TA CAQ - 18001-33-33-003-2017-00450-01-(05-05-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión Magistrada Ponente Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, mayo cinco (5) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Yaneth Medina y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.

Radicación: 18001-33-33-003-2017-00450-01

Tema: Privación Injusta de la libertad.

Acta número 34.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la sentencia del 31 de julio de 2019 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Florencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Adriana Moreno Medina; Cleimer Steven Jiménez Fajardo; Yaneth, Derly Gimena, Luis Hernán Medina; Leidy Viviana, Yenssy Paola, Erika Fajardo Medina; Ana Fernanda, Sebastián Hernando Jiménez Medina; Alba Luz y Alexander Medina Velásquez a través de apoderado y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1 C1, archivo 05, pág. 39.Sentencia de segunda instancia

Medio de control: Reparación Directa

Demandante: Yaneth Medina y otros

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

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Medio de control: Reparación Directa Demandante: Yaneth Medina y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.

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1. Se declare responsables a la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial por los perjuicios que les fueron causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto la señora Yaneth Medina, quien permaneció privada de la libertad desde el 16 de marzo hasta el 26 de agosto de 2010, y con restricción del derecho de locomoción y otras libertades desde el 26 de agosto de 2010 hasta el 12 de abril de 2016, dentro del proceso penal adelantado en su contra por el delito de extorsión y que culminó con preclusión de la investigación de fecha 12 de abril de 2016.

1. Se paguen los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados.

1. Se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA y se condene en costas y agencias en derecho a las entidades demandadas.

1.1.2. Hechos

Fundamentaron las pretensiones en los siguientes

1. Para el mes de marzo de 2010, la señora Yaneth Medina se encontraba en el Municipio de Solita, Caquetá, realizando el recurrido en un vehículo de servicio público de su propiedad, cuando se encontró con el señor «Juan Carlos» quien le pidió el favor de reclamarle al señor Luis Eduardo Vargas Camargo la suma

Municipio de Solita, Caquetá, realizando el recurrido en un vehículo de servicio público de su propiedad, cuando se encontró con el señor «Juan Carlos» quien le pidió el favor de reclamarle al señor Luis Eduardo Vargas Camargo la suma de $3.000.000 en la ciudad de Florencia.

1. En razón de lo anterior, la señora Yaneth acudió a reclamar el dinero debido al señor «Juan Carlos», sin embargo, el señor Luis Eduardo Vargas Camargo le manifestó que no tenía completo, que pasara otro día, por lo que el día 16 de marzo de 2010 asistió nuevamente al establecimiento comercial de propiedad del señor Vargas Camargo, quien le entregó un paquete que al parecer contenía el dinero que le había en comendado recoger.

1. Luego de salir del establecimiento de comercio donde reclamó el dinero, la señora Yaneth Medina fue abordada por miembros de la Policía Nacional, quienes procedieron a dar captura por la presunta comisión del delito de extorsión.

1. El 17 de marzo de 2010 se realizaron ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Florencia las audienciasSentencia de segunda instancia

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concentradas de legalización de captura, formulación de impu tación e imposición de medida de aseguramiento. El juez decretó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión ; no obstante, el

concentradas de legalización de captura, formulación de impu tación e imposición de medida de aseguramiento. El juez decretó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión ; no obstante, el juzgador omitió analizar si era necesaria la detención preventiva para evitar la obstrucción de la justicia.

1. El 14 de abril de 2010 , la Fiscalía Sexta Local de Florencia presentó el escrito de acusación en contra de Yaneth Medina por el delito de extorsión. La audiencia se realizó el 22 de abril de 2010 ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal de

Florencia.

1. Para el 27 de mayo de 2010 se realizó la audiencia preparatoria , en la cual la defensa solicitó la preclusión de la investigación, que fue negada en audiencia del 11 de junio de 2010, la que a su vez fue confirmada en segunda instancia por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Florencia el 29 de julio de 2010.

1. El 26 de agosto de 2010 la señora Yaneth Medina fue dejada en libertad, sin que obre en el expediente penal la providencia que así lo ordenó.

