TA CAQ - 18001-33-33-003-2018-00046-01-(27-07-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, julio veintisiete (27) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Jorge Enrique Molina Moreno Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-003-2018-00046-01

Tema: Reconocimiento pensión por invalidez. Deberes de los abogados. Congruencia y sustentación del recurso de apelación.

Acta número 057.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado , decide la Sala el recurso de apelación presentado por la entidad demandada contra la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2020 por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda y su reforma.1

1.1.1. Pretensiones.

Jorge Enrique Molina Moreno, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1 C1, archivo 01, pág. 36.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Jorge Enrique Molina Moreno

Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

1 C1, archivo 01, pág. 36.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Jorge Enrique Molina Moreno Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-003-2018-00046-01

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1. Se declare la nulidad de la Resolución 884 del 3 de marzo de 2017, por medio de la cual se negó el reconocimiento de la pensión de invalidez.

1. A título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada a pagar la pensión de invalidez en cuantía del 75% mensual de lo equivalente al salario devengado por un Cabo Tercero, a partir de la fecha de su retiro.

1. También se condene al pago de la indemnización plena o el reajuste de la indemnización ya reconocida, conforme a la disminución de la capacidad médico laboral, así como de 100 SMLMV reparación de los perjuicios causados.

1. Se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA.

1.1.2. Hechos.

Fundamentó las pretensiones en los siguientes:

1. Prestó sus servicios al Ejército Nacional y actualmente parece de discapacidad médico laboral y con una disminución del 83.96% , pues se diagnosticó sífilis, leishmaniasis cutánea, trastorno mixto de ansiedad y depresión, trastorno de estrés postraumático con cuadro paranoide e hipoacusia neurosensorial severo de oído derecho y moderado de oído izquierdo.

1. Desde su retiro del servicio no ha tenido ninguna mejoría y tampoco ha podido

estrés postraumático con cuadro paranoide e hipoacusia neurosensorial severo de oído derecho y moderado de oído izquierdo.

1. Desde su retiro del servicio no ha tenido ninguna mejoría y tampoco ha podido desempeñar algún trabajo.

1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación.

Consideró transgredidos los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 228, 229 y 230 de la Constitución Política; 9 del Código Sustantivo del Trabajo; 3 de la Ley 923 de 2004; 32 del Decreto 4433 de 2004; y 2 del Decreto 1157 de 2014. Argumentó que en el acta de la Junta Médico Laboral realizada, no fuer on consignadas todas las lesiones que padece y que progresivamente han deteriorado su estado de salud.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Jorge Enrique Molina Moreno Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-003-2018-00046-01

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1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda.

Argumentó que i) las pruebas aportadas no son suficientes para que prosperen las pretensiones; ii) de conformidad con el artículo 88 del CPACA, el acto administrativo se presume legal , toda vez que fue emitido conforme a derecho; de ese modo, «toda invocación de nulidad contra el (sic) debe ser necesariamente alegada y se hace obligatorio

presume legal , toda vez que fue emitido conforme a derecho; de ese modo, «toda invocación de nulidad contra el (sic) debe ser necesariamente alegada y se hace obligatorio que el accionante compruebe en el proceso contencioso que existen pruebas que demuestren totalmente lo contrario; además, dicho acto administrativo ha sido expedido por funcionario u organismo competente, en forma regular, o con conocimiento del derecho de audiencia y defensa, debidamente motivado, en ejercicio de sus atribuciones proferidas» ; iii) no existe prueba idónea que acredita el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, máxime porque la Junta Médico Legal dictaminó apenas un 44.07% ; iv) no puede ser valorado el dictamen suscrito por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del César, comoquiera que los miembros de las Fuerzas Militares se encuentran excluidos de su ámbito de competencia; y v) tampoco puede acudirse al principio de favorabilidad.

1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2020, el Juzgado Tercero Administrativo de

Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción con relación a las mesadas pensionales hasta el 21 de octubre de 2013.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No 0884 del 03 de marzo de 2017 por medio de la cual se declara que no hay lugar al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez al señor JORGE ENRIQUE MOLINA MORENO, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional – Secretaría General.

TERCERO: En consecuencia, como medida de restablecimiento del derecho

una pensión de invalidez al señor JORGE ENRIQUE MOLINA MORENO, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional – Secretaría General.

TERCERO: En consecuencia, como medida de restablecimiento del derecho ORDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez en favor del señor JORGE ENRIQUE MOLINA MORENO en los términos del artículo 2 del Decreto 1157 de 2014, por el 75% del ingreso base de liquidación establecido en parágrafo 1 del artículo 2 del mismo Decreto.

