TA CAQ - 18001-33-33-003-2017-00516-01-(02-11-2022)

Tribunal Administrativo del Caquetá

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Detalles

Título
TA CAQ - 18001-33-33-003-2017-00516-01-(02-11-2022)
Autor
Tribunal Administrativo del Caquetá
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2022

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, noviembre dos (2) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Orfilia Guzmán Ramírez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-33-33-003-2017-00516-01

Tema: Enfrentamiento entre uniformados y habitantes del Barrio Idema con gases lacrimógenos. Muerte de una persona de la tercera edad.

Acta número 79.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado , decide la Sala el recurso de apelación presentado por la entidad demandada contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2020 por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Orfilia, María Genis, Gilberto, Wilson y Ana Tilde Guzmán Ramírez, Arnulfo Ramírez Trujillo, Yudy Andrea Díaz Guzmán, Diana Paola Moreno Guzmán, Laura Yiceth y Andrés Felipe Guzmán Ramírez, Yaneth Alejandra, Andrea Milena, Alexander y Wilman Ramírez Mora y José Alexander Arenas Guzmán, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del

1 Expediente digitalizado, archivo 3, pág. 10.Sentencia de segunda instancia

José Alexander Arenas Guzmán, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del

1 Expediente digitalizado, archivo 3, pág. 10.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Orfilia Guzmán Ramírez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-33-33-003-2017-00516-01

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medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código d e Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

  1. Se declare responsable al Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los perjuicios causados con ocasión de la muerte de Eduvigis Ramírez de Guzmán el 4 de abril de 2015, debido a las lesiones que sufrió en el procedimiento policial desarrollado el 31 de marzo de 2015.
  1. Se ordene a la entidad demandada el pago de las siguientes sumas:

a. Morales.

Demandante Calidad SMLMV Orfilia Guzmán Ramírez Hija 100 María Genis Guzmán Ramírez Hija 100 Gilberto Guzmán Ramírez Hijo 100 Ana Tilde Guzmán Ramírez Hija 100 Arnulfo Ramírez Trujillo Hijo de crianza 100 Wilson Guzmán Ramírez Hijo de crianza 100 Yudy Andrea Díaz Guzmán Nieta 50 Diana Paola Moreno Guzmán Nieta 50 Laura Yiceth Guzmán Ramírez Nieta 50 Andrés Felipe Guzmán Ramírez Nieto 50 José Alexander Arenas Guzmán Nieto 50 Yaneth Alejandra Ramírez Mora Nieta de crianza 50

Laura Yiceth Guzmán Ramírez Nieta 50 Andrés Felipe Guzmán Ramírez Nieto 50 José Alexander Arenas Guzmán Nieto 50 Yaneth Alejandra Ramírez Mora Nieta de crianza 50 Andrea Milena Ramírez Mora Nieta de crianza 50 Alexander Ramírez Mora Nieto de crianza 50 Wilman Ramírez Mora Nieto de crianza 50

b. Daño a la vida en relación:

Demandante Calidad SMLMV Orfilia Guzmán Ramírez Hija 100 María Genis Guzmán Ramírez Hija 100 Gilberto Guzmán Ramírez Hijo 100 Ana Tilde Guzmán Ramírez Hija 100 Arnulfo Ramírez Trujillo Hijo de crianza 100 Wilson Guzmán Ramírez Hijo de crianza 100

c. Daño a la salud. para Eduviges Ramírez de Guzmán, en calidad de víctima directa, la cantidad de 400 SMLMV, suma que será recibida en proporciones iguales para sus hijos en calidad de herederos.

d. Materiales – daño emergente. A favor de Yudy Andrea Díaz Guzmán, la suma de $1.500.000 por concepto de gastos funerarios.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Orfilia Guzmán Ramírez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-33-33-003-2017-00516-01

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  1. Se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192, 195 y 195 del CPACA y se condene en costas a la entidad demandada.

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  1. Se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192, 195 y 195 del CPACA y se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos.

Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

  1. Para marzo de 2015, Eduviges Ramírez de Guzmán tenía 83 años y a pesar de que tenía algunos antecedentes patológicos, llevaba una vida acorde con su edad y tranquila. Vivía en el Barrio Idema del Municipio de Florencia, al lado de su hija María Genis Guzmán Ramírez.
  1. El día 31 de ese mes y año, aproximadamente a las 8:00 a.m., se presentó un hurto de un bolso a una ciudadana en el Barrio San Luis. Según la versión dada por la Policía Nacional, «en el acto ella misma sigue a los delincuentes y estos ingresan a una casa en el Barrio IDEMA. Luego de dar se cuenta dónde se refugiaron, acude a solicitar ayuda a los Policías que se encontraban cerca del sector, por lo que se hace presente para atender el caso el cuadrante 1».
  1. Una vez los policías acudieron a la zona, solicitaron apoyo a la central de radio, toda vez que el sector es conocido por la presencia de expendedores de alucinógenos y de consumidores. Una vez arribaron, se inició el procedimiento para capturar a los presuntos delincuentes, sin embargo , algunos habitantes enfrentaron a los uniformados y estos activaron el armamento denominado truflay que lanza gases lacrimógenos.
  1. De forma simultánea, a las 8:30 a.m. María Genis Guzmán se encontraba con

enfrentaron a los uniformados y estos activaron el armamento denominado truflay que lanza gases lacrimógenos.

  1. De forma simultánea, a las 8:30 a.m. María Genis Guzmán se encontraba con su nieta Chaira Nicole Ramírez, su hijo y la señora Eduviges Ramírez de Guzmán en su lugar de residencia, cuando en ese momento se escucharon

gritos y estruendos provenientes de la calle que correspondían a los hechos antes señalados.

  1. Mientras se presentaban los disturbios, María Genis Guzmán Ramírez escuchó un quejido de su progenitora, Eduviges Ramírez de Guzmán, quien se encontraba en la sala de la residencia en una silla de ruedas ; cuando acudió a este llamado, la encontró de smayada con 4 impactos en su cuerpo causados por casquillos de los gases lacrimógenos lanzados en medio del operativo.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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  1. Ante el hallazgo de la adulta mayor, su nieto, Andrés Felipe Guzmán Ramírez, la tomó en sus brazos y salió en búsqueda de un medio de transporte que la trasladara al centro hospitalario más cercano, sin embargo, en ese momento recibió una patada por parte de un policía ; pese a ello, recibió apoyo de la comunidad, se levantó y la llevó a la Clínica Medilaser de Florencia.

trasladara al centro hospitalario más cercano, sin embargo, en ese momento recibió una patada por parte de un policía ; pese a ello, recibió apoyo de la comunidad, se levantó y la llevó a la Clínica Medilaser de Florencia.

  1. En dicho centro hospitalario, se consignó en la historia clínica que había sufrido un trauma contundente en los miembros superiores e inferiores. Fue valorada por las especialidades, entre ellas, neurocirugía, y además se realizaron los procedimientos quirúrgicos del caso, pero murió el 4 de abril de 2015 a las 5:30 a.m.
  1. En el proceso penal adelantado, se demostró que el uniformado George Frankyn Godoy Manjarres, uno de los que activó el truflay, lo hizo con dirección a la comunidad, sin prever en ese momento los daños que se podían ocasionar.

1.1.3. Imputación al Estado.

Manifestaron que los uniformados no cumplieron con el Manual para el Servicio de Policía en la Atención, Manejo y Control de Multi tudes, según el cual, «antes de ejecutar el plan, se debe hacer un análisis sobre la cantidad de personas que hacen parte del disturbio, su condición (mujeres, niños, ancianos, enfermos, inválidos, estudiantes, trabajadores, entre otros)», lo que denota una falla en el servicio.