1. Luego de surtirse la etapa de juicio ante el Juzgado Sexto Penal Municipal de Florencia, en audiencia de juicio oral del 10 de marzo de 2016, el abogado defensor de la señora Medina solicitó nuevamente la preclusión de la investigación, a lo cual accedió el juzgado mediante providencia del 12 de abril de 2016; la decisión se fundó en la imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal y la inexistencia del hecho investigado. Contra esta decisión no se interpuso recurso.

de 2016; la decisión se fundó en la imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal y la inexistencia del hecho investigado. Contra esta decisión no se interpuso recurso.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. Fiscalía General de la Nación.2

Argumentó que i) la autoridad judicial acogió favorablemente la solicitud de la Fiscalí a de imponer en contra de la imputada la medida de detención, toda vez que resultaba congruente con los numerales 1 y 3 del artículo 301 de la Ley 906 de 2004 , pues la detención estuvo dirigida a asegurar la comparecencia del imputado al proceso, el aseguramiento de la prueba y la protección de la comunidad; ii) fue el juez quien analizó si la medida cumplía los fines previstos por la ley para justificar su imposición, y es su decisión

2 C1, archivo 05, pág. 69.Sentencia de segunda instancia

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la que tiene la fuerza de producir el presunto daño; y iii) al momento de solicitar la medida de aseguramiento se aportaron los elementos materiales probatorios que daban una base razonable a la inferencia de compromiso de la responsabilidad de la señora Yaneth Medina.

Propuso las excepciones de «falta de legitimación por pasiva»; y «medida de aseguramiento de detención preventiva obedece al ordenamiento jurídico que la fundamenta».

Propuso las excepciones de «falta de legitimación por pasiva»; y «medida de aseguramiento de detención preventiva obedece al ordenamiento jurídico que la fundamenta».

De otra parte, se opuso al reconocimiento de perjuicios, en el quantum solicitado para los morales por sobrepasar la sentencia de unificación, y los materiales y de daño a la vida de relación por no estar acreditados.

1.2.2. Rama Judicial.

Durante el término concedido para el efecto, guardó silencio.

1.3. Sentencia de primera instancia.3

En sentencia de 31 de julio de 2019 , el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que la NACIÓN - FISCALIA GENERAL DE LA NACIO N y la NACIÓN - RAMA JUDICIAL son administrativa, solidaria y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales, causados por la privación injusta de la libertad que fue objeto la señora YANETH MEDINA entre el 16 de marzo de 2010 y el 26 de agosto de 2010.

SEGUNDO: En consecuencia, CONDÉNESE a la NACION - FISCALIA GENERAL DE LA NACION y LA NACIÓN RAMA JUDICIAL, a reconocer y pagar a los accionantes las siguientes sumas

PERJUICIOS MORALES:

-Para YANETH MEDINA en calidad de directo perjudicado el equivalente a cincuenta (50) SMMLV.

-Para LEIDY VIVIANA FAJARDO MEDINA, YENSSY PAOLA FAJARDO MEDINA,

ERIKA FAJARDO MEDINA, ANA FERNANDA JIMÉNEZ MEDINA y SEBASTIÁN

SMMLV.

-Para LEIDY VIVIANA FAJARDO MEDINA, YENSSY PAOLA FAJARDO MEDINA, ERIKA FAJARDO MEDINA, ANA FERNANDA JIMÉNEZ MEDINA y SEBASTIÁN HERNANDO JIMÉNEZ MEDINA en calidad de hijos el equivalente a cincuenta (50) smmlv.

-Para ALBA LUZ MEDINA VELASQUEZ en calidad de madre el equivalente a cincuenta (50) smmlv.

3 C1, archivo 06, pág. 86.Sentencia de segunda instancia

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• Para ALEXANDER MEDINA VELASQUEZ, ADRIANA MORENO MEDINA, DERLY GIMENA MEDINA Y LUIS HERNÁN MEDINA en calidad de hermanos el equivalente a veinticinco (25) smmlv.

-Para CLEIMER STEVEN JIMÉNEZ FAJARDO en calidad de nieto el equivalente a veinticinco (25) smmlv.

