuso medio de control de Protección de los derechos e intereses colectivos en contra del Municipio de Florencia, y solicitó que se:

 Declararan vulnerados los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; a la moralidad administrativa; a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la

a la moralidad administrativa; a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; la defensa del patrimonio público y; la real ización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, de todos los ciudadanos residentes en Florencia.  Requiera a la Oficina de Tributos del municipio de Florencia para que informe de la gestión del cobro de la plusvalía establecida en el Decreto 081 de 2009; que se declare de la Secretaría de Planeación y Hacienda municipales de esta ciudad omitieron el cobro de la plusvalía en mención desde el año 2009 y que se ordene a la administración municipal ejercer el cobro de la misma y

1 Folio 1-22 Cuaderno Principal No 1Medio de control Protección de los derechos e intereses colectivos

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destinar e invertir dichos recursos en mejorar la calidad urbanística del municipio.  Ordene a las constructoras que han adelantado proyectos urbanísticos en dicha zona la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales

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destinar e invertir dichos recursos en mejorar la calidad urbanística del municipio.  Ordene a las constructoras que han adelantado proyectos urbanísticos en dicha zona la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para cesar la contaminación de las fuentes hídricas aledañas.  Ordene la inspección técnica a las zonas que comprend e el Plan Parcial Ciudad Verde para inspeccionar las afectaciones irreversibles al ecosistema y verificar si las constructoras están cumpliendo las normas urbanísticas, principalmente lo que concierne a las rondas hídricas de ríos o quebradas, para comprob ar si se está cumpliendo con el lineamiento contenido en el artículo 78 del Acuerdo No. 018 de 2000 sobre “Las rondas del río serán mínimas de 30 m y no se contabilizarán dentro de las áreas de cesión”.  En caso de que no se estén respetando las rondas hídr icas, orden e la demolición de cualquier tipo de construcción de elementos rígidos, como pisos duros y demás que esté dentro de los 30 metros de la ronda hídrica de la quebrada; suspend a las licencias urbanísticas que contraríen las disposiciones normativas; ordene a la Secretaría de Planeación Municipal la realización de un informe de gestión sobre el desarrollo que se le ha dado al Plan Parcial Ciudad Verde, donde especifique los puntos que ha cumplido y qué tipo de vigilancia ha realizado para verificar su cumplimiento; y ordene la vigilancia de las licencias urbanísticas expedidas sobre el predio del Plan Parcial Ciudad Verde y las que se han otorgado en suelo de desarrollo suburbano para comprobar si están cumpliendo con la reglamentación urbanística, y en caso de encontrarse irregularidades se tomen las medidas

vigilancia de las licencias urbanísticas expedidas sobre el predio del Plan Parcial Ciudad Verde y las que se han otorgado en suelo de desarrollo suburbano para comprobar si están cumpliendo con la reglamentación urbanística, y en caso de encontrarse irregularidades se tomen las medidas como la suspensión de las licencias.

1.1.2. Fundamento de las pretensiones

Los hechos que se aduce como soporte de las pretensiones se circunscriben a que:

El 9 de agosto de 2000, se aprobó por parte del Concejo Municipal de Florencia, el Acuerdo 018 de 2000, mediante el cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial. El 02 de junio de 2009, se expidió el Decreto 081 de 2009 “Estatuto Tributario Municipal Compilado”, con el que se reguló la plusvalía municipal y se facultó al alcalde de Florencia para que reglamentara los procesos y procedimientos relativos a la implementación de la plusvalía y al cobro de la misma, concediéndole para el efecto el término de seis (6) meses.

Mediante Resolución 721 de 2014, la Secretaría de Planeación Municipal viabilizó el proyecto para la creación del plan parcial ciudad verde , lo mismo hizo la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – en adelante CORPOAMAZONIAen el aspecto ambiental por Resolución 208 de 2015.

Finalmente, con el Decreto 289 del 24 de abril de 2015, se adoptó el plan parcial ciudad verde en suelo de expansión urbano, como instrumento de planificación y urbanización del suelo . Dicho proyecto, según el actor, ha generado afectación y deterioro al medio ambiente.

ciudad verde en suelo de expansión urbano, como instrumento de planificación y urbanización del suelo . Dicho proyecto, según el actor, ha generado afectación y deterioro al medio ambiente.

La administración municipal ha expedido diferentes licencias urbanísticas.