El reconocimiento y pago de la pensión de hará efectivo a partir del 21 de octubre de 2013. En ningún caso el monto de la pensión reconocida será inferior a un (01) salario mínimo legal mensual vigente.

2 C1, archivo 01, pág. 102. 3 C1, archivo 13.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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CUARTO: Las sumas que se reconozcan a favor de la demandante serán ajustadas en la forma como se indica en la parte motiva de esta providencia, aplicando para

ello la siguiente fórmula:

R= Rh _índice final Índice Inicial

QUINTO: CONDENAR en costas a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL, en consecuencia se tasan como agencias en derecho la suma de un millón ciento quince mil cuatrocientos veintiocho pesos con treinta y dos

QUINTO: CONDENAR en costas a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL, en consecuencia se tasan como agencias en derecho la suma de un millón ciento quince mil cuatrocientos veintiocho pesos con treinta y dos centavos M/Cte ($1.115.428,32=)

(...)

Se pronunció sobre el régimen legal de la pensión de invalidez aplicable a los miembros de la fuerza pública; concretamente, indicó que la Ley 923 de 2004 reconoce como requisito para acceder a la pensión una disminución de la capacidad laboral del 50% y que el porcentaje es el determinado por los organismos médico-laborales militares y de policía y conforme a las circunstancias que la originan, pues deben tener nexo con el servicio.

Seguidamente indicó que, en principio, el actor no cumple con los requisitos exigidos por la norma especial, pues la Junta Médica Laboral dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 44.07% con origen profesional , es decir, no supera el 50% que exige la norma. Sin embargo, se allegó el dictamen pericial 5878 del 22 de ju lio de 2015 suscrito por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, la cual determinó una disminución del 83.96% y tuvo como diagnósticos y motivos de valoración: «SIFILIS, LEISHMANIASIS

CUTANEA, TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN, TRAS TORNO DE

ESTRÉS POST -TRAUMATICO CON CUADRO PARANOIDE, HIPOACUSIA

NEUROSENSORIAL SEVERO OIDO DERECHO MOREDADO –OIDO IZQUIERDO».

ESTRÉS POST -TRAUMATICO CON CUADRO PARANOIDE, HIPOACUSIA

NEUROSENSORIAL SEVERO OIDO DERECHO MOREDADO –OIDO IZQUIERDO».

A partir de lo anterior, sostuvo que a partir del último dictamen se puede deducir que la salud del accionante ha desmejorado y, por tanto, la pérdida de capacidad laboral ha tenido un aumento considerable, «teniendo como base las mismas enfermedades valoradas inicialmente por la Junta Médico Laboral de Sanidad Militar». Por esta razón, consideró que el demandante sí tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez. Después se pronunció sobre el marco normativo de los sujetos de especial protección, para indicar que el demandante se encuentra en una situación de debilidad manifiesta.

Sobre la prescripción, indicó:

Ahora bien, en análisis de la prescripción, se tiene que la accionante al haber presentado su petición en fecha del 21 de octubre de 2016, interrumpió la prescripción de las mesadas pensionales por tres años hacia atrás (art. 488 y 489Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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del CST y artículo 4 1 decreto 3135 de 1968 y la ley 923 de 2014), es decir a partir del 21 de octubre de 2013, quedando prescritas todas las mesadas anteriores a tal fecha.

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión, el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional presentó el recurso

fecha.

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión, el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Argumentó que:

1. El actor no convocó al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar , lo que significa que pretende revivir términos «más que vencidos».

1. No es posible probatoriamente pretender el reconocimiento de la pensión, toda vez que el régimen aplicable es el consagrado en la Ley 923 de 2004, reglamentada por el Decreto 4433 de 2004.

1. No es procedente dar aplicación al principio de favorabilidad para acudir a la Ley 100 de 1993, por cuanto al actor no le asiste el derecho a lo peticionado en la demanda. Se dio cumplimiento a la norma vigente y aplicable al caso, es decir, el régimen especial que cobija a los miembros de la fuerza pública.

1. La Ley 1562 de 2012 organizó las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez como organismos del sistema de seguridad social del orden nacional, de creación leg al, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetos a la revisoría fiscal con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales.