PERJUICIOS MATERIALES:

Por Lucro Cesante:

Para la señora YANETH MEDiNA por concepto de perjuicios materiales le corresponde la suma de QUINCE MILL ONES OCHENTA Y UN MIL CIENTO

CINCUENTA PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE ($15.081.150,28=).

TERCERO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin condena en costas

(...)

CINCUENTA PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE ($15.081.150,28=).

TERCERO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin condena en costas

(...)

Luego de pronunciarse sobre el régimen de responsabilidad aplicable, procedió a desatar el caso concreto. Para tal efecto, examinó cada uno de los elementos así:

1. Daño.

Lo encontró demostrado, toda vez que, según las pruebas allegadas al proceso, la señora Yaneth Medina estuvo privada de la libertad entre el 16 de marzo de 2010 y el 26 de agosto de 2010. Encontró que el daño se constituye en antijurídico a la luz de la premisa general establecida por la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual, ninguna persona está en el deber de soportar la privación de la libertad cuando no existe una circunstancia excepcional que la justifique.

Así mismo, en lo relativo al daño por las medidas establecidas en el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal que impedían a la demandante enajenar sus bienes aun cuando había recobrado su libertad, pero no finalizaba el proceso penal, determinó el fallador que no se acreditó que en efecto la demandante hubier a perdido la oportunidad de realizar algún negocio jurídico como consecuencia de tal restricción, por tanto, no encontró acreditado tal daño.

1. Imputación y nexo causal.

El a quo sostuvo que el juez de control de garantías desde el momento que realizó la audiencia de imposición de medida de aseguramiento tuvo acceso a la misma información

acreditado tal daño.

1. Imputación y nexo causal.

El a quo sostuvo que el juez de control de garantías desde el momento que realizó la audiencia de imposición de medida de aseguramiento tuvo acceso a la misma información con la cual se declaró la preclusión de la investigación, elementos de prueb a que poníanSentencia de segunda instancia

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en evidencia que la demandante no actuó con dolo o culpa grave para la causación de su propio daño, por tanto, la privación de la libertad no era una carga que la señora Yaneth Medina debiera soportar.

Conforme a ello, encontró que la responsabilidad de las demandadas está demostrada, de un lado, de la Rama Judicial por cuanto la decisión de los funcionarios judiciales fue la que privó de la libertad a la demandante y finalmente declaró la preclusión, y de otr o, de la Fiscalía por cuanto tuvo un papel activo en el proceso penal desde la legalización de captura hasta la solicitud y justificación de la medida de aseguramiento impuesta a la actora, por lo que consideró que la responsabilidad de ambas entidades debía declararse de forma solidaria.

1. Perjuicios.

Sostuvo que -) conforme a las pruebas que acreditaron el parentesco entre la privada de la libertad y los demás demandantes, procede el reconocimiento de los perjuicios morales en el monto establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado ; -) no procede el

la libertad y los demás demandantes, procede el reconocimiento de los perjuicios morales en el monto establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado ; -) no procede el reconocimiento del daño a la vida de relación, comoquiera que no existen pruebas sobre su causación; y -) el lucro cesante debe ser reconocido a partir de la presunción de que la demandante devengaba un salario mínimo desde el 16 de marzo de 2010 hasta el 26 de agosto de 2010.

1.4. Recurso de apelación.

1.4.1. Parte demandante.4

Manifestó inconformismo con la decisión de denegar el reconocimiento de los perjuicios por daño a la vida de relación, pues a su juic io se encuentra acreditada la marginación y el reproche social al cual se vio sometida la victima directa y su familia en razón de la privación de la libertad, circunstancia que acreditó con los testimonios practicados.

Asimismo, se opuso al hecho de que el a quo haya decidido no condenar en costas a las demandadas, circunstancia que no la encuentra ajustada a los preceptos del artículo 365 del Código General del Proceso.

4 C1, archivo 7, pág. 36.Sentencia de segunda instancia

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1.4.2. Rama Judicial.5

Esgrimió que las pruebas recaudadas y exhibidas por la Fiscalía fueron conducentes

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1.4.2. Rama Judicial.5

Esgrimió que las pruebas recaudadas y exhibidas por la Fiscalía fueron conducentes inicialmente para demostrar que la demandante era responsable del delito de extorsión, por tanto, la imposición de la medida de aseguramiento se tornaba necesaria por cumplirse los requisitos 2 y 3 del artículo 308 de la Ley 906 de 2004.