El 4 de marzo de 2019, el demandante radicó petición al Municipio, solicitando que se le informara el valor del recaudo por participación a la plusvalía desde el año 2009 y el nombre de los proyectos urbanísticos que han tenido que pagarla, frente a lo cual, se le señaló que por ese concepto no se había generado ningún recaudo por no haberse reglamentado el cobro.

El 18 de septiembre de 2019, el actor presentó nuevamente petición, pidiendo que se le remitiera copia de unas solicitudes de licencias urbanísticas que ya habíanMedio de control Protección de los derechos e intereses colectivos

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sido aprobadas con el fin de revisar los documentos y constatar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la ley urbanística, en respuesta a ello, le fueron remitidos uno serie de resoluciones y decretos.

2. Contestación2

2.1 Municipio de Florencia

Aceptó de manera parcial la mayoría de los hechos de la demanda y como argumento de defensa aludió a la naturaleza jurídica de la acción constitucional y añadió que no existía fundamento probatorio válido para concluir con certeza una presunta afectación de los derechos colectivos por el no cobro de la plusvalía, máxime cuando el Concejo Municipal no ha probado la reglamentación respectiva

añadió que no existía fundamento probatorio válido para concluir con certeza una presunta afectación de los derechos colectivos por el no cobro de la plusvalía, máxime cuando el Concejo Municipal no ha probado la reglamentación respectiva del cobro o participación de la misma por el Municipio de Florencia. En ese orden, precisó que la acción que debió incoarse fue la de cumplimiento.

Dijo que los actos administrativos que contienen las licencias urbanísticas debieron atacarse mediante el medio de control de nulidad simple o nulidad y restablecimiento del derecho y que en caso de prosperar las pretensiones de la demanda se crearían obligaciones a terceros los cuales de berían vincularse al proceso en calidad de litisconsortes necesarios, para evitar futuras nulidades.

Por lo anterior, excepcionó indebida escogencia de la acción, litisconsorte necesario e inexistencia del derecho pretendido, por no existir un daño o riesgo inminente como lo aduce su accidente, oponiéndose así a la prosperidad de las pretensiones.

2.2 Corpoamazonia

Fue vinculada como litisconsorte necesario, por auto del 17 de noviembre de 20203. Esta entidad guardó silencio, según constancia secretarial del 14 de abril de 20214.

3. Sentencia de primera instancia5

Por sentencia del 16 de diciembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, denegó las pretensiones de la demanda.

Luego de establecer el marco normativo y jurisprudencial de las acciones populares y de los derechos sobre los cuales se pidió su protección, señaló en relación con el caso concreto que algunas de la pretensiones no atendieron a la naturaleza y

Luego de establecer el marco normativo y jurisprudencial de las acciones populares y de los derechos sobre los cuales se pidió su protección, señaló en relación con el caso concreto que algunas de la pretensiones no atendieron a la naturaleza y finalidad de la acc ión popular, tales son: “el actor pretende que por medio de la acción popular se ordene a la administración municipal, a través de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, que presenten informes respecto a si han realizado el cobro de la plusvalía, así como informe sobre el desarrollo que se le ha dado al Plan Parcial Ciudad Verde; además que se realice una inspección técnica a la zona que comprende el Plan Parcial Ciudad Verde, para determinar las afectaciones al ecosistema, y en especial a la construcción en las rondas del río; y por último que se realice vigilancia a las licencias urbanísticas del mismo Plan Parcial, para comprobar si se está cumpliendo con la reglamentación urbanística” por lo que en relación con ellas, no emitió pronunciamiento.

Seguidamente expuso que, de las pruebas arrimadas y decretadas de oficio, no evidenciaba una vulneración concreta al derecho a un ambiente sano y que el actor no la señaló de manera concreta, ni tampoco aportó una prueba técnica para esos efectos, siendo ello su responsabilidad.

2 Archivo 3 del expediente judicial electrónico 3 Archivo 33 del expediente judicial electrónico 4 Archivo 40 del expediente judicial electrónico 5 Archivo 98 del expediente judicial electrónico.Medio de control Protección de los derechos e intereses colectivos

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colectivos

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Expuso que no era posible analizar si la creación y ejecución del Plan Parcial Ciudad Verde contrariaba la normatividad urbanística, en atención a que el demandante no realizó un señalamiento puntual acerca de la norma eventualmente transgredida y que por el contrario con oficio SPM -2780 del 27 de julio de 2021, la Secretaría de Planeación, informó que las licencias urbanísticas expedidas en el proyecto en comento cumplían con la reglamentación urbanística correspondiente.