1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda. Dijo que el 31 de marzo de 2015, aproximadamente a las 10:15 horas, la patrulla del cuadrante 1 desarrolló la captura de un sujeto que acababa de cometer un delito, lo que

Dijo que el 31 de marzo de 2015, aproximadamente a las 10:15 horas, la patrulla del cuadrante 1 desarrolló la captura de un sujeto que acababa de cometer un delito, lo que ocasionó desordenes por parte de los consumidores y habitantes de la calle que se encontraban en el lugar y los familiares de la señora Eduviges Ramírez de Guzmán, quienes los recibieron con piedras y demás elementos contundentes, «por lo cual se procedió a esparcir con gases lacrimógenos a los participantes de la revuelta, como arma incapacitante no letal y de control de multitudes», lo que generó una irritación instantánea de los ojos, la nariz, la boca, la piel y las vías respiratoria de dichas personas. Por esto, un participante se dirigió a una vivienda para sacar a una mujer de la tercera edad que se encontraba allí para

2 Expediente digitalizado, archivo 3, pág. 45.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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evitar que le afectara el gas, sin embargo, debido al mal estado de la vía, tropezó con unas piedras que le ocasionaron la pérdida del equilibrio de su cuerpo «y expulsa a la persona que llevaba en sus brazos (EDUVIGES RAMÍREZ), la caída de esta mujer le ocasionó múltiples lesiones en su cabeza y extremidades. Además, debido a la desnutrición severa, coadyuvó a empeorar las lesiones de su caída.»

múltiples lesiones en su cabeza y extremidades. Además, debido a la desnutrición severa, coadyuvó a empeorar las lesiones de su caída.»

Por lo anterior, sostuvo que no se configura la falla en el servicio que se endilga en la demanda, máxime si se tiene en cuenta que la parte actora sostuvo que Eduviges Ramírez de Guzmán había sido golpeada por el cuerpo o vainilla que es de forma cilíndrica de aluminio, «desconociendo que este elemento no es expulsado por el arma ya que siempre al ser disparado el arma truflay el agente químico sale expulsado y su vainilla o recipiente queda dentro del arma».

Agregó que de las pruebas se puede extraer que i) la muerte de Eduviges Ramírez de Guzmán se produjo por un trauma craneoencefálico que generó un hematoma subaracnoideo agudo , de los cual se puede establecer que fue por la caída que se produjeron las lesiones; y ii) en las declaraciones practicadas en el proceso penal existen contradicciones.

Propuso las excepciones de i) hechos exclusivos de un tercero; ii) culpa exclusiva de la propia víctima; y iii) falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 30 de junio de 2020 , el Juzgado Tercero Administrativo de

Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL es administrativa y patrimonialmente responsable por la muerte de la señora Eduvigis Ramírez de Guzmán por los hechos ocurridos el 31 de marzo de

PRIMERO: DECLARAR que LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL es administrativa y patrimonialmente responsable por la muerte de la señora Eduvigis Ramírez de Guzmán por los hechos ocurridos el 31 de marzo de 2015, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL a reconocer y pagar las siguientes cantidades:

Por perjuicios morales:

  • Para Orfilia Guzmán Ramírez, María Genis Guzmán Ramírez, Gilberto Guzmán Ramírez, y Ana Tilde Guzmán Ramírez en calidad hijos de la víctima, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

3 Archivo 1, carpeta principal.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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  • Para Yudy Andrea Díaz Guzmán (fl 24CP), Diana Paola Moreno Guzmán (fl 25CP), Laura Yiceth Guzmán Ramírez (fl 26CP), Andrés Felipe Guzmán Ramírez (fl 27CP) y José Alexander Arenas Guzmán (F. 32CP) en calidad de nietos de la víctima, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

Por daño emergente:

y José Alexander Arenas Guzmán (F. 32CP) en calidad de nietos de la víctima, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

Por daño emergente:

  • Para Yudy Andrea Díaz Guzmán la suma de un millón quinientos mil pesos M/cte

($1.500.000.oo)

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin costas en esta instancia.

Luego de establecer el régimen de responsabilidad aplicable (falla en el servicio), procedió a estudiar los elementos que la conforman. Encontró acreditado el daño, el cual se concretó en la muerte de Eduviges Ramírez de Guzmán ocurrida el 4 de abril de 2015 en el Municipio de Florencia.