Recordó que el caso se consolidó en vigencia de la Ley 906 de 2004, lo que quiere decir que la Fiscalía solicitó la imposición de la medida de aseguramiento y desde el punto de vista subjetivo, la medida se mostraba necesaria, comoquiera que se vislumbraba que se cumplía con lo reglado en el artículo 308 ibidem, esto es, que de todos los elementos probatorios y evidencia física se podía inferir razonablemente que el imputado podía ser el autor de la conducta delictiva y que no comparec ería al proceso, pues se trataba de «una pena alta». Adicionalmente, consideró que las actuaciones del juez de control de garantías se ajustaron a derecho y ninguna responsabilidad se le puede endilgar, de modo que el pago de la indemnización debe recaer únicamente en la Fiscalía General de la Nación.

Refutó el hecho de que la sentencia de primera instancia omitiera acotar puntos indispensables en su fallo, como lo es el análisis de la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

1.4.3. Fiscalía General de la Nación.6

Insistió en que su actuación se contrajo a solicitar al juez de control de garantías la legalización de la captura y de la medida de aseguramiento consistente en privación de la

1.4.3. Fiscalía General de la Nación.6

Insistió en que su actuación se contrajo a solicitar al juez de control de garantías la legalización de la captura y de la medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad, con fundamento en el material probatorio aportado en su momento y qu e daban una base razonable a la inferencia de la responsabilidad del demandante.

Adujo que además se cumplían los requisitos objetivos del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, pues el delito imputado de extorsión agravado en la modalidad de tentativa, comporta una pena de 8 a 24 años de prisión, es decir, no es excarcelable, la conducta se desplegó bajo amenazas contra la víctima y su familia, por lo que existía un riesgo especial para ellos, y que incluso se podía impedir el normal desarrollo de la investigación.

5 C1, archivo 06, pág. 112. 6 C1, archivo 7, pág. 1.Sentencia de segunda instancia

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Resaltó que la simple solicitud de detención que realiza la Fiscalía General de la Nación no ata al juez, pues le corresponde analizar si se cumplen los requisitos y en su sana crítica y autonomía jurisdiccional, acoger o no la petición del ente investigador.

Finalmente, refirió que se reconocieron perjuicios materiales a la demandante sin que se encontrara debidamente probada su causación, por lo que solicita se denieguen en

autonomía jurisdiccional, acoger o no la petición del ente investigador.

Finalmente, refirió que se reconocieron perjuicios materiales a la demandante sin que se encontrara debidamente probada su causación, por lo que solicita se denieguen en aplicación de lo establecido por el Consejo de Estado en sentencia del 18 de julio de 2019, que de negó el reconocimiento de dicha tipología de perjuicio por no acreditarse una vinculación laboral al momento de la privación de la libertad.

1.5. Trámite de segunda instancia.

Concedida la apelación por parte del a quo,7 mediante el auto proferido el 22 de octubre de 2021, se resolvió admitir los recursos de apelación presentados por las partes demandante y demandadas contra la sentencia proferida el 31 de julio de 2019 por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021. 8 Hasta el término de ejecutoria ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación).

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la Fiscalía General d e la Nación y la Rama Judicial s on extracontractual y patrimonialmente responsables por el daño sufrido por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto la señora Yaneth Medina.

Consiste en determinar si la Fiscalía General d e la Nación y la Rama Judicial s on extracontractual y patrimonialmente responsables por el daño sufrido por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto la señora Yaneth Medina.

En caso de encontrar demostrada la responsabilidad del Estado, debe determinarse si resulta procedente la modificación de los perjuicios reconocidos conforme a los argumentos

7 Vista en auto del 13 de julio de 2021 (C1 archivo 11). 8 C2, archivo 05.Sentencia de segunda instancia

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expuestos por las entidades demandadas, y/o el reconocimiento de perjuicios por daño a la vida de relación e imposición de condena en costas de primera instancia, según lo señalado por el extremo activo.