1. Los miembros de las Fue rzas Militares están exceptuados de la regulación contenida en el Decreto 1352 de 2013 , disposición que resulta congruente con lo preceptuado en el Decreto 094 de 1989, lo que quiere decir que el acta de la Junta Regional de Invalidez del Huila no tiene validez.

contenida en el Decreto 1352 de 2013 , disposición que resulta congruente con lo preceptuado en el Decreto 094 de 1989, lo que quiere decir que el acta de la Junta Regional de Invalidez del Huila no tiene validez.

1. «(...) el acto administrativo goza de la presunción de legalidad, la cual no es más que la suposición de que el acto fue emitido conforme a derecho, dictado en armonía con el ordenamiento jurídico; por consiguiente toda invocación de nulidad con ello (sic) debe ser necesariamente alegada y se hace obligatorio que

4 C1, archivo 13.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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el accionante compruebe en el proceso contencioso que existen pruebas que demuestren totalmente lo contrario, (...)».

1.5. Trámite de segunda instancia.

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.

En proveído del 17 de septiembre de 2021 se resolvió admitir el recurso de apelación presentado por la entidad demandada contra la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2020 por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia.5

1.5.2. Traslado para alegar de conclusión.

El 15 de diciembre de 2021 se corrió el traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.6

1.5.2. Traslado para alegar de conclusión.

El 15 de diciembre de 2021 se corrió el traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.6

1.5.2.1. Parte demandante. Guardó silencio.

1.5.2.2. Entidad demandada. Reiteró lo expuesto en la alzada.7

1.5.2.3. Ministerio Público. Solicitó que se confirme la sentencia, bajo el argumento de que el actor se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

5 C2, archivo 04. 6 C2, archivo 09. 7 C2, archivo 10.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si el recurso de apelación cumple los requisitos para que el caso sea estudiado de fondo y, en caso afirmativo, si Jorge Enrique Molina Moreno tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez.

Consiste en determinar si el recurso de apelación cumple los requisitos para que el caso sea estudiado de fondo y, en caso afirmativo, si Jorge Enrique Molina Moreno tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, la Sala examinará el contenido del recurso de apelación y, si es del caso, procederá a estudiar el fondo del asunto.

2.3. Sobre el recurso de apelación presentado por la entidad demandada. Sobre los fines y la congruencia.

El a quo desata una controversia inicial delimitada por las pretensiones y cargos de la demanda, la contestación a la misma y la situación concreta, al cual sirven las pruebas recaudadas en el trámite procesal. Dicha controversia concluye con una sentencia que tiene la virtud de poner término a la diferencia y que se fundamenta en razones de hecho y derecho derivadas de lo probado en el plenario y a la aplicación concreta del ordenamiento jurídico al caso debatido.8

Ahora, cuando la parte inconforme con la decisión judic ial apela al superior lo hace para que éste revoque la sentencia de primer grado y provea una decisión diversa o complementaria a la impartida en primera instancia, 9 acto procesal que implica que en la

8 Corte constitucional Sentencia T -158 de 26 de abril de 1993 MP. Vladimiro Naranjo Mesa: “…El juicio es propiamente el acto del juez en cuanto juez; por eso se le llama así, pues juez significa "el que decide conforme al ius". Y el derecho es objeto de la justicia, por tanto el juicio, de acuerdo con la definición del término, corresponde siempre a lo justo y así el juicio,

acto del juez en cuanto juez; por eso se le llama así, pues juez significa "el que decide conforme al ius". Y el derecho es objeto de la justicia, por tanto el juicio, de acuerdo con la definición del término, corresponde siempre a lo justo y así el juicio, que se refiere a la determinación recta de lo que es justo, pertenece propiamente a la justicia. Por eso dice Aristóteles en la Etica, Libro V, Capítulo 4o. "Los hombres acuden al juez como a la justicia viviente".

«El proceso es un juicio y es lícito en cuanto implica un acto de justicia. Y como es evidente por la naturaleza procesal, se requieren tres condiciones para que un proceso sea debido: Primera, que proceda de una inclinación por la justicia; Segunda, que proceda de la autoridad competente; Tercera, que se profiera de acuerdo con la recta razón de la prudencia, en este caso, que se coteje integralmente toda pretensión, de tal manera que siempre esté presente el derecho de defensa, y que el juez en ningún momento se arrogue prerrogativas que no están regladas por la ley, ni exija, asimismo, requisitos extralegales. Siempre que faltaren estas condiciones, o alguna de ellas, el juicio será vicioso e ilícito: en primer lugar, porque es contrario a la rectitud de justicia el impedir el derecho natural a la defensa; en segundo lugar, porque si el juez impone requisitos q ue no están autorizados por la ley, estaría extralimitándose en sus funciones; en tercer lugar, porque falta la rectitud de la razón jurídica.