Añadió que el actor no probó la supuesta transgresión al artículo 78 del Acuerdo No. 018 del 09 de agosto de 2000 y que la Resolución No. 0077 de 2017 por la cual se expide la licencia urbanística en corredor suburbano para el proyecto denominado “Condominio Campestre María de Jesús” , no sobrepasó la autorización en el área de construcción, respetando el derecho colectivo de realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos.

Señaló que por vía de la Ley 388 de 1997, se otorgó competencia a los concejos municipales y distritales para regular la aplicación de la plusvalía en sus territorios, acto que quedó ejecutado en el Estatuto Tributario Municipal Compilado. Y continuó indicando que el “tratándose el caso en concreto del no cobro de dineros por beneficio de plusvalía, no se puede tener estos como parte del patrimonio público, precisamente porque aún no han sido objeto de apropiación por parte del ente

indicando que el “tratándose el caso en concreto del no cobro de dineros por beneficio de plusvalía, no se puede tener estos como parte del patrimonio público, precisamente porque aún no han sido objeto de apropiación por parte del ente territorial, razón por la cual, no resulta proc edente ordenar en esta sede de acción popular el cumplimiento de dichas normas, debiendo ser objeto de una eventual acción de cumplimiento.”

“En cuanto a la moralidad administrativa, no se aporta argumento o prueba alguna que indique la desviación de los principios de la función pública. No se puede concluir de la simple falta de aplicación o cumplimiento de una normatividad la desviación de la moralidad administrativa en contra de la buena fe, la ética o la honestidad, máxime cuando el actor ni siquiera a rgumenta de manera clara y concisa los supuestos fácticos que según el configurarían la vulneración al derecho colectivo.”

3. El recurso de apelación6

Enfatizó en que hubo una indebida interpretación del artículo 4, literal e) y 9 de la Ley 472 de 1998, toda vez que el derecho al patrimonio público también protege bienes inmateriales e intangibles (derechos y obligaciones). En ese orden, - expusoque al haberse demost rado que la administración municipal incurrió en una grave omisión por dejar de cobrar el concepto del impuesto de la plusvalía desde la vigencia fiscal 2009 hasta la actualidad, ello, dio lugar a la afectación al patrimonio público, habida consideración de que fueron recursos públicos que no ingresaron a las arcas del municipio y se dejaron de invertir en la función y desarrollo social de la población.

En virtud de lo anterior, pidió revocar la sentencia de primer grado.

las arcas del municipio y se dejaron de invertir en la función y desarrollo social de la población.

En virtud de lo anterior, pidió revocar la sentencia de primer grado.

4. Trámite en Segunda Instancia

Mediante auto de l 31 de mayo de 2023 7, se admitió el recurso de apelación se ordenó notificar a las partes, sin que emitieran ningún pronunciamiento.

II. CONSIDERACIONES

6 Archivo 100 del expediente judicial electrónico. 7 Anotación 4 de SAMAIMedio de control Protección de los derechos e intereses colectivos

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2.1. Competencia Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de conformidad con los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011

2.2. Oportunidad de la acción y legitimación en la causa Evidencia la Sala que en el caso examinado no hay lugar a examinar el presupuesta de la caducidad por cuanto, según lo prevé el artículo 8°8 de la Ley 472 de 1998, las acciones populares pueden incoarse en todo tiempo.

Ahora bien, en punto de la legitimación en la causa por activa , se tiene que al ser titular de la acción toda persona natural o jurídica 9, el señor Antonio Fajardo Rico, contaba con la facultad de promoverla.

Ahora bien, en punto de la legitimación en la causa por activa , se tiene que al ser titular de la acción toda persona natural o jurídica 9, el señor Antonio Fajardo Rico, contaba con la facultad de promoverla. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, la demanda fue dirigida contra el Municipio de Florencia a quien se le atribuye la vulneración de los derechos de orden colectivo. 2.3. Problema jurídico Corresponde determinar si el Municipio de Florencia vulneró el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público al dejar de recaudar los dineros por concepto de la plusvalía.