En el juicio de imputación, dijo que no se demostró que los policías no hayan tenido en cuenta el Manual para el Servicio de Policía en la Atención, Manejo y Control de Multitudes, por el contrario, se encontraban en el lugar de los hechos en cumplimiento de su deber legal y constitucional, ante el llamado de una ciudadana que minutos antes había sido víctima de un hurto. Agregó que tampoco se probó que el uso de la fuerza haya sido desproporcionado o desmedido, pues los habitantes del sector se aglomeraron y empezaron a agredirlos con objetos contundentes a fin de impedir la captura de los delincuentes.

Frente al aserto relativo a que Eduviges Ramírez de Guzmán resultó lesionada con un casquillo de gas lacrimógeno, dijo que tampoco se encuentra acreditado; contrario a ello,

delincuentes.

Frente al aserto relativo a que Eduviges Ramírez de Guzmán resultó lesionada con un casquillo de gas lacrimógeno, dijo que tampoco se encuentra acreditado; contrario a ello, existen inconsistencias en las declaraciones rendidas por María Genis y Andrés Felipe Guzmán Ramírez, personas que se encontraban junto con la víctima y la sacaron de la vivienda para trasladarla a un lugar seguro. Procedió a examinar las declaraciones y dijo que no reposa prueba técnica que permita determinar que al momento de accionar el truflya alguna de las «subsunciones» que salen del cartucho pueda desviarse o tomar un rumbo diferente al objetivo y, en consecuencia, causar lesiones a las personas que se encuentran en los costados de donde es disparado.

En lo que toca al argumento relacionado con que al momento de salir el señor Andrés Felipe con su abuela en lo brazos de la vivienda, un policía sin explicación le pegó una patada en el tobillo haciéndolo caer, argumentó que no existe ningún elemento que permita corroborar tal dicho.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Por lo anterior, coligió que el día de los hechos se presentó una asonada por p arte de los habitantes del sector que impedían la realización de un procedimiento policial, situación que obligó a los agentes a activar gases lacrimógenos para dispersar la multitud, los cuales

Por lo anterior, coligió que el día de los hechos se presentó una asonada por p arte de los habitantes del sector que impedían la realización de un procedimiento policial, situación que obligó a los agentes a activar gases lacrimógenos para dispersar la multitud, los cuales se esparcieron por las viviendas del sector, lo que, a su vez produjo que Andrés Felipe Guzmán Ramírez, junto con su progenitora, sacaran a la señora Eduviges Ramírez de Guzmán de la vivienda para colocarla en un lugar seguro, «por lo que el señor Andrés Felipe la toma en sus brazos y sale de la residencia donde metros más delante de manera desafortunada resbalar y caer junto con su abuela, ocasionándole las lesiones en la parte frontal izquierda de la frente, brazo izquierdo y pierna izquierda, situación que le generó un trauma cráneo encefálico, el cual fue valorad o y pese a los esfuerzos médicos, lamentablemente la señora EDUVIGES RAMÍREZ DE GUZMÁN fallece 04 días después de sufrir la lesión.». Por la anterior argumentación, afirmó que no se configuró la falla en el servicio.

No obstante lo anterior, en cumplimiento del principio iura novit curia, procedió a examinar el caso a la luz del título de imputación de daño especial. Argumentó que i) se trataba de una mujer de 83 años con problemas para movilizarse por sí misma que se encontraba en su residencia, mientras afuera de su casa se desarrollaba un enfrentamiento entre habitantes del sector y la Policía Nacional; ii) dicho enfrentamiento inició justo frente a la vivienda donde se encontraba la señora Eduviges Ramírez de Guzmán , quien fue

su residencia, mientras afuera de su casa se desarrollaba un enfrentamiento entre habitantes del sector y la Policía Nacional; ii) dicho enfrentamiento inició justo frente a la vivienda donde se encontraba la señora Eduviges Ramírez de Guzmán , quien fue alcanzada por los gases lacrimógenos; iii) en situaciones que no pudieron ser esclarecidas completamente, la señora mencionada recibió golpes en varias partes de su cuerpo, especialmente en su cabeza, lo que causó un trauma craneoencefálico y, posteriormente, su deceso; y iv) las lesiones pudieron provenir, bien sea del accionar del truflay o de la caída.