Lo que el juez hace o exige debe estar conforme a la ley y a la determinación del derecho. Según esto, hay que pronunciarse

jurídica.

Lo que el juez hace o exige debe estar conforme a la ley y a la determinación del derecho. Según esto, hay que pronunciarse judicialmente de conformidad con lo que en el proceso se propone y se prueba, todo bajo el imperio de la ley, que es la que faculta taxativamente a la autoridad judicial para actuar dentro del proceso. Luego el juez debe proceder según estos criterios y no según su propio arbitrio»

9Corte constitucional Sentencia T -158 de 26 de abril de 1993 MP. Vladimiro Naranjo Mesa: «La apelación es un derecho y como tal implica la potencialidad en cabeza de las partes dentro del proceso, mediante el cual se faculta a éstas para disentir del parecer del juez ante quien se ha debatido la litis, dentro de un espíritu constitucional que reconoce la falibilidad del hombre en la expresión de su raciocinio. El fundamento, pues, del recurso de apelación, es el reconocimiento que el ius gentium hizo sobre la naturaleza falible del raciocinio humano y por ello consideró oportuno establecer un mecanismo en el cual pudiera haber una apreciación más objetiva de los hechos. En cuanto al fin que persigue la figura de la apelación, aparte de un indudable derecho de defensa implícito, consiste en llegar a la certeza jurídica, esto es, evitar lo que en lógica se llama el juicio problemático -simples opiniones judiciales - para establecer en lo jurídico únicamente los juicios asertóricos ySentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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sustentación de dichas inconformidades se argumenten l as razones por las cuales, la sentencia dictada en primera instancia no debe preservarse o mejor debe revocarse,10 ya por razones de derecho en cuanto a la indebida aplicación o interpretación del ordenamiento o por falta de esta, o por otro lado, por motiv os de hecho, como puede ser la apreciación errónea de las pruebas o falta de apreciación por parte del a quo, es decir, que al apelar surge un nueva controversia o problema jurídico si se quiere y esta vez tiene por extremos a la sentencia del juez y a los argumentos del impugnante evidentemente referidos a la decisión que debió adoptarse en la providencia judicial como solución del caso controvertido.

La Sala Plena del Consejo de Estado, desde la sentencia proferida el 9 de febrero de 2012,11 unificó su jurisprudencia en relación con la competencia del juez ad quem, con ocasión del recurso de apelación, dijo:

Tal como en diversas oportunidades lo ha puntualizado la Jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conviene precisar que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial –en este caso la que contiene una sentencia –, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional

corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del C. de P. C.

(…).

Así pues, por regla general, a la luz de las disposiciones legales vigentes y según la interpretación que a las mismas les ha atribuido la Jurisprudencia nacional, se tiene entonces que el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también debe justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez.

apodícticos, según el caso, los cuales descansan siempre sobre la certeza jurídica, de tal manera que brindan la estabilidad necesaria que exige el orden social justo. Con la certeza jurídica se puede establecer lo que los clásicos manifestaron: Res iudicata pro veritate habetur (la cosa juzgada la tenemos por verdadera) (...)»

10 Sentencia de 24 de junio de 2004 expediente : 68001 -23-15-000-1994-0301-01(14950)DM Consejero ponente Ricardo Hoyos Duque: «La ley ha exigido la sustentación del recurso de apelación, con el fin de limitar su abuso y consecuentemente, la congestión de los despachos judiciales, que en última instancia afecta el derecho de acceso a la administración de justicia

Hoyos Duque: «La ley ha exigido la sustentación del recurso de apelación, con el fin de limitar su abuso y consecuentemente, la congestión de los despachos judiciales, que en última instancia afecta el derecho de acceso a la administración de justicia

(art. 229 Constitución Política). En los códigos de procedimiento civil anteriores al del año 1970 y en éste, in clusive, para interponer el recurso de apelación no se exigía su sustentación. No obstante, en la ley 2 de 1984 se estableció ese requisito, el cual debía ser cumplido dentro del término que tenía el a quo para decir sobre su procedibilidad. Posteriormente , en el decreto ley 2282 de 1989 se suprimió, pero fue introducido nuevamente en la reforma al artículo 352 del Código de Procedimiento Civil por el artículo 36 de la ley 794 de 2003. Por su parte, en el artículo 212 del decreto ley 1 de 1984 se exigió la sustentación del recurso de apelación para su admisibilidad en segunda instancia, exigencia que no fue modificada en la reforma introducida a dicho artículo por el 51 del decreto ley 2304 de 1989 y que hoy está vigente. (…) La exigibilidad de la sustentación del recurso de apelación no desconoce el derecho al debido proceso. Corresponde al legislador, dentro del ámbito de su competencia, decidir si considera que dicha exigencia es o no conveniente. En síntesis, las razones aducidas por el recurrente en la sustentación de la apelación delimitan la competencia funcional del juez. Por lo tanto, con la salvedad de los derechos irrenunciables de los trabajadores, en los asuntos en los cuales la ley exige la sustentación del recurso de