2.4. Tesis de la Sala La Sala estima que hay lugar a revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, en lo relativo a la negativa de acceder a la protección del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público. Por lo anterior, dirá que el quit del asunto se ciñe a que el Municipio de Florencia desde el año 2009 no ha recaudado la participación en la plusvalía, ello, en atención a que no ha emitido la reglamentación de los procesos y procedimientos relativos a la implementación de la plusvalía y al cobro de la misma , conforme a la facultad concedida en el Decreto compil atorio 081 del 2 de junio de 2009, asunto que en principio debió debatirse a través del medio de control de cumplimiento. Empero, la Jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que independientemente del cumplimiento o no de una norma, si se evidencia la vulneración de los derechos e intereses colectivos, lo que procede es la acción popular. En ese orden, se determinó que el Municipio de Florencia vulneró el derecho

independientemente del cumplimiento o no de una norma, si se evidencia la vulneración de los derechos e intereses colectivos, lo que procede es la acción popular. En ese orden, se determinó que el Municipio de Florencia vulneró el derecho colectivo al patrimonio público, pues se probó que desde el año 2009, inclusive, se fijó en su favor la calidad de sujeto activo de la participación de la plusvalía derivada de la acción urbanística, lo que le generó el derecho de administración, recaudo, determinación, discusión, devolución y cobro, empero, no ejecutó las obligaciones administrativas para hacerlo efectivo, lo que dejó en evidencia que hubo una gestión irresponsable del patrimonio representado en ese derecho y además de ello, un incumplimiento de la función administrativa, criterios subjetivos y objetivos que configuran una vulneración a la garantía colectiva a la defensa del patrimonio público.

8 “ARTÍCULO 8º.- Estados de Excepción. Las acciones populares podrán incoarse y tramitarse en todo tiempo.” 9 ARTÍCULO 12.- Titulares de las Acciones. Podrán ejercitar las acciones populares:

1. Toda persona natural o jurídica. (…)” ibídemMedio de control Protección de los derechos e intereses colectivos

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2.5. Marco normativo y jurisprudencial de los derechos colectivos invocados por el actor.

1.1.1. Sobre el medio de control de protección de los d erechos e intereses colectivos.

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2.5. Marco normativo y jurisprudencial de los derechos colectivos invocados por el actor.

1.1.1. Sobre el medio de control de protección de los d erechos e intereses colectivos.

El artículo 88 de la Constitución Política estableció que “la Ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.”

En cumplimiento de este artículo superior, se expidió la Ley 472 de 1998 que reguló la acción popular, la cual tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares.

El artículo 2º de la citada ley puntualiza, en efecto:

“ARTICULO 2o. ACCIONES POPULARES. Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos.

Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.”

El objetivo esencial de la acción popular es, pues, la protección efectiva de derechos e intereses colectivos, de manera que, si han sido afectados, se haga cesar los efectos de su quebrantami ento, si ello es posible. Procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares, que vulnere o amenace esos intereses.

cesar los efectos de su quebrantami ento, si ello es posible. Procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares, que vulnere o amenace esos intereses.

Es una acción pública, de la que la misma ley regula su cauce procesal, fundado en la prevalencia del derecho sustancial, con atención especial a los principios de publicidad, economía, celeridad y eficacia.

En el artículo 4º de la normativa en comento se dispuso que son derechos e intereses colectivos, los relacionados con:

1. El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; ii. La moralidad administrativa; iii. La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protecci ón de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; iv. El goce del espacio público y la utilizac ión y defensa de los bienes de uso público;
2. La defensa del patrimonio público; vi. La defensa del patrimonio cultural de la Nación; vii. La seguridad y salubridad públicas; viii. El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; ix. La libre competencia económica;Medio de control Protección de los derechos e intereses colectivos

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pública; ix. La libre competencia económica;Medio de control Protección de los derechos e intereses colectivos

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1. El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; xi. La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos; xii. El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; xiii. La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; xiv. Los derechos de los consumidores y usuarios.

Esta norma también prevé que son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia.

A la luz de la teleología y el marco normativo de las acciones populares, jurisprudencialmente10 se ha concluido que para la prosperidad de las pretensiones deben quedar debidamente acreditados los siguientes elementos:

(i) Una acción u omisión por parte de autoridades públicas o de los particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes legales11, (ii) Un daño contingente, peligro, amenaza, o vulneración de derechos o intereses colectivos; y (iii) La relación de causalidad entre la acción u omisión, y la afectación de los derechos e intereses mencionados12.

legales11, (ii) Un daño contingente, peligro, amenaza, o vulneración de derechos o intereses colectivos; y (iii) La relación de causalidad entre la acción u omisión, y la afectación de los derechos e intereses mencionados12.