Bajo este entendido, indicó que en términos de la jurisprudencia, no importa quién ocasionó las lesiones, sino que estas se produjeron por un operativo policial que buscaba neutralizar a un presunto delincuente. Agregó que por esto, la señora Eduviges Ramírez de Guzmán y su familia, por ser ajenos al enfrentamiento, no tenían la obligación de soportar las lesiones padecidas cuando la Policía Nacional, en ejercicio legal del mantenimiento del orden público, realizó operativos frente a su vivienda, «generando involuntariamente una situación adversa y perjudicial que conllevó a la huida de su propia vivienda y al desafortunado desenlace». Por lo anterior, consideró procedente la condena conforme al régimen objetivo de responsabilidad.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Frente a la excepción de «hecho de un tercero» , consideró que fue la acción de iniciar la dispersión con gas lacrimógeno lo que generó el daño, toda vez que fue la institución demandada la que creó la necesidad y urgencia de evacuar la vivienda pues, de no haberlo hecho, no se habría producido la cadena causal que produjo la muerte. Esto, sumado a que el hecho sí podía ser previsible, por cuanto al menos 3 policías manifestaron que observaron a la víctima salir de su vivienda y, a pesar de su estado de vulnerabilidad, no hicieron nada para prevenir la caída.

Luego, abordó el reconocimiento de los perjuicios : i) en los morales, manifestó que se reconocerían únicamente a los familiares consanguíneos, quienes lograron demostrar el parentesco; ii) en el daño a la salud, sostuvo que este se tasa de acuerdo con la pérdida de capacidad laboral, por tanto, como no se logró determinar, debe negarse; iii) frente a los materiales, dijo que se demostraron los gastos por concepto del servicio funerario integral, luego procede su reconocimiento.

1.4. Recurso de apelación.

Inconforme con la decisión, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Aceptó que sí se demostró el daño antijurídico y anunció que su inconformismo se contraía

Inconforme con la decisión, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Aceptó que sí se demostró el daño antijurídico y anunció que su inconformismo se contraía al juicio de imputación desarrollado por el a quo. Consideró que no se realizó una valoración adecuada de la disertación presentada, pues no existen atribuciones de responsabilidad por parte de la entidad, especialmente si se tiene en cuenta que la reacción de los uniformados fue adecuada y proporcional a la agresión.

Insistió en que no se configura la fa lla en el servicio, toda vez que la actuación de los agentes obedeció a la legitima defensa ante la agresión de los habitantes, ya que no existe controversia en cuanto a la muerte de Eduviges Ramírez de Guzmán que ocurrió por la caída ocasionada por Andrés Felipe Guzmán. Añadió que, en términos del Consejo de Estado, se debe evidenciar una proporcionalidad rigurosa entre la agresión y la respuesta para que su conducta se pueda configurar como una legítima defensa; «en el presente caso el uso de las armas no letales era el único medio posible para repeler la agresión, la utilización fue dirigida exclusivamente a repeler el peligro, existiendo en el presente caso relación entre la defensa con la misión que legal y constitucionalmente se le ha encomendado a la Policía Nacional».Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Sostuvo que no se instauró una situación de desigualdad frente a todo el conglomerado y tampoco se impuso una carga sobredimensionada para condenar a la entidad, particularmente porque se demostró que la causa eficiente del deceso de Eduviges Ramírez de Guzmán fue la caída.

Manifestó que no es cierto que i) se inició el enfrentamiento justo frente a la vivienda donde se encontraba la señora Eduviges Ramírez de Guzmán, pues existía una distancia de 50 a 60 metros, según se probó en el proceso penal cuando se reconstruyeron los hechos; y ii) en medio del procedimiento quedó población civil, ya que la confrontación se generó en el sitio conocido como la olla del Idema, lugar concurrido por consumidores de estupefacientes y habitantes de la calle.