por el recurrente en la sustentación de la apelación delimitan la competencia funcional del juez. Por lo tanto, con la salvedad de los derechos irrenunciables de los trabajadores, en los asuntos en los cuales la ley exige la sustentación del recurso de apelación, la omisión de tal requisito impide al juez pronunciarse sobre aspectos diferentes a los señalados en el recurso.» 11 Número interno 21060Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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(…).

De esta manera resulta claro que el límite material para la competencia del juez superior lo constituye el alcance de la apelación y los propósitos específicos que con la misma se persiguen , lo cual se complementa de manera d iáfana y directa con la garantía de la no reformatio in pejus, a la cual, simultáneamente, le sirve de fundamento y explicación.

Criterio que desde antes se encuentra en la jurisprudencia de esa Corporación. Así la Sección Segunda12 precisó que «El recurso de apelación es la forma como se proyecta en la práctica el derecho de impugnación a la decisión judicial que contiene una sentencia. Por ello exige que el recurrente confronte los argumentos que el juez de instancia consideró para tomar su decisión, con sus propios argumentos y solicite del juez de superior jerarquía funcional, que decida la nueva controversia que plantea en segunda instancia. En este orden de ideas, el juez de segunda instancia tiene como marco de competencia las referencias co nceptuales y argumentativas que se aducen contra la

superior jerarquía funcional, que decida la nueva controversia que plantea en segunda instancia. En este orden de ideas, el juez de segunda instancia tiene como marco de competencia las referencias co nceptuales y argumentativas que se aducen contra la decisión que se adoptó en primera instancia, y cualquier asunto distinto al planteado por el recurrente se excluye del debate en la instancia superior».

Más concretamente, frente a la transcripción y el recurso de apelación, en la sentencia proferida el 17 de junio de 2017 el Consejo de Estado discurrió:13

Encuentra la Sala que de la lectura del recurso de apelación incoado por la parte acora, se observa que no se formula ningún motivo de inconformidad respecto de los fundamentos del proveído impugnado ; por el contrario, lo que se aprecia es una transcripción literal de lo expuesto en la demanda, sin que determine en modo alguno una razón jurídica que controvierta la sentencia proferida el 21 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Ahora bien, del estudio del contenido del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 14, se advierte que tal precepto obliga al memorialista a precisar los motivos de inconformidad sobre el fallo, circunstancia sin la cual el Juez de Segunda Instancia no puede entrar a hacer

12 Consejera Ponente Dra. ANA MARGARITA OLAYA FORERO, en sentencia de 26 de enero de 2006, expediente: 1700123-31-000-2001-00621-01(5054-03), Actor: María Rubiela Bermúdez Granada, Demandado: Departamento de Caldas 13 Sentencia proferida en el proceso con radicado 66001 -23-33-002-2016-00291-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés (E1). 14 Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

2. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior, quien decidirá de plano si no se h ubiese pedido la práctica de pruebas. Si las partes pidieron pruebas, el superior decidirá si se decretan según lo previsto en este Código.

3. Recibido el expediente por el superior, si este encuentra reunidos los requisitos decidirá sobre su admisión.

4. Admitido el recurso o vencido el término probatorio si a él hubiere lugar, el superior señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días. Si el Magistrado Ponente considera innecesaria la celebración de audiencia ordenará, mediante auto que no admite recurso alguno, la presentación de los alegatos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de los vein te (20) días siguientes. En las mismas oportunidades concedidas a las partes para alegar podrá el Ministerio Público presentar

los alegatos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de los vein te (20) días siguientes. En las mismas oportunidades concedidas a las partes para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene.

5. En la audiencia de alegaciones y juzgamiento se aplicarán las mismas reglas establecidas para esa audiencia en primera instancia.

6. En la sentencia se ordenará devolver el expediente al juez de primera instancia para su obedecimiento y cumplimiento.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Jorge Enrique Molina Moreno Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-003-2018-00046-01

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un estudio sobre el fondo del asunto, pues se trata de una carga que l