1.1.2. Sobre la defensa del patrimonio público

La jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha comprendido 13 “que el derecho a la defensa del patrimonio comprende todos los bienes, derecho y obligaciones que le pertenecen al Estado y su protección, a través de la acción popular, se orienta a garantizar una administración eficiente y responsable que debe acompasarse con la buena fe y la transparencia que exige la moralidad administrativa14”. En ese sentido, - continuó la sentencia glosada - el patrimonio público debe gestionarse de conformidad con el principio de eficiencia y transparencia de la función administrativa, el cual debe interpretarse a partir del marco jurídico que lo desarrolla, entre ellos, las normas presupuestales, la destinación de los recursos y las obligaciones que surgen de las oper aciones bursátiles que realizan los entes territoriales. En igual sentido, el Consejo de Estado ha entendido que “el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público no se ve afectado, de manera exclusiva, cuando a dicho patrimonio se le da una destinación contraria a derecho o cuando se evidencia su mengua sin que ello obedezca a una causa justificada en el ord en jurídico imperante, sino también cuando, como consecuencia de una conducta activa u omisiva reprochable desde el punto de vista jurídico, los recursos económicos no se encuentran disponibles para ser utilizados conforme el ordenamiento lo indica, es

imperante, sino también cuando, como consecuencia de una conducta activa u omisiva reprochable desde el punto de vista jurídico, los recursos económicos no se encuentran disponibles para ser utilizados conforme el ordenamiento lo indica, es

10 Corte Constitucional, T-710 de 2008. Consejo de Estado - Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia del 4 de octubre de 2018, radicación número: 1700123-33-000-2014-00263-01 (AP). 11 Consejo de EstadoSección Primera. Sentencia del 9 de junio de 2011, C.P. María Elizabeth García González. Rad. 2500023-27-000-2005-00654-01. 12 Sobre el particular ver Consejo de Estado-Sección Primera. Sentencia del 30 de junio de 2011. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Rad. 50001-23-31-000-2004-00640-01(AP). 13 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 19001 -33-31-002-2011-00399-02 (AP) Act or: GABRIEL EDUARDO PILLIMUE POTOSÍ Y KEVIN AMILCAR CALAMBAS VELASCO 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 25 de febrero de 2016, Radicado 2012-00656-01 (AP).Medio de control Protección de los derechos e intereses colectivos

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Radicado 2012-00656-01 (AP).Medio de control Protección de los derechos e intereses colectivos

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decir, para destinarlos al cumplimiento de los deberes y obligaciones que le fueron atribuidas a las entidades que se encuentran a cargo del cumplimiento de la función administrativa15.”

En concordancia, el derecho e interés colectivo a la defensa del patrimonio público no puede interpretarse de manera restringida, sino que debe valorarse desde su gestión eficiente y transparente, razón por la cual, todas las acciones y omisiones que contribuyan de manera determinante en su afectación también serán objeto de reproche. A partir del alcance de este derecho e interés colectivo, la Sala apreciará las pruebas que demuestran su vulneración o no en este caso.

1.1.3. Hechos probados

El artículo 82 superior 16 estableció el derecho de participar en el plusvalor de los terrenos a favor de las entidades públicas por cuenta de la acción urbanística por ellas adelantada.

Por su parte, el artículo 73 de la Ley 388 de 1997 17 señaló la noción de la participación en la plusvalía, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 73.- Noción. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Política, las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su aprov echamiento, generan beneficios que dan derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes de

Constitución Política, las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su aprov echamiento, generan beneficios que dan derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones. Esta participación se destinará a la defensa y fomento del interés común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público y, en general, de la calidad urbanística del territorio municipal o distrital. Los concejos municipales y distritales establecerán mediant e acuerdos de carácter general, las normas para la aplicación de la participación en la plusvalía en sus respectivos territorios.” (negrillas nuestras)

Ahora bien, mediante el Decreto 081 del 2 de junio de 200918, la alcaldesa Municipal de Florencia compiló los Acuerdos 022 del 7 de diciembre de 2004 19, 023 del 9 de diciembre de 200820 y 005 del 12 de marzo de 2008 21y estableció en relación con el tema que contrae la atención de la Sala, lo que sigue:

“ARTÍCULO 300.- ADOPCIÓN DE LA PLUSVALÍA.- Adóptese para el Municipio de Florencia la participación de plusvalía, la cual se regirá por las disposiciones consagradas en la Ley 388 de 1997, decreto nacional 1599 de 1998 y demás normas complementarias

ARTICULO 301.- CONSIDERACI