Tampoco co mpartió la afirmación relacionada con que no importa quien ocasionó las lesiones, pues los policiales tomaron las medidas necesarias y eficaces para cumplir con su tarea y utilizar la fuerza únicamente cuando era indispensable. Más adelante dijo:

Con relación a las cargas públicas, el Estado en ejercicio de su soberanía puede en veces afectar los derechos de los particulares, pero si esa afectación es igual para todos los individuos que se encuentran en las mismas condiciones no hay violación de la justicia distributiva que justifique jurídicamente la responsabilidad.

Concluyó que, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el actuar

todos los individuos que se encuentran en las mismas condiciones no hay violación de la justicia distributiva que justifique jurídicamente la responsabilidad.

Concluyó que, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el actuar desplegado por el accionante fue irresponsable y conllevó a «que el resultado fuera lógico ya que el riesgo y el daño generado fue posiblemente propiciado por él mismo, debido a su imprudencia; por lo tanto, deben asumir los perjuicios que se derivan del daño antijurídico, estableciendo si en el caso concreto, que no existió un proceder activo de la Policía Nacional para la producción del daño». Por lo anterior, consideró que se configuró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

Frente a los perjuicios morales dijo que n o se demostró la afl icción, congoja o dolor, además, no se tuvo en cuenta la vida probable de la víctima.

1.5. Trámite de segunda instancia4.

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.

En auto del 10 de diciembre de 2020 se resolvió admitir el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2020 por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia.5

4 Archivo 2. 5 Carpeta expediente digitalizado, archivo 17.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1.5.2. Traslado para alegar de conclusión.6

Mediante el auto proferido el 18 de diciembre de 2020 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y concepto, respectivamente (pág. 48).

1.5.2.1. Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Reiteró los argumentos de la apelación.7

1.5.2.2. Parte demandante. Guardó silencio.

1.5.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto , de conformidad con los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar i) si la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a la luz del título de imputación de daño especial, es extracontractual y patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos por los demandantes en los hechos ocurridos el 31 de marzo de 2015 cuando, en medio de un enfrentamiento entre los uniformados y la comunidad cuando

título de imputación de daño especial, es extracontractual y patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos por los demandantes en los hechos ocurridos el 31 de marzo de 2015 cuando, en medio de un enfrentamiento entre los uniformados y la comunidad cuando se pretendía adelantar un operativo por un hurto, se lanzaron gases lacrimógenos y resultó lesionada la señora Eduviges Ramírez de Guzmán, quien falleció el 4 de abril de 2015; y ii) si es procedente o no el reconocimiento de los perjuicios morales.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el siguiente derrotero: i) sobre la congruencia del recurso frente a la falla en el servicio; ii) sobre la responsabilid ad

6 Carpeta expediente digitalizado, archivo 22. 7 Carpeta expediente digitalizado, archivo 24.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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del Estado y su configuración cuando se trata de manifestaciones por parte de la población; iii) hechos probados; y iv) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Sobre la congruencia del recurso de apelación.

El artículo 328 del Código General del Proceso, prevé:

Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante , sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley (…).

Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante , sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley (…).

La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 9 de febrero de 2012 8, unificó su jurisprudencia el tema de la competencia del juez ad quem, con ocasión del recurso de apelación, dijo:

Tal como en diversas oportunidades lo ha puntualizado la Jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conviene precisar que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial –en est e caso la que contiene una sentencia –, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del C. de P. C.

(…).

Así pues, por regla general, a la luz de las disposiciones legales vigentes y según la interpretación que a las mismas les ha atribuido la Jurisprudencia nacional, se tiene entonces que el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también debe justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez.

(…).

términos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también debe justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez.

(…).

“De esta manera resulta claro que el límite material para la competencia del juez superior lo constituye el alcance de la apelación y los propósitos específicos que con la misma se persiguen , lo cual se complementa de manera diáfana y directa con la garan

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