Para resolver el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) el marco normativo y jurisprudencial del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta, a efectos de determinar si debe declararse la responsabilidad de las entidades acusadas por haberse causado daño antijurídico indemnizable a los demandantes; ii) los hechos probados; iii) análisis de la Sala. Caso concreto; iv) conclusión; y v) costas.

2.3. Del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta de la libertad. Marco normativo y jurisprudencial.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, sostenía que en los casos en que una persona era

2.3. Del régimen de responsabilidad aplicable en asuntos de privación injusta de la libertad. Marco normativo y jurisprudencial.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, sostenía que en los casos en que una persona era detenida preventivamente por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no exi stió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo , se configuraba un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialment e responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial.9

Sin embargo, la Corporación siguió aplicando el régimen de responsabilidad de falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, en los eventos de detención ilegal o arbitraria o en casos de homonimia o cuando la autoridad judicial disponía la captura de una persona, con fines de indagatoria y tardaba más del término legalmente establecido para resolver su situación jurídica, entre otros10.

Con posterioridad, la Corte Constitucional expidió la sentencia SU 072 de 201811 respecto del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad, en la que s e estableció que ni en el artículo 90 de la Constitución Política ni en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 -que prevé la privación injusta de la

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente No. 15463. Reiterada en sentencia de

Política ni en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 -que prevé la privación injusta de la

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente No. 15463. Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, expediente No. 21563. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2006, expediente No. 13468. Reiterada en sentencia de unificación de 17 de octubre del 2013, expediente No. 23354. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 10 Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404. 11 Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.Sentencia de segunda instancia

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libertad como un evento resarcible - ni en la sentencia C -037 de 1996 que declaró la exequibilidad condicionad a de ese artículo, se estableció un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en tales hipótesis, 12 pero consideró que, independientemente del título de imputación que se elija, debe considerarse si las decisiones adoptadas por el funcion ario judicial se enmarcan en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad” 13-14. Finalmente, agregó la sentencia citada, que en todos los casos debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima15.

De conformidad con lo anterior, la Cor te Constitucional señaló que en dos eventos de los considerados en la jurisprudencia del Consejo de Estado, resultaba factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, concretamente, en aquellos en los cuales la decisión penal culminaba con la decla ración de que el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, porque, en su criterio, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que « el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos».16

No obstante, para la Corte, a diferencia de los dos eventos anteriores, las absoluciones motivadas en que el procesado no cometió el delito, o en la aplicación del principio in dubio pro reo, o cuando concurre una causal de justificación o una de aus encia de culpabilidad,

motivadas en que el procesado no cometió el delito, o en la aplicación del principio in dubio pro reo, o cuando concurre una causal de justificación o una de aus encia de culpabilidad, requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como su autor 17 y, por tanto, el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños der ivados de la medida de aseguramiento que se les imponga, debe estar motivado en una valoración sobre la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida.

En este orden de ideas, la sentencia de unificación de la Corte Constitucional establece que en los eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo, pero cualquiera que sea el que se apli que, se debe

12 Ibídem. Acápite 117 y 118. 13 Más adelante señala: ”112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento (…)”. 14Ibídem. Acápite 104. Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurispruden cial que gravita en torno del entendimiento del

aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurispruden cial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares”. 15 Ibidem. Acápite 124. 16 Ibidem. Acápite 105. 17 Ibidem. Acápite 106.Sentencia de segunda instancia

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tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada, además de que siempre habrá de establecerse si el imputado o sindicado, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio lugar a la medida de privación de la libertad.

Este criterio, fijado por el máximo tribunal constitucional, se ha reafirmado por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias como la que se transcribe a continuación18:

La Corte Constitucional, mediante la sentencia C -037 de 2006, analizó la constitucionalidad de, entre otros, del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la

transcribe a continuación18:

La Corte Constitucional, mediante la sentencia C -037 de 2006, analizó la constitucionalidad de, entre otros, del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y señaló que en los casos de privación injusta de la libertad se debe examinar la actuación que dio l ugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues, en su criterio, no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos. Sobre el particular, consideró:

‘Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la re